:: SUMARIO
En febrero de 1996, más de dos
años después del alzamiento indígena
en Chiapas, México, el gobierno mexicano y los rebeldes
zapatistas firmaron el primero de una serie de acuerdos dirigidos
a poner fin a las causas que originaron la rebelión.
Durante buena parte de este tiempo, un tenso cese al fuego
ha prevalecido en la zona de conflicto. Pero el hecho que
llevó dos años alcanzar los primeros acuerdos
refleja la profunda desconfianza entre las partes, así como
la gran divergencia entre sus programas. Por una parte, los
zapatistas han planteado la necesidad de cambios estructurales
y de incluir en las negociaciones temas de carácter
nacional. Por otra parte, el gobierno federal ha buscado
bloquear el diálogo o reducir lo más posible
su alcance.
Según muchos involucrados en la búsqueda de
la paz, este contexto reafirma la necesidad de una fuerte
presencia internacional para acompañar este complejo
y difícil proceso.
Los primeros acuerdos sobre “Derechos y Cultura Indígenas” plantean
una nueva relación entre el estado, los pueblos indígenas
y la sociedad mexicana en su conjunto. Su implementación
exige une reforma constitucional para enfatizar la protección
de los derechos indígenas, así como una redefinición
de los municipios que garanticen mayor autonomía local
y participación política de las comunidades
indígenas, así como el establecimiento de mecanismos
para atender quejas. Incluye también un compromiso
general del gobierno federal de garantizar la satisfacción
de las necesidades básicas de las comunidades indígenas,
de respetar sus tradiciones culturales en la elección
de autoridades, la administración de justicia, el
uso de las lenguas nativas, etc.
El gobierno mexicano ha presentado este acuerdo como
una prueba de que se ha aprendido las lecciones necesarias
y de que el proceso de paz está firmemente afianzado.
Por su parte, el EZLN se refirió a este acuerdo como “mínimo” y
se rehusó a firmarlo ante los medios de comunicación.
En marzo, las partes retomaron la discusión sobre
el proceso de verificación – que continúa
siendo controvertido y frágil – así como
sobre la segunda Mesa Democracia y Justicia, a la que seguirán
después “Bienestar y Desarrollo” así como “Derechos
de la Mujer”. Si el diálogo continúa
sin interrupciones, podría durar de doce a quince
meses.
Las negociaciones han tenido como telón de fondo una
creciente violencia política. Los grupos paramilitares
(al servicio de los grandes terratenientes), la policía
y el ejército federal han incrementado sus agresiones
siendo sus víctimas principales los campesinos e indígenas
pobres que no se afilian al partido oficial (PRI). Los grupos
paramilitares que operan con gran impunidad son acusados
de destruir viviendas, incendiar campos, golpear e incluso
asesinar. Los agentes policiales son responsables de violentos
operativos de desalojo de campesinos de tierras que estaban
reclamando y ocupando. Dos de esos desalojos, el 20 y 21
de marzo dejaron un saldo de cinco campesinos y tres policías
muertos y de más de cien detenidos. Las organizaciones
populares sostienen que más de seiscientos campesinos
han sido asesinados por conflictos agrarios en los últimos
dos años en Chiapas.
Mientras tanto, 60.000 soldados –más de la tercera
parte del ejército mexicano- están concentrados
en Chiapas, la mayoría cerca de comunidades indígenas
en zonas rurales remotas. Miembros de las comunidades han
denunciado permanentemente hostigamientos e intimidaciones,
limitación de la libertad de movimiento, violaciones
de mujeres y otros problemas derivados de la presencia del
ejército (prostitución, alcoholismo, enfermedades
sexuales, abuso de drogas y degradación del medioambiente).
Activistas de derechos humanos y dirigentes de
organizaciones, tanto mexicanos como extranjeros,
e incluso agentes
pastorales, han sido también objetos de represión y violencia.
Durante 1995, cinco sacerdotes extranjeros con muchos años
de servicio en la diócesis de San Cristóbal
de las Casas fueron expulsados o se les impidió el
retorno al país. Otros extranjeros fueron forzados
a abandonar el país.
Todos esos factores
han aumentado el ya altísimo nivel
de polarización social y han provocado
severas tensiones que amenazan con frecuencia
el proceso de paz. Varios analistas
consideran que corresponde a una estrategia
dual por parte del gobierno: por un lado, promover
el diálogo y por
el otro, emplear las técnicas de la
guerra de baja intensidad para generar divisiones
en las comunidades y presionar
al EZLN para que acepte sus condiciones.
No
obstante, a largo plazo, el proceso de paz
es visto positivamente por todos. Representantes
de
los sectores
más empobrecidos
y marginalizados de México se han sentado
a negociar de igual a igual con delegados del
gobierno y han colocado
sobre la mesa temas de largo alcance y varias
implicaciones para Chiapas, para México
e incluso para las Américas.
Mientras tanto, las víctimas históricas de
la injusticia están aún aguardando que las
promesas se traduzcan en hechos.
Acciones recomendadas
- Difundir información sobre el conflicto de Chiapas –como
este informe- a fin de sensibilizar y movilizar a la opinión
pública internacional.
-
Dirigirse al gobierno mexicano, reconociendo los avances
en el diálogo y solicitando informes sobre la
implementación
de los acuerdos alcanzados; pidiendo el cese de
la presión
militar sobre las comunidades indígenas
y el respecto al trabajo de los defensores de derechos
humanos tanto nacionales
como extranjeros; y la libertad de los presos políticos.
-
Apoyar la presencia a corto y largo plazo de observadores
internacionales.
Direcciones
Lic.
Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF - México
Fax: (int-52 5) 271 1764 / 515 4783 Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF - México
Fax: (int-52 5) 546 5350 / 5 546 7380
Lic. Julio C. Ruiz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas - México
Fax: (int-52 961) 20917 SIPAZ Oficina Internacional
P.O.Box 2415
Santa Cruz, CA 95063 USA
tel. & fax: (int-1) 408 - 425 1257
:: ACTUALIDAD
ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ
Durante varios meses de 1995, las conversaciones entre
el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) giraron en torno a cuestiones de procedimiento
y parecían no llevar a ninguna parte. Paralelamente
a la mesa de negociaciones, el EZLN siguió trabajando
para dinamizar a la sociedad civil y recuperar su iniciativa
política. A fines de Agosto, con el apoyo de Alianza
Cívica - ONG (organización No-Gubernamental)
especializada en el monitoreo electoral – el EZLN
convocó a una consulta popular. 1.1 millones de
personas, en alrededor de 10.000 mesas de votación
a lo largo del país, participaron en lo que fue
interpretado como una poderosa demostración pública
de apoyo a las demandas básicas de los indígenas.
Cuando las conversaciones recomenzaron en septiembre, se
vio que los representantes del gobierno tenían instrucciones
de hacer avanzar el diálogo. Las “Reglas de
Procedimiento” fueron rápidamente acordadas
y el campo quedó libre para iniciar la negociación
de los asuntos ligados a las raíces del conflicto.
Se acordó que el diálogo se dividiría
en cuatro áreas temáticas (llamadas “mesas
de trabajo”):
Mesa 1, Derechos
y Cultura Indígenas
Mesa 2, Democracia y Justicia
Mesa 3, Bienestar y Desarrollo
Mesa 4, Derechos de la Mujer.
Además de dos temas complementarios:
reconciliación entre los distintos sectores de
la sociedad civil y la participación política
y social del EZLN.
Durante la primera mesa del diálogo (cinco reuniones
en un tiempo aproximado de cinco meses), una serie de factores
dificultó el avance de la negociación. Hubo
violaciones a los derechos humanos por parte del ejército
federal: arrestos, violaciones a mujeres, intimidación
a las comunidades, expulsión de extranjeros vinculados
al proceso de paz (incluyendo cinco sacerdotes), etc. También
se vio el fortalecimiento –al amparo de las autoridades-
de las llamadas “guardias blancas” (grupos
paramilitares armados por los ganaderos para servir sus
intereses).
Finalmente después de diez meses de negociaciones
interrumpidas se firman los primeros “acuerdos mínimos”,
todos ellos relacionados con Derechos y Cultura Indígenas.
Mucho del contenido de estos acuerdos fueron inspirados
en pactos y convenios internacionales que el gobierno mexicano
ha firmado como el Convenio 169 de la OIT (Organización
Internacional del Trabajo).
En ellos, el gobierno federal se compromete a la
construcción
de una nueva política de relación con los
pueblos indios, que incluye el reconocimiento de ellos
a nivel constitucional y el respecto de su “libre
determinación” y “autonomía”.
También se compromete a asegurar educación
y capacitación, a garantizar la satisfacción
de sus necesidades básicas, a impulsar la producción
y el empleo y a proteger los indígenas migrantes.
Todos los acuerdos y compromisos están sujetos a
la aprobación de los gobiernos federal y
estatales. A nivel estatal,
el gobierno se compromete a crear
un nuevo marco constitucional en el que
se incluyan la autonomía,
la remunicipalización (redefinición de los
límites municipales, particularmente en las regiones
de población indígena mayoritaria), la ampliación
de la participación y representación política
de los indígenas y la elección de sus autoridades
por usos y costumbres. Corresponde ahora al Congreso de
la Unión y a las legislaturas de los estados de
reconocer y establecer los contenidos de la libre determinación
así como los niveles y modalidades de la autonomía.
Específicamente, en Chiapas, se recomienda la creación
de instancias más concretas:
- Comisión para la Reforma
Municipal y la Remunicipalización
en Chiapas,
- Cuarta Visitaduría General a cargo de asuntos
indígenas dentro de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
- Mesa agraria conjuntamente con el gobierno
federal para dar una solución justa a
los conflictos agrarios,
- Defensoria de Oficio Indígena con abogados
y traductores,
- Consejo Ciudadano de la Comunicación,
- Figura de Ombudsman de la Comunicación para
facilitar el acceso de los indígenas a los medios
de comunicación,
- Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura
Indígena.
Este ha sido el primer paso
en materia de acuerdos. Si las negociaciones siguen
el curso que hasta hoy
han llevado y sin rupturas, quizá en un lapso
de entre 12 y 15 meses pudieran terminarse los temas
propuestos desde el principio. Algunos sectores oficiales
consideran que la firma de los acuerdos es ya una garantía
definitiva en el proceso de paz.
“El conflicto ha traído un nuevo horizonte porque se está aceptando
sentarse a negociar, a dialogar políticamente para solucionar los problemas.
Con los acuerdos firmados se ha dado un paso importantísimo y ya se respira
un clima de paz. Además, la integración de todos los partidos en
los gobiernos municipales nos ha dado una mayor conciencia de la importancia
y la necesidad del pluralismo, de respetar la diversidad cultural, las distintas
modalidades, los usos y costumbres de los pueblos indígenas”
(Margarita
Martínez, Presidenta del PRI, San Cristóbal de las Casas).
Por su parte, la delegación zapatista en voz del Comandante Tacho expresó: “En
suma los acuerdos benefician al movimiento indígena nacional y los avances
locales no son pocos; sin embargo, siguen siendo solo papel, pero con el Foro
Nacional Indígena –organización de los pueblos indígenas
de México – es posible crear un movimiento que exija cumplirlos”.
Previa a la firma de estos acuerdos,
el EZLN realizó una consulta a sus bases. De
ella emanó la aprobación de muchos de
los puntos acordados, pero manifestaron su preocupación
sobre la falta de solución al grave problema
agrario nacional y por eso la necesidad de reformar
el artículo 27 constitucional, la necesidad
de desarrollar una política de sustentabilidad
que preserva las tierras, no solamente indemnizar por
daños sino que exigen la construcción
de una nueva sociedad nacional sustentada en otro modelo
económico, político, social y cultural.
Hasta el momento las dos partes no han podido acordar
la instalación de la Comisión de Seguimiento
y Verificación (prevista por las Reglas de Procedimiento),
por discrepancias respecto a su integración.
Al comenzar el 20 de marzo los
trabajos de la Mesa 2, la delegación gubernamental no trajo a invitados
y solo a cuatros asesores, mientras el EZLN había
nombrado trescientos invitados y asesores (Invitados
y asesores son términos que se refieren a personas
quienes, a invitación de una de las partes,
aportan sus experiencias, propuestas y argumentos en
el proceso del diálogo. No intervienen propiamente
en la negociación).
De forma simbólica, veintisiete de los asesores
invitados del EZLN eran desaparecidos políticos
y otros dieciocho presuntos zapatistas presos, como
forma de reclamo al gobierno para que rindiera cuentas
por la vida y la libertad de estas personas.
Los temas de la Mesa 2 son de gran complejidad al implicar
reformas del Estado con vistas a una verdadera y profunda
democratización del sistema política
en todos sus ámbitos y niveles. El asunto es
por tanto objeto de un polémico debate en diversas
instancias a nivel nacional, así como para los
partidos políticos y el Congreso de la Unión.
La instalación de la Mesa 2 estuvo amenazada
por una ola de creciente violencia no nada más
en Chiapas sino en todo el sur de México. En
Chiapas un grupo supuestamente paramilitar integrado
por militantes del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), conocido como Paz y Justicia, destruyó el
templo católico “El Señor de Tila” de
la comunidad de Tzaquil.
En una entrevista con el periódico “La
Jornada”, Heriberto Cruz Vera, párroco
de Tila, declaró que “por lo menos siete
de las comunidades indígenas choles son hostigadas
y amedrentadas constantemente por el grupo Paz y Justicia,
en los últimos seis meses. Se han destruido
hogares, terrenos de la siembra y cafetales de indígenas”.
Señaló que “existe un gran interés
por dividir o expulsar a todos aquellos que no son
militantes del partido oficial”.
La presencia militar en la zona de conflicto sigue
siendo muy fuerte. Se encuentran campamentos militares
de 500 efectivos a la entrada de comunidades que no
llegan a los 300 habitantes. A mediados de marzo se
observó un incremento de la presencia militar
y movimientos de tropas, así como la apertura
de nuevas bases en la Selva Lacandona.
Para muchos, estos movimientos representan un intento
por parte del gobierno para provocar la ruptura del
diálogo. Algunas comunidades huyeron a las montañas
por miedo de un ataque militar. En cambio, entre los
ganaderos, se encuentra más apoyo para mantener
o reforzar la presencia militar:
“El ejército
está muy bienvenido. Nos protege de las invasiones
extranjeras. En cada invasión se encuentran
campesinos de todos los estados de México, inclusive
de guatemaltecos indocumentados” (ganadero
de Comitán). Por otra parte, el gobierno del estado viene desarrollando
una política clientelista y divisionista, al
hacer acuerdos con indígenas y campesinos mediante
contratos agrarios, paralelamente al proceso de diálogo
de San Andrés. Sin embargo, la mayoría
de éstos han denunciado que les forzaron a firmar.
El gobierno amenaza con desalojar predios invadidos
que no se encuentren en los convenios agrarios y al
mismo tiempo desaloja a campesinos de tierras incluidas
en estos contratos.
Uno de los momentos
más tensos en esta última
fase del diálogo se dio por dos desalojos por
parte del gobierno del estado: uno en el predio San
Luis, municipio de Pichucalco (20 de marzo) y el otro
en Gran Poder, municipio de Nicolás Ruiz (21
de marzo) con un saldo de ocho muertes (cinco campesinos
y tres policías), una veintena de heridos y
más de 100 detenidos. Los desalojos coincidieron
con la declaración del presidente Zedillo en
el sentido de que en Chiapas el reparto agrario ya
había concluido. Esto provocó la indignación
de la delegación zapatista, en particular del
comandante Tacho, quien expresó refiriéndose
a la delegación gubernamental en San Andrés:
“Quiero
hacerles notar este dolor que sentimos por ellos, que
el gobierno que representan es un gobierno de criminales,
de sordos y de mudos... el del asesinato... la tortura...
la desaparición... el encarcelamiento... el
desalojo... Hemos visto que traen la boca, pero se
han quedados mudos porque la traen llena de billetes”
(La
Jornada, 22 de marzo de 1996)
Ante eso, Roberto Alvarado de la delegación
gubernamental respondió:
“Lamentamos el
lenguaje que aquí se ha usado... si esto sigue
así, nos paramos y nos vamos”.
En respuesta a los desalojos, la AEDPCH (Asamblea Estatal
Democrática del Pueblo Chiapaneco) rompió las
negociaciones agrarias que sostenía con el gobierno
y sus dirigentes hicieron un llamado al EZLN “para
que juntos respondamos al gobierno y busquemos soluciones
justas”.
El Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de
las Casas declaró:
“Reprobamos enérgicamente
los operativos de desalojos que se han practicado con
uso excesivo de violencia en ranchos y fincas. En ello
se percibe una eficiencia excepcional por parte de
elementos de la Policía de Seguridad Pública
y Judicial en la ejecución de desalojos, detenciones
y fabricaciones de delitos contra campesinos. No así cuando
se trata de investigar y esclarecer los homicidios
y abusos en agravio de éstos”. Mientras tanto, la COCOPA (grupo coadyuvante en las
negociaciones integrado por legisladores del Congreso
de la Unión) ha promovido la discusión
de los acuerdos de la Mesa 1 en el Congreso Nacional.
El gobierno de Chiapas anunció “intensifica
las acciones para cumplir los acuerdos de paz y continúa
sus programas que brindan los servicios de salud, educación
e infraestructura a la población”. La
oficina de Gobernación (federal) y la Comisión
de Seguimiento y Verificación darán seguimiento
a los acuerdos sobre derechos y cultura indígena.
El presidente de la Comisión Indígena
del Episcopado mexicano anuncia que “La iglesia
católica retomará las propuestas de la
Mesa de Derechos y Cultura Indígenas incluyéndolos
en su pastoral india”.
:: CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
1 de enero de 1994
Un
desconocido Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) emerge de los escondites de la selva
del sureste mexicano y toma siete ciudades en los
Altos de Chiapas. El tratado de libre comercio (TLC/NAFTA)
entra en vigor. Los zapatistas declaran que el TLC
es “una sentencia de muerte” para los
indios.
12 de enero de 1994
Después de una cruenta y corta lucha, el gobierno
mexicano declara un cese al fuego unilateral y anuncia
su intención de buscar una solución
negociada con los rebeldes. Las estimaciones en cuanto
al número de muertos van de 145 a 1000.
21 de febrero a 2 de marzo de 1994
Las negociaciones que tienen lugar en la Catedral
de San Cristóbal resultan en una propuesta
del gobierno federal. Los delegados zapatistas regresan
para consultar a sus comunidades e informan más
tarde que dicha propuesta fue rechazada por el 98%
de los votantes.
6 de agosto de 1994
Seis mil representantes de organizaciones populares
de todo México se reúnen en una zona
de la Selva Lacandona bajo control de los zapatistas
para fundar la Convención Nacional Democrática
como un instrumento de la sociedad civil para luchar
por la democracia y la justicia social.
21 de agosto de 1994
Ernesto Zedillo, candidato del PRI (el histórico
partido gobernante) es electo presidente de México
y el candidato del PRI para gobernador de Chiapas
anuncia su victoria a pesar de las acusaciones de
fraude. Durante este período se producen numerosas
ocupaciones de tierras y tomas de presidencias municipales.
Diciembre de 1994
Poco tiempo después de la toma de posesión
de Zedillo, el peso mexicano sufre una abrupta caída
que lo deja en menos de la mitad de su valor previo.
A pesar de estar rodeado por el ejército mexicano,
el EZLN rompe el cerco militar y ocupa por un breve
lapso 38 cabeceras municipales en los Altos de Chiapas.
Mons. Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal
de las Casas y reconocido mediador del conflicto,
inicia un ayuno prolongado para reducir la tensión
y presionar a las partes para que reanuden las negociaciones.
El ayuno culmina con un avance en este sentido.
Enero de 1995
Conmemorando un año del alzamiento, el EZLN
al mismo tiempo que reinicia contactos informales
con el gobierno, llama a la sociedad civil a constituir
un amplio frente opositor contra el régimen
imperante en México.
9 de febrero de 1995
Con el anuncio de que la fuerza armada está por
ejecutar los ordenes de arresto de presuntos líderes
del EZLN, Zedillo ordena al ejército de ocupar
el área controlado por los zapatistas. El
EZLN se repliega para evitar el enfrentamiento. Más
de 20.000 campesinos huyen de sus hogares a las montañas.
El ejército establece una fuerte presencia
y control militar en toda la zona de conflicto. En
el Distrito Federal, 100.000 personas manifiestab
su oposición a la ofensiva del ejército.
Marzo de 1995
El presidente Zedillo promulga la “Ley para
la Concordancia y Pacificación en Chiapas” que
rescinde los ordenes de aprehensión y restablece
el proceso de negociación. No obstante, muchos
presuntos zapatistas permanecen –hasta hoy-
en prisión.
Abril de 1995
Se reanudan los contactos entre el EZLN y el gobierno
federal con la asistencia de la CONAI (Comisión
Nacional de Intermediación presidida por el
obispo Samuel Ruiz) y la COCOPA (Comisión
de Concordancia y Pacificación, integrada
por legisladores de todos los partidos representados
en el Congreso de la Unión). En los meses
siguientes, sucesivas rondas de conversaciones en
torno a cuestiones de procedimiento dieron pocos
avances.
Agosto de 1995
Más de un millón de personas votan
en una consulta popular de alcance nacional e internacional
convocada por el EZLN. El voto demuestra la vigencia
de la preocupación de la opinión pública
por el conflicto de Chiapas y apoya las demandas
de los zapatistas, pronunciándose también
a favor de que el EZLN se transforme en una fuerza
política pacífica e independiente.
Septiembre de 1995
En una nueva ronda de negociaciones, ambas partes
acuerdan las reglas de procedimiento y la agenda
de temas a discutir, agrupados en cuatro mesas de
Trabajo: Mesa 1, Derechos y Cultura Indígenas;
Mesa 2, Democracia y Justicia; Masa 3, Desarrollo
y Bienestar; Mesa 4, Derechos de la Mujer. Además
concluirán con el tema de la conciliación
entre los distintos sectores de la sociedad civil
y la participación política y social
del EZLN.
Diciembre de 1995
Grandes movilizaciones militares en diferentes áreas
de la zona de conflicto aumentan la tensión
y el temor de un ataque inminente.
Enero de 1996
Conmemorando el segundo aniversario del alzamiento,
el EZLN anuncia su intención de constituirse
en una fuerza política, el Frente Zapatista
de Liberación Nacional. Se realiza el Foro
Nacional Indígena convocado por el EZLN que
atrae a 300 representantes indígenas.
Febrero de 1996
A cabo de cinco meses de negociaciones, el gobierno
y el EZLN firman los primeros acuerdos sobre derechos
y Cultura Indígena en San Andrés.
Marzo de 1996
En medio de un clima de creciente violencia en el
campo que amenaza la continuidad del proceso de paz,
las partes acuerdan los siete subtemas de la Mesa
2, Democracia y Justicia, y se inicia la discusión
de los mismos.
:: ANÁLISIS
El diálogo para la paz
se desarrolla en un contexto de militarización
y de guerra de baja intensidad. Parece que cada vez
que se abre una instancia de diálogo, antes,
durante o después, una acción represiva
es realizada contra las comunidades indígenas
es realizada por el gobierno mexicano: intimidación,
amenazas, desalojos, desaparecidos, asesinatos a
cargo del ejército y de los distintos cuerpos
policiacos que operan en el estado. A esto se suma
el accionar de caciques locales y de grupos con corte
paramilitar, que amparados en la impunidad otorgada
por el gobierno, imponen la ley del terror entre
indígenas y campesinos.
Según varios analistas, la finalidad de estos
hostigamientos es promover la discordia y la división
entre las comunidades indígenas para así presionar
y debilitar al EZLN a aceptar las condiciones que
el gobierno quiere imponer en el tema que se está desarrollando
en el proceso de negociación. Por su parte,
el EZLN aseveró que durante las negociaciones
de febrero, “el gobierno ofreció disminuir
la presión militar a cambio de que el EZLN
renunciara a sus demandas nacionales y se conformara
con soluciones locales”.
Cabe señalar que la actitud con la que la
delegación gubernamental se presenta ante
los representantes del EZLN está lejos de
favorecer un clima de diálogo y respeto mutuo.
Observadores, asesores y miembros de la CONAI han
manifestado que los delegados gubernamentales reiteradamente –con
excepciones como en el caso de la primera plenaria
resolutiva de la Mesa 1- tienen actitudes despectivas,
humillantes y de verdadero racismo hacia la delegación
indígena del EZLN.
Respecto a la estrategia zapatista, queremos señalar
como hecho positivo los esfuerzos que han venido
realizando desde el alto al fuego de 1994 para buscar
salidas pacíficas y políticas al conflicto.
El insistir en que el diálogo debe contemplar
la solución a los problemas nacionales y no
solo del estado de Chiapas ha sido uno de los temas
más debatidos con el gobierno. Sin embrago
sus propuestas apuntan a dar la iniciativa a la sociedad
civil, para que sea ésta quien lleve adelante
un programa de cambios pacíficos, articulando
a los diferentes sectores de oposición, sin
excluir a nadie, con un llamado a buscar la unidad
y respetar la diversidad.
No obstante en la zona de conflicto, se observa una
extrema polarización social. El recurso de
la violencia es cada vez más recurrente –como
inútil- para solucionar los problemas principalmente
agrarios que se viven en el estado. Observando este fenómeno, el presidente de
la COCOPA Herberto Castillo, comentó: “Es
lamentable que eso coincida en los momentos en que
se desarrollan los diálogos para la paz en
Chiapas, por lo que exhortamos a las autoridades
federales, estatales y a las organizaciones sociales
a una tregua social, para que no se efectúen
acciones de tomas de tierra y desalojos que inevitablemente
terminan en enfrentamientos. Estamos profundamente
preocupados por esto” (Expreso, 23 de marzo
de 1996).
Es importante destacar en este proceso el papel que
han jugado la CONAI y la COCOPA, especialmente en
momentos de extrema tensión entre las partes,
particularmente a través de la Comisión
de Conciliación de Textos en el marco del
diálogo así como, fuera de él,
cuando acciones militares o policiacas enrarecen
el ambiente y dificultan los avances del proceso.
Actualmente, varios temas de fundamental importancia
quedan por abordarse en las siguientes mesas de diálogo:
la cuestión de la tierra, el reconocimiento
de las formas de administración de justicia
tradicional indígena, la participación
de la mujer y la autonomía regional. Un gran
desafío consiste en la implementación
efectiva de los compromisos acordados por las partes
en el diálogo para lo cual se hace necesario
la formación de la Comisión de Seguimiento
y Verificación prevista por las reglas por
el diálogo.
No obstante, más allá de los logros
concretos y de los puntos sobre los que no se llegó a
un acuerdo, la mayoría coincide en que el
diálogo es positivo si se contempla desde
la perspectiva de un proceso largo y difícil.
Otro aspecto positivo es el hecho que el gobierno
mexicano haya aceptado sentarse a negociar con una
organización indígena armada y que ésta
haya logrado colocar en la mesa de negociación
los grandes temas nacionales.
Estos primeros acuerdos plantean en el fondo una
nueva relación entre el estado, los Pueblos
Indígenas y la sociedad en su conjunto. Fundamentalmente
implican el reconocimiento del derecho a la autodeterminación
de los indígenas en un país pluricutural
y multiracial.
En este sentido, en los diálogos de San Andrés,
se juega el destino de los Pueblos Indígenas,
no sólo de Chiapas sino de todo México.
San Andrés se ha convertido en un obligado
punto de referencia para el gran diálogo nacional.
Prueba de ello es la confluencia de los más
destacados intelectuales, politólogos, sociólogos,
antropólogos, líderes sociales, etc.
del país, que se han hecho presentes como
asesores e invitados (del EZLN principalmente) para
participar en las Mesas de negociación.
El proceso de paz sigue avanzando lentamente
y a veces pendiendo de un hilo. El gobierno sigue manejando
un doble discurso: favorecer el diálogo por
un lado y reprimir a los indígenas por el
otro. Al mismo tiempo informa a otros gobiernos (como
en estos días lo hizo al Parlamento Europeo)
de que ya se firmaron los primeros acuerdos y que
se sigue avanzando, esto con el fin de captar capitales
para aliviar la deteriorada economía mexicana.
El EZLN sigue resistiendo y mostrando una voluntad
de diálogo moderado por la rabia provocada
por la represión oficial.
La gente pobre y sencilla es finalmente la que más
sufre las consecuencias de esta situación.
Son desgarradores los testimonios de los indígenas
que sobrevivieron a la matanza y al encarcelamiento
resultantes de los recientes desalojos, y que llegaron
hasta el recinto del diálogo para que los
zapatistas denunciaran los hechos. Uno de ellos expresó: “Nosotros
somos pobres, sólo nos dedicamos a trabajar
para darle de comer a nuestros hijos. No somos violentos,
ni le hacemos daño a nadie, ¿Por qué nos
mataron así? Los que murieron no son animales,
eran cristianos como todos. Ahora hay que sepultarlos,
pero los demás vamos a seguir luchando y a
seguir uniéndonos. Porque aunque seamos gente
que no valga para el gobierno, nosotros tenemos dignidad”.
Vemos con preocupación todos estos acontecimientos
y consideramos que hay más que nunca el acceso
a la información de primera mano es muy importante
ya que fortalecería la solidaridad internacional
en estos días.
DESAFÍOS
Casi todos los entrevistados por SIPAZ coinciden
en que el mayor desafío que enfrenta hoy el proceso de paz es
el fortalecimiento de la dinámica política en contraposición
con la lógica militar. Si bien se ha avanzado en este sentido,
la amenaza militar está lejos de haberse revertido.
Un desafío más inmediato es que no se ha logrado instalar
la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos.
Esto debilita la credibilidad del proceso de paz, en la medida en la
que la sociedad civil no puede ir constatando el cumplimiento de los
compromisos. De continuar firmándose los acuerdos así,
podría generarse una desconfianza por parte de las comunidades
indígenas respecto a si se van a lograr los cambios esperados.
Finalmente, en cuanto a la opinión pública internacional,
se hace necesario mantener la atención sobre Chiapas y México,
así como la solidaridad con las necesidades de su pueblo.
:: ENFOQUE
MILITARIZACIÓN: UNA AMENAZA PARA LA PAZ
Según consignan varios analistas, la política
del gobierno mexicano se orienta en dos estrategias contrapuestas:
mientras de un lado afirma su voluntad de negociar pacíficamente
en la Mesa de Diálogo de San Andrés Larrainzar, por otro
mantiene e incrementa la actividad militar en Chiapas.
Se nota un incremento de la violencia política que no se limita
al estado de Chiapas, sino que forma parte de una cultura generalizada
en todo el país. El Centro de Información y Monitoreo
de los Derechos Humanos (CIMDH) reportó que en 1995 se cometieron
por motivos políticos 166 homicidios, 155 desapariciones de
personas, 1.356 heridos o lesionados, 238 agresiones, atentados o intimidaciones
contra luchadores sociales, líderes agrarios o sindicales, 478
desalojos violentos, 59 ataques físicos a periodistas, 2.977
encarcelamientos, 1.118 ordenes de aprehensión, 378 huelgas
de hambre y 14.378 despidos laborales.
PRESENCIA MILITAR Y HOSTIGAMIENTO EN LA ZONA DE CONFLICTO
A pesar de los avances positivos en el proceso de
diálogo de San Andrés, el gobierno mantiene en Chiapas
a unos 60.000 efectivos, los que representan el 34% del ejército
federa, recientemente incrementada. El ejército mexicano es
el segundo más numeroso en América Latina con 175.000
efectivos en 39 zonas militares; los gastos en el ejército federal
han llegado a ocupar el segundo rubro en el gasto público nacional
(revista Proceso, 1er de enero de 1996). Los vehículos de combate
y armamentos han llegado de los EUA, Francia, Bélgica y Gran
Bretaña.
“El proceso de paz que se está construyendo en los diálogos
de San Andrés pasa por un fortalecimiento e involucramiento de todos los
actores, y a eso estamos apostando. Pero ese espacio de negociación política
aun es frágil, porque predomina la lógica militar, que no se ha
revertido todavía, sino que se ha incrementado a través de la guerra
de baja intensidad que apunta a dividir y debilitar a las comunidades indígenas
y a la sociedad civil en general”
(Miguel Alvarez, miembro de la CONAI,
Comisión Nacional de Intermedicación)
Coincidiendo con esto, numerosas comunidades indígenas
de los municipios de Ocosingo, Altamirano y las Margaritas, militarizados
desde la ofensiva del ejército federal en febrero de 1995, continúan
denunciando el incremento de la presión militar en las comunidades,
las incursiones arbitrarias en sus territorios, el hostigamiento y
la intimidación a la población civil, como expresiones
de la guerra de baja intensidad.
La presión militar se incrementó notablemente entre diciembre
de 1995 y enero de 1996, al cumplirse el segundo aniversario del alzamiento
zapatista. Particularmente en los cuatro “Aguascalientes” (centros
de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo) de Oventik, La
Garrucha, Morelia y La Realidad, los indígenas denunciaron provocaciones,
movilización de efectivos armados, incursiones aéreas
y terrestres, e intromisión del ejército federal en las
actividades pacíficas, culturales y festivas realizadas. Estas
denuncias fueron ratificadas por numerosos miembros de la sociedad
civil nacional e internacional que participaron en dichos festivos.
Asimismo, durante la plenaria del Diálogo de San Andrés
en febrero, en la que las partes firmaron los primeros acuerdos relativos
al tema Derechos y Cultura Indígenas, los delegados del EZLN
denunciaron que la omnipresencia militar en la zona de conflicto dificultó el
proceso de consulta democrática que la dirigencia zapatista
realizó en todas las comunidades antes de aprobar los documentos. AMENAZAS E INTIMIDACIONES A RELIGIOSOS, ACTIVISTAS Y EXTRANJEROS
No sólo las comunidades en la zona de conflicto
son víctimas directas del hostigamiento militar. También
los extranjeros que llegan a Chiapas en misiones de solidaridad, los
defensores de derechos humanos y activistas de distintas organizaciones
han sufrido distintos tipos de amenazas y persecuciones que fueron
denunciados por organismos de derechos humanos como el Centro Fray
Bartolomé de las Casas, CONPAZ (coalición de ONGs chiapanecas
por la paz) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (del Distrito Federal).
Cinco sacerdotes de la Diócesis de San Cristóbal han
sido expulsados o les han negado el permiso para volver a entrar al
país (dos de Estados Unidos, uno de Canadá, otro de Argentina
y un último de España). Entre diciembre y enero pasado,
más de veinte extranjeros por Migración para que abandonaran
México.
El propio Obispo de San Cristóbal de las Casas, Don Samuel Ruiz,
ante la presencia de agentes de Seguridad Pública y de Migración
que tomaban fotos y filmaban a los extranjeros dentro de la Catedral,
durante la celebración del 36 aniversario de su consagración
episcopal expresó: “Estoy realmente muy apenado que a
ustedes se les trate de esta manera y que a su actitud de asistir solo
a un acto religioso, ellos les hayan respondido como que ustedes estaban
asistiendo a un acto político. Esto me apena como mexicano y
les pido por favor una disculpa”.
Los organismos de derechos humanos chiapanecos protestaron también
por la militarización de los retenes y puestos migratorios en
los que se controla y obstaculiza el movimiento de los extranjeros
por la zona de conflicto.
LA CULTURA DE CUARTEL Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Otro aspecto alarmante de la militarización
de la región es el incremento de la violencia en contra de las
mujeres. Según denunciaron diputadas del PRD en un documento
entregado al Ejecutivo mexicano, en dos años se han reportado
más de cincuenta casos de agresiones o violaciones de mujeres
en la zona de conflicto. Las víctimas han sido principalmente
indígenas. También han incluido enfermeras que trabajan
en las comunidades, una religiosa mexicana y una ciudadana norteamericana
vinculada al EZLN en EUA. Cabe destacar además que es común
no denunciar violaciones por miedo a las represalias.
La presencia del ejército ha traído otras formas de violencia
sexual, social y cultural que podríamos calificar como “cultura
de cuartel”. Las comunidades que sufren una verdadera ocupación
militar desde hace un año enfrentan una serie de problemas que
han distorsionado gravemente su vida cotidiana y sus hábitos
culturales: prostitución, alcoholismo, enfermedades sexuales,
drogadicción, hambre, deterioro del medio ambiente, etc.
Como manifestó un sacerdote: “Este tipo de violencia es
menos visible, pero su daño en las comunidades indígenas
es mucho más profundo, más perdurables y, en muchos casos,
irreversible”.
LOS GRUPOS PARAMILITARES CRECEN Y GOZAN DE IMPUNIDAD
El Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de
las Casas informó en su documento “El otro cerco”: “La
presencia de ‘guardias blancas’ en Chiapas no es novedad.
Los grupos civiles armados y entrenados han existido desde hace tiempo.
Sin embargo en los últimos meses se ha hecho más pública
y manifiesta su actuación”. Se sabe, por otra parte, que
los grupos paramilitares, asociados a los poderosos ganaderos, son
responsables de actos de violencia contra los indígenas que
ocupan tierras pacíficamente, y particularmente de las violaciones
a mujeres mencionadas más arriba.
Estos grupos operan tanto para dirimir conflictos agrarios como políticos,
cuando la autoridad de los caciques locales (generalmente identificados
con el partido oficial, PRI) es resistida por las organizaciones campesinas
y por los simpatizantes del EZLN o del PRD (partido de la oposición
de centro-izquierda).
La situación está particularmente grave en la zona Norte
de Chiapas, donde según denunció el Frente Cívico
de Tila, la represión se institucionalizó debido a que
integrantes del grupo acusado de ser paramilitar Paz y Justicia son
ahora miembros del ayuntamiento de Tila, y a que un individuo con claros
nexos con este grupo fue electo diputado.
:: TRABAJO DEL EQUIPO DE CHIAPAS
El equipo de SIPAZ en Chiapas empezó su trabajo
en noviembre de 1995. Actualmente está integrado por tres personas
(de México, Perú y Estados Unidos). Su trabajo incluye
el mantener el contacto con los diferentes actores y sectores sociales
del Estado, para tener una visión objetiva de los acontecimientos
en torno al proceso de paz.
El equipo visita las comunidades indígenas
en la zona de conflicto para evaluar directamente las condiciones de
vida y el impacto de los
acontecimientos en la región sobre las comunidades. También
participa en los eventos que tienen relación directa con el
proceso de paz, como el diálogo en San Andrés, foros
públicos, talleres, etc.
En base a esto, el equipo prepara informes periódicos a la coalición
de SIPAZ, contactos oficiales y no gubernamentales nacionales e
internacionales.
Respondiendo a solicitudes recibidas, el equipo empezó a
dar talleres sobre no violencia activa con algunas organizaciones
locales.
El primer tuvo lugar el 20 y 21 de abril.
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