:: ACTUALIDAD

Actualidad: ¿Avances, estancamiento o deterioro?

Después de múltiples llamados de la sociedad civil mexicana, y –en apariencia- sólo frente a las recientes sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, el 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar al Legislativo federal. La reforma acotaría el fuero castrense al plantear que los delitos de tortura, desaparición forzada y violaciones sexuales serían juzgados en tribunales civiles, siendo hasta ahora la justicia militar la facultada para sancionar a los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones a los derechos humanos. Con esta reforma, el Ejecutivo federal pretende cumplir con las sanciones dictadas por la CoIDH en los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la llamada “guerra sucia” y de las violaciones sexuales de las indígenas meph'aa Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002, violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano en Guerrero.

Organismos internacionales de derechos humanos criticaron a la reforma impulsada por insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, consideró que la iniciativa se queda corta ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, después de su visita en el país en octubre, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Foto: Gabriela Knaul, relatora especial de Naciones Unidas
para la Independencia de Magistrados y Jueces
© CENCOS

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto, que la reforma mantiene condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Además, las organizaciones destacaron que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“.

Sigue la violencia

En los últimos meses, la Policía Federal (PF) ha logrado capturar a narcotraficantes considerados de alto nivel dentro de las estructuras de la delincuencia organizada. Una de estas detenciones, la de Edgar Valdez Villarreal -alias La Barbie-, ocurrió el 30 de agosto, a dos días de la presentación del Informe presidencial. Esto ha generado sospechas de que podría haberse tratado de una entrega pactada ante los constantes reclamos de varios sectores de la sociedad civil frente a las violaciones de derechos humanos, y las muertes causadas por la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado. El gobierno de Calderón aprovecha estas detenciones para justificar el despliegue del Ejército en el combate a los grupos delictivos, sin embargo, a pesar de la captura o muerte de varios capos en lo que va del sexenio calderonista, la violencia causada por esta estrategia de militarización no ha bajado y no hay señales que podrían indicar una reducción de la violencia a corto o mediano plazo.

Foto: Edgar Valdez Villareal alias “La Barbie” © El poder de Miami

En fechas recientes, se han dado ataques atribuidos al crimen organizado que por su magnitud pueden ser calificados como masacres. Tal es el caso de la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, a finales de agosto. Además de mostrar la crueldad de la banda delictiva a la que se responsabiliza por la masacre, el hecho puso en evidencia la falta de protección a los migrantes. Cabe señalar que esta desprotección por parte del Estado prevalece no sólo en el norte del país, sino en las rutas de los migrantes a lo largo de toda la República, pues en los testimonios de quienes trabajan en albergues para migrantes, los secuestros y extorsiones son narrados con frecuencia.

En los hechos violentos que ya han cobrado la vida de alrededor de 30 mil civiles durante el gobierno de Felipe Calderón, los ataques del crimen organizado y el uso de la fuerza por parte del Estado han causado la muerte de personas inocentes provenientes de diferentes capas sociales. Otro fenómeno en aumento desde el inicio de la estrategia militarizada de combate al crimen organizado, es la desaparición forzada. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos estima que en lo que va del gobierno de Calderón, han ocurrido aproximadamente 3 mil desapariciones. De éstas, 400 son por motivos políticos, 500 por trata de personas, y 2.100 se atribuyen al crimen organizado. Los últimos, muchas veces en los medios descriptos como “levantados”, ocurren sin obvia razón. Organizaciones que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, advierten que en muchos casos estas desapariciones podrían ser cometidas por agentes del Estado, dado que diversos testimonios relatan que los victimarios llevaban uniformes.

Activistas sociales y de derechos humanos en el norte del país, han empezado a hablar de  “limpieza social” como motivo oculto de la “guerra contra el narcotráfico”. Estas afirmaciones se basan en que el número de muertos y desaparecidos se multiplicó a partir del inicio de los operativos anticrimen del gobierno federal actual, en muchos casos se trata de jóvenes pertenecientes a pandillas o delincuentes menores. No hay pruebas para sostener esta hipótesis, dado que buena parte  de los homicidios no son investigados, o los altos niveles de corrupción truncan cualquier posibilidad de esclarecimiento. Al paso de estas sospechas, en septiembre varios integrantes del Senado de la República solicitaron información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sobre la posible existencia de llamados “escuadrones de la muerte”, grupos armados contratados para matar que actúan fuera de la ley, y serían tolerados por el Estado.

Dado el peligro que significa para los medios de comunicación la tarea de investigar e informar sobre la violencia que sufre el país, y por la falta de protección de parte de las autoridades, la autocensura respecto a esta temática es moneda corriente. Desde hace poco, la situación de los periodistas es aún más difícil, dado que se han convertido en blanco de los diferentes cárteles que han atacado en varias ocasiones a las sedes de medios de comunicación, principalmente en el norte del país, y comenzaron a exigirles la difusión de sus mensajes. En este panorama, causó un fuerte rechazo en el gobierno federal, la decisión del periódico El Diario (de Ciudad Juárez), de publicar como editorial una carta titulada “¿Qué quieren de nosotros?”, en septiembre, en la que expresó: “Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: [...] Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. [...] Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. [...] E]l Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos”. En esta clave, defensores de derechos humanos denunciaron que el mecanismo de protección lanzado por el gobierno federal en noviembre resulta “insuficiente y débil” para atender las agresiones, homicidios, extorsiones y secuestros que enfrenta el gremio periodístico del país.

Frente al contexto prevaleciente, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó su preocupación por la seguridad nacional de México, por medio de la presidenta de esta comisión, Heidi Hautala. "Probablemente es hora de adoptar otra estrategia contra las drogas", dijo la diputada del Grupo de los Verdes, opinión compartida por muchos analistas en México.

Por otra parte, por primera vez en la historia de la ayuda militar de Estados Unidos (EE.UU.) a México en el marco de la Iniciativa Mérida, el país vecino decidió congelar la entrega de 26 millones de dólares, que serán condicionados a avances en materia de derechos humanos. El anuncio del gobierno estadounidense causó rechazo en el Senado de la República. En una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, los senadores se pronunciaron por el fin de dicha iniciativa, con el argumento de que la ayuda es poca, sin embargo, le da al gobierno de EE.UU. la posibilidad de intromisión en asuntos internos. Cabe recordar que, aunque la retención de los 26 millones de dólares es un hecho sin precedente, sólo significa el 15% del apoyo de EE.UU. a México, es decir el 85% fue entregado.

Un poco de esperanza en Guerrero

Frente a un contexto sumamente adverso de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales y el Ejército, algunos de los actores de luchas sociales en el estado de Guerrero han podido celebrar victorias. Tal es el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Meph'aa (OPIM), quienes ganaron el proceso contra el Estado mexicano ante la CoIDH por violaciones sexuales por parte de militares en 2002. Además, después de permanecer por dos años y cuatro meses injustamente encarcelado y siendo declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), el 27 de agosto fue liberado Raúl Hernández Abundio, también integrante de la OPIM. Hernández Abundio había sido acusado del homicidio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero de 2008. Amnistía Internacional se pronunció a favor de una indemnización por el tiempo en que estuvo injustamente preso.

Foto: Inés Fernández y Valentina Rosendo
en el aniversario del Centro de Derechos Humanos
de la Montaña Tlachinollan © SIPAZ

Sin embargo, el hostigamiento y las amenazas no han cesado: El 28 de agosto, dos desconocidos amenazaron e intentaron secuestrar a la hija de Inés Fernández en la cabecera de Ayutla de los Libres. En el intento de secuestro, a modo de amenaza, hicieron referencia a Raúl Hernández, razón por la cual, el recién liberado decidió suspender todo tipo de actividades públicas. Asimismo, el 30 de agosto, fue agredido con armas de fuego el coordinador de la dirección política de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Álvaro Ramírez Concepción, quien tuvo que ser hospitalizado después de la agresión.

El 27 de septiembre, fueron sentenciados a tres años y dos meses de prisión Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, integrantes de la radio comunitaria Radio Ñomndaa (“La palabra del agua”), por presunta privación ilegal de la libertad de Narciso García Valtierra, persona cercana a la ex presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, cacique de la región de Xochistlahuaca. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al referirse a la sentencia en un comunicado, señaló: “La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el aparato de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado de forma corrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los luchadores sociales que alzan la voz en vez de defender la justicia social. Esta justicia que criminaliza la protesta social, sin embargo otorga impunidad a quienes delinquen desde el poder”. Apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.

Foto: Radio Ñomdaa, Xochistlahuaca © SIPAZ

En octubre de este año, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebraron su 15º aniversario. El modelo autogestionado y autónomo de ejercer la justicia desde los pueblos indígenas y mestizos de la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, nació para disminuir el -entonces- alto índice de delincuencia. La declaración final del Encuentro denunció “que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista”.

Aniversario de la Policía Comunitaria, octubre de 2010 © SIPAZ

Ola de asesinatos al terminar el sexenio de Ulises Ruiz en Oaxaca

En los meses que fueron entre las elecciones estatales del 4 de julio, y la toma de posesión del nuevo gobernador (a principios de diciembre), la violencia y los homicidios de tinte político han ido en aumento. El 22 de octubre, fue asesinado en Tuxtepec el dirigente Catarino Torres Peresa, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien había sido uno de los primeros presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Al día siguiente, en la capital del estado fue asesinado a tiros el fundador y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, también fundador del Partido Unidad Popular (PUP), considerado el único partido político indígena del continente americano. La dirección del MULT condenó el homicidio denunciando que el acto fue cometido desde las esferas del poder. En el sepelio, el gobernador electo Gabino Cue Monteagudo advirtió que el crimen no quedará impune. Cue Monteagudo asumirá el cargo a principios de diciembre.

Foto: Pasos Ortiz © La Jornada

El asesinato del líder del MULT fue otro más de los eslabones en la serie de violencia que ha afectado al pueblo triqui en este último tiempo. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I), organización vinculada al Municipio Autónomo de San Juan Copala, ha denunciado la muerte de cuatro personas en los meses de septiembre y octubre. A mediados de septiembre, ante rumores de una posible masacre, más de 100 familias simpatizantes del Municipio Autónomo tuvieron que abandonar San Juan Copala. El 7 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de este lugar, sin embargo, ni la intervención del organismo interamericano ha podido frenar la violencia, evidenciando otra vez una actitud omisa del gobierno estatal por salir, misma que ha tenido en toda la etapa reciente del conflicto en la zona triqui.

Tanto Oaxaca como Chiapas fueron afectados fuertemente por la tormenta tropical “Matthew”, a finales de septiembre. En ambos estados, las lluvias intensas causaron derrumbes y deslaves, así como la muerte de decenas de personas. Por otra parte, ha sido reportada la pérdida de la cosecha en varias zonas de las dos entidades, hecho que afecta aún más a las poblaciones, que (de acuerdo a las estadísticas) se encuentran entre las más pobres de la República, siendo la mayor parte del cultivo destinado al autoconsumo.

Inundaciones en Yajalón © SIPAZ

Chiapas: El hostigamiento y las amenazas persisten

Después de más de 16 años de haber ocurrido la violación de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tseltales, en 1994 en el municipio de Altamirano por parte de militares, éstas aceptaron una indemnización propuesta por el gobierno chiapaneco. Sin embargo, en una carta pública, advirtieron: “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”. Su caso había sido presentado ante la CIDH en 1996, y fue admitido en 1999, pero la CIDH sólo emitió una recomendación, dado que México aceptó la jurisdicción del sistema interamericano en 1998, dos años después de haberse presentado la queja en la instancia.

Imagen: Logo Comité Hermanas González
© Comité Hermanas González

En el caso de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en octubre pasado, fueron excarceladas 15 personas que habían purgado condenas por haber participado en los hechos. La Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las 45 víctimas, mostró su indignación por la excarcelación. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba),  informó el 11 de noviembre que la CIDH admitió estudiar el caso Acteal. Cabe recordar que en 2009 fueron excarceladas 34 personas condenadas por haber participado en la masacre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que no habían contado con un debido proceso. Las excarcelaciones han causado inquietud y preocupación en Las Abejas, pues temen por su seguridad en caso de que los liberados vuelvan a sus lugares de origen.

Foto: Conmemoración mensual de la masacre
de Acteal, octubre de 2010 © SIPAZ

Por otra parte, los recursos naturales y la existencia de dos proyectos de desarrollo distintos, el del Estado y el promovido a través de la autonomía construida por los zapatistas, siguen generando conflictos. En el caso de los recursos naturales, podría señalarse la lucha de varios grupos en el municipio de Chicomuselo contra la mina que pretende explotar la empresa canadiense Blackfire. Esta lucha ya ha causado la muerte de uno de los líderes de la oposición a la minería, Mariano Abarca, en noviembre del año pasado. Por el momento, aunque no necesariamente en forma definitiva se encuentran suspendidas las actividades de explotación minera. En este contexto vale mencionar que el párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, recibió amenazas por acompañar los procesos de organizaciones locales en contra de la actividad minera, por la defensa de su territorio y del medio ambiente.

Imagen: Propaganda contra la empresa minera canadiense © Common Frontiers de Canadá

Por otro lado, el 9 de septiembre pasado, 170 Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) se vieron forzadas a abandonar su comunidad, San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, porque una parte del resto de la comunidad se opuso a que construyeran una escuela primaria autónoma, llegando a amenazar a las BAZ. Después de más de un mes de desplazamiento forzado, y a pesar de los riesgos mantenidos, los zapatistas decidieron retornar a sus casas, mismas que según una denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Oventik, fueron “saqueadas y algunas semidestruidas por los agresores, pero nuestras bases de apoyo allí van a estar porque nuestros compañeros y compañeras tienen derecho vivir en su pueblo y trabajar en sus tierras”.

Foto: Comunidad de San Marcos Aviles © SIPAZ

También las organizaciones civiles han sido blanco de hostigamiento recientemente. El 5 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) informó que en una manifestación del 1º de ese mes, realizada por el grupo evangélico Ejército de Dios, se repartieron volantes difamatorios contra algunos de sus integrantes. Previo a esta manifestación, Esdras Alonso González, líder del Ejército de Dios había dirigido una carta al Secretario de Gobernación en donde afirmó “Los conflictos que se han venido desarrollando en la región de Los Altos de Chiapas, específicamente en zonas ejidales, obedecen a la presencia de activistas y organizaciones nacionales y también la participación de extranjeros agrupados a la red social que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas”.

Foto: Volante distribuido durante manifestación evangélica © FrayBa

Por otro lado, el 14 de octubre, el Centro Indígena de Capacitación Integral “Fray Bartolomé de Las Casas” A.C.-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) denunció hostigamiento por parte de presuntos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cabe señalar que el Cideci-Unitierra desde hace cuatro años cuenta con un generador de electricidad, por lo cual no requiere del servicio de la CFE.

Como parte de la agenda del gobierno estatal en materia de derechos humanos, es de mencionar que Ejecutivo estatal presentó una propuesta al Congreso chiapaneco, que destituiría la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos para conformar un Consejo Estatal de Derechos Humanos, integrado por cinco consejeros que serían designados por diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos académicos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Si bien la nueva institución incluye mayor participación la sociedad civil, habrá que esperar a ver si con ello se enfrentará de mejor manera los agravios a los derechos humanos que aún ocurren en Chiapas, y recientemente más que nada en contra del movimiento social.

:: ENFOQUE

Hambre en México: un fenómeno creciente con poca posibilidad de mejorías sin cambios de fondo

A pocos días de la décima sexta Conferencia de Partidos (COP-16) sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Cancún a finales de noviembre, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), les quiere compartir esta reflexión sobre el hambre en México y algunas de las causas estructurales detrás de esta aguda problemática, una de ellas siendo justamente el cambio climático y sus impactos en el campo mexicano.

Foto: © Saúl Cerdá

Hambre en México: un panorama desolador

De acuerdo a las conclusiones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL) en 2008, cerca de 49 millones de mexicanas y mexicanos (correspondiendo a más de un 46% de la población del país) padecían de una forma u otra de inseguridad alimentaria¹ en el momento en el que se llevó a cabo la investigación. De estos 49 millones, 25,8 sufrían lo que se considera como “inseguridad alimentaria leve”, 13,7 millones inseguridad alimentaria “moderada”, y 9.3 millones padecían de inseguridad alimentaria “severa.” De estas 49 millones de personas, 11,2 millones consumen menos del límite que CONEVAL caracteriza como pobreza material extrema, y 2 millones de niñas y niños padecen “malnutrición crónica”². Las estadísticas del Banco Mundial demuestran que un 15.5% de niños y niñas mexicanos menores a 5 años sufren de atrofia³ debido a la malnutrición (a modo de orientación, podemos decir que este porcentaje es comparable con la situación prevaleciente en Líbano o Tailandia).

Cocina en una comunidad de la zona Norte © SIPAZ

Según las cifras del CONEVAL, las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria moderada o severa se encuentran más concentradas en el centro y sureste de México. Dan cuenta, por ejemplo, que estas clasificaciones representan en Chiapas a un 26,3% de la población (al momento de la investigación), un 28,8% en Oaxaca y un 33,8% en Guerrero. El hambre en México es particularmente agudo entre los pueblos indígenas: en 2008, un 33,2% de niñas y niños indígenas menores a 5 años sufrían atrofia por malnutrición⁴.

Tomando en cuenta el hecho que la crisis económica mundial se ha agravado desde el momento de las investigaciones que sirvieron de base a dicho estudio (2008), la situación actual a finales de 2010 es probablemente de mayor gravedad. Desde el inicio de la crisis económica actual, la disminución de las remesas provenientes del extranjero, conjuntamente con la inflación (en particular en lo que se suele llamar la “canasta básica”), y combinada con el aumento de los impuestos, seguramente han agudizado la inseguridad alimentaria en el país del mismo modo que el incremento de las tasas de desempleo derivado de la misma crisis. Por ejemplo, un informe emitido en octubre de 2010 por el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria dio a conocer que 4 de cada 10 oaxaqueñ@s sufren pobreza alimentaria, marcando un aumento comparado con los 28.8% del estudio de 2008.

Cambio climático, una de las causas estructurales del hambre en México

El cambio climático es un factor estructural que desde ahora, ciertamente, está contribuyendo a la existencia y persistencia del fenómeno del hambre en México y en otras partes del mundo; un hecho que sin duda alguna adquirirá todavía mayor relevancia en el futuro si el asunto no se atiende de manera radicalmente distinta. El cambio climático (o calentamiento global) consiste en el impacto que las actividades humanas han tenido y siguen teniendo sobre el sistema climático de la Tierra desde el inicio de la Revolución Industrial. Ya ha sido más que comprobado científicamente que la quema masiva de energías fósiles desde el siglo XVIII (petróleo, gas y carbón), han provocado que la atmósfera terrestre retuviese más calor que lo que de otro modo hubiese retenido. Debido a estos procesos, la temperatura global de la Tierra subió 0.8° C (1.6° F) desde la época preindustrial. 17 países en total, han experimentado temperaturas “récord” en lo que va del año.

Foto: Deforestación en la Montaña de Guerrero © SIPAZ

El calentamiento de la atmósfera terrestre, provocado por el cambio climático, amenaza con efectos posiblemente catastróficos para la humanidad: si no se atiende, causará el derretimiento de los casquetes glaciares y por consiguiente, aumentarán los niveles del mar de manera dramática, disminuirá la disponibilidad de agua potable en todo el planeta y provocará la discontinuidad en las pautas tradicionales de caída de lluvia, lo que causará incendios forestales más frecuentes y destructivos, y acidificará los océanos del mundo. Su primer y más obvio impacto, no obstante, será un notable aumento de las estadísticas vinculadas a la inseguridad alimentaria como lo recordó Jacques Diouf, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en la cumbre sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en Dinamarca, en diciembre de 2009. 

A finales de julio de 2010, Álvaro Salgado, un representante de la Red Mexicana en Defensa del Maíz, declaró en una conferencia de la Vía Campesina que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que alrededor de 14 mil comunidades mexicanas, han perdido su capacidad de cultivar maíz y frijol debido a factores de cambio climático registrados hasta la fecha. En una misión de observación en la que participó SIPAZ en agosto de 2010 (“El agua es vida, defendamos su existencia”), los campesinos de los Valles Centrales de Oaxaca comentaron que han observado que en los años recientes, las precipitaciones que normalmente se esperan, se han reducido drásticamente. Se estima que unos 42 millones de mexican@s habitan en zonas altamente susceptibles de sequías.

Foto: Deforestación en la Selva de Chiapas © SIPAZ

Por otro lado, los estados del sureste de México también han sufrido en los años recientes debido a lluvias sin precedentes, lo que, paradójicamente, también se debe al cambio climático, dado que una atmósfera más calurosa retiene más agua, generando precipitaciones más intensas. Alejandro López Musalem, representante en Oaxaca de Heifer Internacional, ONG internacional que lucha contra la pobreza y el hambre a nivel mundial, calcula que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, padecerán en breve un alza de un 20% en el precio de los productos básicos tras las lluvias e inundaciones recientes.

Responder a estas catástrofes “naturales” tiene un alto costo: Según la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal mexicano gastará unos 24 mil millones de pesos este año para atender los desastres naturales provocados por las lluvias en la zona sur de la República. De manera más amplia, Stephen Lysaght, primer secretario de cambio climático de la embajada británica en México informó en octubre pasado que el costo para responder a las consecuencias del cambio climático en México podría llegar a representar un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, si es que no se frena el proceso ya en marcha. 

Foto: Daños causados por Matthew, Yajalón,
Chiapas, septiembre de 2010 © SIPAZ

Problemas de este tipo sólo se volverán más agudos a medida que el cambio climático continúe y empiece a acelerarse, dando lugar a un declive agrícola significativo en las sociedades que se encuentran dentro de latitudes tropicales. Algunas estimaciones afirman incluso que la producción agrícola sencillamente resultará imposible en gran parte de América Central, si las temperaturas globales promedio aumentan tan sólo 2° C (3.6° F)⁵, una posibilidad cierta en esta realidad⁶. Teniendo presentes estas consideraciones, no cabe duda que para disminuir el hambre actual y futuro en México y otras partes del mundo, se deberán incluir estrategias que apunten a prevenir escenarios anunciados en el contexto del cambio climático.

Uso y reparto de tierras: otro factor a considerar

Otro factor que probablemente dificulte la lucha para mejorar la seguridad alimentaria en México, es el peso creciente dado a los agrocombustibles en la producción agrícola global. Los agrocombustibles -el etanol y otros-, son productos agrícolas que se cultivan para ser usados como combustibles destinados a la transportación humana (carros, camiones, barcos y aviones). En muchos círculos, han sido aclamados como alternativa viable a los hidrocarburos que tradicionalmente han abastecido los sistemas industriales de transportación masiva. Ciertamente se ha cuestionado las implicaciones políticas de la dependencia en cuanto al petróleo, así como la incertidumbre provocada por las cantidades limitadas existentes que quedan del mismo. Sin embargo, el mayor problema al plantearse un cambio de los hidrocarburos a los agrocombustibles es que cultivarlos implica limitar la producción de cultivos destinados a la alimentación. Ocurre además que los agrocombustibles requieren de mucho más agua que otros tipos de cultivo, por lo que su producción masiva también desviaría una también muy necesitada cantidad de agua para la producción de alimentos. Finalmente, en varios países, ya se ha demostrado que un modelo basado en enormes extensiones dedicadas a un solo cultivo (monocultivo), implican pérdida de biodiversidad, y que sus pueblos pierden capacidad de alimentarse, porque las mejores tierras se destinan en forma creciente a la exportación. Según el relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, Jean Ziegler, la producción de agrocombustibles es sencillamente un “crimen contra la humanidad.”⁷

Plantaciones de palma africana en Chiapas © SIPAZ

A pesar de estos señalamientos, el gobierno federal mexicano apunta a destinar 200.000 hectáreas de tierras productivas a la producción de agrocombustibles para 2013⁸. Se estima que en el estado de Chiapas ya 50 mil hectáreas han sido dedicadas a la producción de palma africana, y otros 10 mil a la de jatropha. En julio pasado, el gobierno de Chiapas confirmó su compromiso de contribuir al objetivo de que los agrocombustibles provean el 1% de la demanda nacional de combustible para 2015 y un 15% para 2020.

Otra consideración relevante es el tema de la distribución agraria en México. Como se sabe, el  énfasis puesto en la redistribución de las tierras por Emiliano Zapata y sus seguidores durante la Revolución mexicana, resultó en pocos cambios para los estados del sureste mexicano. La reforma agraria que se logró en el norte y centro del país, se llevó a cabo de manera bastante limitada en la región, incluso después de aquella época. Los políticos del estado de Chiapas en particular, muchos de ellos provenientes o descendientes de la elite constituida por quienes fueron los grandes terratenientes del estado, promovieron la colonización de extensiones de tierra virgen en la Selva, para evitar tener que redistribuir las que tenían explotadas. Ciertamente, dicho fenómeno se ha frenado drásticamente al “descubrir” en la etapa más reciente que dichas tierras contaban con abundantes recursos naturales como agua, petróleo o biodiversidad. Para mientras, la política de “colonización” tuvo como efecto entre otras cosas la deforestación masiva  de la zona, con un aumento de la erosión de las tierras y de las emisiones de carbón. Además, desde el siglo pasado, la construcción de instalaciones de extracción de petróleo o de represas hidroeléctricas también han cambiado el destino de grandes franjas de tierras anteriormente destinadas al cultivo. Todo eso ha afectado directamente a una amplia mayoría de la población indígena y campesina de la zona.

Foto: Mujer de Maíz , Foro Social Mundial en México, enero de 2008 © SIPAZ

Cabe también mencionar que las preferencias alimentarias mexicanas y los modelos económicos de “desarrollo” implementado pueden haber tenido y seguir teniendo un impacto en el hambre del que padece gran parte de la población actualmente. Datos del 2002 indican que cada mexicano consume cerca de 59 kilos de carne al año. Eso es mucho menor que los índices que arrojan  países como Estados Unidos (124) o España (118), pero es considerablemente mayor a los promedios observados  en Marruecos (20), India (5), o Bangladesh (3)⁹. Se estima que se requieren 15 kilos de granos para producir un kilo de carne.  En junio pasado, las Naciones Unidos apelaron a un cambio hacia modos de alimentación sin carne o productos lácteos, tomando en cuenta las implicaciones que el modo actual está teniendo tanto para el hambre como para el cambio climático a escala mundial. En el caso de Chiapas, la implementación de un modelo de desarrollo de ganadería expansiva en la Selva en los 80s tuvo impactos negativos tanto para la seguridad alimentaria local como por la deforestación y erosión de suelos que ella implicó.

Políticas mexicanas e intereses internacionales

Ciertamente, y en esta misma clave, otro factor no menor en la situación actual de hambre ha tenido que ver con las políticas económicas y agrarias que se han implementado en México en general después de los 80s. Desde 1988, la opción asumida por el gobierno de Salinas de Gortari de competitividad y apertura comercial hacia lo internacional trajo consigo importantes cambios en el sector agrícola: disminuyeron los apoyos y se descuidó particularmente el sector de granos, base de la alimentación de la mayor parte de la población. Disminuyó la producción y el empleo en el campo. Comunidades indígenas y campesinas que anteriormente lograban producir por lo menos para su autoconsumo, han ido perdiendo esta capacidad. Desde estos ámbitos, muchos agricultores nunca pudieron pretender enfrentarse a economías como las de Estados Unidos o Canadá.

Foto: Hombre de Maíz , Foro Social Mundial en
México, enero de 2008 © SIPAZ

Ciertamente, después de 1994, la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, con Estados Unidos y Canadá) ha generado serios problemas para la producción agrícola a lo largo del país, implicando una pérdida de soberanía alimentaria y contribuyendo al fenómeno de la migración masiva desde las zonas rurales, tanto a nivel interno (hacia las grandes ciudades mexicanas) como hacia fuera (principalmente los Estados Unidos).

Tal vez, de manera más general, debería de decirse que la existencia del hambre de manera tan masiva en el México actual, así como en las sociedades humanas de manera más amplia, encuentra en su raíz el modelo actualmente predominante de organización económica: la del capitalismo.  El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y la acumulación de la riqueza. El desafortunado resultado de este modelo es, como el reconocido filósofo norteamericano Noam Chomsky lo resume, que los intereses por las ganancias económicas se ubican por encima de los de la gente, provocando la exclusión de amplias franjas de la población. No cabe duda que “genera ganancias”, pero con ello no se resuelve un rasgo omnipresente: el de la inequidad y la repartición de dicha riqueza. Según el estudio del CONEVAL ya mencionado, el 10% más rico de la población representa casi el 39% del ingreso nacional total, mientras el ingreso del 10% más pobre no llega siquiera al 2%, situación que prácticamente no se ha modificado desde la primera de estas encuestas realizada en la década de los cincuenta del siglo pasado.

Perspectivas a futuro

Como lo escribió el crítico social alemán Theodor W. Adorno, “no le queda ninguna otra esperanza al pasado que la de saber que de él mismo surgirá algo diferente"¹⁰.  No obstante, cabe preguntarse si es probable o incluso posible que pueda surgir en el futuro algo “diferente” al hambre sufrido en México en la actualidad. Considerando la mayoría de los escenarios probables, es esperable un empeoramiento de la situación lejos de cualquier mejora.

Estimaciones recientes del Banco Mundial indican que la crisis económica global seguirá sin retroceder en los años venideros¹¹, aumentando significativamente el número de personas en situación de extrema pobreza y hambre alrededor del planeta. De hecho, las Naciones Unidas concluyeron hace poco que los precios de los alimentos deberían de aumentar un 40% en la próxima década¹². Propuestas recientes para establecer el derecho a la alimentación como derecho constitucional en México, si bien parten de una buena intención, podrían no modificar en lo absoluto la situación, de no cambiarse las estructuras socio-económicas y relaciones de poder vigentes en la actualidad. Otra dificultad en todo caso es que muchos de estos cambios no se pueden resolver exclusivamente en México, sino que pasan por cambios radicales a nivel mundial. Aunque la toma de conciencia ha crecido, la necesidad de respuestas globales frente al calentamiento global, es un ejemplo de los desafíos que se tienen por delante.

No obstante estas graves consideraciones, todavía no es imposible revertir esta miríada de realidades que niegan la misma vida, para alcanzar un mundo donde, según palabras de Adorno, “nadie pase hambre”. La perspectiva presentada por el Grupo para un Escenario Global (Global Scenario Group), en lo que llaman una “gran transición” hacia un mundo caracterizado por la libertad, igualdad y armonía con la naturaleza teóricamente, todavía es posible. En buena parte del planeta, la relación de los pueblos indígenas con la “Madre Tierra” y sus formas comunitarias de pensarse y organizarse, nos ofrece ejemplo de cómo ir reconstruyendo nuevos equilibrios. Esperemos que todavía sea posible revertir la situación presente, algo en lo que cada uno y cada una de nosotras tenemos una responsabilidad.

Notas:

1. La definición adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que existe seguridad alimentaria "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa".
2. “Desnutridos crónicos, dos millones de niños,” El Universal, 4 de Mayo de 2010; “23 millones padecen hambre en México,” Vanguardia, 20 de marzo de 2010
3. Disminución del tamaño de los músculos
4. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2008
5. Mark Lynas, Six Degrees: Our Future on a Hotter Planet (Washington, D.C.: National Geographic, 2008).
6. Steve O’Connor and Michael McCarthy, “World on course for catastrophic 6° C rise, reveal scientists,”The Observer, 18 November 2009
7. George Monbiot, “The western appetite for biofuels is causing starvation in the poor world,” The Guardian, 6 November 2007
8. “En suspenso, los planes de biocombustibles; la inversión está frenada: Sagarpa,” La Jornada del Campo, 18 June 2009
9. http://earthtrends.wri.org/text/agriculture-food/variable-193.html, the World Resources Institute
10. Minima Moralia: Reflections on a Damaged Life (London: Verso, 2005 [1951]), p. 167.
11. “Por la crisis, habrá más hambre en los próximos años: BM,” México migrante, 23 Abril de 2010
12. Katie Allen, “Food prices to rise by up to 40% over next decade, UN report warns,” 15 June 2010

:: ARTICULO

La lucha de las mujeres contra la exclusión

“Vimos que hay cosas de la cultura que se tienen que recuperar de nuestros ancestros ya que las costumbres de algunas comunidades no todas son buenas, porque son los hombres los que siguen teniendo el control y poder sobre las tierras, siendo que nosotras también las trabajamos; incluso en algunas comunidades, en donde la mayoría de las autoridades son hombres, buscan imponer acuerdos que no toman en cuenta la palabra de todas y todos”.
(Pronunciamiento final del Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio)

Los días 6 y 7 de noviembre del presente año se llevó a cabo el Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio, en San Cristóbal de las Casas. El evento fue facilitado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y organizado por mujeres de diversas comunidades y organizaciones de Chiapas. En el mismo, expresaron sus preocupaciones por la explotación de sus tierras por parte del gobierno y de las grandes empresas, por la presencia de policías y militares en sus pueblos y por la división a nivel comunitario que generan los proyectos gubernamentales. El pronunciamiento final también señaló las limitaciones culturales que sienten las mujeres en cuanto a su participación a nivel comunitario, cuando mencionan que “[los hombres] no toman en cuenta la palabra de todas y todos”.

Como comenta la coordinadora Asunción Ponce Ramos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, para poder estar en las asambleas comunitarias que se llevan a cabo en muchos lugares en México, las mujeres tienen que ser ‘necias’. El sistema de justicia autónoma de la CRAC-PC, que cumplió sus 15 años en octubre pasado, ha contado con la participación de mujeres desde su nacimiento, pero su involucramiento integral sigue siendo un desafío. “A veces se da discriminación o expulsan a las mujeres. Hay las que se quedaron uno o dos años, ninguna ha hecho sus tres años”, enfatiza Asunción Ponce.

Pero ciertamente se han dado avances comparando la situación actual con las décadas anteriores. Una participante de las asambleas de la Coordinadora Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) de San Cristóbal de las Casas, proveniente del municipio de Comalapa, comentaba que hace 30 años, cuando las mujeres de su comunidad empezaron a organizarse, se contó con la participación de tres o cuatro mujeres, mientras que ahora son 16. Explica que antes los hombres no las dejaban participar en encuentros, y que ahora sí pueden participar más. Las mujeres en las asambleas de la CODIMUJ han podido superar los prejuicios de sus comunidades de ser ‘una mujer suelta’ o de ‘dejar solitos a sus hijos’ para poder venir a capacitarse para interpretar la vida ‘con ojos, mente y corazón de mujer’.
La lucha de las mujeres zapatistas ha resultado en el desarrollo y la implementación de la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Durante los últimos días de 2007, en el caracol de La Garrucha se celebró el Primer Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo, un momento privilegiado en el que pudieron dar a conocer al mundo su proceso y sus retos. El encuentro fue organizado, coordinado y realizado por mujeres. Los hombres podían estar, pero solamente para apoyar a las mujeres: lavando trastes, cocinando, limpiando los espacios o cuidando a los niños. Un letrero en la entrada anunciaba que así sería durante los días del evento y que después, todo volvería a ‘lo normal’. Durante unos días entonces, la exclusión estructural de los espacios públicos que viven las mujeres campesinas, zapatistas y las mujeres ‘del mundo’, fue desafiado. El hecho que después del encuentro todo volvería a ‘lo normal’ indica que esta propuesta fue atrevida -o como diría Asunción Ponce Ramos, fue ‘necia’- y que por lo común los espacios públicos les pertenecen a los hombres, dejando a las mujeres afuera de ellos. Sin embargo, los múltiples esfuerzos y trabajos de las mujeres zapatistas dentro del proyecto de construcción de la autonomía del Zapatismo han resultado en una mejor representación de mujeres y niñas dentro del sistema: mujeres ocupan cargos en las Juntas de Buen Gobierno, trabajan como promotoras de salud y de educación y las niñas están incluidas en el sistema educativo tal como los niños, lo cual no venía siendo el caso.

De la misma forma, las mujeres unidas en el Encuentro de Mujeres en Resistencia y Esperanza para Defender Nuestra Madre Tierra y el Territorio, a inicios de noviembre, confirmaron su voluntad de seguir construyendo una sociedad equitativa en la cual participen mujeres, hombres, niñas y niños, ejerciendo y defendiendo sus derechos. Subrayando la fuerza de las mujeres unidas afirman: “Las flores que aquí compartimos son el significado de la unión de mujeres, comunidades y organizaciones con la esperanza de seguir unidas y tomar más fuerza para seguir adelante”.

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De mediados de agosto a mediados de noviembre de 2010

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

Zona Norte

• En septiembre y octubre, visitamos varios pueblos y comunidades de la zona baja de Tila para entrevistarnos con distintos actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, así como organizaciones campesinas y sociales. También realizamos algunas entrevistas en Yajalón, Chilón, Bachajón y Palenque.

Altos

• El 22 de septiembre, asistimos a la celebración realizada en Acteal en el marco de la conmemoración de la masacre de 1997. También estuvimos presentes en la conferencia de prensa y celebración del 22 de octubre. Este mismo día tuvimos una cita con las mujeres artesanas de Acteal para hablar de su proceso organizativo.

Zona Fronteriza

• A finales de septiembre, nos juntamos con varias organizaciones civiles de Comitán para hablar de la situación prevaleciente en la zona Selva Fronteriza.

Caracoles

• Entre agosto y noviembre, visitamos todos los Caracoles zapatistas, por lo menos una vez.

Presos

• En septiembre, asistimos a un Encuentro de la Organización de Familiares de Presos de Ocosingo que se llevó a cabo en esta misma ciudad.
• En octubre, visitamos al profesor Alberto Patishtán, miembro de La Voz del Amate y adherente a La Otra Campaña, preso actualmente encarcelado en el penal de San Cristóbal de Las Casas.

OAXACA

• Del 16 al 18 de agosto, participamos en una misión de observación “El Agua es vida; defendamos su existencia” convocada por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C. y que nos llevó a visitar varias comunidades indígenas de los valles centrales de Oaxaca. Dicha misión abordó la problemática del agua en esta zona así como los procesos organizativos buscando revertir la misma.
• A principios de octubre, realizamos un viaje de una semana en Oaxaca donde hablamos con organizaciones civiles y sociales tanto en la ciudad de Oaxaca como en el Istmo de Tehuantepec. Asistimos a la réplica del Tercer Encuentro Mundial del Movimiento de Afectados por Represas que se dio en Temacapulín, en el estado mexicano de Jalisco, también en octubre; así como al Encuentro de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica - región sur-sureste.

GUERRERO

• Del 8 a 13 de octubre, asistimos al Segundo Foro Social Indígena (FSI) que se llevó a cabo en la comunidad La Ciénaga, municipio de Malinaltepec, en la zona de la Montaña de Guerrero. Del 13 al 16 de octubre, estuvimos presentes en el Encuentro Nacional por la Justicia y la Seguridad de los Pueblos en San Luis Acatlán convocado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en el marco de su XV aniversario. En este viaje, también nos reunimos con integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) y de Radio Ñomdaa.

RELACIONES PÚBLICAS

• Del 30 de agosto al 2 de septiembre, con la participación de parte de la Junta Directiva Internacional de SIPAZ que se encontraba en el país para nuestra reunión anual, realizamos una serie de citas de incidencia en la Ciudad de México. Tuvimos reuniones con l@s encargad@s de Asuntos Políticos de las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica (que tiene la presidencia en la UE), Portugal, y de la representación de la Unión Europea en México; con la Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; con varios integrantes de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; así como con varios integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En los temas de preocupación que abarcamos en estas entrevistas estuvieron la situación general de los derechos humanos en el país, la de las y los defensores de derechos humanos (incluyendo la de los observadores internacionales), impunidad y sistema de justicia; y, conflictividad alrededor del tema Tierra y Territorio.
• En septiembre, tuvimos una entrevista con Pedro Raúl López Hernández, Fiscal Especializado en la Protección de los Organismos No Gubernamentales para hablar de la misma agenda.
• El 1er de octubre, estuvimos presentes en el espacio de organizaciones civiles y sociales con la Relatora especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul,
• En octubre, tuvimos una entrevista con el responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que participará en el proyecto de “Paz y Reconciliación” desarrollado por el Sistema de Naciones Unidas en Chiapas.

VARIOS

• El 18 de octubre, en el marco del cierre de la Tercera Acción Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, asistimos al conversatorio en el que se plantearon testimonios y materiales sobre la situación de las mujeres en contextos de violencia política y militarización en países como México, Colombia y la República Democrática de Congo.
• El 30 de octubre, asistimos como observadores a la reunión de la Red estatal la Voz de nuestro Corazón en resistencia a las altas tarifas de la luz que se llevó a cabo en Teopisca.

PROMOCIÓN DE PAZ

TRABAJO CON ACTORES RELIGIOSOS

• En septiembre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte. La prioridad en este año es el análisis de los conflictos con tintes religiosos.
• En octubre, participamos en un taller sobre “espiritualidad y derechos humanos” realizado por Pax Christi International.

EDUCACION PARA LA PAZ

• En septiembre, realizamos un taller con el equipo de la Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación.

ARTICULACION

• Participamos en las reuniones bimensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 11 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. En octubre, se presentó públicamente  el primer informe de la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas (Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo).
• Del 19 al 21 de agosto, asistimos al 15vo. Encuentro de Mujeres, organizado por la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas del Sureste de México. El evento, que contó con la participación de 250 mujeres de Yucatán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y del Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, se desarrolló en torno al lema: “A pesar de la pobreza y la injusticia, las mujeres caminamos construyendo con esperanza una vida digna”.
• A finales de octubre, participamos en la Asamblea de la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ) en San Cristóbal de Las Casas.

INFORMACIÓN

• Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes y periodistas, interesados en conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.
• En septiembre, estuvimos en una reunión con América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco.
• Asistimos a presentaciones de libros e informes sobre temas relevantes para nuestro quehacer: por ejemplo el libro de Silvia Marcos “Cruzando fronteras: Mujeres Indígenas y feminismos abajo y a la izquierda o del folleto “¿Conoces la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?” presentado por Amnistía Internacional en septiembre.
• Seguimos nuestro proceso de investigación amplio bajo el tema “Enlazando trabajos de género y de paz”, que nos ha llevado a realizar citas con varios grupos y organizaciones de mujeres en Chiapas y Guerrero.