:: ACTUALIDAD

Serio deterioro del contexto de derechos humanos en Chiapas y México

Bloqueo de carretera en oposición a la construcción de la autopista
entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (© SIPAZ)

En julio, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuestionó que México, siendo la economía número 13 a nivel mundial, ocupe el lugar 108 en el Índice Global de la Paz, incluso debajo de naciones africanas como Ruanda o el Congo. Este índice mide la percepción de la violencia en 144 países. Toma en cuenta que la paz no es sólo la ausencia de violencia directa (guerra) sino de violencia cultural y estructural, por lo que incluye también factores como la educación, el bienestar material o la defensa y promoción de los derechos humanos.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos realizado en la ciudad de México (agosto de 2009), se identificaron una serie de rasgos en cuanto a la situación de los derechos humanos en el país, entre otros:

• “El doble discurso por parte del Estado, a nivel internacional con una faceta aparentemente comprometida con los derechos humanos, cuando a nivel interno no sólo no hay interés de proteger y apoyar la defensa de derechos humanos, sino que existe la obstaculización a este derecho, y la no implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
• “La militarización de nuestro país, con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, agravada con el juzgamiento de elementos del ejército mexicano presuntos violadores de derechos humanos en el fuero militar, generando la indefensión de las víctimas”.
• “Deficiencias en la procuración y administración de justicia, que se traducen en impunidad”.
• “La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, a través del empleo de tipos penales para imponer sanciones a solicitantes de derechos, agresión sistemática por parte de la policía a manifestantes, acoso y hostigamiento”.
• “Agresiones directas en contra de la vida e integridad de familiares de presas y presos políticos y de conciencia, y de defensoras y defensores de derechos humanos, tales como detención arbitraria, detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato, con especial gravedad en las comunidades indígenas”.
• “Campañas de desprestigio hacia la persona y labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales”.

En el caso de Chiapas, además de poder ubicar estas mismas tendencias, en los últimos meses se ha notado un serio deterioro de la situación de los derechos humanos en el Estado con varios indicadores acercándose al rojo vivo.

Impunidad

En octubre, el Observatorio de Conflictividad Social de Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) reveló que entre enero y agosto de este año, el 24% de las movilizaciones sociales en el país tuvieron como propósito terminar con la impunidad.

En Chiapas, el caso más sonado -y en todo caso paradigmático-, tuvo que ver con el hecho que entre agosto y noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a 35 indígenas sentenciados por la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Altos) en 1997. 22 presos por los mismos hechos obtuvieron que se les repusiera el procedimiento jurídico que los condenó.

La SCJN tomó su decisión argumentando que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR. Recalcó que no se había respetado el derecho de estos presos a un debido proceso y a una defensa adecuada y que por ello su decisión representaba un avance contundente en contra de la impunidad y a favor del fortalecimiento del Estado de derecho.

Foto: Peregrinación de las Abejas en San Cristóbal en rechazo
a la excarcelación de presos por el caso Acteal (© SIPAZ)

A cambio, la Organización Civil Las Abejas (a las que pertenecían las víctimas en Acteal), denunció frente a esta decisión: “Lo poco que se había logrado en la justicia de Acteal, la SCJN hace pocos días lo ha convertido en impunidad”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) responsable de la defensa de las Abejas alertó: “en vez de abonar a una justicia verdadera que fortalezca el 'Estado de derecho', se optó por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad”.

Cabe subrayar que la SCJN no determinó que los excarcelados fueran inocentes. Por ello, varias voces han denunciado el desfase que se puede dar entre una respuesta jurídica inobjetable y la demanda de justicia para el caso. También se ha cuestionado la resolución por no tomar en cuenta el contexto en el que ocurrió la masacre de Acteal y la guerra que sigue en curso en Chiapas.

Foto: Manta de protesta frente a la decisión de la SCJN en el caso Acteal (© SIPAZ)

Respaldando lo que han venido denunciando los organismos de derechos humanos por más de una década, salieron a la luz pública en agosto documentos oficiales estadounidenses recién desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), indicando el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra las bases zapatistas en los '90s. Además, a finales de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que contaba con elementos que implicarían a varios altos funcionarios federales y estatales en conductas de omisión y de negligencia en el caso Acteal.

Otra dimensión de la decisión de la SCJN no menos preocupante es el impacto que ha tenido en Chenalhó y varias otras regiones de Chiapas donde se leyó como mensaje de impunidad, abriendo la posibilidad de que se reanudaran acciones de corte paramilitar. Demostrando cierto realismo político, el gobierno de Chiapas ha buscado prevenir el regreso de los excarcelados a Chenalhó para evitar confrontaciones, ofreciéndoles tierras, vivienda y trabajo. Las Abejas denunciaron el carácter por lo menos limitado de esta medida de contención. Desde agosto, también han hecho público que el gobierno estatal ha intentado dividirlas, así como involucrarlas con grupos armados. 

Defensores de Derechos Humanos y criminalización de la protesta

Plantón de la OCEZ-RC en la plaza Catedral, San Cristóbal de Las Casas (© SIPAZ)

 Al presentar su Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, a mediados de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) en México, cuestionó a las autoridades mexicanas por carecer de una política integral que reduzca y elimine riesgos a activistas de derechos humanos. Indicó que de las 128 denuncias de agresiones a defensores en los tres últimos años, un 98.5% se mantiene en la impunidad. La OACNUDH la creciente “estigmatización” de los defensores en particular por parte de autoridades, llegando a identificarles “defensores de criminales, o bien, dicen que buscan desestabilizar al país; en otros casos aseguran que sólo lucran con los casos y que magnifican la problemática para tomar partido”.

En el caso de Chiapas, se ha podido observar una creciente criminalización de la lucha social no afín al gobierno estatal, que incluye a organizaciones independientes, defensores de derechos humanos y la Iglesia católica local, en un paralelismo que recuerda mucho al Estado de los años '90.

El 18 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció un ataque armado de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de uno de sus integrantes, en el Ejido Jotolá, municipio de Chilón. Esta última agresión, ya poniendo en peligro directamente la seguridad de uno de sus miembros, se da en un contexto de vigilancia, agresiones y desprestigio por parte de diversos actores y medios de comunicación a la labor de defensa de derechos humanos. Dos meses después de los hechos, los agresores señalados fueron detenidos y a la brevedad liberados, según la población de Jotolá amenazando con vengarse.

El 19 de noviembre, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), otro actor particularmente golpeado, publicó un boletín titulado “Criminalización y persecución del gobierno del estado de Chiapas hacia el movimiento social” en el que vuelve a enumerar los hostigamientos que ha padecido.

Foto: Graffiti de la OCEZ-RC en paredes de
San Cristóbal de Las Casas (© SIPAZ)

Unos días antes, el periódico La Jornada había hecho público fragmentos del informe  “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que pretende documentar la existencia de una “red subversiva”, la cual  estaría planificando actos de desestabilización para el 2010, y cuyo eje sería el párroco católico de Venustiano Carranza, Jesús Landín. Dicho informe parece “justificar” tanto los hostigamientos denunciados por el CDHFBC, la diócesis y otros actores sociales, como las acciones policíacas y militares en Venustiano Carranza y municipios cercanos.

El FNLS negó rotundamente las acusaciones planteadas en su contra en este informe y denunció la actual “estrategia de contrainsurgencia” dirigida “fundamentalmente hacia espacios y actores organizados y que se han mantenido independientes del gobierno y de partidos políticos y que sobretodo han denunciado la injusticia y las sistemáticas violaciones de derechos humanos que se cometen en Chiapas en el actual sexenio del gobierno de Juan Sabines Guerrero”.

Otra organización mencionada en el documento y sujeta a represión en los últimos meses, ha sido la OCEZ-RC (Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza). Llamativamente la represión reciente se dio aunque esta organización, cuyas principales demandas son de carácter agrario, había firmado un “pacto de gobernabilidad” con el gobierno del Estado, pacto que incluye la entrega de recursos económicos y el compromiso de no efectuar acciones de protesta ni entablar demandas agrarias.

Marcha de la OCEZ-RC en San Cristóbal de las Casas, octubre de 2009 (© SIPAZ)

A partir del 26 de octubre, alrededor de 150 de sus integrantes mantuvieron un plantón en el centro de San Cristóbal de Las Casas para denunciar intimidación policíaco-militar en su región y demandar la liberación de sus dirigentes detenidos en septiembre y octubre. Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano que investigara las denuncias contra policías de Chiapas por presunta tortura a los líderes de la OCEZ y que garantizara juicio justo a José Manuel Hernández Martínez, quien padecía un régimen de incomunicación al haber sido trasladado a un penal de alta seguridad lejos de Chiapas. El 30 de octubre, integrantes del plantón tomaron las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en San Cristóbal.

El 23 de noviembre los tres dirigentes de la OCEZ fueron liberados bajo fianza pagada por el gobierno estatal quien pidió reanudar las negociaciones ofreciendo suspender las demás órdenes de aprehensión. A la hora del cierre de este informe, se seguía viendo la posibilidad de abrir una mesa de distensión para atender las demandas restantes de la OCEZ.

En cuanto a la diócesis, a finales de noviembre, una declaración pública de sacerdotes y religiosas de la zona Sur reclamó: “En lugar de calumnias, hostigamiento y persecución esperábamos que el gobernador se sumara a los esfuerzos del pueblo por defender la santa tierra chiapaneca, pulmón de la nación, y diera ejemplo de respeto a los derechos que marca claramente la constitución y que defienden los tratados firmados por México ante la comunidad internacional”.

Territorios en disputa

En un mismo lugar, carteles del gobierno y del EZLN (© SIPAZ)

El Informe 2009 de Amnistía Internacional menciona en el caso de México: “Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron las protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número especialmente alto de represalias”.

En el caso de Chiapas, una amplia mayoría de los conflictos sociales recientes -aunque puedan parecer aislados-, derivan del tema territorial: la resistencia a la explotación minera en ocho municipios o a la construcción de la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (Mitzitón, por ejemplo), la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul (caso de Bachajón), en contra de las altas tarifas de la luz eléctrica (ver enfoque), entre otros.

Foto: Mural ilustrando la oposición zapatista a los megaproyectos en Agua Clara (© SIPAZ)

En una situación ejemplar de la criminalización de la protesta mencionada anteriormente, en agosto Mariano Abarca, opositor a la explotación minera en Chicomuselo (Sierra de Chiapas) fue detenido debido al plantón que se mantenía desde junio impidiendo las actividades de Blackfire (corporación transnacional de capital canadiense). Fue liberado una semana después, aunque se ha mantenido el hostigamiento en contra del movimiento anti-minería, como se vio en el Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) a finales de agosto, justamente en Chicomuselo, cuando policías se hicieron pasar por periodistas.

A finales de julio, adherentes de La Otra Campaña del ejido Mitzitón realizaron un bloqueo de carretera para plantear varias demandas, como el rechazo a la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque (que supuestamente atravesaría el ejido Mitzitón), la libre auto-determinación de los pueblos y justicia inmediata para Aurelio Díaz Hernández, quien fue atropellado el 21 de julio.

En el caso de Bachajón, desde abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate. La población de Bachajón sigue pidiendo su liberación y ha denunciado que “policías estatales y federales siguen ocupando ilegalmente” su territorio.

Foto: Bloqueo de carretera en oposición a la construcción de la
autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (© SIPAZ)

La conflictividad alrededor de tierras recuperadas sigue vigente. En agosto, más de 15 personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre bases de apoyo zapatistas y militantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que se disputan el predio Bosque Bonito y una fracción de El Prado, en la zona de Cuxuljá, municipio de Ocosingo. En septiembre, indígenas de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-UU) y bases de apoyo se enfrentaron a golpes por la disputa de 200 hectáreas en Santo Tomas, municipio de Ocosingo, con resultado de un muerto, por lo menos 15 lesionados y cuatro retenidos.

© SIPAZ

Gobierno del estado: Respuestas contradictorias

El gobierno del estado se ha acercado y ha firmado varios convenios con organismos internacionales. A finales de julio, Chiapas se convirtió en el primer estado en el mundo que incluye en su Constitución la obligación de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio trazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En septiembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el gobernador Juan Sabines expresaron la posibilidad de abrir una agenda de trabajo para reforzar y revisar la atención a las comunidades indígenas del estado.

Foto: Bloqueo de carretera en oposición a la
construcción de la autopista entre
San Cristóbal de Las Casas y Palenque (© SIPAZ)

A nivel interno, a cambio, el gobierno de Chiapas parece “negar o minimizar los conflictos” prevalecientes (Germán Bellinghausen, La Jornada). Frente a las denuncias por explotación minera, afirma que no existen proyectos, y que en todo caso deberían de darse en beneficios del pueblo. Niega que la autopista San Cristóbal-Palenque pasará por lugares donde se haya generado oposición a la misma. En el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, repudió las agresiones en su contra. Según el boletín emitido por el gobierno estatal después de reunirse con el  obispo Felipe Arizmendi, “coincidieron, entre otros, en el tema de la minería en Chiapas y la necesidad de un análisis profundo que lleve a cambios a favor de los pueblos donde se extrae la riqueza. (...) Juan Sabines ofreció al Obispo Arizmendi la mejor disposición para recibir al párroco de Carranza y despejar cualquier malentendido que pueda existir”.

El gobierno del estado parece tener una respuesta frente a todos los conflictos aunque sin reconocer el papel que pudo jugar en su generación y sin acabar de atender las causas de fondo detrás de los mismos. Por otro lado, algunas declaraciones ambiguas no acaban de fomentar el espacio de trabajo para la defensa y promoción de los derechos humanos cuando en noviembre, por ejemplo, el secretario de Gobierno, Noé Castañón llamó a la población a “no dejarse engañar por quienes como víboras con piel de cordero proclaman por un lado la paz y subterráneamente convocan a la violencia. (...) Nadie debe caer en provocación ante quienes quieren utilizar al pueblo como carne de cañón para promover derramamiento de sangre en el año 2010, o antes, ante extraños intereses personales”.

Militarización y DDHH

En el caso de Chiapas, tocaría en todo caso hablar de “re-militarización”. A raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Chiapas es el estado más militarizado (en cuanto a cuarteles se refiere) del país. Ciertamente, en las últimas semanas, se han vuelto a denunciar múltiples cateos e incursiones militares en el Centro (alrededor de Venustiano Carranza), la Selva Fronteriza, así como en los Altos el día del aniversario de la fundación del EZLN.

Cateo en la comunidad 28 de junio, municipio Venustiano Carranza - © CDHFBC

Regresando al contexto nacional, las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos se han multiplicado debido a la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, que de manera permanente tiene desplegados a 45 mil elementos sin lograr reducir el nivel de violencia atribuida a las redes delictivas.

No obstante, tanto el director de derechos humanos de la Sedena general L ópez Portillo como el mismo Felipe Calderón han tenido tendencia a minimizar o descalificar las críticas. En julio, López Portillo afirmó que “la mayoría de delitos en que incurren son de carácter imprudencial (sic), colateral a sus operaciones y por desconocimiento de las consecuencias de una violación a derechos humanos”. En agosto, durante la Clausura de la Cumbre México-EU-Canadá, Felipe Calderón afirmó que su gobierno cumple “escrupulosamente” con sus compromisos en materia de derechos humanos y que “quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso”. En respuesta, 5 organismos civiles de derechos humanos le hicieron llegar una carta en la que describen 7 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares en contra de civiles a título de ejemplo, todos ocurridos en este sexenio.

En agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) verificará los resultados que se tienen en materia de derechos humanos. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, consideró que este anuncio era tan sólo “un bonito espectáculo”. Lo planteado con el gobierno federal enfatizando más los esfuerzos que los pendientes pareció suficiente para que en agosto, Estados Unidos optara por liberar 214 millones de dólares en el marco del Plan Mérida^[1] que busca ayudar a México en su lucha contra la delincuencia organizada.

Notas:

[1] La Iniciativa Mérida prevé canalizar 1.400 millones de dólares a México en tres años para cooperación antidrogas. La entrega de un 15% de los fondos está condicionada a que el Departamento de Estado estadounidense constate dicha situación en un informe. Volver...

:: ENFOQUE

Enfoque: “¡La luz es del pueblo!”

El sábado 10 de octubre de 2009, poco antes de medianoche, contingentes de policías empezaron a resguardar la sede de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC). El gobierno de Felipe Calderón acababa de decretar la liquidación de la empresa, según el presidente, debido a su ineficiencia y continuo déficit fiscal. Lo que parecía una decisión de índole económica generó una protesta no nada más de los alrededor de 44.000 trabajadores que se oponen a la pérdida de su empleo, sino de muchos mexicanos en las siguientes semanas y a la fecha. Se teme que esta liquidación pueda ser el primer paso hacia la privatización del servicio de generación y abastecimiento de energía eléctrica en México.

Foto: Expresión de solidaridad al SME en
marcha de mujeres en San Cristóbal
(25 de noviembre) - © SIPAZ

Ciertamente, cabe reconocer que la infraestructura del suministro de la energía eléctrica no ha llegado a establecerse en muchas comunidades de difícil acceso en varios estados de la República mexicana, en particular en zonas rurales. Por otro lado, habitantes de comunidades que apenas contaban con unos cuantos focos de luz y, cuando mucho, un refrigerador o un aparato de televisión empezaron a denunciar cobros claramente excesivos. También denunciaron la baja calidad de los servicios de mantenimiento. En otros casos, como en Chiapas, Oaxaca o Guerrero, se cuestiona que las tarifas estén tan altas cuando son estados que producen grandes cantidades de electricidad para el país. Por una razón u otra, mucha gente empezó a organizarse tanto en Chiapas como en otros estados, principalmente en las zonas rurales. En la etapa más reciente, estos procesos de resistencia empezaron a vincularse adquiriendo una dimensión nacional.

Llamativamente, tanto el proceso de lucha contra la liquidación de Luz y Fuerza del Centro como la resistencia a las altas tarifas eléctricas se juntan bajo un mismo lema: “¡La luz es del pueblo!”.

Liquidación de Luz y Fuerza del Centro: causas y posibles consecuencias

Calderón y medios masivos de comunicación han intentado justificar el decreto en el caso de LyFC afirmando que su “ineficacia económica" procedía de los beneficios y altos salarios de sus trabajadores. Sin embargo, varios analistas han subrayado que su falta de rentabilidad derivaba de la provisión del propio Estado de energía gratuita a las mayores industrias de México, junto con la compra de energía a precios exorbitantes, de LyFC a la CFE. Se han ubicado por lo menos dos otras posibles “explicaciones” a la decisión tomada por el gobierno federal:

Tendencias privatizadoras

Las empresas paraestatales que en México ofrecen la energía eléctrica para uso doméstico y comercial son la “Comisión Federal de Electricidad” (CFE) y “Luz y Fuerza del Centro” (LyFC). Mientras LyFC está a cargo de responder a la demanda de dicho servicio en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Estado de México y Morelos, la CFE opera en las restantes entidades del país.

Foto: Marcha en el DF - © Noé Pineda Arredondo

Desde principios del siglo XX, el servicio de distribución de luz había estado en manos de empresas privadas (mexicanas, canadienses y estadounidenses), que dieron abasto principalmente a las zonas urbanas. Debido a la poca rentabilidad, estas empresas no se dieron a la tarea de crear una infraestructura que llevara este servicio a las zonas rurales, por lo cual el Estado mexicano decidió crear la empresa paraestatal CFE para encargarle el suministro de la energía eléctrica en el campo. El proceso de la nacionalización de la industria de la electricidad iniciado a finales de los años ’30, finalizó en 1960. La luz fue considerada propiedad del pueblo mexicano y destinada al beneficio social.

Sin embargo, la generación de energía eléctrica dejó de ser monopolio de las paraestatales mexicanas, cuando en 2002 el entonces Presidente Vicente Fox presentó un decreto que permitiera a las empresas privadas generar energía eléctrica para el propio abastecimiento. De acuerdo a la propia CFE, de “la capacidad efectiva instalada de generación, 22.81% corresponde a Productores Externos de Energía (PEE), la cual incluye 21 centrales en operación comercial”. Es decir, casi un cuarto de la capacidad de generación de energía eléctrica está manejado por empresas privadas, entre las cuales destacan por su producción la española Iberdrola, la japonesa Mitsubishi y la francesa EDF International^[a].

La liquidación reciente de LyFC podría representar un avance hacia la privatización del sector energético mexicano, así como de su red de fibra óptica (para la transmisión simultánea de voz, documentos e imágenes: el llamado “triple play” en telecomunicaciones). Algunos remontan esta apuesta a privatizar la infraestructura, la producción, la distribución y comercialización de la energía por parte de Felipe Calderón a cuando era Secretario de Energía. Otras voces van más lejos y denuncian que no se había buscado mejorar la eficiencia de LyFC justamente para favorecer la participación privada (presentándola como única opción) en el mercado eléctrico y en el de las telecomunicaciones.

Marcha en el DF - © Noé Pineda Arredondo

Golpe al sindicato de trabajadores de la electricidad

Otra de las lecturas que se ha dado a la liquidación de LyFC, y por lo demás un aspecto clave si la apuesta es efectivamente la privatización, tiene que ver con la intención de golpear y neutralizar al Sindicato de trabajadores de la electricidad (SME, sindicato con ya 95 años de trayectoria, considerado uno de los más activos y combativos).

Un antecedente es que después de las elecciones internas del SME en agosto pasado, el secretario del Trabajo y de la Prevención Social, Javier Lozano, se negó a reconocer a Martín Esparza como dirigente del SME, argumentando que en las elecciones internas del sindicato se habían presentado irregularidades. Entre agosto y septiembre, los sindicalistas exigieron el reconocimiento de su dirigente, realizando actos públicos. Desde ese momento, denunciaron que la intención del gobierno era debilitar al SME para privatizar a LyFC.

Marcha en el DF - © Noé Pineda Arredondo

Respuestas del SME y del movimiento social

El cierre definitivo de la paraestatal dejaría unos 44 mil trabajadores sin empleo. Mientras el gobierno federal ofreció una liquidación a los trabajadores, el sindicato impugnó la decisión por considerarla inconstitucional. Muchos se han negado a cobrar su liquidación al seguir apostando a recuperar su empleo. Al momento de la redacción de este artículo, aún no había certeza jurídica sobre la extinción de LyFC, ya que el proceso legal en contra del decreto presidencial no ha terminado.

Las principales demandas del SME incluyen: la derogación del decreto presidencial y la reapertura de LyFC; el retiro inmediato de las tropas armadas y la policía federal de las centrales eléctricas; la reincorporación inmediata de los trabajadores del SME bajo el convenio colectivo existente y la creación de un comité social de diálogo para considerar alternativas de acuerdo con la Constitución y las normas internacionales.

Foto: Marcha en el DF - © Noé Pineda Arredondo

Se han dado y se siguen dando múltiples muestras de apoyo, en marchas y asambleas.  El 15 de octubre, más de 300 mil personas marcharon en la Ciudad de México, incluyendo grupos sindicales, estudiantiles, sociales y políticos. A la par, miles de personas marcharon también en 30 ciudades de 16 estados del país.
Apelando al paro nacional, Martín Esparza, líder del SME afirmó en esta ocasión: “El poder emana del pueblo y si ese poder está afectado, es momento de levantar este movimiento social pacífico. (…) Estamos a punto del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y habremos de derrotar, como antes, a las trasnacionales, a la dictadura, la tiranía y las violaciones a la Constitución. Es tiempo de que el pueblo se organice”.

Creciente proceso de Resistencia Civil en contra de las altas tarifas de la luz en Chiapas

Desde otro frente de lucha, según un artículo de La Jornada de junio, los movimientos sociales de resistencia al pago de las tarifas que aplica la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han incrementado hasta alcanzar un 40% del total de los usuarios en Chiapas. La suma de los adeudos, al cierre de mayo pasado, rebasaba 780 millones de pesos.

Manta en el marco de una protesta de la Red Estatal (© SIPAZ)

De los motivos del no pago

Los que se mantienen en resistencia pueden ser tanto individuos como organizaciones de todo tipo (algunas opuestas entre sí). Las bases de apoyo zapatistas no pagan la luz desde 1994 como parte de su movimiento de resistencia frente al gobierno. Reivindican la luz como propiedad colectiva de la nación, y por ello, exigen la redistribución pública de la misma.

En otros casos, las principales razones que se dan por no pagar son las siguientes:

• En Chiapas se encuentran las presas hidroeléctricas más importantes del país y aporta más del 50% de la energía hidroeléctrica de México. Sin embargo existen miles de comunidades indígenas sin servicio de luz eléctrica, o que pagan por su uso costos que son considerados excesivos.
• Se ha denunciado en Chiapas que la CFE le puede cobrar a una familia indígena por el servicio de la energía eléctrica desde 120 a 300 pesos bimensuales -e incluso más- (lo que representa un rango de entre 13 y algo más de 100 dólares, aproximadamente, mucho más de lo que pagamos en la ciudad), cuando sólo cuenta con 3 o 5 focos en su hogar. Al acumularse, las tarifas han alcanzado cifras imposibles de pagar para muchos.
• Se sufren continuas bajadas y subidas de voltaje. La medición del consumo no se comprueba directamente en las comunidades, lo que puede explicar las facturas desiguales recibidas entre vecinos.

Represión y Programas de gobierno

Manta en el marco de una protesta de la Red Estatal (© SIPAZ)

Al no pagar por el servicio de la energía eléctrica, las comunidades frecuentemente enfrentan situaciones de hostigamiento por parte de la CFE o la policía. Recientemente denunciaron que “en los municipios de Venustiano Carranza, Villa las Rosas, Amatenango del Valle, Comitán, Chanal, Tzimol, Socoltenango y Teopisca, se ha registrado en los últimos meses una escalada represiva y un fuerte hostigamiento, manifestado por medio de cortes masivos y desmantelamiento de la energía eléctrica, así como con amenazas de la policía y autoridades municipales”^[b]. No les une nada más la resistencia a las altas tarifas de luz sino también la defensa de su tierra y territorio, el rechazo a los partidos políticos y el “no” a los megaproyectos que afectan a las comunidades.

Por otro lado, si bien los gobiernos estatales y federales han buscado responder al descontento social hacia las tarifas eléctricas con programas que conceden moratorias a las deudas y otorgan subsidios, no han acabado de resolver la problemática.

En el caso de Chiapas, el gobierno del estado lanzó en 1995 el programa “Una Luz Amiga”. En 2003 y hasta septiembre de 2008 el gobierno aplicó el programa “Vida Mejor”.

Al término de esta fecha la actual administración anunció la prolongación del subsidio a través del programa “Luz solidaria”, para el que anunció la inversión de 280 millones de pesos.

Otro de las denuncias recurrentes que se han observado ha sido la suspensión o amenaza de suspensión de programas gubernamentales de asistencia social, como “Oportunidades” si no se presentaban los recibos de luz.

Proceso organizativo en Chiapas

Existen actualmente en Chiapas por lo menos dos movimientos de resistencia civil a las altas tarifas de la luz: Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), principalmente en la zona Norte de Chiapas; y la Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón”, con una fuerte presencia en los municipios del Centro, en los Altos y partes de la zona Norte del estado.

La Red Estatal de Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” se constituyó en 2006^[c], aunque varias de las comunidades que la integran ya habían estado en la resistencia al pago de la luz desde antes. Entre sus principios están luchar por el derecho a la energía eléctrica; la defensa de la tierra y del territorio de los pueblos; la unidad y solidaridad; y no pagar por la luz hasta que se cumplan los Acuerdos de San Andrés. Como Red Estatal también forma parte de La Otra Campaña, iniciativa pacífica para una nueva constitución impulsada por el EZLN en 2005.

Foto: Logo de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica - PUDEE (© SIPAZ)

Las comunidades que conforman la red realizan asambleas con una frecuencia de dos a tres meses, en las que las y los representantes de las comunidades informan de la situación en su lugar, emiten declaraciones y definen acciones conjuntas (marchas, participación en jornadas nacionales de protesta y solidaridad o talleres).

Los talleres consisten en capacitaciones de 'promotores de electricidad', quienes con el apoyo de trabajadores solidarios del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se forman en “en el manejo del sistema de distribución de energía eléctrica”^[d]. Las capacitaciones les permiten realizar “trabajos de mantenimiento comunitario, reconexiones de energía eléctrica y ampliaciones a la red con los recursos económicos y el trabajo de las comunidades. Esta situación [...] empieza a solucionar un problema concreto y muy sentido en las comunidades, es decir, la falta de energía eléctrica, debido a los cortes de luz, al mal servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad o a las malas instalaciones que son comunes en las comunidades indígenas y campesinas”.

… y en otro otros estados.

La Red Estatal de Chiapas también forma parte de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, movimiento que empezaron a formar organizaciones y comunidades de los estados de Oaxaca, Veracruz, Campeche, Guerrero, Chihuahua y del Distrito Federal en mayo de 2009 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Al igual que las comunidades de Chiapas, las que integran la Red Nacional de Resistencia Civil tuvieron que enfrentar un aumento en su tarifa de energía eléctrica para organizarse. También han tenido que enfrentar una actitud intimidatoria de los empleados de la CFE y las autoridades. Pero el hostigamiento no para ahí, su lucha por una tarifa justa también ha sido criminalizada legalmente.

Foto: Logo de Pueblos Unidos en Defensa
de la Energía Eléctrica - PUDEE (© SIPAZ)

Por ejemplo, actualmente, algunos miembros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) de Oaxaca tienen órdenes de aprehensión. Del movimiento de resistencia civil de Candelaria, Campeche, también están presos una mujer y dos hombres. Las demandas penales en su contra se remontan a una acción de resistencia civil pacífica en septiembre de 2008, cuando la CFE les quería cortar la luz, lo que lograron impedir mediante la negociación con el responsable de la CFE en la región. “Sin embargo, ese mismo día el representante legal de la paraestatal, (…) presentó una demanda penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) (…) por el delito de 'obstrucción de obra o servicio público y otros que resulten contra funcionarios federales'” en contra de 33 personas del movimiento.

Amnistía Internacional denunció que los cargos que enfrentan son falsos, y exigió en una Acción Urgente emitida a mediados de julio de este año “que se ponga fin al uso indebido del sistema de justicia penal para presentar cargos penales infundados o desproporcionados contra activistas sociales o defensores de los derechos humanos que llevan a cabo protestas legítimas y pacíficas”. Varios organismos de derechos humanos mexicanos coincidieron en que la resistencia civil a las altas tarifas de la energía eléctrica es la defensa de un derecho básico, por lo que se sumaron a la exigencia de su liberación.

Manta en el marco de una protesta de la Red Estatal (© SIPAZ)

Notas:

[a] http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/queescfe/Estadísticas/ Volver ...

[b] Red Estatal “La Voz de Nuestro Corazón”: Pronunciamiento público - 13 de noviembre de 2009. Volver ...

[c] Documental “La luz es del pueblo”, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria A.C. (CIEPAC), 2009 Volver ...

[d] CIEPAC: Las experiencias de Resistencia Civil al No Pago de la Energía Eléctrica: cuestionamiento estructural e insubordinación. Segunda Parte. Volver ...

:: ARTÍCULO

“Desmilitarización total de nuestras comunidades, formas de vida y corazones”

“El sistema no sólo tiene alambrados los cuarteles que ha construido en nuestros territorios, sino también tiene alambrados nuestros corazones de mujeres y madres, pero los vamos a desalambrar”
(Testimonio de una mujer tzotzil compartido por Mercedes Olivera B.)

Foro “Perspectivas de mujeres ante a la militarización”

Ante la creciente militarización del país, oficialmente justificada por la guerra que Felipe Calderón declaró al narcotráfico, las mujeres no se quieren dejar paralizar por el miedo. Los días 2 y 3 de octubre de 2009 en San Cristóbal de Las Casas, se reunieron 160 de ellas en el Foro “Perspectivas de mujeres ante la militarización”. Llegaron de Honduras, Guatemala, Chihuahua, la Ciudad de México, Guerrero y varias comunidades de Chiapas para “compartir ideas y experiencias de mujeres y de sus comunidades sobre la militarización, paramilitarización y narcotráfico, visibilizar y analizar las consecuencias de la militarización para las mujeres y trazar alternativas”.

El primer día, las mujeres intercambiaron sobre las consecuencias tristemente conocidas de la militarización: el abuso sexual como método de tortura (con el testimonio conmovedor de Valentina Rosendo Cantú, de Guerrero), la prostitución en los alrededores de los campamentos militares, una violencia intrafamiliar exacerbada en familias de militares, el incremento de la migración, la criminalización de las luchas sociales, enfermedades como el SIDA pero también el estrés, la impunidad...

Foto: Manta pintada por las participantes
durante el Encuentro (© SIPAZ)

El mismo día, la reflexión sobre sus causas desembocó en una lectura muy amplia y sistémica de la militarización. Se analizó que se da por ser: “un negocio en sí”; “un medio para asegurar y reproducir el dominio de los poderes de facto, el gobierno y los ricos”; “un medio de control estratégico para fortalecer el sistema capitalista” (control de los recursos naturales, de la mano de obra, control territorial para producción y tráfico de drogas, control social frente a movimientos sociales); y también se da porque la normalización de la presencia militar genera cierta aceptación por parte de la población civil.

Más allá del despliegue de tropas en el territorio y sus consecuencias nefastas directas, las mujeres denunciaron una sociedad basada en relaciones de violencia y dominación: “Hoy, vivimos en una sociedad militarizada en la cual se reproduce el poder, la fuerza y la violencia como sistema de vida.” Enmarcadas en esta lectura, las propuestas de acción del segundo día invitan a todas y todos a una transformación profunda de la realidad.

Propuestas hacia una transformación de la realidad

“Tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo”. A principios del siglo XX, en la India, eso fue la palabra de Gandhi, una de las principales figuras del pensamiento y de la lucha no-violenta. En el año 2009, en Chiapas, México, una asamblea de mujeres se compromete e invita a caminar juntas hacia la “desmilitarización total de nuestras comunidades, formas de vida y corazones.” Aunque la no-violencia no fue el marco explícito del foro, suena como un eco. Es la expresión de una lógica de construcción de paz duradera.

De las conclusiones de las mesas de trabajo sobre las posibles acciones jurídicas, políticas y comunitarias, se puede destacar una actitud general y dos ejes estratégicos. En cuanto a la actitud, se propuso:

• no reproducir en la familia o la comunidad el esquema de violencia de la militarización o sea las relaciones de dominación y sumisión, tanto entre mujeres y hombres como entre adultos y niños.
• fomentar la creatividad. Un ejemplo de eso, en el ámbito de la acción jurídica que tiene fama de ser bastante limitada y predeterminada, fue la iniciativa de un Tribunal Civil. Otro fue de pasar por obras de arte para denunciar o concientizar.
• no negar el miedo, ni ceder al miedo. Y lo mismo para la rabia u otras emociones. Para eso se enfatizó  la necesidad de compartir entre mujeres lo que se vive para poder luego superarlo y organizarse juntas.
• romper el silencio desde la espiritualidad.

El primer eje estratégico es de reacción a la militarización misma. Implica acciones de información y concientización (reuniones de mujeres en la comunidad para hablar del foro, conocer lo que la ley permite o no a los militares, compartir los números de teléfonos útiles...), de resistencia (como no vender sus productos a los militares si se establecen en la comunidad o participar en cordones de seguridad) y de denuncia (hacer públicas las violaciones sexuales por parte de militares, marchas pacíficas...).

El segundo eje plantea una transformación de la realidad a más largo plazo. Abarcó tanto acciones de educación (no dejar a los niños jugar con armas fictivas, enseñarles a escucharse entre ellos y a pensar antes de obedecer) y de capacitación (sobre los derechos humanos o la transformación de conflictos por ejemplo), como propuestas políticas (eliminar el servicio militar y el ejército, crear igualdad social). También se planteó cierta manera de consumir (construir alternativas de economía solidaria) ya que “La globalización militarista domina no sólo en el ámbito público, sino ha penetrado hasta los ámbitos privados e íntimos. [...] Todos somos compradores, consumistas, voluntarios o involuntarios reproductores del sistema, aunque estemos en resistencia. Las madres no sólo nos convertimos en reproductoras de esclavos, sino que además debemos desarrollar en ellos las  “competencias” que necesita el sistema.” (Mercedes Olivera B.). Se trata así de atender las causas identificadas de la militarización desde la violencia estructural hasta la violencia cultural.

Manta pintada por las participantes durante el Encuentro (© SIPAZ)

Esta voluntad de unirse para enfrentar y denunciar la militarización desde sus causas hasta sus manifestaciones corresponde a una apuesta: creer en la fuerza del número y de la verdad ante la fuerza del poder y de las armas. Ante un contexto de mucha tensión, la capacidad de las mujeres a analizar la militarización y formular propuestas no-violentas y constructivas resulta particularmente estratégica.

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De mediados de julio a finales de octubre de 2009

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

Zona Norte

El 29 y 30 de agosto, estuvimos presentes en la conmemoración de las víctimas de Paz y Justicia en la comunidad de Masoja Xucja, evento en el que se recordó a los más de cien asesinados y desaparecidos de la zona Norte entre 1995 y 2000.
Altos

- El 30 de julio, asistimos como observadores al bloqueo de carretera que realizaron adherentes de La Otra Campaña del ejido Mitzitón durante aproximadamente seis horas para plantear varias demandas, tales como el rechazo a la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque y justicia inmediata para Aurelio Díaz Hernández, quien fue atropellado el pasado 21 de julio. Volvimos a visitar Mitzitón en agosto y octubre donde prevalece un clima de alta tensión.

- El 10 de agosto, estuvimos presentes en la conferencia de prensa convocada por la Sociedad Civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) que marcó el inicio de la “Jornada de Acción por la Justicia y la Verdad”, así como también en la Peregrinación de las Abejas que se realizó en San Cristóbal de Las Casas el 11 de agosto. Visitamos las comunidades de Acteal y Nuevo Paraíso en el municipio de Chenalhó en agosto y octubre.

- Hacia fines de octubre, asistimos a la “Peregrinación por la paz y la justicia con verdad” en solidaridad con Las Abejas de Acteal y a la misa convocadas por el Pueblo Creyente-zona tzotzil

Selva

- El 30 y 31 de julio, asistimos a un Encuentro de organizaciones indígenas y sociales de la Selva y de la región de Bachajón que se llevó a cabo en Bachajón para abordar problemáticas compartidas en estas regiones en lo relativo a la defensa de la tierra y el territorio.

- En agosto visitamos Agua Clara, donde existe un conflicto entre dos grupos por el control del balneario existente en esta comunidad.

- En agosto, asistimos en la Conferencia de prensa en la que  adherentes de La Otra Campaña de tres comunidades afectadas por la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque y el Centro Integral Proyecto Palenque (CIPP), Mitzitón, Jotolá y el ejido San Sebastián Bachajón denunciaron los hostigamientos de los que han sido objeto.

Centro

Asistimos como observadores a la marcha de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC), que marcó el inicio de un plantón en San Cristóbal de Las Casas para denunciar la intimidación policíaco-militar en su región, y demandar la liberación de sus dirigentes.

Caracoles

Entre agosto y finales de octubre, visitamos todos los Caracoles zapatistas por lo menos una vez.

Presos

En agosto, septiembre y octubre, visitamos a Alberto Patishtán, preso en la cárcel de San Cristóbal, situación a la que hemos estado dando seguimiento.

OAXACA

A finales de agosto y septiembre, visitamos la ciudad de Oaxaca donde nos entrevistamos con contrapartes y familiares de personas asesinadas durante el conflicto político social de 2006-2007. También fuimos a comunidades de Paso de la Reina (Istmo) donde existe un proyecto de presa hidroeléctrica en tierras ejidales al que los afectados se oponen. Finalmente, visitamos a varios presos en el penal de Tehuantepec.

INCIDENCIA

- Tuvimos una serie de citas con Embajadas donde planteamos nuestras preocupaciones respecto a la agravación de la situación socio-política y de los derechos humanos en Chiapas.

- En septiembre, nos entrevistamos en la Ciudad de México con el responsable de Derechos Humanos de la Embajada de EEUU. También recibimos en Chiapas la visita de la oficial para asuntos políticos, Derechos humanos e Iniciativa Mérida en octubre.

- En septiembre, nos reunimos en la Ciudad de México con el Ministro Consejero (segundo en la jerarquía) de la Embajada alemana, así como con la Embajadora sueca.

- Por otro lado, en agosto y octubre, nos entrevistamos con Pedro Raúl López Hernández, fiscal especializado en la Protección de los Organismos no Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos en Chiapas, igualmente para presentarle nuestras preocupaciones respecto a la agravación de la situación socio-política y de los defensores de derechos humanos en Chiapas.

VARIOS

- El 29 y 30 de agosto, una colaboradora de SIPAZ estuvo presente en el segundo encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) realizado en Chicomuselo, Chiapas, en el que participaron alrededor de 240 personas y se abordaron temas como medios legales de resistencia así como efectos de la minería en la salud y el medio-ambiente.

- Estuvimos presentes en la Conferencia de prensa realizada por la Red Estatal de la Resistencia Civil “La Voz de Nuestro Corazón” a mediados de julio, así como en su asamblea llevada a cabo el 23 y 24 de octubre.

- Estuvimos presentes en dos actividades que realizó la comisión del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco en Chiapas para lanzar la segunda fase de la Campaña “Libertad y Justicia para Atenco”.

PROMOCIÓN DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

- En julio y septiembre, una integrante de SIPAZ asistió a dos modulo de la Escuela de Paz convocado por Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en México DF.

- En octubre, dos miembros del equipo participaron a un taller sobre No Violencia Activa convocado por la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO).

TRABAJO CON ACTORES RELIGIOSOS

- En septiembre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte.

- En agosto, tuvimos reuniones con miembros del equipo parroquial de Chenalhó así como con el obispo Enrique Díaz, para hablar del contexto prevaleciente en este municipio a raíz de la excarcelación de 20 personas acusadas de haber participado en la masacre de Acteal en diciembre de 1997.

ARTICULACION

- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

- El 2 y 3 de octubre, varias organizaciones (entre ellas SIPAZ), convocaron a un foro sobre las Perspectivas de las Mujeres ante la Militarización que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas con la participación de alrededor de 160 mujeres, provenientes de (entre otros) Guatemala, Honduras, Chihuahua, la Ciudad de México y Guerrero, así como mujeres de las comunidades de Chiapas.

- Asistimos a la Asamblea del Pueblo Creyente el 11 y 12 de septiembre.

INFORMACIÓN

- Recibimos la visita de delegaciones, estudiantes y periodistas, interesados en conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ. Del 6 al 13 de agosto, co-coordinamos una delegación de Global Exchange de una semana en Chiapas.

- En julio, nos reunimos con un integrante de la Unión Internacional de Juristas para hablar de militarización y de las implicaciones del fuero militar en el caso de Chiapas.

- Publicamos un boletín informativo especial sobre el caso de Acteal en agosto y una Acción Urgente en el caso del ataque armado a Defensores De Derechos Humanos en Jotolá en Septiembre.

- Un miembro del equipo realizó actividades en Suecia y Finlandia incluyendo citas con la Secretaría de Relaciones Exteriores de Suecia y Finlandia, así como con grupos cercanos (como SweFOR o Amnistía Internacional).