:: COYUNTURA

México: Carestía y pobreza, las principales preocupaciones

En estos últimos meses, la principal preocupación de la población mexicana ha girado alrededor del alza en el precio de los alimentos. Desde abril, grupos civiles, encabezados por la red Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés), sección México, advirtieron que el país ya presentaba signos de crisis alimentaria como la que padecen al menos 37 naciones más, de acuerdo con parámetros de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La situación es de alto riesgo debido a que la importación de comestibles básicos ha alcanzado el 35 por ciento del total de alimentos que consume el país.

De acuerdo con un diagnóstico preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hecho público en junio y titulado "Precios de los Alimentos, Pobreza y Política Social en México", en los últimos dos años, un millón 800 mil mexicanos más se encuentran en pobreza extrema y un millón 300 mil más en pobreza de patrimonio (en la que no se alcanza a satisfacer necesidades de vivienda, transporte y vestido).

Para este mismo plazo, un reporte todavía más alarmante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ("Impacto del incremento en los precios de los alimentos en la pobreza en México"), concluyó que la población mexicana en pobreza extrema aumentó al menos en 7 millones de personas a causa del alza en los precios de los alimentos, para pasar del 13.7 al 20 por ciento del total nacional (más de 21 millones de personas).

Las respuestas gubernamentales fueron fuertemente cuestionadas por actores sociales. A finales de mayo, líderes agrarios afirmaron que las acciones en apoyo a la economía familiar anunciadas por el gobierno eran “demagógicas”, “insuficientes” e “ineficaces”. Señalaron que la liberación de los aranceles, parte del plan, tendrá poco efecto para reducir los precios de los productos agropecuarios ya que gran parte de las importaciones vienen de Estados Unidos y por tanto ya no son sujetas a ningún tipo de arancel.

A mediados de junio, legisladores, dirigentes sindicales y campesinos consideraron que el control de precios de algunos alimentos anunciado por el presidente Felipe Calderón, también resultaba “insuficiente” y más que todo “tardío”, pues la mayoría de los precios actuales ya incluían las alzas que se venían señalando.

Reforma energética: conflicto latente… por ahora

Otro tema con fuerte presencia mediática ha seguido siendo la muy polémica reforma energética presentada por Felipe Calderón el pasado 9 de abril. Para los opositores, dicha reforma implicaría un intento de privatización de los recursos petroleros de la Nación. El hecho de que el Senado decidiera organizar más de dos meses de debates abiertos a la participación de expertos antes de tomar cualquier decisión, permitió reducir ligeramente la tensión que se había generado alrededor del tema.

El Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) decidieron organizar una consulta pública sobre la reforma energética, que se llevó a cabo el 27 de julio en nueve estados de la República y el Distrito Federal. Tanto el Senado como el Instituto Federal Electoral habían rechazado participar en la misma. El coordinador de la consulta, Manuel Camacho Solís, afirmó al día siguiente que había sido un “éxito” al haber participado más de un millón y medio de personas, de las que poco más de 80% expresaron estar en contra de la reforma presentada por el ejecutivo.

Foto: Volante para la consulta ciudadana sobre la reforma energética

Al respecto, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, afirmó que estos resultados sólo se sumarían a la información con la que se cuenta. Agregó que la consulta tuvo los resultados esperados, con una participación mucho menor de la que se anticipaba y con diversas irregularidades. Afirmó también: “hay una cantidad enorme de encuestas que se han llevado a cabo a escala nacional y lo que nos dicen es que hay una mayoría de mexicanos que quiere reformar a Petróleos Mexicanos (Pemex), que quiere modernizar a nuestra empresa estatal”.

Algunos cuestionamientos llegaron no nada más del gobierno o de la derecha, sino también de algunos sectores de la izquierda en el sentido de que el PRD habría perdido credibilidad para organizar una consulta de este tipo al seguir sin poder resolver sus elecciones internas por la presidencia del partido (realizadas en marzo). Según los mismos, y aún reconociendo el valor de un proceso de consulta abierta, eso explicaría una participación relativamente  menor a la anticipada.
La reforma queda todavía por definirse en el Congreso, mientras es posible que se retomen las acciones de resistencia civil pacífica de la CND y el FAP.

Foto: Consulta ciudadana sobre la reforma energética

Derechos humanos: ¿falta de “compromiso”?

Uno de los hechos más llamativos en cuestiones de derechos humanos fue que en mayo, Amérigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dejó su cargo supuestamente debido a presiones del gobierno mexicano. De acuerdo con el diario español El País, la actitud crítica de Incalcaterra en los dos últimos años "incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible". Es llamativo que esta información se hiciera pública poco después de que entrara  en vigor el acuerdo de esa institución con el gobierno mexicano, supuestamente para darle mayor participación y facultad de crítica en las investigaciones sobre derechos humanos en México. Diversas organizaciones de derechos humanos nacionales se pronunciaron para que el gobierno aclarara la situación, petición que quedó sin respuesta.

Foto: Amerigo Incalcaterra, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)

A finales de mayo, Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que Felipe Calderón ejerza el liderazgo en la defensa de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.

Las principales quejas tienen que ver con la militarización que ha marcado el inicio de la Administración de Felipe Calderón. Durante este período, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 634 quejas en contra del Ejército mexicano por presuntos abusos y violaciones a las garantías fundamentales, con un aumento significativo en la frecuencia de las denuncias. Aún así, la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Pedroza pareció minimizar el hecho al afirmar que las quejas no eran tan graves como las que se registraron en 1997.

En mayo, representantes de Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) criticaron la actuación de la CNDH ante la actuación del Ejército: sostuvieron que ha sido una respuesta "limitada" y en desacuerdo con estándares internacionales en la materia.

En julio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe preliminar que abarca el periodo de enero de 2007 a julio de 2008, donde denuncian cerca de 50 casos de supuestos abusos cometidos por elementos de las fuerzas armadas, principalmente en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa. Se reportó la muerte de 11 personas debida a acciones militares en 2007, mientras que en lo que va del año (hasta el 10 de junio) se registraron otros 11 fallecimientos. Entre los abusos más frecuentes se encuentran la agresión física y el ataque con arma de fuego en retenes o cerca de los cuarteles militares.

De Acteal (Chiapas) a Atenco (Estado de México): la sombra de la impunidad

A finales de mayo, la organización civil Las Abejas afirmó que el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores, amenazó con encarcelar a sus dirigentes si no suspendían las denuncias públicas que realizan los días 22 de cada mes, al recordar la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997.

Por otro lado, en junio, familiares de 33 presos indígenas de Chenalhó, acusados de participar en la matanza de Acteal, iniciaron un plantón en Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas) para pedir a las autoridades judiciales federales que se revisen los procesos penales. Según su versión, sólo una docena de las 78 personas detenidas que hay actualmente participaron en los hechos. Sostienen que todos fueron sentenciados en procesos penales llenos de irregularidades jurídicas. En junio, a más de 10 años de la masacre, el proceso penal de los sentenciados fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría pronunciarse sobre posibles irregularidades.

Foto: Acteal, la nueva iglesia

A dos años del operativo policíaco que reprimió una manifestación en San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, Amnistía Internacional volvió a reclamar justicia para las mujeres violadas y señaló que los “graves casos de tortura” perpetrados son “señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano de terminar con ese crimen y la violencia contra las mujeres”.

A unos días de que se cumplieran dos años de los hechos, 11 de las 26 mujeres agredidas y violadas por elementos policíacos durante los hechos presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La catalana Cristina Valls también presentó una demanda ante la Audiencia Nacional de España por tortura contra policías y autoridades mexicanas que participaron el operativo. En julio, un magistrado le negó el amparo de justicia, decisión que decidió apelar.

Foto: Manifestación para la liberación de los presos de Atenco

Entrevistado en mayo, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (PRI, Partido Revolucionario Institucional) rechazó que la represión en Atenco fuera un “lastre” para su gobierno, y advirtió que volvería a actuar de la misma forma si se diera el caso de restablecer el orden y la paz social. En respuesta a las críticas internacionales en materia de derechos humanos, dijo que “sigue la misma voluntad y disposición” de su gobierno para aclarar los hechos actualmente analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pegatinas sobre Atenco

Chiapas: multiplicación de operativos policíacos y militares

Operativo militar en la comunidad de San Jeronimo Tulija, 19-20 mayo de 2008

A partir de la segunda mitad de mayo, y como no ocurría desde finales de los 90, se multiplicaron en Chiapas operativos policíacos y militares en las regiones indígenas, en especial, pero no exclusivamente, en comunidades zapatistas de la Selva y la zona Norte. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció “una lógica de contrainsurgencia” donde operan “en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales” y que “les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones”.

Según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), dichos operativos representaron “amenazas de represión, prisión, despojo, desalojo o muerte contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), los pueblos zapatistas y miembros de la Otra Campaña”. 

Jorge Lofredo, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, al presentar “Corte de Caja”, libro recién publicado de Laura Castellanos y Ricardo Trabulsi y que consiste en una amplia entrevista al subcomandante Marcos, rescataba una de sus aseveraciones:"Estamos como en 1993, pero al revés. (...) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque”. Enfatizó en la misma presentación: “Aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo”.

A principios de julio, y frente a esta situación, más de 200 colectivos de varias partes del mundo exigieron cesar agresiones a zapatistas. A finales de julio, unos 300 activistas provenientes principalmente de Europa llegaron a Chiapas para monitorear y denunciar una situación que consideran forma parte de un “escenario de guerra”.

Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de Huitepec

Cabe mencionar finalmente, más que todo desde la vinculación que se ha mencionado entre intereses económicos y militarización (ver enfoque en este informe) que, el 28 de junio, en Villahermosa (Tabasco, México) culminó la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Los mandatarios presentes reafirmaron los objetivos del Plan Puebla Panamá, que fue renombrado “Proyecto Mesoamérica”. La declaración final hace referencia de manera reiterada al combate a la delincuencia organizada y a la adhesión a la Iniciativa Mérida financiada por Estados Unidos.

Chiapas: otros ejes de tensión

De manera paralela, se mantienen focos rojos en varias partes del estado. En los Altos, en mayo, el consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic denunciaron el intento de despojo de una porción de su territorio. En Huitepec, se mantienen amenazas de desalojo de la reserva ecológica zapatista constituida en esta zona: en junio, un grupo vinculado al poder municipal intentó sembrar árboles en la misma. En julio, habitantes de la Sección III Las Palmas, igualmente en Huitepec, afirmaron que el gobierno municipal de San Cristóbal buscaba obligarlos a respaldar el desalojo forzado de la reserva.

En la zona Selva, debido a una disputa por agua y luz eléctrica en mayo, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y bases de apoyo zapatistas se enfrentaron en la comunidad de Morelia, sede de otro Caracol zapatista, municipio de Altamirano, con saldo de por lo menos 10 heridos.

Otro eje de conflictividad siguen siendo las altas tarifas de luz. En abril, los miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE) de varios municipios de la zona Norte de Chiapas volvieron a denunciar que se condicionaba a los habitantes a pagar altas tarifas por sus consumos a cambio de recibir fondos de programas gubernamentales. En julio, más de mil indígenas marcharon en Ocosingo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tarifas justas, condonación de adeudos y el fin de los cortes al servicio.

En seguimiento al proceso organizativo iniciado en distintas cárceles en marzo y abril pasado (ver informe de SIPAZ anterior), a principios de junio, fueron liberados los presos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez después de 12 años en la cárcel en Tacotalpa, Tabasco. A finales de julio, fueron liberados 3 miembros de La Voz de Los Llanos, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CRSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas; así como 3 presos de La Voz de El Amate que se encontraban en el CRSS 14.

Rueda de prensa en el marco de la liberación de unos presos, 24 de julio de 2008

Diálogo EPR-gobierno: mucha cobertura mediática, pocos resultados

A finales de abril, el Ejército Popular Revolucionario (EPR, grupo armado cuya formación tiene origen en las guerrillas surgidas en el sur de México hace cuatro décadas) llamó a varias personalidades mexicanas a conformar una mediación que le permitiera entablar un diálogo indirecto con el gobierno federal para obtener la aparición con vida de dos de sus miembros: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007. Dichas personalidades accedieron a participar, mientras el EPR aceptó todas las condiciones planteadas por la comisión de intermediación, incluyendo el compromiso de suspender de inmediato cualquier acción armada.

Las posibilidades de negociación parecieron alejarse cuando el gobierno federal añadió condiciones al diálogo: encuentro directo (donde las personalidades propuestas para integrar el comité mediador fungirían sólo como “testigos sociales”); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; y que el diálogo no sea exclusivamente acerca de los dos desaparecidos, sino sobre la forma de abandonar la lucha armada.

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el EPR como parte del grupo mediador, señalaron que para que esta iniciativa prosperara era indispensable que la Secretaría de Gobernación entendiera “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”. También rechazaron, ser “convidados de piedra” al participar en un proceso de este tipo en calidad de “testigos sociales”. A través de un comunicado, el EPR advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.

Foto: Integrantes del Ejercito Popular Revolucionario (EPR)

El gobierno federal finalmente accedió a tener reuniones con la comisión mediadora el 13 de mayo y el 20 de mayo. Según Montemayor, cuando “los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema”, los medios informativos guardaron “un silencio inesperado” después de la atención mediática que se le había dado inicialmente al tema.

Parte de la dificultad y las diferencias entre el gobierno federal y la comisión mediadora es que la segunda considera que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona, un aspecto que pondría el Estado frente a otro tipo de responsabilidades. En un artículo publicado en La Jornada, Montemayor enfatiza de hecho que la “prolija secuencia de acciones legales, frustrantes e inoperantes, puede sugerir, en el contexto de la legislación internacional, que estaría configurándose uno de los aspectos principales que tipifica el delito de desaparición forzada de persona”, según la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano en 2001.

Después de iniciado el proceso de diálogo, se ha seguido con investigaciones en medio de especulaciones y rumores en cuanto a la participación o no de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, así como del Ejército sin que se llegara a la fecha a ninguna conclusión. En junio, en un nuevo comunicado, el EPR advirtió al gobierno federal que el “tiempo se acorta” para la presentación con vida de sus integrantes y señaló que en México “sí hay desaparición forzada”, pues según ellos al menos existirían 75 casos en la actualidad.

:: ENFOQUE

México: Iniciativa Mérida, nueva fase en la lucha contra el narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico no es un fenómeno nuevo en México, pero, desde la controvertida elección de Felipe Calderón como presidente en 2006, la cuestión ha cobrado una relevancia mucho mayor. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), alrededor de 9,000 personas fueron asesinadas en episodios violentos relacionados con el narcotráfico, y este número ha seguido creciendo desde la toma de poder de Calderónⁱ.

A inicios de 2007, el presidente Calderón decidió lanzar una ofensiva masiva contra los cárteles de narcotraficantes en México. Hasta diciembre de 2007, aprobó junto con el Congreso mexicano un presupuesto de $2.6 mil millones de US dólares y 30.000 efectivos del Ejército y de la Marina fueron movilizados para este finⁱⁱ. Calderón también pidió el apoyo del gobierno de EEUU, que se concretó a través de la llamada Iniciativa Mérida.

La iniciativa misma nació del diálogo entre los presidentes Calderón y Bush en Washington a partir de noviembre de 2006. Después de otro encuentro en Mérida, Yucatán (de ahí el nombre de la iniciativa), Calderón presentó una propuesta para la cooperación entre EEUU y México en la lucha contra el narcotráfico en mayo de 2007.ⁱⁱⁱ

Foto: Presidentes Bush (EEUU) y Calderón (México) - © US State Department

Mientras la Iniciativa Mérida es una propuesta relativamente nueva, sus raíces se pueden encontrar en políticas bilaterales económicas y de seguridad entre EEUU y México que cuentan con una larga trayectoria. De hecho, la iniciativa se enmarca perfectamente dentro del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) que, según la definición que aparece en el mismo sitio web del acuerdo, es “…una iniciativa liderada por la Casa Blanca entre los Estados Unidos y las dos naciones fronterizas – Canadá y México – para aumentar la seguridad y mejorar la prosperidad entre los tres países a través de una mayor cooperación”^iv. El ASPAN por su parte fue diseñado en una serie de reuniones privadas entre los jefes de estado de los tres países involucrados, conjuntamente con representantes de las principales empresas de los mismos. 

En junio de 2008, Leslie Bassett de la Embajada de Estados Unidos en México, evidenció el vínculo entre las dos políticas al proponer que la Iniciativa Mérida fuera integrada en el ASPAN. Como el ASPAN, la nueva iniciativa se encuentra también relacionada con políticas anteriores, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Thomas Shannon, subsecretario para los Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, lo dejó claro con las siguientes declaraciones: “…como hemos estado trabajando a través del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad para mejorar nuestras relaciones comerciales y de intercambio, también hemos trabajado para mejorar nuestra cooperación para la seguridad. De cierta forma, estamos armando el TLCAN”. Cabe recordar que a veces se ha referido al ASPAN como un “TLCAN Plus”. La Iniciativa Mérida se integra muy naturalmente como nuevo componente en un mismo entramado.

La iniciativa Mérida, ¿“armando” el TLCAN?

La Iniciativa Mérida fue inicialmente presentada al Congreso de los EEUU en octubre de 2007 como un paquete para la lucha contra el narcotráfico en México y América Central de un monto de 1.4 mil millones de dólares. Este paquete fue incluido en la propuesta de ley de financiamiento suplementario para Irak, como una enmienda a la misma, lo cual debía de facilitar su aprobación legislativa para el año fiscal de 2008.^v No preveía condición alguna para la entrega de los fondos, ni la forma en la cual se debían gastar. Sin embargo, informaciones en prensa señalaban la posibilidad de que los fondos estarían destinados principalmente al entrenamiento de las fuerzas policíacas y militares, así como a la adquisición de armamento (que podría incluir aviones y material de vigilancia de telecomunicaciones)^vi. 

Muchos miembros del Congreso de los EEUU expresaron su frustración con el gobierno de Bush al recibir la iniciativa, subrayando la falta de consulta previa sobre sus contenidos. Al no ser un tratado ni un acuerdo formal entre los dos países, tampoco ha sido sujeta a la aprobación del Congreso de México ⁱⁱⁱ, dejando también al mismo Congreso (y ciertamente a la sociedad civil) prácticamente sin posibilidad de opinar.

Laura Carlsen, directora de Americas Policy Program del Centro para la Política Internacional (Center for International Policy) afirma: “El modelo de la guerra contra el narcotráfico siempre ha mantenido como objetivo no declarado fortalecer el poder ejecutivo…”,^vii lo cual parece confirmarse en el caso de la Iniciativa Mérida al haber sido elaborada exclusivamente entre los poderes ejecutivos de EEUU y México.

Por otro lado, aunque los beneficiarios finales se supone debían ser entidades mexicanas, no recibirán fondos, sino apoyos de otro tipo (como entrenamiento o armamento). La mayoría de los fondos muy probablemente serán destinados  directamente a empresas privadas de seguridad estadounidenses como Blackwater, KBR y Halliburton.^viii Llama la atención en todo caso que un esfuerzo de respuesta a la violenta cuestión del narcotráfico en México termine beneficiando al aparato bélico estadounidense.

Entidades del gobierno de EEUU, como la Agencia para el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (US Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms) también podrían participar en la Iniciativa, con el fin de entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas y de controlar el tráfico de armas de EEUU a México (a través la llamada Operation Gunrunner).  Estos aspectos de la iniciativa también implican una cuestión de soberanía para México, más que todo tomando en cuenta las de por sí complicadas relaciones históricas entre EEUU y México.

Una iniciativa de ley (Appropiations Bill) finalmente fue aprobada por el Senado de los EEUU el 26 de Junio de 2008, desbloqueando la primera fase de la Iniciativa Mérida, con un presupuesto más limitado que el inicialmente previsto pero con un casi total abandono de las condiciones de derechos humanos que se venían discutiendo.  La versión final incluye 400 millones de dólares para México en 2008, que se destinarían a entrenamiento para la lucha contra el narcotráfico, a apoyo a la reforma judicial y a la adquisición de armamento. 65 millones de dólares más fueron aprobados y destinados a Centroamérica, Haití y la República Dominicana, igualmente para el año fiscal 2008.^ix

Encuentro Interparlamentario México-EEUU (Monterrey, junio de 2008) - © Reuters

Militarización y posible impacto sobre los derechos humanos

Es importante notar que inicialmente se llamaba a la Iniciativa Mérida “Plan México”. Este nombre recordaba fuertemente a un plan similar que ha sido implementado en Colombia a través de acciones bilaterales entre Estados Unidos y este país para la lucha contra el narcotráfico: el muy conocido “Plan Colombia”.
Ciertamente, existen muchas semejanzas entre los dos planes, especialmente al ser fondos otorgados por EEUU principalmente para mejorar las fuerzas de seguridad en los países destinatarios. En ocho años del Plan Colombia, los EEUU han gastado alrededor de 6 mil millones de dólares, un 76% de los cuales han sido destinados a operativos militares y armamentos. ^VII

A pesar de todos los financiamientos y el apoyo que Colombia ha recibido en los últimos ocho años, muy poco ha cambiado respecto al narcotráfico: algunos estudios evidencian que el número de campos de cultivo de coca ha permanecido constante o ha aumentado.^VII Las violaciones a los derechos humanos, por otro lado, siguen siendo una cuestión que causa gran preocupación, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades enteras y numerosas muertes de civiles como resultado de la intensa militarización apoyada por los EEUU.^VII

Además, el Centro para la Política Internacional ha estimado que alrededor de un 35% del financiamiento para el Plan Colombia para el 2007 fue destinado a “misiones no relacionadas con el narcotráfico”, y se especula que una gran parte de estos fondos haya en realidad sido destinado a misiones de contrainsurgencia^x.

Si, por un lado, la Iniciativa Mérida no debía implicar necesariamente una “colombianización” de México (o de Centroamérica), la elección de un nombre distinto a “Plan México” era más estratégica para la administración de Bush o la de Calderón.

Probablemente uno de los aspectos más alarmantes en cuanto a la Iniciativa Mérida es la ausencia de condiciones vinculantes de derechos humanos asociadas a la misma. En el plan original, existían algunas condiciones mínimas integradas a la propuesta de ley, que fueron severamente recortadas y casi integralmente dejadas de lado. Además, serán aplicadas a nada más que un 15% de la totalidad de los fondos (los primeros 85% se liberarán automáticamente). Las incluidas en la ley finalmente aprobada a finales de junio de 2008 garantizan, al menos, el establecimiento de una comisión para recibir e investigar quejas de mala conducta por parte entidades policíacas o militares; una consulta periódica entre el gobierno mexicano y las ONGs de derechos humanos; la implementación de juicios civiles en casos de violación por miembros del Ejército; y la prohibición del uso de testimonios obtenidos bajo tortura. ^ix En realidad estas condiciones son muy poco incisivas, como queda ilustrado en el caso de los testimonios obtenidos bajo tortura: dicha condición no prohíbe expresamente la tortura, sino que solamente restringe su uso.    

Estos requisitos, a pesar de sus limitaciones, todavía podrían ser un desafío para el gobierno mexicano y las fuerzas públicas de seguridad.  El no tan distante pasado de México está plagado de atrocidades como la “Guerra Sucia” de los 70’s, que, según el ex general José Francisco Gallardo (uno de los principales defensores de los derechos humanos en posibles violaciones por parte del Ejército) en una entrevista con el periódico La Jornada en junio de 2008, parece estar recobrando vigencia. Lo mismo parecen indicar las estadísticas crecientes de abusos militares y graves violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país, incluyendo casos de tortura y de detenciones arbitrarias.

El mismo Departamento de Estado de EEUU ha mencionado la corrupción, los secuestros, las extorsiones y la impunidad como rasgos prevalecientes en las fuerzas de seguridad mexicana en su último informe de derechos humanos en México.^xi Por lo demás, la violencia en el país no ha disminuido, pese al aumento del financiamiento de la lucha contra el narcotráfico en México.  Parece más bien que sigue incrementándose.  Radio Fórmula en México reportó que tan sólo en junio de 2008, 468 civiles fueron asesinados debido a la narco-violencia. Como comparación, en este mismo período, 509 civiles fueron asesinados en Irak.^xii

Las implicaciones que un aumento a la ayuda militar podrían tener sobre la protesta social son igualmente preocupantes.  Un informe difundido por el Centro de Política Internacional en septiembre de 2004 subrayaba: "Demasiadas veces en América Latina, cuando los Ejércitos se han enfocado en un enemigo interno, la definición de ‘enemigos’ ha incluido opositores políticos al régimen en el poder, incluyendo a quienes trabajan dentro del sistema político como los activistas, los periodistas independientes, los sindicalistas, o dirigentes de partidos políticos de oposición."^xiii 

Mientras parece demostrado que el modelo militar resulta ineficiente en la lucha contra el narcotráfico y que, incluso, aumenta la violencia y la concentración del poder en manos del ejecutivo,^xiv la mayor parte del financiamiento establecido en la Iniciativa Mérida está destinada justamente al Ejército mexicano y a las fuerzas de seguridad.  Tan sólo en 2008, Calderón aumentó los gastos para mejorar las fuerzas de seguridad hasta la cantidad de alrededor de $4 mil millones.ⁱⁱ Incluso el actual candidato republicano a la presidencia en EEUU ha afirmado en el pasado que “No hay evidencia que la implicación militar de EEUU en la Guerra contra las drogas haya reducido la entrada de narcóticos al país”. Actualmente, el Ejército mexicano está involucrado en grandes operativos contra el narcotráfico en 11 estados,^xv incluyendo Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y de manera más reciente en Chihuahua.^xvi

El Ejército mexicano ya está realizando actividades que constitucionalmente deberían ser de responsabilidad exclusiva de las fuerzas de seguridad, propiciando una situación de mayor vulneración de los derechos humanos: como demostró un estudio publicado por el Centro Prodh en la Ciudad de México,^xv los militares están entrenados para escenarios de guerra, en los que el objetivo es matar al enemigo, no mantener el orden público. Encuestas realizadas en los estados donde los militares han llevado a cabo este tipo de operativos han demostrado que se ha reducido el apoyo de la opinión pública a este tipo de intervención.ⁱ Además, numerosos soldados han desertado del Ejército para trabajar en actividades más lucrativas dentro de los mismos cárteles de droga, ⁱ mostrando una perturbadora vinculación entre el Ejército y los traficantes. 

El fortalecimiento militar que la Iniciativa Mérida implica posiblemente conllevará un aumento en el número de violaciones a derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha llamado la retirada del Ejército del combate al narcotráfico. ⁱ Los militares tienen una larga historia de violaciones de derechos humanos y, desde el inicio de su implicación en la lucha contra el narcotráfico, se han reportado continuamente casos de asesinatos, violaciones, abusos sexuales y secuestros, como por ejemplo los descritos en el informe del Departamento de Estado de EEUU sobre Derechos Humanos en México en 2007.^xii Tradicionalmente, el Ejército mexicano procesa estos casos en tribunales militares, dejando pocas posibilidades de defensa a las víctimas. ^xii También existen denuncias en el sentido de que estas violaciones estén vinculadas al entrenamiento recibido por los militares mexicanos en los EEUU o en la zona del Canal de Panamá. ⁱ

Iniciativa Mérida, reforma judicial y criminalización de la protesta social

Las reformas al sistema de justicia en México también ocuparían un puesto importante en los fondos de la Iniciativa Mérida que estipula que se entregarán  para formación y equipo que permitan respaldar una serie de reformas judiciales y legales que llevaría a una armonización del sistema judicial mexicano con el de EEUU.  Muchas de estas modificaciones ya se han llevado a cabo a través de la reforma constitucional que fue aprobada por el Congreso mexicano el 26 de febrero de 2008.  La reforma, entre otras cosas, “establece la presunción de inocencia, permite los juicios orales, impone limitaciones en las detenciones previas a los juicios, elimina las evidencias obtenidas a fuerza, mejora el acceso a la asesoría legal y amplia las capacidades de investigación de la policía”.^xvii

Mientras muchas de estas reformas parecen positivas, otras de ellas han generado una fuerte preocupación por parte de los defensores de derechos humanos en México. La segunda parte de estas reformas incluye una revisión de la definición del crimen organizado para incluir “una organización de tres o más personas, para cometer delitos de manera permanente o reiterada“; la figura de “arraigo” (detención administrativa) de 40 días con la posibilidad de ampliar este tipo de detención hasta 80 días máximo antes de que se presenten cargos; y la detención obligatoria “en algunos delitos específicos como el crimen organizado … y delitos serios que la ley determina como contraria a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de una entidad y la salud”.^xviii

Foto: Presidentes Bush (EEUU) y Calderón (México) - © AP/Pablo Martínez Monsivais

Estas tres reformas podrían aplicarse fácilmente a activistas sociales y a organizaciones, creando un ambiente propicio a la criminalización de la protesta social. Los nuevos poderes conferidos a las agencias de procuración de justicia abren un amplio margen a posibles violaciones de derechos humanos, especialmente con la figura del arraigo, en la que la policía podrá mantener a los sospechosos a su disposición por tiempos largos y obtener de ellos confesiones bajo tortura, como ya ha ocurrido con anterioridad.^xix

Ha habido una gran resistencia por parte de políticos mexicanos, jueces e integrantes de la sociedad civil en cuanto a la participación de EEUU en asuntos judiciales mexicanos.^vii Muchos ven que está situación infringe la soberanía mexicana. Miguel Sarre, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), subraya que el verdadero reto se encuentra en el sistema de justicia mexicano mismo: “Estas realidades y preocupaciones ilustran el hecho que el problema crucial es la voluntad y habilidad para combatir la impunidad, más que la falta de helicópteros, aviones y otro equipo sofisticado.”^xx

Iniciativa Mérida: Perspectivas

El futuro de la Iniciativa Mérida se anuncia largo y posiblemente arduo. Mientras el plan original hablaba de tres años de duración, recientemente el Senador Patrick Leahy (Demócrata, por el estado de Vermont) ha afirmado que considera que para que la Iniciativa dé frutos, debería convertirse en “un compromiso de largo plazo” Eso implica que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en EEUU en noviembre de 2008, el presidente entrante deberá seguir con la legislación en materia de seguridad implementada por la administración de Bush para los años venideros. El futuro de la batalla en contra de la Iniciativa Mérida por parte de la sociedad civil, tanto en EEUU como México, parece poco prometedor, teniendo en cuenta las declaraciones del candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, en el sentido que el plan no provee suficiente inversión en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, en el marco de la misma iniciativa, el Congreso de EEUU está considerando actualmente la posibilidad de agregar un incremento de $400 a $470 millones de dólares americanos para el año fiscal 2009.^xx

Del lado estadounidense, la Iniciativa Mérida es tan sólo otro ejemplo más de lo que sería una estrategia mucho más global: se ha señalado que bajo una iniciativa supuestamente bilateral, los EEUU están viendo cómo sostener un ciclo de beneficios económicos para el sector privado de seguridad. Con eso en mente, uno no puede dejar de recordar las palabras de John Foster Dulles, ex Secretario de Estado de EEUU bajo la presidencia de Eisenhower, que al asistir a la toma de poder del presidente mexicano Adolfo López Mateos en diciembre de 1958, afirmó: “Los Estados Unidos de América no tienen amigos; tienen intereses.”

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:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De mediados de abril a finales de julio de 2008

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

RELACIONES PÚBLICAS

A finales de julio, nos reunimos con una representante de la sección política de la Embajada de EEUU, principalmente para hablar sobre la Iniciativa Mérida.

CHIAPAS

Altos

- Visitamos Acteal y otras comunidades de Chenalhó en abril, mayo, junio y julio.

- En junio y julio, visitamos la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de Huitepec, ubicada en las proximidades de San Cristóbal de Las Casas, en los mismos terrenos del Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores posteriormente creada por el gobierno estatal, según se ha denunciado, sin consultar a la población de la zona, que es amenazada con ser desalojada.

Selva

- En mayo, participamos en una misión de observación en San Jerónimo Tulijá (municipio oficial de Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón) un día después de la incursión militar realizada en esta comunidad.

- A principios y finales de julio, realizamos entrevistas con diversas contrapartes y organizaciones sociales en Ocosingo.

Centro

- En mayo y julio, entrevistamos a integrantes de la OCEZ-Región Carranza que han venido denunciando incursiones militares y hostigamiento a sus comunidades.

- En julio, participamos en una misión de observación en Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, después de la denuncia de agresión de policías estatales a sus pobladores y a observadores pertenecientes a la Otra Campaña.

Presos

- A finales de abril, SIPAZ acompañó a un familiar de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre, Francisco Pérez Vázquez, presos zapatistas en el marco de su traslado de la cárcel de Tabasco hasta la de Yajalón (Chiapas). Estuvimos presentes en el momento de la llegada de los trasladados y nos entrevistamos con ellos al día siguiente.

- El 26 de junio, visitamos a seis detenidos en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas (Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados n.5) que conforman la organización “La Voz de Los Llanos”, adherente a la Otra Campaña. El 28 de junio, también nos entrevistamos con ocho detenidos en la cárcel de Cintalapa (Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados n.14) que pertenecen a la organización “La Voz del Amate”, igualmente adherente a la Otra Campaña.

- Del 24 al 26 de julio, asistimos al Primer Encuentro Nacional de Defensores/as de Derechos Humanos y Familiares de Presos/as Políticos y de Conciencia realizado en la ciudad de México. El objetivo era generar un espacio de reflexión y análisis para el diseño de estrategias en contra de la criminalización de la protesta social, para apoyar el trabajo de los defensores de derechos humanos y en casos de personas presas políticas y de conciencia.

OAXACA

Del 5 al 12 de mayo, realizamos un viaje de una semana a Oaxaca, acompañando el recorrido de la Caravana el “Sendero del Jaguar; por la regeneración de nuestra memoria y la defensa del territorio”, organizada por el Encuentro de Jóvenes en el Movimiento Social Oaxaqueño. Se visitaron varias comunidades de la Región del Istmo de Oaxaca: Jalapa del Marqués, Juchitán, San Blas Atempa, Zanatepec y Benito Juárez Chimalapas. También se realizaron algunas entrevistas con distintas contrapartes en la ciudad de Oaxaca.

GUERRERO

Del 18 al 21 de junio, realizamos una visita a Guerrero para dar seguimiento a la delegación coordinada por SIPAZ en marzo de 2008 y en la que habían participado representantes de 11 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 6 países. Estuvimos en Ayutla de los Libres (oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa-OPIM y cárcel municipal en la que se encuentran 5 presos de esta organización). En Chilpancingo, nos entrevistamos con el presidente de la Comisión Estatal en Defensa de los Derechos Humanos, así como con el Secretario General de Gobierno. Finalmente, asistimos al Foro “Guerrero: donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta”, que organizó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como parte del 14 aniversario de su formación.

PROMOCION DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

- El 29 y 30 de mayo, participamos con una ponencia en un Simposio “Interculturalidad: Mercado y Guerra, Solidaridad y Paz” convocado por el Seminario Intercultural Mayense (SIM) en San Cristóbal de las Casas.

- En mayo, facilitamos unos cursos en materia de Transformación de conflictos y Derechos Humanos como parte del programa de licenciatura del Seminario Intercultural Mayense.

ARTICULACION

- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

- A mediados de abril, asistimos a reuniones del Directorio Internacional de IFOR, Movimiento Internacional Ecuménico por la Reconciliación y la Paz realizadas en San José de Costa Rica. También asistimos a un Coloquio convocado por  SERPAJ - Costa Rica, sobre los temas "Desafíos para la Reconciliación en el mundo de hoy", teniendo como sub Temas: ecología, ecumenismo,  migraciones y militarización.

- El 13 de mayo, participamos en una reunión de la Red mexicana de constructores de Paz realizada en la ciudad de México.

- A mediados de julio, participamos con una ponencia “Proceso de Paz y conflicto no resuelto en Chiapas”  en el Encuentro “Geopolítica y Geoeconomía: Chiapas en el contexto global mundial” realizado en San Cristóbal de Las Casas y en el que participaron activistas y organizaciones sociales de México y Centroamérica.

INFORMACION

- Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.

- Durante todo el mes de abril, un miembro del equipo realizó una gira a EEUU para dar a conocer el contexto en México y el trabajo de SIPAZ (en Illinois y California).

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• Visita de seguimiento a Guerrero: balance (junio de 2008)
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