:: COYUNTURA
México: resurgimiento de la polarización
Detonador: la reforma energética
Resistencia Civil Pacífica (Blog Lámpara de Diógenes)
 El 9 de abril se presentó, finalmente, el anunciado proyecto del presidente Felipe Calderón para la reforma energética. Dicha iniciativa pretende revitalizar el sector petrolero, principal fuente de ingresos de México, al otorgar mayores recursos a la petrolera estatal Pemex, que actualmente sufre una caída de producción y carece de recursos para explorar nuevos yacimientos. Comprende modificaciones a una decena de leyes e introduce la figura de “servicios ampliados”, que permitirá la participación privada en casi todo el proceso productivo (exploración, explotación, refinación de petróleo y de petroquímicos básicos).
Desde meses antes, el Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) habían anunciado acciones de resistencia civil pacífica para evitar lo que consideran como un intento de de privatización de la petrolera nacional.
Foto: Toma de la tribuna del congreso por parte de diputados del FAP.
Dicha resistencia civil se inició el 10 de abril en el Senado, cuando la mayoría de los legisladores del FAP tomaron por sorpresa la tribuna en exigencia de que se acuerde un debate real en torno al futuro del petróleo. En las calles, miles de mujeres integradas en “brigadas de resistencia pacífica” y partes del Movimiento en Defensa del Petróleo iniciaron el cerco a la Cámara de Senadores. Desde esta fecha, los legisladores han realizado sus sesiones en lugares alternos a las sedes legislativas, alrededor de las cuales partidarios del FAP se manifiestan. También se dieron las primeras movilizaciones en otros estados de la República.
 La actual polarización, también presente después de las elecciones presidenciales de 2006, no se refleja solo en el Congreso, o entre derecha e izquierda, sino también en el seno del propio PRD. El 16 de marzo se realizaron comicios internos para la presidencia nacional de dicho partido. Se enfrentaron dos candidatos, y a través de ellos dos grandes tendencias dentro del mismo: Alejandro Encinas, más cercano al AMLO y Jesús Ortega, que representa la llamada Nueva Izquierda. Se denunciaron múltiples irregularidades en el marco de estas elecciones internas. A la fecha, los resultados comiciales se mantienen en el aire. Las dos corrientes parecen irreconciliables, lo cual quedó nuevamente reflejado en la oposición a la reforma energética.
Foto: Brigadas de resistencia civil del FAP (Blog Lámpara de Diógenes)
Otro factor de descontento social: el capítulo agropecuario del TLCAN
El 31 de enero, se realizó una gran movilización para exigir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe recordar que el primero de enero de 2008, entró en vigor el capítulo agropecuario del Tratado, liberando de impuestos a las importaciones de granos básicos, como fríjol y maíz, así como a lácteos y oleaginosas. Durante el evento, que fue considerado la protesta más grande que se haya efectuado en el país en repudio al TLCAN, los manifestantes denunciaron la apertura del capítulo agropecuario como “el tiro de gracia” al campo mexicano, y advirtieron que en caso de que no se renegocie, existe un riesgo latente de “estallidos sociales”.
En febrero, poco más de 40 organizaciones campesinas, sindicales y civiles firmaron el Pacto por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, en el que refrendaron su unidad para actuar como un solo interlocutor frente a las autoridades. El intento de diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones se rompió en marzo. En un comunicado conjunto, las organizaciones del Movimiento Nacional integradas en el Pacto antes mencionado, consideraron que el gobierno de Felipe Calderón busca sólo dialogar con “organizaciones afines, amigas, para manejar las políticas públicas, los programas y los presupuestos rurales con intenciones electorales, con miras a los comicios intermedios de 2009”. Consideran que el gobierno mantiene congelado el diálogo como “una estrategia para debilitar al movimiento”.
En marzo, la campaña Sin Maíz No Hay País entregó al Senado una carta con 438.000 firmas de ciudadanos que apoyan la exclusión del maíz y el fríjol del TLCAN, el establecimiento de un mecanismo permanente de administración de importaciones y exportaciones de los granos, y la prohibición del cultivo de transgénicos.
© Noé Pineda Arredondo
Otra fuente de protesta: la reforma penal
En febrero, Amnistía Internacional denunció que varias de las propuestas aprobadas por el Senado en materia de justicia penal “contienen elementos que minan los derechos humanos y las garantías básicas, por lo que es necesario revisarlas y modificarlas antes de ser aprobadas”. Este mes, las organizaciones del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) iniciaron un plan de movilizaciones para tratar que se suspenda el proceso legislativo de la reforma.
Esta reforma también ha sido cuestionada por múltiples organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los “ombudsman” de los 32 estados del país que coincidieron en que “constituyen un paso atrás en el respeto a las garantías básicas”.
A finales de febrero, la Comisión de Diputados suprimió del texto los allanamientos de domicilios sin orden judicial, una de las propuestas más cuestionadas. Sin embargo, se ha denunciado que mantiene algunas figuras problemáticas como el arraigo. Ciertamente, también incluye algunas mejorías como los juicios orales o el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio (presunción de inocencia). En marzo, el Senado aprobó la reforma constitucional con la modificación que le hicieron los diputados.
Militarización sostenida y nuevas denuncias
Las denuncias por la militarización en el país siguen multiplicándose, las más recientes provenientes de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua. En el caso de Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en lo que va de 2008, recibió 56 quejas que acusan al Ejército Mexicano y a las corporaciones policiacas de cometer “sistemáticamente” violencia sobre las personas, actos de pillaje y devastación. En Sinaloa, a finales de marzo, la Procuraduría de Justicia Militar investigaba a 16 militares involucrados en el homicidio de cuatro jóvenes en el municipio de Badiraguato.
La "Operación Conjunta Chihuahua" iniciada el pasado 28 de marzo tiene en la zona a 2.500 militares y a unos 500 agentes federales y del Ministerio Público para enfrentar la ola violenta, que, sólo en lo que va del año, acumula 231 ejecuciones. El gabinete de seguridad afirma que a menos de una semana del arranque de este operativo habían sido decomisadas casi 100 armas y dos toneladas de droga. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció por su parte que inició una averiguación por los hechos ocurridos en el operativo, donde se registraron detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, además de incomunicar a los detenidos, y de impedir a los visitadores de la CNDH ingresar a las instalaciones militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) advirtió por otro lado que integrantes del Cártel de Juárez, cuya presencia está focalizada en el Estado de Chihuahua, planean realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos, vestidos como militares, acción con la que buscarían desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Según la SEDENA, "Como parte de esta estrategia, la citada organización (de los Carrillo Fuentes) ha venido patrocinando, con el mismo, fin marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento alguno".
Militarización
Ejército en las calles al menos hasta 2012
En enero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se reunió con el nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para pedirle que el Ejército deje las tareas policiacas. Insistió posteriormente en que el orden jurídico nacional delimita claramente las funciones que compete asumir a las fuerzas armadas y las que deben ejecutar las corporaciones de seguridad pública.
En febrero, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la actuación del Ejército en tareas de seguridad muestra serias deficiencias en materia de respeto a las garantías individuales, por ejemplo en los retenes de revisión instalados en varias partes del país. Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana para los Derechos Humanos, considera que el primer paso del Ejército para cumplir en la materia, debe ser la suspensión de sus actividades en Seguridad Pública.: "Ellos están entrenados para atacar al enemigo y éste no es el caso. Otro paso es transparentar sus procesos de justicia para los familiares de quienes fueron víctimas". Para varias organizaciones de derechos humanos, no basta con la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, pues no cuenta con funciones interiores para proteger las garantías, debido a la discrecionalidad con la que se maneja el fuero de guerra.
En abril, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que, con la presencia del Ejército en labores de seguridad pública, no sólo han aumentado las violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que “tampoco se ha logrado la efectividad esperada en el combate a los problemas derivados del narcotráfico”. Desde enero sin embargo, Felipe Calderón ordenó mantener al ejército en las calles al menos hasta 2012 para seguir con sus tareas el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
Breves sobre la situación de derechos humanos
Visita OACNUDH
 A principios de febrero, la titular de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), Louise Arbour, visitó México. Organizaciones civiles que se reunieron con ella le entregaron un reporte sobre la situación de los derechos humanos en México: "El documento plantea que los gobiernos de alternancia en México, aunque han significado un avance en la democracia formal, no han constituido cambios sustantivos en la realidad de los derechos humanos en el país. Los pasos dados en materia de derechos humanos han sido más de forma que de fondo".
Por su parte, en distintos momentos, la Alta Comisionada expresó su preocupación ante los nulos avances en las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, de los casos de más de 500 desaparecidos de la guerra sucia y la criminalización de la protesta social. Advirtió que la participación del Ejército en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo, que incluso podría ser peligrosa y que “si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil”.
Foto: Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
CNDH: Cuestionamiento y reformas
En febrero, Human Rights Watch (HRW) afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recurre a un peculiar "principio de legalidad, el cual desvirtúa completamente y lo emplea para proteger a funcionarios del gobierno que abusan de su autoridad, en lugar de proteger a las víctimas; además, ha mostrado una profunda indiferencia hacia las normas internacionales que se supone debe promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa y el fuero militar". El presidente de la CNDH rebatió el informe y denunció que contiene datos falsos que no corresponden con la realidad.
Paralelamente, en el Congreso de la Unión se estaba discutiendo una reforma constitucional en el rubro de garantías sociales que impactaban la estructura tanto de la CNDH como de las comisiones locales de derechos humanos. En abril, se aprobó una propuesta que excluye parte de las propuestas iniciales. De las 93 propuestas, quedaron seis reformas: garantizar la autonomía de las comisiones locales de derechos humanos, derecho constitucional a una vida sin violencia, fuero y juicio político al presidente de la CNDH, respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y derecho a la educación para la mujer.
Atenco
En enero, quince de los 21 policías sometidos a proceso penal por abusos perpetrados durante la incursión policiaca a San Salvador Atenco en 2006 fueron exculpados del supuesto delito de abuso de autoridad, luego de que obtuvieron un amparo federal, por la mala integración del expediente que la procuraduría mexiquense inició en su contra.
En marzo, sin embargo, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en Atenco en 2006, y acreditó la “posible violación grave” de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel” en la planificación del operativo que derivó en la muerte de 2 personas y la detención de 207, de las cuales “solamente nueve resultaron ilesas”. Las autoridades que son mencionadas como involucradas serán notificadas para que presenten sus alegatos. Cumplido ese trámite, se presentará al pleno de la Corte un proyecto de dictamen (sin efectos jurídicos).
Chiapas: alarma sostenida
En abril, la Secretaría de Gobernación determinó poner fin a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas creada en 1994 tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por razones de austeridad y considerar innecesaria su existencia. Si bien el regreso a las mesas de diálogo (suspendido desde 1995) es poco probable, en febrero, el grupo Paz con Democracia (integrado por varias personalidades e intelectuales mexicanos), hablaba de una “nueva escalada guerrera en Chiapas”. Unos días antes, ante el recrudecimiento de las agresiones “a pueblos, naciones y tribus”, el Congreso Nacional Indígena (CNI) también se había pronunciado contra las hostilidades hacia los pueblos zapatistas de Chiapas, “que en los meses recientes han intensificado por medio de organizaciones paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos” (OPDDIC).
Las agresiones y amenazas de desalojos se dan en diversos ejidos, comunidades y municipios como Ch’oles de Tumbalá, Huitepec, Bolom Ajaw, Chilón y Agua Azul entre otros. Paz con Democracia denunciaba “Los episodios de rapiña, quema de casas, muertes, amenazas de muerte, desalojo de predios, se suceden unos a otros. Se trata de despojar a las comunidades rebeldes de sus tierras y territorios”.
Por lo demás, se están percibiendo señales contradictorias entre los distintos niveles de poder: Mientras algunos alcaldes han anunciado desalojos en comunidades y territorios zapatistas, el gobierno estatal llamó a los presidentes municipales a respetar “todas las expresiones” y atender mediante el diálogo y la tolerancia “cualquier situación que se presente en sus municipios”. También informó de su intención de desmantelar a la OPDDIC. Llamativamente, en abril, más de 1.000 campesinos del ejido Nazareth, municipio de Ocosingo, reiteraron su renuncia y deslinde total de dicha organización.
De manera más general, en febrero, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) señaló que durante el actual gobierno estatal “los cuerpos policiales todavía proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares; imputan hechos no realizados; arrancan autoinculpaciones bajo tortura, y procesan a las personas con base en ello. Todo, en procesos penales repletos de irregularidades”.
Rueda de prensa de la CCIODH en San Cristóbal de Las Casas, el día 3 de febrero de 2008
MIGRACION: Asignatura pendiente en la frontera Norte y Sur de México
Organizaciones sociales y legisladores federales acusaron que la persecución, el hostigamiento y la violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos se han incrementado en la frontera con Estados Unidos. Además, el endurecimiento de las políticas migratorias estadunidenses dificulta aún más la situación de los migrantes mexicanos, pues la recesión económica en ese país, la xenofobia y el endurecimiento de leyes ocasionan que familias enteras regresen a México. En 2007 fueron repatriados 513.014 mexicanos, es decir, más de 1.400 por día.
A finales de febrero, se puso en marcha en El Paso, Texas, el operativo Tolerancia Cero denominado “No pase”, mediante el cual se iniciarán procesos legales contra aquellos migrantes que reincidan en su intento de entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Los reincidentes serán enviados a prisión hasta por cinco años y multados con hasta 500 dólares. Además de las protestas de grupos civiles, en marzo el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en México, Oscar Maúrtua de Romaña, reprobó dicho programa.
En marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, realizó una visita de trabajo en México. Al finalizar su visita, aseguró que los derechos humanos de los migrantes se violentan en México en una proporción mayor a la que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
:: ARTÍCULO
Protesta de detenidos pone a la luz las graves carencias del sistema de justicia en Chiapas
Entre febrero y abril, en varias cárceles de Chiapas y en una de Tabasco, comenzó una protesta histórica por parte de detenidos que se reivindicaban como presos políticos y pedían su liberación inmediata. La protesta, que tomó la forma de una huelga de hambre “indefinida” o de ayuno (hasta lograr la liberación), fue respaldada por los familiares de los detenidos y varias organizaciones sociales que, de distintas maneras, mostraron su adhesión. También llegaron expresiones de solidaridad, desde otros estados de la República y desde el exterior.
La protesta comenzó el 12 de febrero, cuando Zacario Hernández Hernández, integrante de la organización católica “Pueblo Creyente”, detenido desde 2003 en el Centro de Readaptación Social (CERESO) 14 de Cintalapa (centro conocido como “El Amate”), inició una huelga de hambre indefinida para pedir su liberación. Otros dos detenidos por el mismo caso (“Tres Cruces”), lo acompañaron en ayuno y oración. Posteriormente, el 25 de marzo, ambos se unieron a la huelga de hambre.
El 19 de febrero, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal se movilizó y convocó a una peregrinación para la liberación de los presos injustamente encarcelados, en la cual participaron varios miles de personas.
Entre el 25 y 26 de febrero, decidieron unirse a la huelga de hambre otros 13 detenidos del CERESO 14: siete de ellos integrantes de organización la “Voz del Amate” (adherente a la Otra Campaña), cuatro que se reivindicaron como militantes zapatistas y uno de la Central Independiente Obrera Agrícola y Campesina (CIOAC). Otros dos detenidos, uno de la “Voz del Amate” y uno de la CIOAC, se plegaron al ayuno.
Entre el 4 y el 10 de marzo, la protesta se expandió a otras cárceles del estado: en el CERESO 5 de San Cristóbal de Las Casas, se sumaron a la huelga de hambre nueve detenidos de la organización la “Voz de los Llanos” (también adherente a la Otra Campaña), y seis detenidos de la misma organización, así como una detenida de la Comunidad de Busilja, se unieron al ayuno. En el CERESO 17 de Playas de Catazajá (al Norte de Chiapas), ocho detenidos iniciaron su huelga de hambre, entre ellos militantes zapatistas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El 24 de marzo, se sumaron al ayuno y oración, dos detenidos de Cárcel Pública Municipal de Tacotalpa, Tabasco, originarios de la zona Norte de Chiapas, que se reivindican -y son reconocidos- como militantes zapatistas.
La mayoría de estas personas son indígenas, en gran parte tseltales o tsotstiles, algunos llevaban 10 años presos y todos denunciaron encontrarse arbitrariamente detenidos por sus actividades políticas y/o sociales, bajo acusaciones falsas y en clara violación a sus derechos y garantías judiciales.
Un primer resultado de la protesta se dio con la liberación de Zacario Hernández Hernández, junto a otros cuatro detenidos en “El Amate”. Cumplía su 35º día en huelga de hambre. El gobierno del estado declaró que “en Chiapas no hay perseguidos políticos y los que lo hayan sido en el pasado se les revisarán los expedientes para corroborar o descartar su presunta culpabilidad”(1). Posteriormente el mismo gobierno informó que se revisarían 360 expedientes de internos por parte de la Mesa Interinstitucional, basándose en la Ley de Sentencia Suspendida(2).
Paralelamente a la protesta en las cárceles, el 24 de marzo, familiares y amigos de los detenidos en huelga de hambre instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir su liberación. Declararon que no dejarían el plantón hasta que todos salieran libres.
El día 31 de marzo de 2008, tras un evento mediático organizado dentro al Palacio de Gobierno, se excarceló a 137 personas de distintos reclusorios del estado. Treinta de ellas participaban en las huelgas de hambre y ayunos de los Centros de Readaptación Social 5, 14 y 17, quedando todavía 13 detenidos en huelga de hambre y dos en ayuno.
Los liberados declararon en un boletín de prensa: “somos presos políticos y de conciencia, porque el Gobierno con sus leyes injustas nos ha fabricado diferentes delitos, esto lo han hecho porque de por sí somos personas que nos organizamos para luchar por las necesidades justas de nuestros pueblos”.
Tras una carta de Samuel Ruiz García, hecha pública el 4 de abril, en la cual el Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas expresaba su preocupación por el estado de salud de los huelguistas, los detenidos suspendieron su protesta y de igual forma se levantó el plantón. Como Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Samuel Ruiz afirmó que dicho Centro acompañaría el proceso de revisión de sus casos al que se comprometió el gobierno del estado.
Plantón de familiares de presos políticos frente al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez
El día 24 de abril, los chiapanecos Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez detenidos en la Cárcel Pública Municipal de Tacotalpa (Tabasco), que habían iniciado una huelga de hambre el día 21 del mismo mes, fueron trasladados a Chiapas y están actualmente detenidos en el CERESO 12 de Yajalón. El Gobierno de Chiapas se comprometió a revisar su caso que, desde el principio de su detención, el 9 de julio de 1996, apareció plagado de irregularidades.
En una entrevista con SIPAZ, el abogado Diego Cadenas, Director de Defensa del Frayba, subrayó algunas graves carencias del sistema de justicia que permiten, entre otros abusos, detenciones arbitrarias y/o políticamente motivadas. Estas carencias incluyen: la necesidad que el encausado sea defendido por un licenciado en derecho y no por cualquier persona de confianza (posibilidad prevista por la Constitución); la falta de acceso a un intérprete para las personas cuyo primer idioma no es el español, como es el caso de la población indígena, y la necesidad de eliminar el “principio de inmediatez” (mayor valor probatorio de la primera declaración a pesar de que varios denuncian tortura en el momento de la misma)(3).
De manera más general, como han señalado varias instancias de derechos humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial genera distorsiones, abusos y manipulaciones(4). En este sentido, faltan todavía por parte del gobierno propuestas concretas de reformas estructurales para remediar estas graves carencias.
Notas:
- Artículo del Cuarto Poder, 19/03/2008
- Artículo del Cuarto Poder, 22/03/2008
- La video entrevista a Diego Cadenas está disponible en el blog de SIPAZ
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100,Doc. 7 rev. 1,24 de septiembre, 1998. párr. 367
:: ENFOQUE
Delegación Internacional de SIPAZ a Guerrero: conclusiones
“Algunos indígenas se han levantado en armas [Chiapas, 1994]. Nosotros nada más levantamos la voz y todavía es un delito para el gobierno”
(Xochistlahuaca, Guerrero)
Foto de la delegación con integrantes de la OPIM (Organización del Pueblo Indígena Me Phaa)
De acuerdo con indicadores socioeconómicos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman el triángulo de la pobreza extrema del país. Lamentablemente no es el único rasgo que asemeja a estos tres estados, también lo son la discriminación, el racismo, la impunidad, la militarización y las violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Con este punto de partida, desde 2004, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) ha ampliado su trabajo iniciado en 1995 en Chiapas hacia los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca. En Chiapas aprendimos que la atención internacional puede disminuir la violencia directa y generar una presión sobre los gobiernos estatal y federal por el costo político de la represión.
Después de varias visitas de integrantes de SIPAZ a Guerrero en los últimos tres años, decidimos abrir a otras personas la posibilidad de conocer más de la realidad de este estado y, en base a ello, poder tomar cartas en el asunto. Así, del 7 al 14 de marzo de 2008, SIPAZ coordinó una delegación internacional que recorrió Guerrero. Participaron representantes de 11 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Estados Unidos, Austria, Francia, Suecia, Suiza y América Latina, con amplia experiencia en temas de derechos humanos, paz y conflictividad social.
Aunque no cubrimos la totalidad del estado, pudimos observar tendencias preocupantes: la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos, así como el riesgo de la agudización de la violencia ante la impunidad, la militarización y la criminalización de la protesta social prevalecientes.
Primer eje de preocupación: ¿“criminalización de la protesta social”?
Aunque las instancias gubernamentales con las que nos entrevistamos no aceptaron el señalamiento de criminalización de la protesta social, en las entrevistas que sostuvimos con organizaciones sociales, sus integrantes usaron reiteradamente esa expresión. Nos hablaron de detenciones reiteradas e incluso masivas durante o después de manifestarse u órdenes de aprehensión contra sus líderes. En La Parota, por ejemplo, abundaban los testimonios en este sentido: “Algunos de nuestros compañeros estuvieron en la cárcel. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro, nuestros derechos humanos. Eso ha sido nuestro gran delito”.
Un representante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa nos compartió: “El 14 de noviembre, estábamos en defensa de nuestros derechos en un plantón frente al Congreso, que fue desalojado. Se supone que íbamos a tener una reunión con los diputados. Pero enviaron las fuerzas represoras. (...) El 30 de noviembre se dio la segunda represión. Estábamos en la casita de la Venta, volanteando sobre los problemas que teníamos. Nos mandaron también cuerpos represores. Nos estábamos retirando de la caseta. Al mismo tiempo, ellos iban avanzando. Nos agarraron, nos golpearon y nos llevaron a la procuraduría. Nos detuvieron por ataques a la vía de comunicación, motín y robo”.
Por su parte, un integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) nos planteó el marco en el que se dieron estas represiones: “Uno de los antecedentes es que Lucio Cabañas (líder de un ex grupo guerrillero en Guerrero) estudió en esta Escuela. Antes de la represión, el secretario de educación vinculaba ya a los estudiantes de Ayotzinapa con los grupos guerrilleros. Eso fue una declaración muy delicada. A partir de ahí, la vigilancia y la represión han sido constantes. Se nos libraron órdenes de aprehensión. De hecho, casi todos los luchadores sociales en Guerrero tienen orden de aprehensión: por motín, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, sedición como si fuéramos terroristas”.
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, señalaba: “Les llaman delincuentes a los defensores de Derechos Humanos. De acuerdo a la Constitución y a los convenios internacionales, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El gobierno quiere reprimir para intimidar y acabar con los movimientos sociales. Las organizaciones civiles protestan, hacen manifestación. Las organizaciones sociales tampoco han sido tan efectivas y han incurrido en excesos”.
El Secretario General de Gobierno, Armando Chavarría enfatizaba por su lado: “Somos un gobierno democrático, emanado de la voluntad popular de los guerrerenses, (…) y hemos procurado conducirnos con un trato respetuoso hacia los ciudadanos. El problema es cuando en aras de una lucha se violentan los derechos de unos terceros, nos encontramos en la encrucijada, en la disyuntiva del qué hacer. En casos excepcionales, hemos tenido que aplicar la ley, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Lo quiero mencionar para que entiendan las circunstancias. Siempre hemos colocado por delante una política de diálogo”.
Espacios de diálogo: versiones encontradas
Se presentan versiones encontradas nuevamente en cuanto a espacios de diálogo se refiere. El Secretario General de Gobierno afirmaba en su reunión con nuestra delegación: “En esta misma mesa, hemos sostenido cientos de reuniones con organizaciones sociales. Siempre hay una disposición de llegar a un acuerdo. Que tengamos puntos de vista distintos, sí. No nos crea ningún problema. Entendemos el malestar de la gente”. Las organizaciones sociales en cambio señalan la cerrazón del gobierno frente a sus demandas.
En el caso de la Parota, en el marco de una asamblea realizada en la zona en agosto de 2007, se firmó un convenio entre el CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a la Parota) y las autoridades de Cahuatepec ratificando el “no” a la construcción de la presa hidroeléctrica. Sin embargo, al día siguiente, dichas autoridades no quisieron ratificarlo. Según integrantes del CECOP, “Desde esta fecha, el gobierno no quiere reconocer esta asamblea y hace como si nunca hubiera existido. Propone a cambio una nueva consulta con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). La asamblea de agosto tiene validez jurídica, algo que no acepta el gobierno”.
La Parota
Otro representante del CECOP completaba: “A estas alturas, quién va a creer que van a hacer una encuesta de a de veras. Los que pueden decidir, y ya lo dijimos (“no se hace”), somos los campesinos. Ayer se anunció que se iba a hacer una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para saber cuánto gastó en su intento de imponer el proyecto de la Parota. Han hecho caminos y regalado medicinas, lo cual no es su papel. Siguen dando apoyos todavía, sembrando arbolitos en lugares que, para construir la presa, estarían llenando de agua. Antes no había para ninguno. Ahora de repente, nos quieren “ayudar” y si uno se opone, lo empiezan a perseguir. Encarcelaron a varios. Hubo dos muertos. No vamos a permitir ni un muerto, ni un encarcelado más”.
La Parota
Telón de fondo: impunidad y militarización
“No se han denunciado todas las violaciones (a mujeres) porque no hay garantías de que prospere un juicio y todavía menos de que se dé una sanción”
(Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa OPIM, Ayutla)
Frente a los cuestionamientos en cuestión de derechos humanos, el gobierno del estado señala la dificultad para proceder en ausencia de denuncias penales. El Secretario General de gobierno insistía en este sentido: “He pedido a las ONGs y a las organizaciones sociales que se presenten las denuncias correspondientes. Hasta este momento lo que tenemos no son denuncias por la vía legal sino declaraciones ante los medios de comunicación señalando que hay violentación, que hay maltratos, que hay una actitud inadecuada. (…) Pero reitero: no tenemos elementos para la actuación. (…) Ciertamente, seguro y ha habido en algunos momentos violentaciones a los derechos humanos. Ningún país se escapa a esta situación. Sin embargo, cuando la CODDEHUM o la CNDH nos han enviado recomendaciones, hemos respondido”.
Del otro lado, varias organizaciones sociales nos hablaron del contexto de impunidad desde la “guerra sucia” (60s y 70s) a la fecha, por ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas. Según Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, “desde los 70s, la lucha armada trajo una carga de más de 500 desparecidos en el estado. Es una herida que no se ha podido cerrar y un factor que pesa hasta la fecha”.
Esta situación de impunidad no se ve como parte del pasado al denunciar las violaciones de mujeres por parte del Ejército en la zona de Ayutla (casos que se presentaron en el 2002 y que siguen sin solución hasta hoy). Frente a ello, y al descrédito de las instancias estatales de administración de justicia, muchas víctimas optan por dejar de denunciar legalmente, se mantienen a nivel de la denuncia frente a la opinión pública o acuden a otras instancias (en lo federal o internacional).
Otro factor también muy señalado por los actores sociales es la fuerte militarización, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Según algunas organizaciones sociales, se trata de un mero pretexto. Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, enfatizaba: “La Montaña de Guerrero es el primer lugar de siembra de amapola en el país. Guerrero es uno de los estados más militarizados, más narcotizados, más violentos y más empobrecidos del país. Pero en las respuestas gubernamentales, predomina una visión militarista y de seguridad. La violencia se ha venido normalizando y sigue dando una “justificación” para ejercer “violencia del estado”. El gobierno no está atendiendo las causas estructurales detrás de la narcoviolencia. Recurren al “orden del fusil” cuando el problema no se resuelve por ahí”.
En su declaración final, la delegación internacional concluía también “las autoridades deben reconocer que la solución a esta grave problemática radica en la creación de oportunidades de trabajo que permitan a la gente vivir de manera digna”.
Extrema pobreza: tampoco puede ser una excusa
 A lo largo de nuestro recorrido, presenciamos y escuchamos de la situación de extrema marginación económica, política y social en la que se encuentra gran parte del estado, principalmente en las zonas de mayor presencia indígena. De particular preocupación son los temas de salud, educación, alimentación, vivienda y empleo digno. Como ejemplo, el 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios adecuados de salud por falta de hospitales adecuadamente equipados y con personal cualificado: la Montaña cuenta con un hospital general y dos ambulancias para atender a alrededor de 400.000 personas (ver en el sitio web de SIPAZ). Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno del estado explique la falta de promoción y defensa de los derechos humanos debido a este problema.
Foto: (Costa Chica), mujer del pueblo Amuzgo
Frente a la pobreza, muchos guerrerenses consideran la migración como la única opción de sobrevivencia, lo cual no llega a ser una solución. Guerrero ocupa el primer lugar por estados en migración interna (dentro del mismo país) y el quinto lugar en cuanto a la migración internacional.
Muchos ya saben de los riesgos de una migración ilegal a Estados Unidos, tan sólo al intentar cruzar la frontera como ya en la vida allá. Sin embargo sigue siendo un fenómeno muy fuerte: aproximadamente 73.000 guerrerenses emigran cada año a Estados Unidos. Más de 950.000 guerrerenses radican en Estados Unidos, entre ilegales y regularizados.
 Escuchamos testimonios sobre las condiciones infrahumanas en las que viven los jornaleros agrícolas que acuden a trabajar temporalmente a los estados del Norte de México. Por ejemplo, en Chiepetepec, un ex jornalero nos comentaba: “Allá aunque es difícil, no se muere uno de hambre como acá. Aquí si uno no muere de hambre, muere de enfermedad porque no hay dinero. Allá poco pagan. Nos tratan mal. Insultos y maltratos, sí hay. La empresa no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, de salud mandan a un doctor pero no hay medicamentos. (…) A veces me duermo dos horas en la noche. A veces como una vez al día. Es muy difícil, pero es bueno también, porque de ahí salimos más o menos de la pobreza. Gracias a Dios, trajimos dinero y compramos terreno (en Chiepetepec) y construimos una casa”.
Foto: Radio Ñomndaa
Riesgos de agudización de la violencia y a pesar de todo, construcción de alternativas
Finalmente, debido a la experiencia de gran parte de la delegación en Chiapas y Oaxaca, salimos de Guerrero con temor de que el cierre de espacios de diálogo pudiera llevar a los actores sociales a opciones violentas de lucha. En la totalidad de los casos se han señalado divisiones, polarización y deterioro del tejido social. Incluso recibimos denuncias de actividades paramilitares en Ayutla de los Libres: “En las comunidades hay gente de civil que busca dividir. Son gentes indígenas también. El gobierno busca estas divisiones para decir que entre ellos están peleando y que por eso el gobierno tiene que intervenir. Ya hay muchos problemas con grupos paramilitares”.
La delegación expresó preocupación frente al riesgo de que las luchas de poder y la conflictividad en general pudieran incrementarse en el contexto electoral de este año. Concluyó: “no consideramos como una situación ajena a nuestras realidades lo que pasa en Guerrero. Nos sentimos más bien corresponsables, ya que consideramos la situación de pobreza como parte de un contexto más amplio de violencia estructural, agudizado por la implementación de políticas neoliberales promovidas por nuestros países”.
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
De mediados de enero a mediados de abril de 2008
PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
RELACIONES PÚBLICAS
El 25 de enero, nos reunimos con un representante de la sección política de la Embajada de Francia, país que ostenta la presidencia de la Unión Europea.
A principios de febrero, estuvimos presentes en una reunión amplia de la sociedad civil con Louise Arbour, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realizada en la Ciudad de México.
En abril, tuvimos una cita Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas, e integrantes de su gabinete, en la que planteamos nuestros puntos de preocupación sobre la situación sociopolítica y de derechos humanos en el estado (en particular, el tema de las personas detenidas que realizaron la huelga de hambre en febrero y marzo).
CHIAPAS
Zona Norte
Del 6 al 12 de marzo, estuvimos en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con varios actores de la región: desplazados, dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios y bases de apoyo zapatistas. Llegamos a Ch’oles de Tumbalá, comunidad zapatista cerca de Palenque, desplazada en 2006 a raíz de un violento desalojo y que sigue amenazada.
Altos
- Asistimos a la conmemoración mensual de la masacre de Acteal en febrero.
- En febrero, en tres ocasiones, visitamos la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de Huitepec, ubicada cerca de San Cristóbal de Las Casas en los mismos terrenos del Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores posteriormente creada por el gobierno estatal, según se ha denunciado, sin consultar a la población de la zona y amenazada con ser desalojada.
Selva
El 24 y 25 de febrero, asistimos como observadores al Encuentro de organizaciones y comunidades indígenas por la Defensa del Territorio, la Cultura y los Recursos Naturales de la Selva Lacandona en Betania (Cañadas de Ocosingo). Asistieron habitantes de más de cien ejidos y comunidades de la región.
Caracoles/Otra Campaña
Realizamos al menos una visita a cada uno de los cinco Caracoles zapatistas.
Varios
- Asistimos como observadores a la Peregrinación del Pueblo Creyente (organización católica de base) realizada en San Cristóbal de Las Casas el 19 de febrero y en la que participaron más de 10.000 personas.
- Asistimos como observadores a un evento en contra de la privatización de PEMEX, convocado por la Convención Nacional Democrática y el Frente Amplio Progresista celebrado en la Ciudad de México el 18 de marzo.
- Asistimos como observadores al plantón realizado por los familiares de las personas detenidas en huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, así como en el evento “Libertad para hacer justicia”, acto mediante el cual el Gobierno del Estado liberó a 137 personas presas que se encontraban en distintas cárceles de Chiapas.
OAXACA
A mediados de febrero, realizamos un viaje de una semana a Oaxaca. Nos reunimos con la mayoría de nuestras contrapartes en la ciudad de Oaxaca. Visitamos a David Venegas y Adán Mejía, presos de la APPO recluidos en la cárcel de Ixcotel. Realizamos varias entrevistas sobre personas desaparecidas en el estado que se subieron al blog (sipaz.wordpress.com). Tuvimos una cita con el Procurador de Justicia del estado de Oaxaca sobre el mismo tema.
GUERRERO
Del 7 al 14 de marzo, coordinamos una delegación internacional integrada por 11 representantes de ONGs de Estados Unidos, Francia, Austria, Suecia, Suiza y América Latina que recorrió varias regiones del estado de Guerrero (Costa Chica, Montaña y Chilpancingo; ver Enfoque).
INFORMACION
- Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ. Del 14 al 21 de marzo, coordinamos una delegación de estudiantes de Siena College (NY, EEUU).
- Desde el año pasado, co-convocamos con CIEPAC y la Red de Defensores Comunitarios el espacio mensual de reflexión, análisis, debate y aportes de En Voz Alta (ver: blogenvozalta.wordpress.com).
- A mediados de febrero, viajamos a Washington, EEUU. Se realizó una reunión en la que presentamos la situación socio-política y de derechos humanos en Chiapas y Oaxaca en las oficinas de la Washington Office for Latin America (WOLA). También nos reunimos con integrantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
- A principios de abril, un miembro del equipo inició una gira a EEUU para dar a conocer el contexto en México y el trabajo de SIPAZ (en Chicago y alrededores así como California).
PROMOCION DE PAZ
EDUCACION PARA LA PAZ
- En febrero y abril, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura y de la Realidad (GEACR) del que formamos parte.
- En febrero, facilitamos unos cursos en materia de Transformación de conflictos y Derechos Humanos parte del programa de licenciatura del Seminario Intercultural Mayense.
ARTICULACION
- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. El 10 y 11 de abril, co-convocamos junto con varias organizaciones de la zona al Primer Encuentro de Procesos alternativos de base de la región III Fronteriza, realizado con la participación de casi 200 personas en la comunidad de Laguna Larga, municipio de Comitán.
- Del 22 al 26 de enero, asistimos a varias actividades realizadas en el marco del Foro Social Mundial-Sección México que se llevaron a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México. La mayoría estaban relacionadas con los temas de derechos humanos y pueblos indígenas.
- El 22 y 23 de febrero, participamos al Encuentro de CMC-Holanda con sus contrapartes en Chiapas y México cuyo eje temático era “El respeto y la protección de los derechos humanos de pueblos indígenas y marginados”.
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