:: COYUNTURA

México 2008: ¿turbulencias en el horizonte?

TLCAN y malestar social

Es un sombrío panorama el que caracteriza el inicio de este año según la mayoría de las organizaciones sociales y civiles del país. Resaltan el alza generalizada en los productos básicos, gasolina y electricidad, así como posibles consecuencias de la apertura total del capítulo agropecuario que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1994.

El primero de enero de 2008, entró en vigor dicho capítulo liberando de impuestos las importaciones de granos básicos como frijol y maíz, así como de lácteos y oleaginosas. A pesar de las manifestaciones de productores a finales de 2007, el gobierno se negó a renegociarlo. Los sectores campesinos mexicanos, la oposición y varios académicos han advertido que el campo mexicano no está listo para enfrentar un proceso de competencia en precios y volúmenes con los grandes productores de Estados Unidos, más aún si se toman en cuenta la diferencia de subsidios de un lado y del otro de la frontera. Según el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, al menos un millón 400 mil productores de maíz, frijol y leche están en riesgo debido a la apertura total a las importaciones.

Foto: Marcha en defensa del país (© Noé Pineda Arredondo)

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a diferencia de lo que han manifestado organizaciones campesinas, el TLCAN ha sido positivo: “si bien el TLCAN trajo mayor competencia para los productores mexicanos, también abrió múltiples oportunidades al darles acceso a un mercado regional de más de 430 millones de personas”.

Aseguró que están dadas las condiciones para la apertura comercial, ya que “el proceso de desagravación fue paulatino” y en 2007 ya se había cumplido en 90 por ciento la eliminación de aranceles, por lo que en 2008 “no deberá traer cambios significativos en su situación de mercado, sobre todo ante un escenario de precios altos en los próximos meses”. Agregó que en la apertura total del TLCAN “los productores de autoconsumo no tendrán efectos negativos, ya que no participan con su producción en el mercado, y por el contrario se benefician del acceso a bienes y servicios a precios más accesibles”.

Bajo el lema de una campaña iniciada en el 2007, “Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco”, campesinos y productores se han venido organizando. En enero, una veintena de organizaciones del país anunciaron su integración en un Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano, para exigir medidas gubernamentales ante la situación de crisis por la apertura comercial y convocaron a una megamanifestación para el próximo 31 de enero, a la que se sumarán agrupaciones sociales y sindicales.

Foto: Foro Social 2008, México - Sín Maíz no hay País

Gobierno federal: “mano dura” y creciente militarización

Mientras la presión social sube, se ha seguido denunciando la tendencia a la “mano dura” adoptada por el gobierno de Felipe Calderón, así como el proceso de militarización creciente en el país. Dicha tendencia se ha venido agudizando más aún con el reciente anuncio de nuevas formas de colaboración entre Estados Unidos y México, bajo el pretexto de la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo".

Foto: Foro Social Mundial 2008, México - Militarización

Por un lado, en 2007, México, Estados Unidos y Canadá han seguido avanzando en el proyecto de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, lanzado en el 2005). La ASPAN se presenta como un tratado de libre comercio profundizado, ya que añade aspectos de seguridad a los existentes sobre desarrollo y comercio.

Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y México están a punto de culminar otro acuerdo apuntando a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. La idea se concretó en marzo de 2007, durante la visita del presidente estadounidense George W. Bush a la ciudad mexicana de Mérida. Por su semejanza con el llamado Plan Colombia (una política implementada desde hace cerca de una década que ha implicado el envío de 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano, 76% de los cuales se destinaron al ejército), esta nueva iniciativa se conoce como “Plan México” (o, en menor medida, “Iniciativa Mérida”, su nombre oficial).

La Administración de Bush se plantea solicitar al Congreso la aprobación de un paquete conjunto de 1.4 mil millones de dólares a ejercerse en un periodo de tres años (comprometiendo así a la Administración resultante de las elecciones de 2008 en EEUU). Este paquete ha sido presentado ante el Congreso como “financiamiento de emergencia para otras necesidades críticas de seguridad nacional”, de las que destaca la “asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora”. Cabe recordar que en 2007 se registraron más de 2.000 muertes vinculadas al crimen organizado en México y que EE UU comparte 3.000 kilómetros de frontera con este país.

Las primeras partidas de dinero serán destinadas al suministro de equipo militar, tecnología de comunicación y vigilancia, así como diversos tipos de entrenamiento a soldados y funcionarios mexicanos. En lo inmediato, no se prevé la presencia de tropas norteamericanas en territorio mexicano.

Foto: Protestas contra Bush en la ciudad de Mérida

Entre los elementos de preocupación señalados por distintas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera, se ha señalado que más del 40% de los 500 millones de dólares por otorgarse en el primer año estarán destinadas al sector militar, a pesar de las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano en labores de seguridad nacional. En octubre, Human Rights Watch (HRW) declaró que el Congreso de Estados Unidos debería oponerse a la asistencia antidrogas a México, a menos que incluya condiciones firmes para detener abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. José Miguel Vivanco, director de la sección de las Américas del organismo afirmó: “Ayudar a México a confrontar a sus cárteles de la droga brutales es buena idea. Pero dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad abusivas de ese país no lo es”.

Otros analistas subrayan el hecho que no hay ninguna garantía de obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico cuando los grandes operativos lanzados por Felipe Calderón al principio de su sexenio no han tenido hasta la fecha los resultados esperados. Del lado mexicano, también se señala que el hecho de que Washington coloque el combate a las drogas y a la delincuencia en territorio mexicano como una de las “necesidades críticas” de su seguridad nacional implica una injerencia. Adicionalmente, la referencia al tema del “tráfico humano” deja abierta la duda de qué tanto se podría llegar a perseguir a migrantes centro y suramericanos, e incluso a mexicanos que intentan cruzar las fronteras Sur y Norte de México.

En octubre, en el marco de la 1ª Reunión de Integración de los Gobernadores de la Región Sur-Sureste, realizada en Villahermosa, Tabasco, pareció reforzarse el factor “seguridad” por encima del tema de desarrollo. Durante una reunión con los nueve gobernadores del sur-sureste de México, Felipe Calderón dijo que dará un “impulso renovado” al Plan Puebla-Panamá (PPP), al que pidió convertir en un “proyecto de desarrollo integral de Mesoamérica”. Sin embargo, enfatizó más que todo el reforzamiento de la frontera sur ante el “desvanecimiento” de la capacidad de la autoridad para controlarla.

Foto: Reunión de Gobernadores de la Región Sur-Sureste (© La Revista Peninsular)

Semáforo rojo en cuestión de derechos humanos

A pesar de las preocupaciones expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la aprobación definitiva de la reforma penal propuesta por el poder ejecutivo parece inminente.

Se ha cuestionado que resulte contraria a los principios de presunción de inocencia y del debido proceso. Permitirá el espionaje telefónico, el allanamiento y cateo de domicilios al Ministerio Público Federal y a cualquier cuerpo policiaco sin mandato judicial, así como detenciones sin orden de aprehensión, sólo con la presunción de vinculación con la delincuencia organizada o cuando se esté cometiendo un delito en flagrancia.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes afirmó en diciembre que las reformas judiciales “representan un retroceso en materia de derechos humanos, pues no se puede combatir la ilegalidad pisoteando las garantías más elementales”.

Aún cuando todavía no se promulga la reforma, varias organizaciones de derechos humanos han venido señalando el riesgo de una legalización de la criminalización de la protesta social. En los últimos meses, un tema de denuncia y articulación ha sido el tema de los presos en particular y el de la represión en general. El 1ero de noviembre,por ejemplo, el Frente Nacional Contra la Represión que aglutina varias organizaciones y movimientos, realizó un mitin frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la libertad de todos los “presos políticos” del país, la presentación con vida de los desaparecidos, la abolición de la tortura, el alto a las agresiones sexuales y violaciones de mujeres, y la cancelación las órdenes de aprehensión y la persecución contra luchadores sociales.

En noviembre, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó un informe titulado “La situación de los presos políticos en México” en el que maneja la cifra de 500 presos políticos, aunque reconoce que existe una dificultad para saber el número real por la escasa documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.

La excarcelación del indígena Diego Méndez Arcos (detenido en el 2006 por su presunta participación en las muertes ocurridas en Viejo Velazco) a principios de diciembre se muestra como ejemplo de arbitrariedad, al igual que su detención.

Por otro lado, un tema que coloca a México a la “cabeza en materia de limitaciones a la libertad de expresión” (según afirmó Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas) es el de las amenazas y homicidios contra comunicadores.

Foto: Presos Políticos. David Venegas

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa publicada en octubre por Reporteros Sin Fronteras (RSF), México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas en el Continente Americano. Apareció en el lugar número 136 de 169 naciones estudiadas. Benoit Hervieu, encargado del área América en RSF, subrayó "Desde hace un año, el Gobierno federal en México ha retrocedido en materia de libertad de la prensa, y lo demostró durante la crisis de Oaxaca". Destacó que esta involución de la situación de la prensa refleja la falta de voluntad del poder federal por avanzar en el tema.

En enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que había abierto 84 expedientes de queja en 2007 por violaciones a las garantías individuales de periodistas en el ejercicio de su profesión. Denunció que se han multiplicado y son más violentas. El reciente despido de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario “Hoy por Hoy” en W Radio generó también múltiples cuestionamientos sobre el tema de la libertad de expresión en el país.

Un caso que también ha hecho correr mucha tinta es el de la periodista Lydia Cacho. A finales de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó del dictamen final sobre su caso lo relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no está relacionado con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de Puebla, Mario Marín, en su contra. El Frente Nacional contra la Represión (FNCR) expresó a los ministros de la SCJN su preocupación por la “indolencia” que demostraron frente al tema, más aún antes de la sesión donde abordarán los casos de los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco. La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en voz de su representante en México declaró que: “Hubiera sido una oportunidad importante para refrendar esos principios que el país ya tiene ratificados”.

CHIAPAS: Reposicionamiento zapatista ante agresiones

Del 13 al 17 de diciembre, se realizó un coloquio internacional ‘in memoriam’ Andrés Aubry (historiador de origen francés que trabajó por más de 40 años en Chiapas y que murió en septiembre de 2007) co-convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el CIDECI-Unitierra y el Centro Immanuel Wallerstein. Participaron los académicos internacionales John Berger, Naomi Klein, Francois Houtart, Pablo González Casanova, Sylvia Marcos, Enrique Dussel, Jorge Alonso, Carlos Rojas Aguirre y Jean Robert, así como cientos de asistentes.

Foto: Coloquio Andrés Aubry

En el marco de su última intervención “Sentir el rojo; el calendario y la geografía de la guerra”, elsubcomandante Marcos aclaró su papel como jefe militar del EZLN, “que es un ejército, muy otro por cierto pero es un ejército”, y anunció: “Es ésta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo; me refiero al coloquio, encuentros, mesas redondas, conferencias, además de, por supuesto, entrevistas.”

Explicó que esta decisión se da en el marco de una nueva ola de agresiones: "es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional y es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional, ha sido insignificante o nula". Además, alertó: "Nosotros trataremos de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña, y, al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras". Un documento que firmaron los participantes al coloquio hace eco a este planteamiento: “no se puede permitir un nuevo Acteal en tierras mexicanas. No se puede orillar a los pueblos a defenderse de la violencia con la violencia”.

Con este mismo motivo, en septiembre de 2007, el EZLN había anunciado la suspensión del recorrido programado con La Otra Campaña (iniciativa pacifica promovida por los zapatistas a escala nacional), para concentrarse en realizar acciones en defensa de las comunidades. En los últimos meses, ha venido denunciando agresiones contra sus bases de apoyo por parte principalmente de la organización priísta OPDDIC (Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos). En una disputa cada vez más abierta por los territorios, los casos van del Norte del estado (caso de Bolon Ajaw en noviembre, en el municipio autónomo Región de la Montaña, oficialmente Tumbalá, destino turístico por su cercanía con las cascadas de Agua Azul), pasando por la región tzeltal de Chilón, parte de las Cañadas y llegando a los Altos de Chiapas (amenazas de muerte al Consejo Autónomo del Municipio de San Andrés Sakam'chen de los Pobres en octubre).

Una Caravana integrada por adherentes a la Otra Campaña que recorrió parte del estado en noviembre denunció: "Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y en articulación con el Ejército Federal mexicano y la seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida a las Bases de Apoyo Zapatistas y sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas, particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y en diversos casos organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI) (…). Estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y, a través de las instancias agrarias, concretizan el despojo jurídico de tierras constituyendo nuevos ejidos".

Foto: Rueda de Prensa de la Caravana Solidaria - La Otra Campaña

Grupos armados: comunicados

En octubre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) amenazó con escalar su “campaña nacional de hostigamiento” si el gobierno no presentaba con vida a sus combatientes “desaparecidos” en octubre desde mayo de 2007. Aclaró que “jamás” solicitó dialogar con el gobierno federal, sino que ésta fue propuesta de varios senadores en septiembre. En diciembre, anunció el reinicio de hostilidades contra el gobierno de Felipe Calderón. En eneroindicó que informará de los ataques militares que realice. También advirtió a los legisladores que la reforma judicial: “Quienes desde la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón, que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos”.

Por su parte, en noviembre, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas, uno de los grupos guerrilleros que en 2006 colocó explosivos en las sedes del Tribunal Electoral, el PRI y algunos bancos de la Ciudad de México, advirtió que la Iniciativa Mérida firmada por el gobierno de México con Estados Unidos, será repelido por los movimientos de masas y los grupos revolucionarios.

:: ENFOQUE

Impunidad y responsabilidad de las autoridades públicas en el caso Acteal

“La matanza de 46 civiles indefensos en Acteal, en diciembre de 1997, realizada por un grupo de personas con armas de alto poder es sin duda el incidente más grave y dramático que se haya producido en el marco del conflicto en Chiapas. La CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] estableció la responsabilidad por comisión u omisión de diversos funcionarios públicos del gobierno del estado”.
         [Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, E/CN.4/2004/80/Add.2, 23/12/2003]

“El Estado niega que los hechos que aquí se analizan, constituyan parte de alguna estrategia estatal (...) La postura pública del gobierno federal y estatal es la de desconocer la existencia de “paramilitares”.
         [Informe rendido por el Estado Mexicano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del trámite a la Petición 212-05, 2006]

Se ha tratado “de desviar la verdad y hacer creer que el Estado no tuvo nada que ver en esa masacre, pero les decimos que lo que pasó en Acteal fue producto de un conflicto político diseñado desde arriba en los gobiernos federal de Ernesto Zedillo y estatal de Julio César Ruiz Ferro”.
[Comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas, 22 de octubre de 2007]

El 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Municipio de Chenalhó, Altos de Chiapas, se perpetró una masacre en la que perdieron la vida 45 indígenas tsotsiles pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, asesinados por un grupo de civiles armados mientras oraban por la paz en la ermita de la comunidad. En su comunicado del 22 de noviembre de 2007, Las Abejas denunciaban “Llevamos diez años demandando justicia, la respuesta ha sido lo mismo de siempre: han dicho todas las autoridades “vamos a investigar a profundidad y con seriedad”, simulando preocupación e indignación por los hechos”.

A través de su “Campaña contra la Impunidad: 10 y 15”, por los 10 años de la masacre y los 15 años de su lucha organizativa, las Abejas se planteaban un reto todavía mayor: “nadie podrá detener nuestra campaña contra la impunidad, porque nuestra lucha no es sólo por Acteal, sino para todas las masacres y represiones contra nuestros pueblos de México. No descansaremos hasta ver finalmente aplicada la justicia, sea contra quien sea, y sin discriminaciones” (Comunicado del 22 de octubre de 2007)

¿Antecedentes de una “masacre anunciada” o primer nivel de omisión?

La Organización Sociedad Civil Las Abejas se formó en el municipio de Chenalhó (Altos de Chiapas) en 1992 como organización pacifista en lucha por los derechos indígenas y la resolución pacífica de los conflictos locales (ver el artículo “El vuelo de las Abejas sigue”, abril de 1998, informe de SIPAZ año 3 nº2). Aunque como señalan sus demandas fundamentales son las mismas que las del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se oponen a la opción armada. Participaron en los “cinturones de paz” durante el proceso de negociación entre los zapatistas y el gobierno federal en el pueblo cercano de San Andrés Larrainzar, así como en otras actividades en las que el EZLN había invitado a grupos y organizaciones de la sociedad civil. Fue tal vez esta cercanía con las posiciones zapatistas junto al hecho de no tener y no querer tener armas lo que los hizo más vulnerables ante la conflictividad que fue creciendo en el municipio de Chenalhó a lo largo de 1997.

No se puede eludir hablar del contexto que prevalecía en el estado de Chiapas en el momento de la masacre, tratándola como si hubiera sido un incidente aislado. Desde 1995 y mientras se desarrollaban los diálogos en San Andrés, tanto el EZLN como varias organizaciones de la sociedad civil empezaron a denunciar la aplicación paralela por parte del Estado de una estrategia contrainsurgente en la zona Norte de Chiapas (con la promoción y protección del grupo “Paz y Justicia”, provocando el desplazamiento de miles de personas así como más de 100 desapariciones y asesinatos). Meses después esta estrategia se fue desplegando hacia las zonas Altos y Selva, asumiendo cada vez más características de una “guerra de baja intensidad”. El gobierno parecía apostar por la posibilidad de que el EZLN perdiera el apoyo del que se beneficiaba tanto a nivel local, nacional e internacional a través de una guerra prolongada de desgaste con dimensiones políticas, militares, económicas, jurídicas e informativas.

A lo largo del año de 1997, una onda de violencia se desencadenó en todo Chiapas. Ante estos hechos, un grupo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, en el que participó SIPAZ, realizó una Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas con el fin de documentar en el terreno las denuncias de violaciones a derechos humanos y sus implicaciones para el Proceso de Paz.

En Chenalhó, las condiciones de salud, vestido, vivienda y alimentación de los ya miles de desplazados eran críticas. La misión recibió testimonios que hablaban de civiles armados y de sus reiterados ataques a las comunidades con presencia zapatista o de las Abejas, donde éstas se negaban a colaborar para la compra de más armas. El terror que provocaron los ataques obligó a la gente a huir para refugiarse en las montañas, abandonando todas sus pertenencias para no volver a recuperarlas. Por las mismas fechas, el periodista Ricardo Rocha difundió un reportaje que evidenciaba las condiciones en las que se encontraban los desplazados de Chenalhó en Televisa, una de las cadenas de mayor audiencia del país.

Por otro lado, en su comunicado del 22 de octubre de 2007, las Abejas se volvieron a referir a hechos recopilados tanto por la Misión de Observación como por el reportaje de Rocha: “antes de la masacre esa gente que le llama [se refieren al articulista] grupos de autodefensa pasaban en las comunidades en camionetas con sus armas e iban acompañados con camiones de la Policía de Seguridad Pública del Estado”. Esto apuntaría obviamente a otro tipo de responsabilidades por parte de las autoridades estatales en el contexto previo a la masacre.

En cuanto al nivel federal, el 18 de octubre de 1997, Raúl Vera, entonces obispo de San Cristóbal, había enviado una carta al secretario de Gobernación Emilio Chuayffet en la que le advertía de “los ambientes de violencia” prevalecientes en la zona. Después de la masacre, Chuayffet admitió que había recibido esta carta, pero comentó: “quienes cometen estos actos tienen a su favor dos ventajas: la sorpresa y la clandestinidad. Es muy difícil, prácticamente imposible, que todos los hechos de violencia de este género se evitaran en el mundo a partir del simple conocimiento del ambiente de violencia”.

Crónica de la masacre y responsabilidad de las autoridades públicas: versiones encontradas

El 22 de diciembre de 1997, un grupo de Abejas estaba reunido en la ermita de Acteal. Estaban orando por la paz en su comunidad y otras del municipio donde se habían venido desplazando a un número cada vez mayor de personas, sea por su apoyo al EZLN sea por negarse a apoyar al grupo contrario a los zapatistas. Los atacantes empezaron a disparar con armas de alto calibre, y persiguieron a las víctimas que trataban de huir. Mutilaron varios cuerpos con armas blancas y desgarraron los vientres de cuatro mujeres embarazadas. En una barbarie que duró más de cinco horas mataron a 9 hombres, 21 mujeres (4 de ellas embarazadas) y 15 niños.

Testigos que lograron huir avisaron a Gonzalo Ituarte, entonces vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, una hora después del inicio de la matanza. Él informó enseguida al secretario del gobierno del estado, Homero Tovilla Cristiani, quien le respondió unas horas después que todo estaba bajo control. No obstante su presencia a unos doscientos metros de distancia de la masacre, la Seguridad Pública no intervino, tampoco después de ser avisada por vecinos de lo que estaba sucediendo.

El entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno federal tuviera responsabilidad por razones de acción u omisión. El 23 de diciembre, el presidente Zedillo condenó el ataque y anunció que el gobierno federal se haría cargo de la investigación. Unos días después de la matanza se arrestó a unos 40 presuntos agresores de afiliación priísta y cardenista. También fue arrestado Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, acusado de ser el instigador de la masacre. A finales de diciembre, llegaron 5 mil soldados más a Chiapas (2 mil para el único municipio de Chenalhó). El número de desplazados aumentó significadamente a alrededor de 10 mil personas. A principios de 1998, el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro y el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, fueron destituidos.

Las investigaciones siguieron su curso. Refiriéndose a las causas del conflicto, el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar concluyó que "la matanza ocurrió por conflictos intercomunitarios e interfamiliares". Al publicar el informe “Libro blanco sobre Acteal”, declaró también que "si el Ejército mexicano hubiera tenido presencia el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esos hechos nunca se hubieran presentado".

El presidente en turno de la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación, instancia legislativa de coadyuvancia en el marco del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal), Carlos Payán Velver, sin embargo, afirmó desde el principio que había una "altísima responsabilidad" en la masacre por parte del mismo Presidente de la República y del gobernador de Chiapas.

Pasaron los años. La versión “oficial” de la masacre como incidente provocado por conflictos intercomunitarios ha sido recientemente retomada por la revista mexicana Nexos a través de dos artículos de Héctor Aguilar Camín publicados a finales del 2007. En la línea de las tesis expuestas en el “Libro Blanco”, el autor explica que dada la violencia zapatista y las manos atadas de las fuerzas de seguridad (por la ley del diálogo que impedía acciones militares en contra del EZLN mientras durara el proceso de negociación), diversos grupos se armaron de manera espontánea, y posteriormente pasaron de la defensiva a la ofensiva. Se deriva de esta tesis que el Estado se encontraba en medio, incapaz de actuar.

En su último informe sobre la responsabilidad del Estado Mexicano en la masacre de Acteal (22/12/2007), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, vuelve en cambio a denunciar la intencionalidad y premeditación del gobierno federal en el caso. Afirma que Acteal fue  “la justificación ideal para que Ernesto Zedillo, entonces presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas, ordenara la instalación de campamentos militares en Chenalhó y así continuar con el desarrollo del plan contrainsurgente”.

Los avances legales

Según reportan el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras organizaciones de derechos humanos, la investigación de la masacre de Acteal ha resultado en sentencias condenatorias contra más de 70 personas acusadas de estar implicadas directamente en el ataque. Recibieron penas de entre 25 y 40 años de cárcel por  delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.  No se siguió proceso por asociación delictuosa. Quedan pendientes 27 órdenes de aprehensión en contra de civiles indígenas.

Muchas de estas sentencias están en proceso de ser impugnadas. Los responsables de la defensa de los presos denuncian que fueron detenidos a pesar de testimonios contradictorios donde ni siquiera coincide el número de atacantes, y que los presuntos responsables no tuvieron acceso ni a abogados ni a traductores en las primeras etapas del proceso. Otra de las versiones que se ha manejado tiene que ver con el hecho que cinco de los acusados confesaron en los días posteriores a la masacre ser los autores de la matanza, junto con otras cuatro personas que seguirían libres. Independientemente de la versión que se quiera manejar, quedarían múltiples pendientes para el sistema de justicia.

Quince ex servidores públicos de bajo nivel fueron procesados y condenados a penas de entre tres y 36 años de prisión por homicidio y lesiones calificados, homicidio y lesiones por omisión o por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Quedan pendientes dos órdenes de aprehensión por ejecutar contra los entonces Coordinador de la Policía Estatal y Director de la Policía de Seguridad Pública Estatal.

La detención reciente (el mismo 22 de diciembre de 2007), de Antonio Sántiz López, presunta “cabeza de los paramilitares de Chenalhó”, ha sido cuestionada por algunas voces críticas: consideran que esta acción alabada en la prensa local como gran éxito para la justicia (se publicó como detención “del autor intelectual de la masacre”) es en realidad una forma de encubrir responsabilidades a otros niveles. Los funcionarios de alto rango, incluyendo miembros del ejército, sospechosos de estar implicados en la masacre por omisión o por su aquiescencia con los responsables, no han rendido cuentas por sus acciones y hasta ahora han eludido a la justicia.

Frente a la falta de avances a nivel nacional, desde febrero de 2005, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a sobrevivientes y familiares de los ejecutados en la masacre presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una Petición de Apertura de Caso en contra del Estado Mexicano por diversas violaciones a derechos humanos cometidas en el caso de la masacre de Acteal. En una entrevista a la revista Proceso (21/04/2005), el obispo Raúl Vera López, comentando la solicitud declaró: "Las cosas no pueden quedar en la impunidad, se debe reestablecer el estado de derecho. Conforme al derecho internacional, los crímenes contra la población indígena de Chiapas (asesinato, tortura y desapariciones) son crímenes de lesa humanidad. La denuncia está puesta contra Ernesto Zedillo".

Durante el Encuentro Nacional contra la Impunidad en diciembre de 2007, se anunció una campaña para denunciar al ex presidente Ernesto Zedillo por “permitir la masacre” y para que sea expulsado de la cátedra que imparte en la universidad estadounidense de Yale, EEUU (es actualmente director del Centro para el Estudio de la Globalización de dicha Universidad).

Impunidad, una lacra nacional

Las Abejas han declarado una y otra vez no querer venganza por la masacre de Acteal: siguen exigiendo justicia  para que sucesos como ése no vuelvan a repetirse. En este marco, en 2007, llevaron a cabo una campaña por los 10 años de impunidad de la masacre y por los 15 años de lucha de la organización. El 20 y 21 de diciembre de 2007, más de 200 personas y alrededor de 50 organizaciones de México y de otros países participaron en el Encuentro Nacional contra la Impunidad organizado por la organización de Las Abejas en Acteal.

El primer día del Encuentro fue dedicado a ponencias sobre el análisis de la realidad nacional; la necesidad de mayor articulación entre las organizaciones y los movimientos civiles; el derecho y la justicia por los asesinatos contra las mujeres y la situación jurídica del caso Acteal entre otras. En el segundo día se organizaron mesas de trabajo mixtas (participantes de diversa procedencia-Abejas) para profundizar en estos temas.

Lamentablemente Acteal es tan sólo un caso de injusticia e impunidad en medio de muchos otros en el México contemporáneo. Muy en la línea de lo señalado por el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Dato Param Cumaraswamy en 2001 y 2002, Amnistía Internacional, en su informe “Leyes sin justicia” publicado en febrero de 2007, afirmó que “la impunidad de los abusos contra los derechos humanos sigue siendo la norma, lo cual alienta a los funcionarios del sistema de justicia penal y de seguridad pública a recurrir a prácticas abusivas en el desempeño de sus funciones”.

En su ponencia durante el Encuentro Nacional Contra la Impunidad, Edgar Cortés Coordinador de la Red Todos los Derechos para Todos habló de la impunidad como uno de los cuatro elementos que marcan el contexto actual en el país, junto a la militarización creciente, la convergencia autoritaria (la “mano dura” prometida por Calderón) y la criminalización de la protesta social. Subrayó que la impunidad no es un fenómeno nuevo, citando los casos de la masacre de estudiantes del 2 de octubre del 68 y la Guerra Sucia de los años 70 y 80 que llevó a la desaparición de más de 500 personas. También habló de casos mas recientes como el de Oaxaca, Atenco, Pasta de Conchos o el caso de Lydia Cacho.

En una entrevista en noviembre (‘Jornada’ del 01/11/07), Edgar Cortez ya hacía referencia a los artículos polemizando lo sucedido en Acteal : con ese tipo de “relatos” de voceros “oficiosos” del Estado se busca “permitir que los ataques sistemáticos contra la población civil se sigan perpetrando en el país, como ha ocurrido hasta ahora en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se desplaza a comunidades indígenas, se tortura, se viola a mujeres y se cometen ejecuciones y desapariciones forzadas”.

El hecho que no se logre avanzar en la resolución de un caso tan sonado como el de Acteal es una mala noticia en cuanto a la situación de derechos humanos y al nivel de impunidad en México. Las Abejas lo saben y siguen en una lucha que saben será muy larga: “el tiempo y el espacio nos han dado lugar para que nuestra memoria y corazón luchen contra la impunidad de la masacre de Acteal. Aquí seguimos levantando nuestra voz hasta que sea escuchada y que los responsables sean al fin castigados conforme a derecho” (octubre de 2007).

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De mediados de octubre de 2007 a mediados de enero de 2008

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

RELACIONES PÚBLICAS

El 2 de noviembre, participamos en una reunión con todas las Embajadas de la Unión Europea realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El 12 de noviembre, participamos en una reunión con legisladores de Suiza que integraban una misión de observación coordinada por el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (PROPAZ). Posteriormente se reunieron con varias autoridades, tanto a nivel federal como estatal.

El 6 de diciembre, nos reunimos con una representante de la sección política de la Embajada de los EEUU.

A finales de octubre y principios de diciembre, se realizaron visitas a la ciudad de México. Nos entrevistamos con varias de nuestras contrapartes allá, como el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS).

CHIAPAS

Altos

- Asistimos a la conmemoración mensual de la masacre de Acteal en noviembre y participamos en diversas actividades organizadas por la Asociación Civil ‘Las Abejas’ realizadas en San Cristóbal de las Casas en el marco de su campaña “Acteal: 10-15” (a 10 años de la masacre y a 15 años de la conformación de su organización) entre noviembre y diciembre.

- Del 20 al 22 de diciembre, participamos en los eventos realizados en el marco del 10º aniversario de la masacre de Acteal, incluyendo el Encuentro Nacional contra la Impunidad que tuvo lugar en esta misma comunidad.

Caracoles/Otra Campaña

- Realizamos varias visitas a los Caracoles zapatistas.

- Del 13 al 17 de diciembre, asistimos al coloquio internacional ‘in memoriam’ Andrés Aubry co-convocado por el EZLN, el CIDECI-Unitierra y el Centro Immanuel Wallerstein.

- Del 29 de diciembre al 1º de enero, estuvimos presentes en el III Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo “La Comandanta Ramona y las Zapatistas”, así como en la conmemoración del aniversario del levantamiento armado de enero de 1994, actividades realizadas en el Caracol de la Garrucha.

OAXACA

En octubre, realizamos un viaje de una semana a Oaxaca después de las elecciones municipales. Nos reunimos con la mayoría de nuestras contrapartes en la ciudad de Oaxaca. También asistimos a eventos vinculados a los días de conmemoración del asesinato de Bradley Will (periodista estadounidense asesinado en octubre de 2006) y de la entrada de la PFP (Policía Federal Preventiva). Estuvimos presentes en el Encuentro Nacional sobre Educación indígena bilingüe, con el fin de establecer contacto con organizaciones más directamente vinculadas a los pueblos indígenas. Realizamos varias entrevistas en audio que se subieron al blog (sipaz.wordpress.com).

GUERRERO

A principios de diciembre, viajamos a Guerrero. Tuvimos citas en Chilpancingo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos-CODDEHUM, Brigadas Internacionales de Paz-PBI y la Red Guerrerense para los Derechos Humanos. En Tlapa, nos reunimos con varios integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para preparar la delegación internacional que SIPAZ está organizando para inicios de marzo.

INFORMACION

- Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ. Del 27 de diciembre al 4 de enero, co-coordinamos una delegación de Global Exchange (miembro de nuestra coalición de EUA).

- Desde agosto, co-convocamos con CIEPAC y la Red de Defensores Comunitarios el espacio mensual de reflexión, análisis, debate y aportes de En Voz Alta (ver: blogenvozalta.wordpress.com).

- En octubre, asistimos a un espacio de análisis de la coyuntura convocado por SERAPAZ y el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (PROPAZ), en el que participaron alrededor de 80 personas.

PROMOCION DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

- En octubre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura de la Realidad (GEACR) del que somos parte. - A principios de enero, se inauguró un programa de licenciatura en el Seminario Intercultural Mayense en el que vamos a facilitar una parte en materia de Transformación de conflictos y Derechos Humanos.

- Estamos facilitando talleres de transformación de conflictos con DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Asociación Civil con trabajo en 17 municipios de Chiapas).

ARTICULACION

- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

- Del 6 al 8 de noviembre, participamos en el Encuentro de Constructores de Paz y Reconciliación convocado por la Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación (CORECO) realizado en una comunidad del municipio de Ocosingo.

- El 1 y 2 de diciembre, participamos en un Encuentro de Promotores de Diálogo y transformación de conflictos, en Cuernavaca, Morelos con unas 30 personas trabajando el tema a nivel nacional. Dimos una presentación sobre la experiencia de SIPAZ.