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:: INFORME SIPAZ: Vol 12 Nº 3, Octubre de 2007

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Oaxaca: Un conflicto no resuelto

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:: COYUNTURA

Chiapas: Reactivación de la conflictividad social

A principios de octubre, la Red por la Paz (conformada por 17 organizaciones con presencia en Chiapas) denunció el contexto de violencia que ha estado caracterizando la situación en el estado durante los últimos meses. Mientras muchos actores políticos y las primeras planas de los periódicos locales se centraban en el tema de las elecciones, un creciente número de situaciones de hostigamiento, violencia y desalojo pasaron casi desapercibidos y como hechos aparentemente aislados.

Elecciones: la punta del iceberg

© SIPAZEl 7 de octubre se llevaron a cabo elecciones en Chiapas. Estaban en juego 118 presidencias municipales y 40 diputaciones locales. Antes de las elecciones, la Fiscalía Electoral de Chiapas había recibido 43 denuncias por presuntos delitos electorales, la mayoría por campañas políticas anticipadas, destrucción de propaganda, compra y coacción de voto, desvío de recursos públicos a las campañas y participación de funcionarios en favor de algunos candidatos.

El día del comicio se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, -entre otros. La mayoría de los medios de comunicación, autoridades electorales y el gobierno mismo optaron por minimizarlos. Frente a los resultados, se anunciaron movilizaciones de protesta en una docena de municipios.

Según cifras oficiales, los comicios registraron la participación más alta en la historia de las elecciones en el estado al votar 57.17% del padrón. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó 52 de las 118 alcaldías en Chiapas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quedó con 31, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) administrará 23, según datos del Instituto Estatal Electoral (IEE). Además, de las 40 diputaciones disputadas, el PRI llevaba 14; el PRD, 10; el PAN, 7; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 3; el Partido Nueva Alianza, 2; el Partido del Trabajo (PT), 2 y Convergencia, 2.  

Frente a las imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso electoral, puede resultar difícil interpretar estos resultados. Uno de los factores de preocupación responde al historial político de varios de los candidatos ganadores independientemente de los partidos que representen hoy. Paradójicamente, los triunfos del PRD son considerados por algunos analistas como el retorno del viejo PRI. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la voz del subcomandante Marcos, denunció: “Con Sabines y el PRD regresaron los finqueros (...). Aquellos que decían que la vida de un indio valía lo mismo que un pollo”.

FOTO: Elecciones en la Zona Norte de Chiapas (© SIPAZ)

Multiplicación de conflictos, principalmente agrarios

Antes de enumerar una serie de agresiones e intimidaciones, el comunicado de la Red por la Paz ya mencionado alertaba: “Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas”.

Según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras, lo cual significaría “la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años” y que tendrá como consecuencia un despojo de tierras “masivo, sistemático y legalizado a priori. Según su análisis, el objetivo principal es quitar a las comunidades zapatistas todas las tierras “recuperadas” después del levantamiento armado de 1994.

© SIPAZEn octubre, el EZLN denunció que con el arribo de Juan Sabines al gobierno de Chiapas se incrementó el hostigamiento militar y paramilitar. En septiembre, el grupoLas Abejas” del municipio de Chenalhó (escenario de la masacre de Acteal en 1997) se sumó a las denuncias de la creciente ofensiva paramilitar y gubernamental: “La muy conocida guerra de baja intensidad contra los pueblos que luchan contra el sistema neoliberal parece que no se ha ido con los ex gobernantes priístas”.

Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades. Cabe recordar que son más de 350 mil usuarios en Chiapas que se niegan a pagar las tarifas al considerarlas demasiado altas.

Otro conflicto volvió a levantar preocupaciones alrededor del tema pendiente desde hace varios años de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules: el día sábado 18 de agosto de 2007, se realizó un operativo policíaco y militar simultáneo para desalojar a las comunidades Buen Samaritano y San Manuel en el municipio de Ocosingo. En total fueron desalojadas 6 familias (39 personas). Seis hombres fueron detenidos por delito de despojo y ecocidio, antes de ser liberados unas 5 semanas después tras desistimiento judicial. Cinco asentamientos irregulares más se encuentran en riesgo de ser desalojados. La organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste denuncia que los operativos de desalojo violento en las comunidades de Montes Azules no han concluido ya que “son parte de la estrategia global de despeje del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica”.

© SIPAZ

Familias desalojadas de Montes Azules - © SIPAZ

CONTEXTO NACIONAL

La Red por la Paz en su comunicado de octubre subrayaba también: “Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil”.

Una fractura que se mantiene

El 1 de septiembre, el presidente Felipe Calderón rindió su primer informe de gobierno en medio de un fuerte operativo policíaco. En una ceremonia de menos de cinco minutos, entregó su informe ante más de un centenar de bancas vacías ya que legisladores de izquierda optaron por retirarse del Congreso. Tomaron esta decisión porque no lo reconocen como presidente al considerar que llegó al puesto por medio de un fraude electoral. En buena medida, México sigue dividido por la apretada victoria que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgó a Calderón, cuyo gobierno enfrenta la oposición de un movimiento nacional de resistencia, lidereado por el excandidato de izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto al mismo informe, el presidente prometió seguir combatiendo a la pobreza y crear empleos, así como luchar contra al narcotráfico y la delincuencia organizada. En los cuestionamientos que se le han hecho, se señala la desaceleración económica con fuertes repercusiones hacia la población como el aumento del precio de la tortilla y otros productos de la canasta básica, así como también el alza en el costo de la gasolina. Tampoco se ha logrado aumentar significativamente el nivel de empleos, lo que eleva aún más el flujo de migración hacia Estados Unidos, a pesar de la construcción del muro en la frontera y de la muerte de cientos de mexicanos al intentar cruzarla. Cabe subrayar que según datos del Banco Mundial, un poco más de la mitad de los 104 millones de mexicanas y mexicanos están en situación de pobreza (y un 24% en situación de extrema pobreza).

Por otra parte, se ha cuestionado el hecho de que Felipe Calderón haya asentado la estabilidad institucional de su gobierno en el poder del ejército.  A pesar de que su informe enfatiza que “este gobierno, como nunca antes aplica toda la fuerza del Estado para recuperar los espacios que han sido secuestrados por bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas”, los grandes operativos "antinarco" no han tenido hasta la fecha los resultados esperados. Finalmente, se ha denunciado la represión selectiva en contra de los movimientos sociales.

Otro momento en el que se pudo constatar la persistencia de una fractura política y social fruto de las contiendas presidenciales de 2006 se dio en septiembre, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México. En vísperas de la celebración, el Zócalo de la ciudad de México, resguardado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue disputado por simpatizantes del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quienes habían convocado al llamado "Grito de los libres", y por los organizadores de la ceremonia oficial. Andrés Manuel López Obrador por su parte encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en San José Tenango, municipio de Oaxaca.

© Noé Pineda Arredondo

Día de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México
(© Noé Pineda Arredondo)

Reformas: ¿oportunidad para la superación de la polarización?

En septiembre, el Senado aprobó una reforma electoral que disminuye el costo de las campañas y de las elecciones, prohíbe a partidos y terceros la contratación de propaganda en medios electrónicos, impide la guerra sucia en las contiendas, la promoción de funcionarios y da mayores facultades de sanción a las autoridades comiciales. Muchos aspectos de esta reforma se vinculan directamente a denuncias que se hicieron en el escenario de las elecciones presidenciales de 2006.

Por otro lado, la reforma electoral acota el creciente poder político de los consorcios televisivos, pues más allá del dinero que dejarán de recibir, se reducirá significativamente su capacidad de "influencia" durante los procesos electorales. Cabe recordar que en los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70% de los millonarios recursos que recibieron por parte del Estado para sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.

El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, un conductor televisivo advirtió en un encuentro sin precedente entre legisladores y representantes de medios de comunicación que los políticos profesionales estaban más desacreditados que sus empresas. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión manifestó su rechazo a dicha reforma, con el argumento de que algunas de sus disposiciones restringen la libertad de expresión.

En todo caso, la remoción del presidente del Instituto Federal Electoral y la reforma electoral pueden contribuir a superar o reducir la polarización generada en el contexto de las últimas elecciones presidenciales. Por otro lado, en la discusión alrededor de esta reforma y en varios otros aspectos de la vida política (incluyendo elecciones internas en este partido), parece fortalecerse el ala moderada e institucional del PRD , en detrimento de su lado señalado como “confrontacionista”, articulado alrededor de la figura de López Obrador.

En el plazo cubierto por este informe, también se aprobó una reforma fiscal que a pesar de haber sido mucho más limitada que lo que el Ejecutivo se proponía fortaleció la imagen de que Felipe Calderón, dado que, a diferencia del ex presidente Vicente Fox, éste puede lograr reformas avaladas por el Congreso. Sin embargo, en septiembre, la Cámara de Senadores rechazó la reforma judicial planteada por el Ejecutivo, y en la que se daban facultades a las policías para intervenir teléfonos, realizar cateos o arraigar a presuntos responsables sin contar con la orden de un juez. Los legisladores argumentaron que México carece de personal calificado y confiable en los distintos cuerpos de seguridad pública para garantizar la prevalencia de los derechos humanos sobre la aplicación de leyes específicas.

México: “Política esquizofrénica” en materia de derechos humanos

Irene Khan

Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional

En el marco de una visita al país realizada en agosto, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), señaló que el gobierno mexicano tiene una "política esquizofrénica" en materia de defensa y promoción de los derechos humanos: "México es uno de los máximos promotores de los derechos fundamentales al exterior, pero al interior del país existen graves violaciones de estas garantías". Afirmó que existen fallas sistémicas en la justicia mexicana, que propicia la impunidad, un "cáncer con raíces largas". Indicó: "El Presidente reconoce que el sistema tiene un problema, pero lo reconoce desde la perspectiva del crimen y no desde las fallas en derechos humanos". Alertó finalmente: "Esta administración está interesada en promover reformas, pero no ha sido muy clara sobre la posición que tomarán respecto a los derechos humanos". Al igual que Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuestionó a AI acerca de las fuentes de información del reporte que emitió el organismo sobre México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) persiste en su demanda de que el ejército salga de la lucha contra el narcotráfico por los riesgos de violaciones a derechos humanos que esta opción puede implicar. En agosto, el diario The Washington Post confirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos están cerca de concertar un amplio acuerdo de cooperación antidrogas que representaría "la mayor alianza en su tipo desde la puesta en marcha del Plan Colombia''. Incluiría equipo para la intercepción de llamadas, radares para rastrear embarques de drogas, aviones para transportar agentes mexicanos, así como varios programas de capacitación. Aunque aún no se hayan divulgado los detalles de un acuerdo bilateral de esta naturaleza, en virtud de los cuestionamientos al Plan Colombia, se teme que esta opción pueda implicar restricciones a los derechos humanos.

DE LA OTRA CAMPAÑA Y OTROS PROCESOS

Otra Campaña

El 24 de septiembre, el EZLN decidió suspender la gira de los comandantes zapatistas inicialmente prevista de septiembre a diciembre, hacia el sur y el centro del país. La decisión surge de lo que señalaron como una ofensiva contra las comunidades zapatistas, emprendida por el gobierno desde los frentes militar, paramilitar, judicial, agrario y ambiental. Otro factor tuvo que ver con la campaña del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en diversas entidades “con la justa y legítima demanda de presentación de sus desaparecidos”: “no podemos pedir al EPR que, para permitir que nuestra delegación pueda recorrer los territorios donde tiene presencia o influencia, declare una tregua”.

Posteriormente, el EPR deslindó al EZLN de cualquier acción que pudiera ocurrir en los próximos días como parte de la campaña que llevan a cabo para demandar la presentación con vida de dos de sus militantes, desaparecidos en Oaxaca desde mayo de 2006. PEMEX (Petróleos Mexicanos) cifró en más de 3 mil millones de pesos los daños que dejaron los atentados de septiembre a gasoductos en Veracruz y Tlaxcala, reivindicados por el EPR. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora aseguró posteriormente que el EPR es un grupo reducido y calificó a sus acciones como de terrorismo y sabotaje, más que de lucha social. El EPR respondió afirmando que los verdaderos "terroristas" están en el Gobierno, en las policías y en la oligarquía que gobierna el país: "Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de autodefensa colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas, pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado y el proceder de la ultraderecha".

© SIPAZ

Encuentro de los Pueblos de América, Vicam, Sonora - © SIPAZ

Entre el 11 y 14 de octubre en la comunidad Yaqui de Vícam (Sonora) se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por autoridades tradicionales de la misma tribu, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Comisión Sexta del EZLN. En un primer momento se dudó de la posibilidad de realizarlo dadas las denuncias de la comisión organizadora de intentos de boicot emprendidos por algunas autoridades yaquis cercanas al gobierno estatal por un lado, y las denuncias de hostigamiento policíaco y militar por el otro. Una semana antes, la delegación zapatista fue detenida en Mazatlán, Sinaloa, en un puesto de revisión militar y de agentes judiciales. Después de este hecho, los comandantes zapatistas regresaron a Chiapas, dejando al subcomandante Marcos como el único representante del EZLN durante el Encuentro. Algunas delegaciones participantes del evento también denunciaron que las policías y/o los soldados que los interceptaron en el camino los despojaron de los alimentos y granos que traían, y los trataron con hostilidad manifiesta. En las afueras de Vícam se mantuvo una vigilancia de la Policía Federal Preventiva y de la policía estatal de Sonora.

Finalmente, asistieron al encuentro 570 delegados indígenas procedentes de 12 países americanos, representando a 66 pueblos. Juan Chávez, representante purépecha y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) dijo al inicio del evento: “La realización de este encuentro, en estas tierras, es en sí mismo un mensaje de rebeldía de nuestros pueblos en defensa de la madre tierra y contra el capitalismo ecocida, etnocida y genocida, que en estos tiempos pretende despojarnos de nuestros territorios, habitados por los primeros pobladores de las naciones, pueblos y tribus de América y el mundo”.
En octubre, más de 100 grupos conformaron el Frente Nacional Contra la Represión ante lo que señalan como la nueva fase de una guerra sucia contra los luchadores sociales y para evitar “otro baño de sangre desde los aparatos represivos del Estado”. Los integrantes consideran que se está repitiendo el patrón de torturas clandestinas, persecución y desapariciones que predominó en la década de los años 70 en contra de quienes demandaban cambios políticos y económicos.

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:: ENFOQUE

Oaxaca: Un conflicto no resuelto

El día 14 de junio de 2006, un plantón de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que ocupaba el centro de la ciudad de Oaxaca, fue violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad pública. Como consecuencia de estos hechos y de un malestar ya creciente en la población, protestas generalizadas estallaron en el estado de Oaxaca, encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), para exigir la salida del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz.

El 27 de octubre de 2006, después de un enfrentamiento violento, el gobierno federal autorizó el envío de más de 4,500 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), practicando numerosas detenciones que dieron lugar a denuncias generalizadas de malos tratos. Otro enfrentamiento tuvo lugar el 25 de noviembre de 2006: provocó graves daños en edificios públicos y la detención de más de 149 personas.

Del 3 al 12 de agosto de 2007, realizamos una visita al estado en base a la que elaboramos un informe que trata de ofrecer una visión de la situación en el estado (“Oaxaca un conflicto no resuelto: actualización”). Este artículo pretende hacer un resumen del mismo.

© oaxacaenpiedelucha.blogspot.comEl 5 de agosto de 2007, día de las elecciones para el Congreso del estado, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz declaró a la prensa: “es ahí donde los ciudadanos deciden qué es lo que quieren, qué es lo que apoyan y seguramente votan por la paz. […] Muchos decían que se iba a reactivar el conflicto, muchos decían que no iba a haber Guelaguetza [fiesta popular oaxaqueña], muchos decían que iba a haber violencia en las elecciones. Son puras especulaciones, los oaxaqueños estamos en paz.” Sin embargo, varios elementos del contexto parecen poner en tela de juicio tal aseveración.

FOTO: Policia y autobuses bloqueados en la calle - © Oaxaca en Pie de Lucha

Sobre el enfrentamiento del 16 de julio

El 19 de julio, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos (RODH) denunciaba: “El conflicto iniciado el año pasado sigue vigente, Oaxaca NO ESTÁ EN PAZ como lo  afirma y difunde  el gobierno del Estado en todos los medios de comunicación estatales” (1).

Antecedentes

Desde varios días antes del enfrentamiento, diversos eventos permitían vislumbrar el riesgo de una confrontación violenta de este tipo. El 14 de junio del 2007 se realizó una marcha en conmemoración del operativo policial del año anterior. Miles de personas participaron en la manifestación, dejando claro que la agenda social que había venido movilizando a gran parte de la población de Oaxaca seguía siendo vigente. A partir del 18 de junio, se instaló un plantón representativo en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca.

El 21 de Junio, la APPO se declaró en máxima alerta y denunció “la agudización de la guerra de baja intensidad que Ulises Ruiz desarrolla en contra del pueblo de Oaxaca”. El 27 de Junio, se instaló una mesa de negociación entre el magisterio, la APPO y el Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Manuel García Corpus. Entre los temas discutidos en las semanas siguientes estuvieron la revisión de expedientes de los detenidos y la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes.

Guelaguetza Popular - © SIPAZEl 12 de Julio se estableció la Asamblea Estatal del Magisterio, que decidió boicotear la “Guelaguetza Oficial” y organizar en cambio una  “Guelaguetza Popular”. Un testimonio de un representante de la COFADAPPO (Comité de Familiares y Amigos de los Desaparecidos, Asesinados y Presos Políticos de Oaxaca) nos permite entender lo que estaba en juego para el movimiento social: “tradicionalmente, los lunes en el Cerro eran momentos de convivencia. Cada pueblo del estado llevaba sus productos, su baile. Pero el gobierno empezó a comercializar el evento con boletos de 500 pesos. Ya venían grupos de danza, no los pueblos. (…) Fue un robo descarado del gobierno. Nadie sabe dónde el dinero va a parar. Es más bien la caja de ahorros del gobierno en turno”.

 

Una integrante de la Sección 22 explicaba: “Por parte del magisterio, la idea era boicotear la Guelaguetza realizando un evento que demostrara la fuerza que todavía tiene el movimiento. La primera intención era realizar la fiesta en el Cerro del Fortín, y de no ser posible, en otro lugar donde haya seguridad para los compañeros. No queríamos más muertos, ni detenidos”.

El 13 de Julio, la Presidenta Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido del gobernador), Beatriz Paredes, realizó un mitin con los candidatos a diputados y militantes de su partido en el “Auditorio Guelaguetza” ubicado en el Cerro del Fortín. A partir de este momento, el Cerro fue cercado con la presencia de diversas corporaciones policíacas.

© Oaxaca en Pie de Lucha
Fiesta de la Calenda, 15 de julio
Oaxaca en Pie de Lucha)

Los hechos

El 16 de julio, salieron en la mañana contingentes de manifestantes del zócalo de la Ciudad de Oaxaca en dirección al Cerro del Fortín. Al llegar en las inmediaciones del Auditorio Gelaguetza se encontraron con vallas de policías resguardando el lugar.

Sergio Segreste, Secretario de Protección Ciudadana, nos explicó su presencia de esta manera: “Se implementó un operativo de seguridad para proteger el Foro Guelaguetza. Oaxaca vive exclusivamente del turismo y de las remesas. No hay industria. La Guelaguetza es una oportunidad importante. El año pasado se suspendió. (…) Por otro lado, estaba el anuncio del boicot y la realización de la Guelaguetza popular. Se realizó una tarea disuasiva más que preventiva”.

Según testimonios, el ambiente era todavía de fiesta. Se intentó una negociación para permitir el acceso de los manifestantes al Cerro, pero las corporaciones policíacas les siguieron impidiendo el paso. La presión iba subiendo en medio de las consignas: “Al Fortín, al Fortín, vamos todos al Fortín”, “Ulises, entiende, la Guelaguetza no se vende”. A partir de ahí, las versiones no cuadran.

FOTO: Uno de los incendios en Oaxaca, el día 16 de julio -© Oaxaca en Pie de Lucha

Del lado oficial, se afirma que la agresión se dio del lado de los manifestantes. Según Sergio Segreste, presente en el Cerro del Fortín aquel día: “Nos aventaron un castillo de cohetes para romper el cerco de seguridad. (…) Repelimos la agresión. Se volvió más violento. (…) El cerco avanzó. En la esquina donde se encuentran los semáforos, un bus se estrelló hacia un negocio. Secuestraron 6 buses y una camioneta del hotel. Había instrucciones a los comandantes de las policías: detener, someter y entregar. Posiblemente hubo excesos. Vi mucho coraje, mucha violencia que propició reacciones humanas por parte de los policías”.

...

Del lado de los manifestantes, existen varias versiones, reconociendo la mayoría que entre tanta tensión, enojo y confusión, cualquier hecho por parte de infiltrados o de la policía hubiera bastado para detonar la violencia.

© Difusión Emeterio Marino CruzLos saldos

El choque violento dejó por lo menos 60 heridos de ambos bandos (15 de ellos agentes policíacos). Dos de gravedad fueron hospitalizados. 42 personas fueron detenidas, algunas de ellas tiempo después o lejos del lugar de los hechos. Entre los 42 detenidos había 6 menores de edad, que salieron al día siguiente.

En entrevista con SIPAZ durante esta visita, el Procurador de Justicia del estado de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, afirmó en referencia a las detenciones: “Encontramos una reja de botellas/bombas molotov. Las detenciones se hicieron en flagrancia. Los muchachos prendieron fuego a la palapa del hotel, hubo daño a un negocio. Por eso les detuvieron. (…) La policía repelió la agresión. Desde luego estamos en contra de los excesos. Pero somos seres humanos. El ser policía no nos priva de derechos humanos”.

Independientemente de la presencia o no de delitos (y todavía quedaría por vincularlos a las personas detenidas), en términos de derechos humanos, el saldo de la represión no deja de ser preocupante. Muchas fotos del mismo enfrentamiento dejan varias preguntas sin respuesta. Por ejemplo, en las de las personas detenidas e inicialmente llevadas al estacionamiento del auditorio, en lugar de al Ministerio Público, se puede ver a detenidos de rodillas, con los ojos vendados, sin zapatos y evidentemente humillados. En casos concretos, como el de Hemeterio Marino Cruz (hospitalizado en situación de gravedad), ¿qué pasó para que fuera presentado con tantas lesiones horas después de entregarse sin resistirse en el momento de la detención?

Una semana después del enfrentamiento, se realizó la “Guelaguetza oficial” en medio de un fuerte dispositivo policíaco. La Guelaguetza oficial fue un fracaso. Sólo con policías y acarreados pudieron llevar gente al Auditorio Guelaguetza, que no es de Ulises, es del pueblo”, aseguró Erangelio Mendoza, concejal de la APPO.

FOTO: Emeterio Marino Cruz, detenido por dos policías - © Difusión Emeterio Marino Cruz

¿"Crísis institucional en Oaxaca"?

© DIfusión Emeterio Marino CruzEn el boletín de la RODH sobre los hechos del 16 de julio ya citado, se subrayaba: “Es importante mencionar que la violencia nuevamente desatada es porque el  conflicto no está solucionado, no hay respuestas a las demandas sociales que lo originaron, al contrario”.

Marcos Leyva de EDUCA recalca: “En los últimos 3 años (2004-2007), Oaxaca ha vivido una situación institucional de crisis severa que ha llevado el estado a una emergencia social y política”. La situación empeoró en el 2006 a raíz de la crisis política posterior al 14 de junio, al generar mayor polarización de las posiciones políticas en torno al conflicto por un lado y por los altos saldos de violencia vinculada al mismo por el otro.

Alma Soto, del Comité  25 de Noviembre, agrega: “En Oaxaca, no existe un estado de derecho. Desde el 14 de junio pasado, se han presentado varios enfrentamientos (…). En este plazo, 600 personas han sido detenidas de manera arbitraria e ilegal por cuerpos policíacos, parapolicíacos y militares después de 4 a 6 horas tras los enfrentamientos. Se han dado traslados a zonas militares. Se ha mantenido a los detenidos en incomunicación total y luego se han presentado dificultades de acceso a las causas penales por parte de los familiares y abogados. Existe una falta de seguridad para los abogados y defensores”.

FOTO: Emeterio Marino Cruz, algunos días después de la golpiza - © Difusión Emeterio Marino Cruz

Numerosas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han venido denunciando graves violaciones a derechos humanos de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades. De acuerdo con estas fuentes, los principales responsables de estos abusos han sido agentes de la policía municipal, estatal y federal, y en numerosos casos elementos policíacos no uniformados o grupos de personas armadas coordinadas, al parecer, con las fuerzas de seguridad (ver la sección Derechos Humanos del informe de SIPAZ).

© Oaxaca en Pie de Lucha

Un periodista herido
Oaxaca en Pie de Lucha)

Sobre las elecciones

Agosto: elecciones estatales

Aspecto de la votación en Oaxaca - © NotimexLas elecciones del 5 de agosto se llevaron a cabo en un contexto de relativa tranquilidad, mucho más en todo caso que lo que el contexto pre-electoral dejaba prever. En una Declaración Pública previa, el magisterio denunció: “Ulises Ruiz Ortiz ha organizado unas elecciones de estado, lo que explica por qué ha reprimido con constante saña, para desmovilizar a la ciudadanía, (…) para inducir el voto del miedo y lograr el voto duro de su partido, para disminuir el voto de castigo en su contra”. Los partidos de oposición también denunciaron la vigencia de las viejas prácticas priístas como la coacción del voto, la compra de votos y el acarreo de votantes.

Se instalaron el 98.87% del total de 4,574 casillas. El gran ganador de estas elecciones fue el abstencionismo. Más de 1 millón 500 mil personas (70% de los votantes) prefirieron no ir a votar. El PRI mantuvo la mayoría en el Congreso, lo cual dará mayor estabilidad al gobierno de Ulises Ruiz para los próximos 3 años. Desde el lado de la protesta social, se teme que el gobierno pueda aprovechar esta situación para tomar venganza, asfixiando a las comunidades que se hayan rebelado contra el poder ejecutivo.

¿Cómo entender que el PRI siga ganando a pesar del descontento social, aún con porcentajes reales muy bajos? Según Marcos Leyva de EDUCA, “Los partidos políticos no han podido leer lo que fue el movimiento social. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) ha tenido un papel ambiguo y lo sigue teniendo. Eso ha tenido su impacto en la gente. Si quieres apostarle a que no sea un Congreso priísta, vas a lista de la Coalición por el Bien de Todos y ahí están muchos del PRI”.

FOTO: Aspecto de la votación en Oaxaca - © Notimex

Octubre: Elecciones municipales

El proceso para elegir 152 presidentes municipales mediante el sistema de partidos políticos (de los 570 que forman el estado, los demás eligen sus autoridades por usos y costumbres) se efectuó en medio de una fuerte tensión política y se saldó con varios enfrentamientos, algunos a balazos, de los que resultaron 13 heridos. En el municipio de Santiago Laollaga, no se pudo realizar la elección. Abundaron las acusaciones de compra y coacción del voto, además de acarreo de electores, principalmente contra el PRI. En forma parecida a las elecciones estatales, la abstención fue bastante alta (más de 45%). En total, el PRI ganó 90 de las 151 alcaldías en contienda.

El movimiento social

La APPO

En los últimos meses, la APPO ha sufrido cierta dispersión, en parte por las consecuencias de la represión y en parte por las diferencias ideológicas que han existido dentro de la Asamblea desde un inicio y que se vieron momentáneamente superadas al tener todos los integrantes una demanda conjunta: la salida del gobernador Ulises Ruiz.

Por otro lado, los señalamientos de corrupción y errores en el liderazgo se han venido multiplicando. Según un integrante de VOCAL (Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad), “la gente está cansada de los “representantes”. Volvieron a depositar su esperanza en los líderes. Pero hoy, cuando terminan las marchas, la gente no se queda a escuchar los discursos”.

Aunque es difícil pensar en escenarios frente a la complejidad adquirida por el conflicto, Marcos Leyva de EDUCA nos dijo: “Hemos visto a la APPO como instancia organizativa con sus 252 concejales. Pero la APPO no es una estructura formal. Sin embargo hay cosas que se van quedando: el espíritu, el virus de la APPO (…) hay un despertar. La gente ya no quiere callarse ni aguantar. (…) Ahí está la aportación de la APPO. Como expresión organizada, se va a requerir creatividad para mantenerla”.

El magisterio

El magisterio está también atravesando un momento complejo. Su principal dirigente, Pacheco Rueda, que había sido fuertemente señalado por su papel en las negociaciones del año pasado, ha desaparecido de la escena política. Todavía no se ha llamado a elecciones internas. Como ya es sabido, la Sección 22 ha sido la columna vertebral de la APPO, quien le ha dado estructura al movimiento popular. La pregunta es si van a querer mantener tal liderazgo, en particular ahora que el sindicato ha obtenido más ventajas que nunca para el magisterio.

Marcos Leyva nos dijo: “Ha habido un fuerte desgaste al interior. La Sección 22 solía conseguir sus demandas gremiales aplicando el lema 'movilización-negociación-movilización'. No quieren perder la posibilidad de negociar. El empezar a tener un papel de vanguardia ha sido algo difícil de asumir”.

EPR y opción armada

En julio de 2007, el Ejército Popular Revolucionario (EPR, grupo armado que apareció en México en 1996) se declaró responsable de explosiones en los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicados en Guanajuato y Querétaro. Manifestaron que forman parte de una campaña de hostigamiento para que dos de sus integrantes (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez) desaparecidos en Oaxaca desde mayo de 2007 fueran presentados con vida. Posteriormente, el EPR reivindicó la explosión de un petardo ocurrida el primero de agosto en un centro comercial en Oaxaca, y advirtió que está dispuesto "a darle continuidad" a su campaña.

Muchos de los actores entrevistados subrayan que el EPR ha sido usado más bien como una cortina de humo del gobierno, en particular en momentos electorales. Sergio Beltran de Unitierra nos comentaba: “Seguramente existen retazos del Partido Democrático Popular Revolucionario (PROCUP). Después de la muerte de Lucio Cabañas, es posible que el EPR haya logrado juntar a células más o menos desarticuladas. (…) En lo inmediato, le sirve a URO como forma de presionar al poder federal para que intervenga”.

Marcos Leyva de EDUCA decía por su parte: “El EPR existe y tiene una presencia fuerte. (…). Aquí entramos en el mundo de la izquierda subterránea donde se dan alianzas tácticas pensando en llevar a cabo una guerra popular prolongada. En las barricadas se vieron acciones que te hacían concluir que no aprendieron en tres noches. Hay gente formada. Es un factor que hay que tener en cuenta.”.

Se ha señalado reiteradamente que el cierre de canales de diálogo y negociación podría arrinconar a los movimientos sociales a radicalizar sus modos de lucha. Un artículo de Gustavo Esteva “Desnudar la verdad” (julio de 2007), resulta muy claro en este sentido(2): "En un clima como éste, cuando la gente se siente agotada por estos procesos democráticos interminables, sólo para que al final se le humille, ¿qué se supone que debe hacer? Desde luego, no se trata de que las opciones sean binarias: violencia o no violencia... Pero cuando la gente decide recurrir a la violencia porque todas las demás opciones han terminado en la desesperación, ¿debemos condenarlos?..."

En medio de tanta tensión un acto que espontáneamente se dio el 16 de julio pasado merece ser mencionado: a pesar de la represión imperante, unas 40 personas se sentaron y se mantuvieron inmóviles en una acción no violenta de resistencia civil. Después de una hora la policía se marchó del lugar. Uno de los participantes comparte su testimonio: “Me detengo a mirar calle abajo, sentado en el pavimento con los ojos llorosos y ardor en la garganta, tras de mí se escuchan ruido de toletes y botas. Pero mi atención se centra en las cuatro calles hacia abajo que se encuentran cerradas por una multitud de gente que observa asombrada y asustada como estamos sentados impidiendo el paso a los policías. De pronto alguien comenta "se van" y a diferencia de combates anteriores no se escucha ni una mentada de madre. Luego como en las películas, la lluvia comienza a caer, todavía en silencio me levanto y pienso que, esta vez, hemos ganado la batalla”.(3)

Notas:

  1. Boletín de la RODH Volver ...
  2. Artículo de Gustavo Esteva Volver ...
  3. Leer testimonio Volver ...

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:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De Agosto a mediados de octubre de 2007

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

El 14 y 15 de agosto, participamos en un taller sobre “Análisis de riesgos y medidas de protección para defensores de derechos humanos organizado por la Consejería en Proyectos.

CHIAPAS

Zona Norte

En octubre, antes, durante y después de las elecciones, estuvimos en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores de la región: dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, bases de apoyo zapatistas, así como organizaciones campesinas y sociales. También llegamos a Choles de Tumbalá, cerca de Palenque, comunidad zapatista desplazada durante tres meses del 2006 tras un violento desalojo.

Altos

El 29 de septiembre, asistimos a la inauguración del mercado público autónomo “1º de enero” en la cabecera del municipio de San Andrés Sakamch’en de los Pobres. A pesar de las denuncias de amenazas en contra del consejo autónomo unos días antes del evento, miles personas de la zona participaron en la celebración.

Selva/Cañadas

- El 8 de agosto asistimos al Foro contra la Represión que se realizó en la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo con la participación de representantes de organizaciones agrupadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, San Luís Potosí, Veracruz y Michoacán.

- El 6 de septiembre, acompañamos la reubicación de las familias de Nuevo San Manuel y de Buen Samaritano (Montes Azules), desalojados de sus comunidades el día 18 de agosto pasado. Fueron trasladados de La Trinitaria a Ocosingo.

- En octubre, nos entrevistamos con varias organizaciones no gubernamentales, religiosas y sociales en Ocosingo, Chilón, Bachajón y Yajalón.

Caracoles/Otra Campaña

- Realizamos por lo menos una visita a 3 de los 5 Caracoles.

- En octubre, estuvimos presentes como observadores en el Primer Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, realizado en territorio yaqui, en Vicam, Sonora (al norte de México).

OAXACA

En agosto, realizamos una visita de 10 días a Oaxaca alrededor de las fechas de las elecciones al Congreso del estado. Nos entrevistamos con diversas organizaciones sociales, ONGs y autoridades gubernamentales (ver informe “Actualización: Un conflicto todavía abierto: la situación socio-política y las violaciones a derechos humanos en Oaxaca”). También visitamos a David Venegas y Adán Mejía en la cárcel de Ixcotel.

GUERRERO

Actualizamos la Sección Guerrero en nuestra página Web

INFORMACION

- Recibimos visitas, delegaciones (por ejemplo de Chiapas Peace House Project o Unitierra Oaxaca), estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.

- En agosto, asistimos a un taller sobre la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN) co-convocado por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria (CIEPAC) y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

- En agosto, empezamos a co-convocar con CIEPAC y la Red de Defensores Comunitarios el espacio mensual de reflexión, análisis, debate y aportes de En Voz Alta

PROMOCION DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

- En septiembre, participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión convocado por el Grupo Ecuménico de Análisis de la Coyuntura de la Realidad (GEACR) del que somos partes.

- Estamos facilitando talleres de transformación de conflictos con DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas).

- En agosto, en San Cristóbal de Las Casas, facilitamos un diplomado de 5 días “Ministerios de Constructores de Paz en contextos de violencia” convocado por el Seminario Intercultural Mayense.

ARTICULACION

- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

- El 16 de agosto, co-convocamos con el Colectivo Ik una reunión de organizaciones trabajando con pres@s en la que los participantes intercambiaron información, acciones y analizaron la problemática.

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