:: COYUNTURA

México: A un año de las elecciones del 2006

Hace un año, en un contexto social sobrecalentado, se anunciaban serios riesgos de ingobernabilidad y de brotes de violencia para el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Las manifestaciones sociales a lo largo del 2006 y las masivas protestas postelectorales reflejaban una sociedad polarizada y enfrentada.

Un año después, el contexto parece ser otro, por lo menos según lo que presentan los medios masivos de comunicación. Aunque no se hayan resuelto las causas de fondo de las inconformidades sociales expresadas en 2006, el nuevo gobierno ha logrado actuar en un aparente regreso a la “normalidad democrática”.

Ha planteado una estrategia de “mano firme”, usando las fuerzas armadas en su implementación (ver también el Enfoque en este informe). No obstante, los operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico no parecen haber logrado su cometido: no pasa un día sin que se reporte una ejecución, una emboscada o un tiroteo. Desde el inicio del año, el número de ejecutados ha superado los 1.200.

En lo económico, se ha avanzado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, siendo uno de sus ejes el estado de derecho y la seguridad. Se ha confirmado el relanzamiento del controvertido Plan Puebla-Panamá⁽¹⁾ con la realización en abril de una cumbre en Campeche (México), en donde participaron jefes de estado de Centro y Sudamérica y gobernadores mexicanos. Nuevas leyes aprobadas y en debate (laborales y fiscales en particular) han levantado fuertes discusiones e inconformidades.

Movimiento lopezobradorista: una fuerza con la que hay que seguir contando

Como se señaló, el año pasado México vivió una grave crisis política a raíz del proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD, junto a Convergencia y al Partido del Trabajo, PT), después de denunciar un fraude electoral en su contra, ha tratado de canalizar políticamente a las 15 millones de personas que habían votado por él y de fortalecer la Convención Nacional Democrática (CND) conformada en septiembre de 2006 y que lo nombró “presidente legítimo”. Se ha propuesto recorrer los 2 mil 500 municipios del país. Paralelamente, se ha creado la red nacional de representantes del “Gobierno Legítimo”. A la fecha, se ha registrado un millón de representantes, siendo la meta contar con 5 millones hacia finales del próximo año.

Este proceso ha sido muy poco cubierto por los medios masivos de comunicación. En junio, el equipo de AMLO denunció un nuevo golpe en su contra cuando HSBC (Hong Kong & Shanghai Bank Corporation) decidió cancelar ''por convenir a sus intereses'' la cuenta que servía para el depósito de las aportaciones de los partidarios del ''gobierno legítimo''.
Aunque muchos venían señalando la pérdida de fuerza del movimiento lopezobradorista por su menor capacidad de convocatoria, el 1 de julio volvió a llenar el zócalo de la Ciudad de México. En este marco, el Frente Amplio Progresista (FAP, integrado por los tres partidos que respaldaron a AMLO en las elecciones del 2006) reafirmó a AMLO como “presidente legítimo” de México. López Obrador comenzó su discurso afirmando: “A un año del fraude electoral, podemos decir con orgullo y decisión, que la derecha y sus aliados se equivocaron. Aquí estamos, aquí seguimos, convencidos más que nunca de la necesidad de llevar adelante un proyecto alternativo de nación”.

Abarcó posteriormente las principales problemáticas que han ocupado la atención nacional en los últimos meses, como la ley del ISSSTE (reforma laboral para trabajadores al servicio del Estado), que fue tema y lema de movilizaciones masivas en mayo, la migración o la situación del campo mexicano. En cuanto a la reforma fiscal anunciada por el nuevo gobierno, AMLO dijo: “hago un llamado respetuoso a diputados y senadores del Frente Amplio Progresista a que por ningún motivo aprueben la llamada reforma fiscal. Cero negociaciones con quienes sostienen una política contraria al pueblo y entregan la soberanía nacional al extranjero”.

Desde el año pasado, en la izquierda mexicana se ha experimentado una tensión entre una lógica de movimiento social y otra que sigue respectando la vida partidaria e institucional. Por ejemplo, en contra de la determinación de rechazar la propuesta de reforma fiscal, asumida en la CND, el Consejo Nacional y los gobernadores del PRD rechazaron las "posturas maximalistas" y decidieron no excluirse de las discusiones sobre el tema en el Congreso de la Unión. También cabe subrayar que en muchos comicios locales la unidad de los partidos integrando el FAP no se ha mantenido. Estos partidos han enfrentado luchas internas y reacomodos muy poco propicios para encabezar una oposición articulada.

La Otra Campaña sigue su ruta

A finales de marzo, en un acto realizado en  San Cristóbal (Chiapas), Vía Campesina y el “Movimiento Sin Tierra” (MST) de Brasil se sumaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en su llamado a una “Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos”. A mediados de abril, más de 200 organizaciones y personas de 40 países se habían solidarizado con esta campaña.

La segunda etapa de la Otra Campaña, iniciativa impulsada desde 2005 por el EZLN para formar un frente de lucha anticapitalista de izquierda, se puso en marcha con la salida de tres delegaciones de comandantes, comandantas y el subcomandante Marcos, que recorrieron el norte del país hasta principios de junio.

En mayo, a un año de los hechos de violencia en Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, parte de la Otra Campaña, denunció la falta de voluntad política para castigar a los culpables de dos asesinatos, 26 violaciones sexuales y actos de tortura. Para varios analistas, Atenco representó la apertura a la criminalización de la lucha social, un dato que pareció comprobarse cuando unos días después un juez condenó a 67 años de prisión a tres de los líderes de este movimiento por "secuestro equiparado" (por haber retenido a funcionarios durante unas horas).

Del 21 al 30 de julio, se realizó en tres de los 5 Caracoles zapatistas el Segundo Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo con la participación de más de 3 mil personas.

Resurgimiento de la “opción armada”

Recientemente, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con presencia reconocida en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se responsabilizó de ocho cargas explosivas detonadas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicados en Guanajuato y Querétaro. Manifestaron que forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón y reclamaron que dos de sus integrantes desparecidos en Oaxaca desde mayo fueran presentados vivos por las autoridades. Posteriormente advirtió sobre la realización de nuevos ataques, hasta que sus compañeros sean liberados.

Unos días después, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (grupo armado que reivindicó las bombas contra las sedes del Tribunal Electoral y del Partido Revolucionario Institucional, en México DF en noviembre de 2006) exigió la presentación con vida de los miembros del EPR desaparecidos y llamó a sus propios militantes a que estén atentos “para actuar militarmente”. Al final de julio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP, escisión del EPR) advirtieron que se encuentran “discutiendo para decidir lo que nadie quiere, pero la vorágine nos arrastra hacia allá”. Se ha señalado reiteradamente que el cierre de canales de diálogo y negociación podría arrinconar a los movimientos sociales a radicalizar sus modos de lucha.

Fuertes cuestionamientos en materia de derechos humanos

En marzo, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló a México como un ejemplo de país con tendencia a la criminalización de la protesta social de los pueblos indígenas y a la represión por la fuerza pública⁽²⁾.

En abril, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, visitó México. En el informe que organizaciones civiles entregaron sobre la situación de los derechos humanos en el país, destacan que el gobierno del presidente Calderón ha dado muestras de disminuir el perfil de la política en la materia: "no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre cuál será su política en este tema". La CIDH censuró el alto índice de ataques contra defensores de derechos humanos en México. En Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registró 20 agresiones tan sólo en el 2006. El caso más reciente: en febrero, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria (CIEPAC) recibió una amenaza de muerte anónima.

En mayo, la presidenta de Amnistía Internacional, sección México, afirmó que la actuación del nuevo gobierno en materia de derechos humanos ''ha sido decepcionante. Hasta hoy no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones'' existentes. Señaló que la impunidad es el fenómeno más arraigado ''en todos los casos de abuso de derechos humanos en México, y es también el reto más importante de este gobierno”⁽³⁾.

Chiapas: entre impunidad y nuevos conflictos

En abril, en España, Luís H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ex-Comisionado gubernamental para la Paz en Chiapas señaló que para resolver la situación de marginación las comunidades indígenas de México no era necesario resolver el conflicto chiapaneco, algo que ni siquiera reconoció como tal. Señaló que el "EZLN ya no es un interlocutor para el gobierno de Felipe Calderón”, ya que ni representa ni está integrado por las comunidades indígenas⁽⁴⁾.

En todo caso, varios aspectos vinculados al conflicto armado iniciado con el levantamiento zapatista de 1994 siguen presentes y exigiendo respuesta en la actualidad. Prueba de ello, en marzo, grupos de desplazados por la militarización y la violencia exigieron al nuevo gobernador Juan Sabines solución a sus ya viejas demandas: "Vivimos el desplazamiento forzoso de nuestros lugares de origen, algunos desde 1994. Hemos padecido falta de respeto a nuestros derechos como indígenas y no indígenas, amenazas, violencia, maltrato a mujeres y niños, hambre y muerte”⁽⁵⁾.

Por otro lado, el gobernador anunció “la creación de una Fiscalía Especial para el caso Acteal (…) para investigar la verdad de los [45] homicidios ocurridos el pasado 22 de diciembre de 1997, los cuales lastimaron la conciencia de Chiapas y de México, y no quedarán impunes”. Sin embargo, hasta la fecha, dicha Fiscalía no ha presentado informes de las acciones que ha emprendido para cumplir con el anuncio oficial.

En cuanto a militarización (ver también el Enfoque), varios poblados siguen solicitando la salida del Ejército de sus tierras, por ejemplo, en marzo, el Nuevo Poblado 24 de Diciembre (antes Nuevo Momón⁽⁶⁾). En julio, el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) resaltó que si bien el Ejército ha retirado posiciones militares, arribaron nuevos cuerpos "de élite" con mayor capacidad ofensiva, coordinados directamente con el Campo Militar Número Uno de la ciudad de México y no con los habituales mandos de las zonas militares de Chiapas⁽⁷⁾.

Paralelamente, varias organizaciones sociales y no gubernamentales han denunciado la reactivación de grupos paramilitares en la zona Norte y Selva de Chiapas. Uno de los grupos más señalados ha sido la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), cercana al Partido Revolucionario Institucional (PRI). En noviembre de 2006, sus integrantes señalaron “Exigimos la desocupación inmediata de los terrenos que han sido ocupado por las bases de apoyo del EZLN (…), ya que de no hacerlo los ejidatarios tomarán las medidas necesarias para recuperar sus tierras que legalmente les corresponde”.

En marzo, el dirigente de la OPDDIC Pedro Chulín y al menos 25 de sus militantes fueron detenidos por la Fiscalía General del estado para esclarecer la presunta agresión y retención de que fueron objeto tres periodistas. Se ha mantenido bajo arraigo domiciliario a ocho de ellos y la organización parece haber bajado su perfil.

De manera generalizada, ha crecido la conflictividad en torno a las “tierras recuperadas” por bases de apoyo zapatistas después del levantamiento de 1994. Se habla de 500 mil a 700 mil hectáreas, aunque la problemática agraria en Chiapas es de por si mucho más amplia.

Un caso ejemplar: el 13 de noviembre del 2006, se realizó un ataque en contra de la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Según los testimonios de las víctimas, esta agresión fue perpetrada por comuneros de Nueva Palestina, así como por personas vestidas con uniforme de policías de Seguridad Pública. El balance fue de 4 muertos, 4 desaparecidos y desplazamiento forzoso de más de 30 personas.

Desde entonces, se ha denunciado que las autoridades no han realizado investigaciones conducentes a la localización de las personas desaparecidas. El 6 de julio pasado familiares de las víctimas y una Comisión Civil de Observación encontraron restos humanos y ropa de por lo menos dos personas. Por la vestimenta, los restos encontrados pertenecerían a dos de los desaparecidos, por lo que podrían sumar 6 las personas asesinadas en la agresión.

Otro tipo de caso: desde 2006, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos declaró que “las bases de apoyo zapatistas de la comunidad “Huitepec Ocotal segunda sección” [cerca de San Cristóbal] proponen declarar 102 hectáreas como ‘Reserva ecológica Comunitaria zapatista’”. Casi paralelamente, un decreto oficial anunció la creación del área natural protegida Huitepec-Alcanfores, incluyendo la Reserva Zapatista. Para respaldar su control de la zona, la JBG ha instalado campamentos civiles de observación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que el gobierno incumplió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la recomendación hecha por el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen (2003): “La creación de nuevas reservas ecológicas en regiones indígenas sólo deberá hacerse previa consulta con las comunidades afectadas, y el gobierno deberá respetar y apoyar la decisión y el derecho de los pueblos indios a establecer en sus territorios reservas ecológicas comunitarias”.

Otro tema recurrente en los procesos organizativos locales han sido las altas tarifas de la luz. En junio, más de dos mil indígenas y campesinos de las zonas Frontera, Selva y Altos de Chiapas, adheridos a la Otra Campaña, marcharon en Comitán para protestar por la represión que ejerce la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en contra de quienes se hallan en resistencia de pago.

Oaxaca: nuevos enfrentamientos recuerdan que la problemática político-social en el estado sigue sin resolverse

En marzo, el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) afirmó que los operativos implementados en Oaxaca a finales del año pasado no tenían como objetivo restablecer el orden después del conflicto social prolongado iniciado en junio de 2006, sino "buscar una forma de paralización e inmovilización social". En conferencia de prensa, señalaron que es "una ingenuidad pensar que el conflicto está resuelto", y advirtieron que "posponer las medidas de justicia puede desatar nuevamente la violencia".

En las mismas fechas, el ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, reconoció que durante el conflicto, ocurrieron violaciones graves de los derechos humanos (torturas, detenciones arbitrarias y la muerte de al menos 20 personas), aseverando que el conflicto "aún no está resuelto, se ha pospuesto su solución, pero sigue en ebullición y puede venir un estallamiento social más violento".

Sin embargo el tema dejó de ocupar la primera plana de los periódicos por un tiempo. El 14 de junio, a un año del inicio del conflicto, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) concluyó sin incidentes una marcha masiva. Frente a esta manifestación, el Gobernador Ulises Ruiz aseguró que la situación en el estado es normal, ya que las marchas son parte de la vida cotidiana y el conflicto que estalló en 2006 está totalmente superado.

El gobierno federal también marcó distancia. El Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que las movilizaciones en esa entidad y las exigencias de la APPO son responsabilidad exclusiva del gobernador: "Hemos cumplido a plenitud; toca al gobernador Ruiz resolver (el conflicto) a tiempo para que no se reactive".

El 16 de julio, a una semana de que comiencen las festividades tradicionales de la Guelaguetza, la violencia volvió a estallar en Oaxaca: durante más de tres horas, miembros y simpatizantes de la APPO se enfrentaron con policías, dejando un saldo de por lo menos 40 personas heridas de ambos bandos y 60 detenidos.

A raíz de estos hechos, laAPPO demandó a la Secretaría de Gobernación la reinstalación de la mesa de diálogo para detener la ''nueva campaña de represión'' y solucionar el conflicto. Mientras la renuncia del gobernador de Oaxaca sea el tema que se pretenda discutir en una mesa de negociación para la entidad, la instalación de la misma "no está en manos" de la Secretaría de Gobernación, fue la respuesta federal. Unos días después, se realizó una marcha silenciosa con la participación de miles de oaxaqueños sin ningún incidente, en medio de una gran movilización policíaca.

El lunes 23, día inicial de las festividades regionales, se realizó la “Guelaguetza oficial” en medio de un virtual estado de sitio. Erangelio Mendoza, concejal de la APPO aseveró “Sólo con policías y acarreados pudieron llevar gente al Auditorio Guelaguetza”. Paralelamente, en las calles del centro de la capital miles de personas se manifestaron nuevamente

Si bien no hubo enfrentamientos en este día, se teme que la violencia pueda volver a surgir. Cabe subrayar que se realizarán elecciones estatales en Oaxaca el 5 de agosto, otro hecho que podría provocar nuevas tensiones. Por otro lado, los señalamientos de posible vinculación entrela APPO y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) podrían justificar acciones represivas de mayor calado.

Notas:

1. Propuesta de cooperación que busca integrar a la región mesoamericana para promover el desarrollo integral de la misma.
2. Artículo de la Jornada
3. Artículo de La Jornada
4. Artículo de La Jornada - Resultado Suplementario
5. Artículo de fines de febrero
6. Artículo de La Jornada
7. Artículo de La Jornada
   

:: ENFOQUE

Militarización en México: grave amenaza para los derechos humanos

"Sin la lealtad de las fuerzas armadas, la lucha por mantener las libertades, la democracia, la justicia, el orden jurídico y la paz sería errática e intransitable."
General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional

Militarización en América Latina, tendencias generales

La militarización en México se encuadra en un proceso histórico que afecta a toda América Latina. Durante la Guerra Fría, se implantó la militarización (promovida y apoyada desde los Estados Unidos debido a sus intereses políticos, económicos y comerciales) como defensa ante el “peligro comunista”, que se presentaba en la región en forma de guerrilla revolucionaria. Tras la caída del Muro de Berlín, la "guerra contra las drogas" y la más reciente "guerra contra el terrorismo" han servido como justificación para implicar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, no relacionadas con la defensa exterior.

Vehículo militar en la Comunidad de Zapata,
Municipio de San Manuel, Chiapas
(Foto: Roberto Stefani - © SIPAZ)

En los últimos años, varios países, y especialmente Colombia, han recibido apoyo económico y militar desde los Estados Unidos en el marco de la lucha contra el narcotráfico. El Plan Colombia⁽¹⁾, implementado desde 1999, supone la entrega de Estados Unidos de cientos de millones de dólares anuales destinados sobre todo (82%) a presupuesto militar. Ha sido muy criticado por fortalecer indirectamente a grupos paramilitares, provocar violaciones de derechos humanos y debido a que las fumigaciones aéreas de cultivos afectan seriamente a la salud y al medio ambiente. Recientemente se han dado a conocer los proyectos de los presidentes Calderón y Bush para aumentar las ayudas de los Estados Unidos a México en tecnología militar y asesoramiento (hasta 1.000 millones de dólares, según El Universal⁽²⁾), por lo que se habla ya de un "Plan México". El embajador de Colombia en México ha afirmado que en el país se vive una "colombianización buena", porque hay "respuesta muy fuerte" del Estado para combatir la criminalidad⁽³⁾.

Hoy en día, se denuncia que la implantación de políticas neoliberales en la región sigue requiriendo de una creciente militarización en América Latina. Debido a los intereses de las corporaciones transnacionales para controlar recursos (energéticos, y de forma creciente, relacionados con la biodiversidad), utilizar mano de obra barata y ampliar mercados, se sigue presionando a los gobiernos latinoamericanos para militarizar la zona. Se crea así un clima favorable a la inversión extranjera, pero peligroso para el respeto a los derechos humanos, en particular  de los pueblos indígenas y grupos opositores.

La nueva etapa de militarización en México

La creciente movilización del ejército en la lucha contra el narcotráfico (unos 30.000 efectivos en más de una decena de estados⁽⁴⁾), anunciada por el presidente Calderón desde el inicio de su mandato como una de las medidas "estrella" para garantizar la seguridad, es ya un hecho. A pesar de ser una política iniciada en los años 90 por el presidente Zedillo, es notorio el incremento de la presencia del ejército en funciones de seguridad pública. Los vehículos y uniformes militares forman ya parte del paisaje en todo el país, y resulta virtualmente imposible realizar un viaje de varias horas por carretera sin ser detenido por un retén militar.

Vehículo militar en la Comunidad de Zapata,
Municipio de San Manuel, Chiapas
(Foto: Roberto Stefani - © SIPAZ)

Justificación por parte del gobierno federal

El gran poder con que cuenta el narco es uno de los problemas más urgentes del país, especialmente por el enorme grado de violencia que provoca: más de mil personas asesinadas solamente en los primeros 5 meses de 2007⁽⁵⁾. Al encontrarse gran parte de los agentes de policía bajo las órdenes del narco (el 50 por ciento, según el periodista especializado Ricardo Ravelo), el gobierno federal ha optado por utilizar cada vez más al ejército en la lucha contra la narcodelincuencia, también debido a que la policía parece estar en inferioridad tecnológica y de armamento frente al narco.

Foto: Soldado mexicano destruyendo un plantío de amapola (Fuente Indymedia México)

Críticas: anticonstitucionalidad, escasa efectividad

Las críticas han llegado desde muy diversos frentes: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha pedido que el ejército sea "sacado de las calles y que cumpla exclusivamente su función (constitucional) de defensa de la soberanía nacional, no de la persecución de la delincuencia".

Además de la inconstitucionalidad, se han ofrecido distintos argumentos contra la implicación del ejército en estas labores: su escasa efectividad, la exposición de las fuerzas armadas a la corrupción que ha afectado de forma endémica a la policía y la escasa preparación del ejército para el trato con civiles, lo que deriva en abusos de autoridad y episodios de violencia. En palabras de la CNDH: "el Ejército no se está preparando para hacer funciones de seguridad pública, esto tiene que ser responsabilidad de los policías… hay violación a los derechos humanos y no se respeta la ley".

Diversas fuerzas de oposición interpretan a su vez que la movilización del ejército se realiza con el fin de criminalizar y reprimir la protesta social, que prevén se incremente por la oposición popular a las reformas estructurales propuestas por el Gobierno federal⁽⁶⁾.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hace el siguiente balance de los últimos seis meses: la violencia sigue creciendo en todo el país, el flujo de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México aumenta continuamente y el personal militar ha cometido una serie de graves violaciones a los derechos humanos⁽⁷⁾.

Homicidios y violaciones: casos paradigmáticos

En los últimos meses, México ha vivido gravísimos casos de violencia contra civiles por parte de las fuerzas armadas. Las víctimas provienen habitualmente de los sectores más vulnerables de la sociedad: personas pobres, indígenas y, especialmente, mujeres. En febrero, según informaciones corroboradas por Amnistía Internacional, Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 72 años, fue violada repetidas veces, golpeada y torturada por varios soldados en el estado de Veracruz, y murió más tarde a consecuencia de las lesiones. Pese a que la autopsia confirma la violación tumultuaria que sufrió y que sus últimas palabras fueron "los militares se me echaron encima", la tesis gubernamental, sustentada por el presidente Calderón y el ombudsman (titular de la CNDH) Soberanes, sostiene que la anciana murió debido a úlceras gástricas. Amnistía Internacional muestra su temor⁽⁸⁾ porque la investigación quede en manos de las autoridades militares, dificultando un juicio imparcial, y porque tanto la comunidad de Ernestina como los testigos puedan sufrir intimidación. Los pobladores han reclamado la salida del ejército de la zona.

En mayo, cuatro menores de edad fueron víctimas de violación y abuso sexual por parte de integrantes del ejército mexicano en el estado de Michoacán. Todas ellas trabajaban en un restaurante, cuya dueña estaba siendo investigada por el ejército por supuestos vínculos con el narco. Los militares llegaron vestidos de negro y camuflados. Tras interrogarlas, las amarraron, golpearon y fueron subidas a un helicóptero. Durante el vuelo fueron agredidas, insultadas y amenazadas con ser lanzadas al mar. Pese a pedirla, se les negó agua para tomar: "tienes sed, a ver dame unos mamucos para que se te quite". Una vez en el cuartel, fueron sedadas. Al despertar, continuaron los interrogatorios, los abusos sexuales y las torturas. Antes de liberarlas, se les advirtió que si denunciaban lo ocurrido, sus familias pagarían las consecuencias. La CNDH ha reconocido los hechos y ha pedido que se aclaren las responsabilidades.

El 1 de junio, dos mujeres y tres niños menores de 8 años perdieron la vida en el estado de Sinaloa. Viajaban en una camioneta pickup, que recibió el impacto de 24 balazos disparados por soldados. La versión oficial señala que éstos comenzaron a disparar porque el conductor de la camioneta no obedeció la orden de parar. Éste declara que los disparos se produjeron en la oscuridad, sin previo aviso. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa afirma que "fue un homicidio... les dispararon antes de llegar" al retén⁽⁹⁾. El conductor afirma que, una vez hubieron recogido a los heridos, tres convoyes militares diferentes entorpecieron su traslado. Tardaron 9 horas en llegar al hospital, cuando el camino se realiza habitualmente en 5. Al parecer, una asistencia médica a tiempo hubiera podido salvar sus vidas. La Procuraduría General de Justicia Militar ha detenido a 19 elementos del ejército, que serán juzgados en el fuero militar.

Soldado mexicano en un desfile
(© portierramaryaire.com)

Fuero militar: "impunidad de facto"

"Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero. (...) Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército."

Artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque la Constitución ordena que se limite el fuero militar para los delitos relacionados con la disciplina militar (rebelión, espionaje o deserción⁽¹⁰⁾), en todos los casos del apartado anterior, los presuntos responsables serán juzgados por tribunales militares. No faltan críticas contra este sistema: en 1998, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU emitió un informe sobre México, en el que afirmaba que ”el personal militar parece ser inmune a la justicia civil y es generalmente protegido por la justicia militar”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado que se recurra sistemáticamente al fuero militar para juzgar a miembros del ejército: ”la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas (...) y se produce una impunidad de facto”. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha señalado recientemente que el fuero militar resulta especialmente negativo en casos de violencia contra las mujeres: éstas temen acudir a los tribunales militares, convirtiéndose en "las víctimas idóneas de un sistema disfuncional"⁽¹¹⁾.

Chiapas: la militarización como contrainsurgencia

En 1996, SIPAZ señalaba que el gobierno mantenía en Chiapas a unos 60.000 efectivos, que representaban un tercio de las fuerzas armadas del país. Esta militarización de la región, a raíz del levantamiento zapatista en 1994⁽¹²⁾, ha provocado violaciones graves a los derechos humanos como ejecuciones, tortura, violencia sexual, desplazamientos forzados, robos y lesiones así como un deterioro social en las comunidades indígenas con las que los militares mantienen una convivencia cotidiana⁽¹³⁾. Sin embargo, según declaraciones del gobierno federal (en 2006), el posicionamiento del ejército en Chiapas se debe exclusivamente a las necesidades que se derivan de ser un estado fronterizo, no al conflicto con el EZLN. Esta afirmación resulta discutible: según afirma CAPISE⁽¹⁴⁾ "el 75% de la ocupación militar en el estado de Chiapas se encuentra en el territorio de influencia zapatista". En 2006, SIPAZ participó en una Misión de Verificación sobre las Circunstancias de Excepción en Chiapas, coordinada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Se concluyó que la presencia del ejército en el estado no se centra en las necesidad de seguridad fronteriza, "sino sobre todo en torno al plan militar de controlar a la población indígena y a su territorio⁽¹⁵⁾", rico en recursos naturales.

CAPISE documenta la reacción de la asamblea ejidal de Limar, municipio de Tila en la zona Norte de Chiapas, al establecimiento de una base militar en sus tierras:

“Cuando ya se habían posesionado en nuestro Ejido, los elementos del Ejército Federal comenzaron a pasar en las casas particulares para buscar mujeres (...) a algunos niños les han dado marihuana y les obligan a tener relaciones sexuales con las prostitutas que llegan en la Base de Operaciones. (...) En la comunidad no existía la venta de bebidas embriagantes, pero desde que la Base de operaciones llegó esto se ha proliferado. En las parcelas de algunos ejidatarios, los elementos del ejército federal han entrado sin permiso a trozar madera. (...) Se han escuchado disparos de armas de fuego el 13 y 17 de mayo de este año (2003) y el 27 de noviembre y que esto ha asustado a los niños y a las mujeres”

Imágen: Cartel del Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, celebrado en Chiapas en Mayo de 2003

Uno de los casos de violencia más conocidos, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)⁽¹⁶⁾, ocurrió en 1994: un grupo de militares detuvo a las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez (de 20, 18 y 16 años) y a su madre Delia Pérez de González para interrogarlas sobre su presunta pertenencia al EZLN. Las tres hermanas fueron golpeadas y violadas reiteradas veces por la mayor parte de los militares presentes, mientras los demás observaban.

"Sentí mucho dolor muy fuerte, sintiendo que me moría y luego ya no supe qué pasó, después cuando volví, vi a otro soldado sobre mí y traté de gritar. Mientras estaban encima de nosotras se reían y decían cosas como: qué sabrosas están las zapatistas y qué bueno era que nos aprovecharan, recuerdo que mis hermanas gritaban mucho, no decían cosa sólo gritos, y a veces gritaban: suéltennos."

Antes de dejarlas ir, las amenazaron de muerte si denunciaban lo acontecido. Posteriormente, la presión por parte de su propia comunidad (donde sospechaban conductas reprochables por parte las jóvenes) las obligó a abandonar su hogar y "huir de su comunidad en medio del temor, la vergüenza y humillación"⁽¹⁷⁾. El Estado mexicano alegó que la investigación fue archivada porque las hermanas González Pérez se negaron a comparecer ante la Procuraduría General de Justicia Militar para presentar su testimonio y para someterse a un nuevo examen médico ginecológico⁽¹⁸⁾ (el primero probaba la existencia de violaciones).  En consecuencia, sostuvo que no hubo violación alguna de derechos humanos imputable al Estado mexicano. Sin embargo, la CIDH consideró probada la responsabilidad del Estado mexicano en los hechos y pidió que se juzgue a los responsables y se repare a las víctimas. A día de hoy, las recomendaciones de la CIDH siguen sin cumplirse y los responsables siguen impunes.

Hay que recordar que todavía se siguen denunciando graves abusos por parte del ejército en Chiapas, pese a que se vive ya cierta "normalización" de su presencia y a que la policía se sigue ocupando mayoritariamente de la seguridad en el estado.

Percepción pública

Según una encuesta de Parametría⁽¹⁹⁾, el 89% de la población mexicana está de acuerdo con la implicación del ejército en la lucha contra el narco y el 45% lo prefiere a la policía para cuidar de la seguridad en las calles. Resulta preocupante ver estos niveles de aceptación de una política que ha provocado ya casos de violaciones de derechos humanos tan llamativas. En Colombia, la militarización ha penetrado ya en amplias capas de la sociedad: el 75% apoyan a un presidente con vínculos paramilitares, y existen 4 millones de "informantes" y un millón de "colaboradores voluntarios" en la lucha contra el narco⁽²⁰⁾.

Portada Revista Proceso

Conclusión: la militarización, grave peligro para la paz y los derechos humanos

La movilización del ejército en operativos no relacionados con amenazas exteriores a la soberanía nacional puede resultar contraproducente: paradójicamente, tratando de restablecer la seguridad pública, se puede generar un clima de temor e inseguridad debido a los abusos cometidos por las fuerzas armadas. Frente al problema del narco debe tenerse en cuenta que no se trata solamente de combatir a la delincuencia organizada -siempre respetando las garantías individuales de toda la ciudadanía-, sino también las condiciones de marginación y la falta de oportunidades que provocan su extensión. Otra preocupación es que la movilización del ejército juegue un papel de control y represión de los movimientos sociales. Por otro lado, estableciendo bases militares en el territorio de pueblos indígenas que rechazan su presencia se provoca tensión y se dificulta gravemente la convivencia. Finalmente, el fuero militar sigue siendo una limitante: los delitos comunes, si se va a respetar el principio básico de la igualdad ante la ley, deberían ser juzgados por tribunales ordinarios.

Calderón en un acto militar
(Foto: Presidencia del Gobierno - México)

Notas:

1. Artículo sobre el Plan Colombia en Wikipedia
2. El Universal, 22 de junio de 2007
3. Artículo en La Jornada
4. Artículo en El País
5. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
6. La militarización de Calderón, en la revista Energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía
7. Sitio web del Centro Pro
8. Acción urgente de Amnistía Internacional
9. Artículo en La Jornada
10. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel. El fuero militar en México: La injusticia en las fuerzas armadas
11. Artículo en La Jornada
12. Ver  Castro Apreza, Inés. Quitarle el agua al pez: la guerra de baja intensidad en Chiapas (1994-1998)
13. La Ocupación Militar en Chiapas: El Dilema del Prisionero. CAPISE, 2004
14. Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas.
15. Boletín del Frayba
16. Caso en la CIDH
17. Caso en la CIDH
18. Marta Figueroa, abogada de las víctimas, hace ver que se trata de una estrategia habitual: exigir un nuevo examen médico-ginecológico, sabiendo que a las mujeres víctimas de violaciones, especialmente del mundo rural, las aterroriza tener que pasar nuevamente por ello. Así, su negativa es utilizada para parar el proceso judicial.
19. Resultado de las encuestas de Parametría
20. RUEDA, Danilo. Militarismo en Colombia. Intervención en el 5º Espacio Amplio de PROPAZ. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 8 de junio de 2007.

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

De Marzo a Julio de 2007

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

SITUACION DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

En junio, participamos en una reunión con 15 Embajadas de la Unión Europea en la ciudad de México donde tratamos tanto la situación de los defensores en Chiapas como otras problemáticas relativas a derechos humanos en México.

CHIAPAS

Zona Norte

En marzo y a principios de julio, estuvimos en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores de la región: desplazados, dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, bases de apoyo zapatistas, así como organizaciones campesinas y sociales. En julio también llegamos a Choles de Tumbalá, cerca de Palenque, comunidad zapatista desplazada durante tres meses el año pasado tras un violento desalojo.

Altos

- En marzo, cerca de San Cristóbal de Las Casas, visitamos la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista en el Huitepec, ubicada en los mismos terrenos del Área Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores posteriormente creada por el gobierno estatal, según se ha denunciado, sin consultar a la población de la zona.

- El 7 de abril, acompañamos la reubicación de desplazados que pertenecen a la organización civil Las Abejas en el municipio de Pantelhó. También realizamos una visita de seguimiento en junio (existía mucha preocupación por disparos en las noches).

Selva/Cañadas

En julio, nos entrevistamos con varias organizaciones no gubernamentales, religiosas y sociales en Ocosingo, Chilón, Bachajón y Yajalón.

Caracoles/Otra Campaña

- Realizamos por lo menos una visita a cada uno de los 5 Caracoles.

- El 25 de marzo, estuvimos presentes en el evento realizado en San Cristóbal de Las Casas para marcar la salida de varios comandantes zapatistas hacia varios estados del Norte del país, en el inicio de la segunda parte de la “Otra Campaña”.

- Del 21 al 30 de julio, estuvimos presentes como observadores en el II Encuentro de los Pueblos zapatistas con los Pueblos del mundo realizado en distintos Caracoles.

OAXACA

En abril, realizamos una visita de una semana a Oaxaca. Asistimos al Tercer Foro Internacional en Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca  y nos entrevistamos con diversas organizaciones sociales, ONGs y autoridades gubernamentales (ver informe “Un conflicto todavía abierto: la situación socio-política y las violaciones a derechos humanos en Oaxaca”).

GUERRERO

- El 5 y 6 de mayo, participamos en la misión civil de observación (integrada por 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales) que estuvo presente en una asamblea comunitaria realizada en Cacahuatepec en la que se debía consultar sobre el proyecto de construcción de una presa hidroeléctrica en La Parota.

- En junio, asistimos al XIII aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que coincidía con el Foro estatal “Por los caminos de la Resistencia”· Acudieron unas 400 personas de 16 organizaciones sociales y de 40 comunidades para compartir sus formas de resistencia en defensa del territorio y articular sus luchas. Posteriormente también visitamos los municipios de Ayutala y Xochistlahuaca (Costa Chica, una zona particularmente afectada por la militarización).

INFORMACION

- Recibimos visitas, delegaciones (por ejemplo Global Exchange o de la Iglesia Unida de Cristo), estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ. En julio, coordinamos una delegación de varios días de “Marin Interfaith Task Force on the Americas” (miembro de nuestra coalición).

- En junio, asistimos a un espacio de análisis convocado por SERAPAZ y el Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas (PROPAZ) sobre “Militarismo en México y América Latina” en el que participaron más de 80 personas.

- Abrimos un blog en español e inglés (http://sipaz.wordpress.com/) en el que publicamos información más frecuente y actualizada sobre las distintas actividades que llevamos a cabo.

PROMOCION DE PAZ

EDUCACION PARA LA PAZ

- En marzo participamos en un espacio ecuménico de oración y reflexión. En mayo también se organizó un espacio en el marco de la Semana para la unidad de los cristianos.

- Estamos facilitando talleres de transformación de conflictos con DESMI (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas).

- En julio, en San Cristóbal de Las Casas, facilitamos un taller sobre Cultura de Paz y Transformación de conflictos con actores religiosos perteneciendo a distintas iglesias y convocado por el Seminario Intercultural Mayense.

ARTICULACION

- Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.

- En marzo, asistimos a un taller de capacitación sobre visitas a lugares de detención convocado por la Red Todos los Derechos para Tod@s realizado en la ciudad de México. Visitamos el CERESO 5 (sección mujeres, en San Cristóbal de Las Casas).

- En marzo, asistimos a la Tercera Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas de América Latina (Abya Yala) realizado en Guatemala.

- En abril co-convocamos con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y CMC Holanda un “Encuentro de Análisis y Estrategias de la Sociedad Civil Frente a Los Retos de la Actual Etapa en Chiapas” al que asistieron organizaciones civiles y promotores de derechos humanos de las comunidades.

- Asistimos al aniversario de SERPAJ (Servicio Paz y Justicia, miembro de nuestra coalición) celebrado el 12 de abril en Cuernavaca, Morelos.

- En junio, se realizaron reuniones con contrapartes, ONGs, redes y grupos solidarios en Holanda y Francia.

: Nuevos documentos en el Sitio Web de SIPAZ

1. Misión Civil de Observación a La Parota en el estado de Guerrero (4 de mayo de 2007).
2. Nueva alerta en La Parota (mayo de 2007)
3. San Salvador Atenco, un año después: impunidad para las autoridades y criminalización de la protesta social (9 de mayo de 2007)
4. Oaxaca, un conflicto todavía abierto: la situación socio-política y las violaciones de los derechos humanos después de noviembre de 2006  (mayo de 2007)

 NUEVO: VISITA NUESTRO BLOG: http://sipaz.wordpress.com