:: COYUNTURA
México: ¿Dos presidentes?
Las elecciones más largas de la historia mexicana
El 2 de julio pasado, tuvieron lugar elecciones federales en México cuyos resultados (menos de 1% de diferencia entre los dos primeros candidatos) fueron fuertemente cuestionados. La Coalición por el Bien de Todos (integrando varios partidos de izquierda: el Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT y Convergencia) impugnó legalmente estas elecciones al presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 225 recursos que correspondían a más de 52 mil casillas.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO, candidato a la presidencia de la Coalición por el Bien de todos) y sus seguidores exigían abrir todos los paquetes electorales y contar “voto por voto”. Ése fue el principal lema de las masivas movilizaciones que se realizaron, principalmente en la Ciudad de México, a lo largo de julio antes de cristalizarse en una "Asamblea Permanente" que estableció un plantón y bloqueos de las más importantes avenidas de la capital de la República hasta mediados de septiembre.
Durante 36 días hubo una tensa espera de las decisiones del TEPJF. Ése rechazó el conteo total y ordenó la apertura del 9% de los paquetes electorales (alrededor de 12 mil casillas, representando 146 distritos). Dicho recuento se realizó entre el 9 y el 27 de agosto. En este plazo, y cuando la tendencia del TEPJF apuntaba a ratificar el triunfo de Felipe Calderón (candidato del Partido Acción Nacional, PAN, partido de derecha actualmente en el poder), AMLO priorizó cada vez más la vía política sobre la legal.
El 13 de agosto, invocando el Artículo 39 Constitucional (soberanía popular), AMLO llamó a realizar una Convención Nacional Democrática (CND) el 16 de septiembre, día de conmemoración de la Independencia Nacional. La CND se proponía elegir a un presidente legítimo e impulsar 5 acciones trasformadoras del país: combate contra la pobreza y la desigualdad; impedir la privatización de los recursos naturales y energéticos; defender el derecho a la información; combatir la corrupción y renovar las instituciones públicas.
 El 20 de agosto, el TEPJF desechó "por improcedencia jurídica" la mayoría de las impugnaciones. El recuento del 9% de casillas redujo la ventaja de Calderón sobre AMLO en 4,183 sufragios únicamente.
A lo largo de agosto, el PAN y Felipe Calderón mantuvieron un perfil relativamente bajo, realizando reuniones con gobernadores, congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con sectores empresariales. Hicieron llamados públicos a "la unidad nacional" y a formar "un gobierno de coalición". Estos llamados encontraron poco eco, lo cual era de prever tomando en cuenta la polarización política y social que se generó a lo largo del proceso electoral.
Una fecha de alta crispación política en el plazo de definición del TEPJF fue el primero de septiembre, día en el que el presidente Fox debía presentar su último informe de gobierno. En las dos semanas previas a este evento, se observó una fuerte militarización de toda la zona que rodea el Palacio Legislativo, lugar en el que debía tener lugar. El 15 de agosto, simpatizantes y miembros de la Coalición por el Bien de Todos intentaron instalar un plantón en la puerta del Congreso y fueron repelidos. Algunos medios difundieron informaciones sobre la existencia de "grupos de disuasión", que se estarían entrenando en bases militares para ser utilizados en acciones de represión selectiva dirigidas contra dirigentes de la resistencia civil.
El primero de septiembre, el Palacio legislativo estuvo rodeado por un cerco militar, con la presencia de 8 mil elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado Mayor Presidencial, apoyados con tanquetas y francotiradores. En rechazo a esta presencia militar, congresistas del PRD y del PT ocuparon la Tribuna. El presidente Fox optó por entregar su informe por escrito en el vestíbulo del Palacio legislativo. Momentos después, se transmitió en televisión nacional un mensaje suyo grabado con anticipación, en el que no faltaron ataques a AMLO y al movimiento que lo apoya.
Finalmente, el 5 de septiembre, el TEPJF declaró presidente electo a Felipe Calderón por unanimidad. Desechó todas las denuncias presentadas por la Coalición para el Bien de Todos. Acreditó las relativas a la injerencia de Fox a favor de Calderón, así como la relativa a la difusión de mensajes del sector empresarial que impactaron negativamente en la campaña de AMLO. Sin embargo, afirmó que "no se podía determinar el impacto electoral -si es que lo hubo- de ambas acciones". De inmediato, Calderón hizo un nuevo llamado al "diálogo y a la unidad", mientras AMLO declaraba que "no reconoceremos a un Ejecutivo falto de legitimidad".
La tensión política no disminuyó. En la primera quincena de septiembre, Fox y Calderón se vieron reiteradamente hostigados por simpatizantes de AMLO. Calderón recogió su constancia como presidente electo en el TEPJF de manera casi clandestina.
El 15 de septiembre, Fox decidió trasladar la ceremonia de conmemoración de la Independencia mexicana a Dolores Hidalgo, Guanajuato, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. En la Ciudad de México, el evento fue llevado a cabo por Alejandro Encinas, en su calidad de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la presencia del Secretario de Gobernación, Carlos Abascal. En cuanto al desfile militar del 16, AMLO determinó levantar los campamentos de resistencia que bloqueaban las principales avenidas de la ciudad de México, y recorrer el horario de la CND prevista para el mismo día para permitir el paso de los militares. En ambos casos, se logró evitar la confrontación directa.
 La CND se realizó en presencia de más de un millón de delegados de todo el país. Proclamaron presidente legítimo a AMLO y aprobaron un Plan de 6 puntos: desconocer a Calderón; dar posesión a AMLO como presidente el 20 de noviembre; autorizarle a conformar su gabinete; desarrollar acciones de resistencia a corto plazo e impedir la toma de posesión de Felipe Calderón el 1 de diciembre; mantener la CND con reuniones periódicas e integrar tres comisiones de coordinación (de "Política Nacional", de "Resistencia Civil" y de "Organización del Plebiscito y el Constituyente").
La CND provocó diversas críticas, incluso desde la izquierda, en particular por el hecho de que el proceso fuera encabezado principalmente por integrantes de partidos políticos (en lugar de miembros de los Comités Civiles de apoyo) y por personajes polémicos, varios de ellos anteriormente vinculados al denostado ex Presidente Carlos Salinas (PRI, 1988-1994).
La Coalición por el Bien de Todos se conformó como Frente Amplio Progresista (FAP), que fue registrado como tal ante el Instituto Federal Electoral (IFE). El 17 de septiembre, AMLO se trasladó a Tabasco con el fin de apoyar la campaña del candidato a gobernador de la Coalición. No obstante, en los resultados preliminares (octubre), el PRI había ganado dichas elecciones.
Elecciones para gobernador en Chiapas: paralelismo inverso
 No estaban todavía resueltas las impugnaciones de las elecciones federales cuando, el 20 de agosto, se realizaron elecciones para gobernador en Chiapas. Se denunciaron múltiples irregularidades durante el proceso: prácticas de compra, manipulación y coacción del voto; injerencia directa del actual gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, incluso en la selección de los candidatos; uso electoral de programas sociales del gobierno estatal para favorecer al candidato Juan Sabines (candidato de la Coalición para el Bien de todos), entre otras.
El apoyo del gobierno estatal a Sabines provocó que los otros 4 contendientes a la gobernatura denunciaran conjuntamente que se estaban enfrentando a una elección de Estado. Poco antes de las elecciones, el PAN, el Partido Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Alternativa Socialdemócrata invitaron a sus simpatizantes a votar por el PRI, como forma de evitar a una victoria de Sabines. Ya no tuvieron tiempo de registrarse como alianza política, impidiendo la acumulación de sus votos en el conteo.
Durante la jornada electoral, si bien no se reportaron incidentes mayores, se dio un alto nivel de abstencionismo que alcanzó casi un 56%. Esto se puede explicar por varios factores: históricamente el nivel de abstención en Chiapas es de los más altos del país, desde 1995, las bases de apoyo zapatistas se han negado a participar electoralmente y, finalmente, el nombramiento de los candidatos en estas elecciones generó descontento y confusión entre las bases de organizaciones campesinas e indígenas. Por ejemplo, hasta abril de 2006, Sabines era presidente municipal de la capital, Tuxtla Gutiérrez, por el PRI.
Los resultados y reacciones postelectorales permiten observar un paralelismo inverso comparado con la contienda presidencial, nuevamente con una diferencia mínima entre los dos primeros candidatos. De inmediato, Sabines se autoproclamó gobernador electo; el PRD estatal se opuso a que se abrieran los paquetes y se recontaran los votos.
El Instituto Estatal Electoral (IEE) lo declaró vencedor al presentar los resultados finales siguientes:
PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN |
VOTOS |
PORCENTAJE |
COALICIÓN POR EL BIEN DE TODOS (PRD/PT/CONVERGENCIA) |
553,270 |
46.97% |
ALIANZA POR CHIAPAS (PRI/PVEM) |
546,988 |
46.44% |
PAN |
29,476 |
2.50% |
PANAL |
3,492 |
0.29% |
PASDYC |
6,395 |
0.54% |
VOTOS NULOS |
36,570 |
3.10% |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
1,177,710 |
45.37% |
Ganó por tanto por un margen muy estrecho (0.55%), con votos a su favor que representan apenas la quinta parte del total del electorado. La Alianza por Chiapas (PRI y PVEM) y sus aliados, PANAL y PAN objetaron su triunfo a través de 391 impugnaciones presentadas al Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Este terminó ratificando el triunfo de Sabines con argumentos muy semejantes a los expuestos por el TEPJF en el caso de las presidenciales. Se denunciaron presiones ejercidas contra los magistrados estatales por parte de Pablo Salazar. El PRI impugnó la resolución del TEE ante el TEPJF. El 27 de octubre, el TEPJF ratificó la victoria de Sabines.
Mientras tanto, Sabines se había deslindado públicamente de las movilizaciones postelectorales desarrolladas por AMLO. Por su parte, la oficina “de transición” de Felipe Calderón declaró su reconocimiento al triunfo de Sabines y declaró que “si el PRI decide impugnar los comicios ante los tribunales estatal y federal respetarán su decisión, pero Acción Nacional no lo secundará”.
Chiapas: Conflictos electorales, históricos y nuevos
El uso electoral de recursos públicos se observó particularmente en la región afectada el año pasado por el huracán Stan (zonas Costa y Sierra). Antes de las elecciones estatales, se dispararon los recursos entregados y las obras de reconstrucción, lo cual se acompañó de una intensa campaña de difusión oficial, vinculando recursos y obras a la posible victoria de Sabines. Dicha campaña cesó apenas concluido el proceso electoral. La propia secretaria federal de Desarrollo Social denunció el uso electoral de recursos por parte del gobierno estatal, cuestionando el manejo público de cifras oficiales, así como de los avances y los resultados.
En septiembre, resurgieron movilizaciones y denuncias de los damnificados del Stan, por incumplimientos oficiales e interrupción de obras. También puede haber pesado, en algunos casos, la incidencia de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato del PRI a gobernador y originario de la región.
Las elecciones estatales también revivieron heridas y miedos: en comunidades que fueron victimas de grupos paramilitares particularmente entre 1995 y 2000, se ejerció un "voto del miedo" a favor del PRD, inducido por el rumor de que, en caso de ganar el PRI, los paramilitares serían reactivados.
En la zona de los Altos, se volvieron a agudizar viejos conflictos (religiosos, por la imposición arbitraria de usos y costumbres, por recursos naturales) que se complejizaron aún más por disputas interpartidistas (PRI-PRD). En varias zonas, se mantuvo la movilización en contra de las altas tarifas de luz.
En la zona Norte, se dio un violento operativo policiaco de desalojo en contra de 30 familias zapatistas de la comunidad de los Ch’oles, municipio autónomo El Trabajo (Tumbalá), acusadas de despojo de propiedad privada.
En septiembre, las oficinas del Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fueron allanadas. Representa el 18 caso de intimidación y amenazas contra defensores de derechos humanos en Chiapas en lo que va del año, todos ellos todavía impunes.
Reposicionamiento de la Otra Campaña
Después de varios meses de un bajo perfil político y mediático, en septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció el reinicio de la gira nacional del Delegado Zero (subcomandante Marcos). Se había suspendido después de la represión en Atenco en el mayo pasado. Se tratará de visitar, entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre, los 11 estados que no se habían cubiertos antes de mayo. El apoyo al Frente Popular de Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco se mantuvo: desde el 29 de septiembre, 3 comandantes zapatistas se encuentran en la Ciudad de México.
 En este mes, también se difundió en 5 partes un amplio comunicado titulado “Los zapatistas y la Otra: los peatones de la historia”. La primera parte es una recuperación histórica de los motivos que les llevaron a romper con la clase política, de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (junio de 2006) y de la apuesta de construir algo nuevo, abajo y a la izquierda.
Sigue un análisis de la coyuntura política del país en el que explica sus críticas hacia el PRD, AMLO y lo que llama la "supuesta izquierda". Critica fuertemente el hecho de que quienes encabezan la CND y rodean a AMLO ocuparon importantes cargos durante el período del presidente Salinas. Cuestiona que el proyecto de AMLO era tan neoliberal como el de Calderón, pero "administrando la crisis y controlando el descontento social". Reconoce la legitimidad y las buenas intenciones de los que se movilizaron en contra del fraude y a favor de AMLO. Afirma sin embargo: “no es nuestra pista". A cambio, expresa su apoyo a Oaxaca (en varios documentos, el subcomandante Marcos ha explicado que no le brindan un apoyo más directo, para que no se acuse a la APPO de tener vinculación con grupos armados) y reivindica la rebeldía de indígenas, jóvenes, trabajador@s sexuales y de maquilas, mujeres y organizaciones de izquierda anticapitalista.
La nueva agenda propuesta incluye la realización de una nueva consulta sobre 6 puntos de definición de la Otra Campaña: características; estructura; política de alianzas; lugar de las diferencias; convocados y no; tareas comunes. Esta consulta se llevará a cabo de octubre de 2006 a febrero de 2007.
Por otro lado, el EZLN anunció la realización del segundo Encuentro Intergaláctico contra el neoliberalismo y por la Humanidad que tendrá lugar en el caracol de Oventik, Chiapas, del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007. Para facilitar su preparación, se reabrieron los “Caracoles” (centros zapatistas que corresponden al nivel regional de su construcción autonómica), aunque no se levantó la alerta roja para los insurgentes.
:: ARTÍCULO
Conflicto en Oaxaca: movilización popular y represión gubernamental.
El domingo 29 de octubre, más de 4000 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) ocuparon el centro histórico y varias calles de la ciudad de Oaxaca, luego de romper barricadas con unas 14 tanquetas antimotines que arrojaron agua a presión. Los saldos preliminares de las organizaciones sociales hablan de 4 muertos (incluyendo un menor de edad), decenas de heridos, alrededor de 50 detenidos y por lo menos la misma cantidad de casas cateadas. ¿Cómo se llegó a esta situación?
La ciudad y el estado de Oaxaca se han mantenido en el centro de la agenda política de México desde el mes de junio, un hecho relativamente sorprendente siendo Oaxaca uno de los estados más rezagados a nivel económico y político. El 14 de junio, un plantón de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que ocupaba el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue violentamente reprimido, dejando un saldo de 4 muertos y 92 heridos (cifras hechas públicas por el sindicato, sin confirmación oficial). Como consecuencia de este acto, una disputa sindical que reivindicaba mejoras salariales para los maestros se convirtió rápidamente en un conflicto mucho más amplio, que implicaba ya a muy diversos sectores y movimientos de la sociedad oaxaqueña.
 Para entender esta transformación hay que tener en cuenta la creciente disconformidad que estaba provocando el gobierno priísta (PRI – Partido de la Revolución Institucional) de Ulises Ruiz desde su llegada al poder en 2004. Ganó las elecciones estatales de Oaxaca con un estrecho margen y bajo sospechas de fraude, y desde un comienzo, su gestión fue denunciada como autoritaria y poco respetuosa con los derechos humanos. Movimientos campesinos e indígenas fueron reprimidos violentamente(1) y el periódico local Noticias, crítico con Ulises Ruiz, sufrió el secuestro(2) de 31 de sus empleados en las mismas instalaciones del periódico durante un mes, además de recibir constantes amenazas. Otras acusaciones incluyeron el chantaje contra los presidentes municipales no priístas para que se unieran a la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia federal, Roberto Madrazo, bajo la amenaza de ser destituidos por el congreso del estado, dominado por este mismo partido. Por otro lado, no es ajena a esta reacción masiva la situación estructural de pobreza y marginación que el estado de Oaxaca ha sufrido durante siglos. Se trata de uno de los estados más pobres de la República junto a Chiapas y Guerrero, y el que cuenta con mayor población indígena.
El rechazo al intento de desalojo de los maestros el 14 de Junio unió a numerosos movimientos disconformes en una sola reivindicación: la salida del gobernador Ulises Ruiz. Con ese fin, se instaló un masivo plantón en la ciudad de Oaxaca (ocupando calles, edificios públicos, emisoras de radio y televisión, etc.) y se creó la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que estuvo funcionando a modo de un gobierno en resistencia, no permitiendo la entrada de las fuerzas de seguridad (ampliamente percibidas en Oaxaca como ejecutoras de acciones represivas poco respetuosas con los derechos humanos durante décadas) en las zonas ocupadas, legislando diversos aspectos de la vida la ciudad y ofreciendo información alternativa a la oficial en numerosas radios y a través de Internet(3). Esta unión de más de 300 organizaciones resulta sorprendente, pues a pesar de la habitual fuerza de las movilizaciones sociales en Oaxaca, las discrepancias internas suelen provocar su división. Paralelamente y al amparo de este proceso, movimientos populares (aglutinando partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc.) de más de 20 municipios oaxaqueños tomaron sus ayuntamientos, provocando la salida de presidentes municipales afines a Ulises Ruiz y reivindicándose como únicos gobiernos legítimos.
Hacia finales de octubre, la APPO y el movimiento magisterial, que controlaron la ciudad de Oaxaca durante cerca de 5 meses, habían sufrido diversas acciones represivas: aproximadamente 10 homicidios, encarcelamiento de cinco de sus líderes, hostigamiento, amenazas, etc. A su vez, voces críticas con el movimiento denunciaron excesos violentos en las acciones de gobierno que realizan la APPO y el magisterio, especialmente en el mantenimiento de la seguridad. Algunos analistas elogiaron el movimiento oaxaqueño como verdaderamente esperanzador y como señal de un nuevo despertar de la conciencia del pueblo de Oaxaca, harto de la tiranía priísta. Se llamó al movimiento “Comuna de Oaxaca”, estableciendo el paralelismo con la Comuna de París, un gobierno popular que, aglutinando a diversos movimientos revolucionarios, gobernó esta ciudad de Francia durante dos meses en 1871(4).
Por otro lado, no faltaron las críticas, centradas sobre todo en su carácter violento (negado por la APPO), en las molestias causadas a la población por el bloqueo de las vías de comunicación y en el gremialismo de las movilizaciones magisteriales, que suelen centrar en sus propios intereses. También se trató de vincular al movimiento popular con grupos guerrilleros, pero otros denuncian que fue propaganda difundida por el gobierno de Oaxaca para justificar la entrada de la fuerza pública federal (Policía Federal Preventiva o ejército).
Para conocer más de cerca las violaciones de derechos humanos que se venían produciendo, especialmente en contra del movimiento popular, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Red Nacional ‘Todos los Derechos para Todos y Todas’ convocaron a una Misión de Observación Civil. SIPAZ participó en esta misión en el mes de septiembre, constatando graves violaciones de derechos humanos (homicidios, detenciones ilegales de líderes y consiguiente fabricación de delitos contra ellos, ataques a la libertad de expresión, amenazas que crean un clima generalizado de ansiedad, etc.) que parecen responder a una táctica premeditada del gobierno del estado para desmantelar al movimiento. Una versión preliminar del informe puede consultarse en la sección sobre Oaxaca del sitio web de SIPAZ(5).
Durante los meses de la crisis, el gobierno estatal parece haber apostado por la recuperación del orden público por medio de la fuerza, pidiendo apoyo a los cuerpos federales de seguridad para desalojar el plantón. Sin embargo, en un primer momento, el gobierno federal, que contaba con el delicado antecedente de San Salvador Atenco(6) el mes de mayo y necesitaba cuidar al máximo su imagen de cara a las elecciones federales de julio, apostó por el diálogo con el movimiento popular. Para ello se creó una mesa de negociación entre APPO, sindicato magisterial y Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Sin embargo, la negociación estuvo marcada por su falta de fluidez: APPO y magisterio reclamaban la salida de Ulises Ruiz como punto innegociable y Carlos Abascal (titular de la Secretaría de Gobernación) insistía en la incapacidad legal del gobierno para destituir a gobernadores.
Este bloqueo estuvo motivado en parte por los resultados en las elecciones federales del 2 julio. El voto de castigo ejercido entonces en contra del PRI en Oaxaca, hace pensar que el convocar una nueva elección estatal probablemente implicaría una victoria del PRD. Otra opción sería que Ulises Ruiz solicitara licencia al cargo, para que el Congreso estatal (mayoritariamente priísta) elija un gobernador sustituto. También hay otros intereses en juego: las negociaciones entre PRI y PAN están marcadas por la estrecha mayoría lograda por el PAN en el congreso federal, provocando que necesite del PRI para gobernar con cierta solvencia. En septiembre, la APPO organizó una masiva caravana a la Ciudad de México, con el fin de exigir la desaparición de poderes al Senado - figura constitucional que supondría el nombramiento de un nuevo gobierno estatal.
 Ulises Ruiz ha rechazado apartarse del cargo, lo que ha mantenido atascado el conflicto y semiparalizada la actuación de los poderes públicos en Oaxaca, en un clima de "ingobernabilidad institucional". Desde mediados de octubre, el ejército movilizó a sus unidades en el estado de forma espectacular, incluyendo fuerzas de tierra, mar y aire(7), provocando el miedo a un desalojo violento. Por otro lado, Gobernación insistió en establecer sucesivos ultimátum, amenazando con el uso de la fuerza si los maestros no regresaban a clases inmediatamente y la APPO no entregaba la ciudad de Oaxaca(8).
El viernes 27 de octubre, se dio una serie de hechos violentos en los cuales fueron asesinadas 4 personas (entre ellas un periodista norteamericano) y resultaron heridas varias más en distintas partes de la ciudad de Oaxaca. Según organizaciones de derechos humanos locales existen evidencias de la participación de policías locales así como de grupos organizados, entrenados y armados por el gobierno estatal para realizar acciones violentas en contra de movimientos opositores al gobierno local.
En respuesta a esta situación el gobierno federal anunció el ingreso de fuerzas federales. El domingo 29, la Policía Federal Preventiva (PFP) inició desde temprana hora la entrada a la ciudad de Oaxaca y tomó el control de la plaza central durante la noche. A la par, se realizó una movilización pacífica que buscaba impedir el avance de la PFP. El día anterior, la APPO había hecho un llamado a sus bases a no caer en provocaciones. Actos de violencia fueron sin embargo reportados, con saldos divergentes según las fuentes: mientras la APPO habló de por lo menos 4 muertos, el gobierno federal ha venido diciendo que el saldo del operativo fue blanco.
El mismo domingo, en la ciudad de México, jóvenes encapuchados -de los cuales se deslindaron la propia APPO y el sindicato magisterial oaxaqueño- se enfrentaron con granaderos luego de bloquear la avenida y tomar dos autobuses para levantar las "primeras barricadas" en el Distrito Federal. Una hora después, la policía recuperó los vehículos y reabrió la circulación. Unos 20 detenidos fueron liberados a la mañana siguiente.
El lunes 30, Ulises Ruiz reiteró su posición, afirmando que una eventual licencia al cargo "no es ni la discusión, ni la solución a la crisis política en el estado". Posteriormente, el pleno de la Cámara de diputados aprobó —a excepción del PRI y del PVEM— un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Ulises Ruiz a pedir licencia o renunciar al cargo. Inmediatamente, el gobierno de Oaxaca interpuso una controversia constitucional contra dicho punto de acuerdo por exceder las facultades de esta Cámara. Cabe subrayar que el líder de la fracción del PRI (el partido de Ulises Ruiz) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, dejó abierta la posibilidad de que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se separe de su cargo.
En la tarde del lunes, el Senado de la República que anteriormente había rechazado la desaparición de poderes en Oaxaca le pidió por unanimidad (incluido el PRI) al gobernador Ulises Ruiz que “reconsidere separarse del cargo para contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, la normalidad y la paz”. Invitó a todas las partes, sin excepción, a contribuir al retorno de la paz en la entidad.
El lunes 30, estaban previstas marchas en Oaxaca y en muchas otras partes de la República. La entrada de la PFP marca un cambio en la situación del conflicto prolongado en Oaxaca sin garantizar su solución de fondo. Al contrario, varios analistas apuntan a que podría significar el inicio de una escalada de la violencia aún mayor. Mientras tanto, el miedo a episodios violentos a gran escala sigue patente.
- Ver “Fechas Claves” en la sección de Oaxaca del sitio web de SIPAZ (Volver...)
- http://www.jornada.unam.mx/2006/08/21/050n1soc.php (Volver...)
- http://www.asambleapopulardeoaxaca.com/ (Volver...)
- A pesar de lo novedoso de esta experiencia de gobierno popular y sus positivos avances en materia social, la Comuna de París fue finalmente reprimida, causando 30.000 muertos y 50.000 ejecutados. (Volver...)
- http://www.sipaz.org/ofini_esp.htm (Volver...)
- http://www.jornada.unam.mx/2006/06/13/021a1pol.php (Volver...)
- http://www.jornada.unam.mx/2006/10/01/ (Volver...)
- http://www.jornada.unam.mx/2006/10/14/007n1pol.php (Volver...)
:: ENFOQUE
De la injusticia del sistema de justicia en México
Entre julio y agosto de 2006, se denunciaron tres muertes dentro de cárceles de Chiapas. Dos ocurrieron en “El Amate” (Centro de Readaptación Social, Cereso 14) y una en la prisión de Chiapa de Corzo. Todas han sido presentadas por las autoridades y el Ministerio Público como muertes naturales, descartando la tortura a pesar de que las autopsias desvelan elementos sospechosos. Como ejemplo, José Gabriel Velázquez Pérez, carpintero de 34 años, falleció el 27 de agosto en la cárcel de Chiapa de Corzo debido a traumatismo y hemorragia masiva interna en su abdomen, probablemente provocados a golpes. Fue detenido en la casa de su madre; durante su detención, los oficiales usaron gas lacrimógeno, y en el traslado a la cárcel de Chiapa de Corzo fue golpeado por oficiales de la fuerza pública. Según el testimonio de la esposa de José, le había dicho:"Sácame de aquí porque me estoy muriendo, quiero oxígeno, me están pegando, sácame, sácame me están pegando los policías”. Unas horas después se hizo público su deceso.
Estos son ejemplos de un fenómeno mucho más amplio. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han señalado que la cultura de la tortura sigue muy presente en México. Se trata por tanto de un fenómeno muy difícil de erradicar, ya que la tortura se encuentra institucionalizada y directamente unida al ejercicio del poder en muchos órganos del Estado mexicano. Los sistemas judicial y penitenciario no escapan a este fenómeno y muestran graves contradicciones con las leyes mexicanas y con los derechos fundamentales de las personas presas y detenidas reconocidos internacionalmente.
Impunidad: un problema endémico
 El uso de la tortura puede atribuirse en parte a las insuficiencias del sistema de investigación criminal y forense. Según el informe del 2001 del Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Dato Param Cumaraswamy, la impunidad en México “alcanza niveles de entre 95% y 98%''. Describe esta situación como endémica, llegando a suponer una negación del Estado de Derecho. Las violaciones de los derechos humanos que fomentan y garantizan la impunidad han sido vistas con preocupación por varias ONG’s, la ONU y la Corte Interamerican(1) quienes han exhortado a las autoridades mexicanas a detener esta situación.
Amnistía Internacional señala diversos rasgos de la impunidad que suelen rodear las violaciones de derechos humanos: en primer lugar, las limitaciones en la forma en que se llevan los casos civiles de la procuraduría. Segundo, el hecho de que los casos de violaciones de derechos humanos en los que estén involucrados miembros del Ejército sean juzgados en cortes militares. Podemos señalar el caso de la detención ilegal, violación y tortura de tres mujeres tzeltales entonces de 12, 15 y 17 años cerca de Altamirano, Chiapas en junio de 1994. Ninguno de los responsables, militares según los testimonios, ha sido castigado y el caso ha sido llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, la consideración como evidencia de las confesiones forzadas por parte de los jueces.
Sobre este último punto, no pocas veces las personas presas son forzadas por fuerzas de seguridad y autoridades carcelarias a dar determinados testimonios mediante torturas. Un ejemplo: el 4 de Julio de 2006, Gonzalo Sánchez López y Manuel Gómez Santis fueron detenidos y golpeados por elementos policíacos. Según sus testimonios, les fueron puestas bolsas de plástico en la cabeza provocándoles semi-asfixia y llegando a provocar el desmayo de Manuel. Finalmente firmaron una declaración autoinculpatoria. Manuel fue llevado al pueblo donde ocurrió el homicidio del que se les culpaba, y le introdujeron el cañón de una pistola en la boca para que confesara dónde había escondido el cuerpo, que no fue encontrado. Ambos siguen encarcelados.
Otros rasgos preocupantes subrayados por Amnistía son la falta de acceso legal de los pueblos indios aunque el 10% de la población mexicana sea indígena (alrededor de un 30% en Chiapas, siendo la mayoría de los presos en este estado indígenas). A pesar de que está previsto por la ley, en la práctica existe escaso acceso a intérpretes en idiomas indígenas para las personas detenidas.
Hay otros obstáculos para el acceso a la justicia y a los derechos procesales más básicos, debido a la inadecuada defensa legal en muchos casos: los defensores de oficio carecen de una preparación adecuada, no son bien pagados, están sobrecargados de trabajo y no disfrutan de la necesaria independencia de la procuraduría, poniendo en riesgo su imparcialidad. Tampoco los jueces actúan con independencia: el Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados denunció después de una visita a México en 2001 que entre el 50% y 70% de los jueces a nivel federal son corruptos, lo que "constituye un tremendo problema social". La influencia del narcotráfico está dañando también seriamente a los órganos judiciales, extendiendo la corrupción a todos los niveles.
Rezagos a la fecha
A su llegada al poder, el gobierno de Fox (2000-2006) prometió respetar los derechos humanos y reforzar el Estado de Derecho, reformando la Constitución para lograr una presencia más manifiesta de estos principios del derecho universal en el texto. Amnistía Internacional mostró su satisfacción por esta declaración de intenciones. Sin embargo, según avanzaba el sexenio, se pudo observar que la impunidad prevalecía y prevalece al día de hoy, y que las medidas anunciadas en este sentido no se han aplicado, tal como señaló Nigel Rodley, Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU sobre Tortura en marzo de 2002.
Los escasos avances logrados durante la presidencia de Fox en el ámbito legal fueron observados nuevamente en marzo de 2006 por Manfred Nowak, nuevo Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, en sus recomendaciones para el mejoramiento del cumplimiento de los deberes del estado mexicano, como parte firmante de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De las recomendaciones hechas por el Relator Especial sobre la misma temática en 1997, pocas habían recibido seguimiento por parte del gobierno mexicano.
Las confesiones ministeriales (hechas ante la policía, sin presencia del juez) siguen siendo utilizadas como pruebas, aunque el gobierno de Fox impulsara una reforma constitucional que estableciera que las únicas declaraciones válidas fueran las realizadas ante el juez. Esta reforma fue rechazada por el Senado, al igual que la propuesta para que la presunción de inocencia en casos vinculados a la delincuencia organizada sea respetada. Otra de las recomendaciones que nunca fue cumplida es la eliminación de la figura del arraigo(2), ampliamente utilizada en México y que permite a la policía extender las detenciones hasta 60 días, una vez presentada la persona detenida ante un procurador, incluso sin la existencia de un delito ni una responsabilidad dictaminada. Cabe señalar que, según Human Rights Watch, más del 40% de las personas presas en cárceles mexicanas se encuentran en prisión preventiva, es decir nunca han sido condenadas por un delito y están a la espera de juicio.
Otras recomendaciones ignoradas son: la indemnización a víctimas de tortura por parte de funcionarios públicos y el acceso a médicos independientes (ambas contempladas por el Protocolo de Estambul de 2001), la independencia de los jueces en los procesos contra funcionarios públicos o la limitación legal de la duración de las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, tales como casos de tortura. Se mantiene una situación de facto de amnistía o impunidad para los elementos de las Fuerzas de seguridad que violan derechos fundamentales, así como para los casos de amenazas y hostigamiento contra defensores de derechos humanos.
Amnistía Internacional señala también que se siguen dando ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” que suceden sin que las personas responsables sean investigadas. Se ha observado además que continúan las prácticas de detención arbitraria, de tortura y de malos tratos por parte de agentes de la autoridad. Personas detenidas siguen muriendo a causa de torturas infligidas durante la detención. El 22 de julio 2006 el indígena tzotzil Jesús Hernández Pérez falleció en la cárcel del Amate. A su familia se le comunicó que le hizo mal la comida y que murió de una muerte natural. Su viuda vio que tenía hematomas y rasguños en la cara, y cree que era obvio que sufrió una muerte violenta, lo cual fue además confirmado por el acta de defunción. Sin embargo, se ordenó la inhumación de su cuerpo aunque exista la obligación de realizar una investigación exhaustiva de las muertes de personas bajo custodia del Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha pedido que se inicie investigación sobre los hechos.
Existencia sintomática de presos políticos
“Nada es más revelador sobre la situación de los derechos humanos en un país que la existencia de presos políticos”, comentó Paulo Sergio Pinheiro, relator especial sobre derechos humanos de la ONU en Myanmar (Birmania). En México se desconoce el número exacto de presos políticos a día de hoy. Depende de la definición de “preso político”, y de la relación con el término “preso de conciencia”. Un preso político es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenido de otra forma, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea éste de la naturaleza que sea. Cuando se habla de prisioneros de conciencia, se incluye tanto a prisioneros políticos como a quienes están encarcelados debido a sus creencias religiosas o filosóficas.
Según la lista de presos políticos y de conciencia elaborada por el Comité Cerezo, existen 395 presos de este tipo en México(3). En Chiapas, serían más de 50 presos políticos(4), aunque muchos más se definen como presos de conciencia(5). Los presos políticos son muchas veces miembros o lideres de organizaciones sociales, así como personas involucradas en actividades políticas de alguna manera. A menudo son acusados de secuestros u homicidios que resultan ser delitos prefabricados, y forzados a dar declaraciones como testimonio ante el juez.
El ser un preso político puede resultar una ventaja relativa comparado con otros presos que resultan más aislados y por tanto vulnerables. En el Cereso nº 14, “El Amate”, varios presos que consideran que están encarcelados por apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a La Otra Campaña(campaña política pacífica iniciada por el EZLN) se han organizado bajo el nombre de “La Voz del Amate”(6). Constituye una continuación de “La Voz de Cerro Hueco” (según el nombre de otra cárcel que se cerró), que nació como respuesta al encarcelamiento masivo de personas tras el levantamiento del EZLN en 1994(7). Desde enero de 2006, el grupo viene protestando por su detención y pidiendo que se reconozca a sus miembros como presos políticos. Por otro lado, según informes de organizaciones de derechos humanos, las autoridades de la cárcel han tratado de animar a otros presos para que hostiguen y amenacen a los miembros de “La Voz del Amate”.
Fuera de la cárcel, la Otra Campaña ha priorizado el tema de la defensa y liberación de sus presos, más aún después de la represión en Atenco en mayo pasado. En el marco de su gira, el Delegado Zero (subcomandante Marcos) ha visitado a varias cárceles del país.
Preocupantes condiciones carcelarias
Las condiciones en las cárceles discrepan gravemente de la legalidad. En muchas se padece la sobreocupación, existe violencia contra las personas presas y carecen de personal con el entrenamiento requerido y de instalaciones sanitarias adecuadas. Resulta especialmente alarmante que en varias prisiones se esté contratando a presos para que ejerzan como guardias o vigilantes. Suele existir un sistema paralelo de autoridad tolerado por las directores de la cárcel, con cargos ostentados por los mismos presos (por ejemplo, los ‘precisos’). Otros elementos preocupantes son la corrupción existente (que mina la autoridad en las cárceles y deriva en abusos), por un lado, y los enfrentamientos violentos entre facciones de grupos relacionados con el narcotráfico en el interior de las prisiones. (8)
Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, no cesan en su empeño de visibilizar los excesos y las deficiencias del sistema penitenciario en México. Sin embargo, no se han logrado cambios sustanciales en las políticas gubernamentales, así como tampoco la concienciación de la opinión pública en este sentido -que ve a la persona presa como culpable de transgredir el orden social y que debe por tanto cumplir con su condena-.
Existen carencias también a la hora de atender a las personas presas, desde un punto de vista psicológico o social. Desde el momento de su detención sufren una dolorosa cadena de injusticia, que incluye malos tratos y torturas, y que no produce siempre en los entornos familiar y social, en las organizaciones sociales o políticas a las que pertenezcan, la solidaridad que debieran. Tras esta cadena de sufrimiento reiterado, a veces durante años, es poco probable la reinserción y la recuperación de una vida “normal” en libertad.
pesar del marco legal mexicano, que a través del artículo 133 de su Constitución da preferencia a los tratados internacionales firmados, y reconoce por tanto diversas convenciones internacionales que protegen los derechos humanos relativos al sistema carcelario y a la prohibición de la tortura, la práctica dista mucho de lo establecido por estas convenciones. Se dice que las cárceles son reflejo de cada sociedad, lo que invita a una reflexión mucho más de fondo.
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, aplica e interpreta la Convención Americana sobre Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/ (Volver ...)
- Hasta ahora sólo el estado de Chihuahua ha tomado la decisión de declarar la figura de arraigo como inconstitucional.
http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410412005?open&of=ESL-MEX (Volver ...)
- http://www.nodo50.org/comitecerezo/presos.htm (Volver ...)
- http://zapateando.wordpress.com/2006/06/18/encuentro-nacional-por-la-libertad-de-los-presos-politicos/ y http://www.jornada.unam.mx/2006/07/17/020n1pol.php (Volver ...)
- http://espora.org/~p/egoteca/mot.php3?id_mot=9 (Volver ...)
- http://espora.org/~p/egoteca/article.php3?id_article=263&var_recherche=voz+del+amate (Volver ...)
- Ver informe de SIPAZ de Mayo de 1999 (Volver ...)
- http://www.phaseloop.com/foreignprisoners/prison-mexico.html (Volver ...)
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
De Julio a Octubre de 2006
PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
CHIAPAS
En agosto, estuvimos 10 días en varias comunidades y ciudades de las zonas Selva y Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores de la región: desplazados, dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, bases de apoyo zapatistas, así como organizaciones campesinas y sociales. Esta visita se realizó antes y durantes las elecciones estatales para observar su desarrollo en estas zonas.
Como parte de nuestras relaciones con diversos actores políticos y sociales de Chiapas, visitamos Chenalhó (zona Altos) en julio, septiembre y octubre, y nos reunimos con integrantes de la Mesa Directiva de las Abejas en San Cristóbal de Las Casas en agosto.
El 29 y 30 de julio asistimos como observadores a la Segunda Asamblea estatal de la Otra Campaña realizada en San Cristóbal de Las Casas.
A finales de septiembre, asistimos al 1er Encuentro Regional de la Selva para la Defensa de nuestro Derecho a la tierra y al territorio realizado en Comitán, Chiapas.
OAXACA
Del 4 al 8 de septiembre participamos en una Misión de observación convocada por la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Red Nacional Todos los Derechos para todas y todos con el fin de documentar violaciones a derechos humanos en el contexto que ha prevalecido después de la represión del 14 de junio. Ver informe completo: Informe Preliminar Misión Civil de Observación a Oaxaca: “Violaciones a los Derechos Humanos en Oaxaca. Del paro magisterial a la movilización popular”
GUERRERO
A mediados de agosto, asistimos al Seminario Internacional sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas realizado en Iguala de la Independencia. En los días posteriores, acompaños parte de la gira (no oficial) de Rodolfo Stavenhagen, Relator especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales de los Indígenas en este estado (zona Costa y Montaña).
OTROS
Del 14 al 16 de julio, asistimos al Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de nuestra tierra y territorio y contra el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y el PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales) realizado en Zirahuén, Michoacán.
Con el fin de monitorear el delicado contexto nacional, asistimos como observadores a la Convención Nacional Democrática organizada en la Ciudad de México el 16 de septiembre.
INFORMACION
Recibimos visitas, delegaciones (por ejemplo de Jubilee Economic Ministries o Marin Task Force for Latin America, ambos miembros de nuestra coalición), estudiantes y periodistas (principalmente de EE.UU. y Europa) para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.
En octubre, coordinamos una delegación de 8 días en Chiapas en la que participaron integrantes de Illinois Mayan Ministries (miembro de nuestra coalición de EEUU).
Realizamos entrevistas para radios en EEUU y Canadá alrededor del contexto postelectoral federal y estatal.
Seguimos desarrollando en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch-Suiza un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña, que se prolongará hasta diciembre de este año. En julio, se publicó un boletín conjunto sobre las elecciones federales; lo mismo sobre las estatales en agosto.
Finalizamos una nueva sección sobre Oaxaca en nuestra página Web
Seguimos participando en el seminario “La obra de Immanuel Wallerstein: una gramática para comprender el mundo actual en perspectiva crítica” coordinado por el “Centro de Estudios, Información y Documentación: Immanuel Wallerstein”.
PROMOCION DE PAZ
EDUCACION PARA LA PAZ
En agosto, participamos en un espacio ecuménico de reflexión y oración con miembros de distintas iglesias de Chiapas.
Facilitamos parte de un seminario sobre “Paz, Guerra y Violencia” convocado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un evento que se llevó a cabo en la ciudad de México en septiembre.
A principios de agosto, fuimos invitados a presentar una ponencia sobre nuestro trabajo en el marco de un simposio sobre “Trabajos en redes internacionales” convocado por la Mason University, en un evento realizado en Washington, EEUU.
ARTICULACION
Participamos en las reuniones mensuales de la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. A mediados de septiembre, participamos en una reunión de la Red mexicana de Constructores de Paz en la ciudad de México.
Participamos en dos talleres sobre “La Cárcel y su afrontamiento personal y colectivo”, coordinados por el Colectivo Ik. Realizamos una serie de entrevistas con las distintas organizaciones que trabajan esta problemática en el estado (ver enfoque en este mismo informe).
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