:: COYUNTURA
México: incertidumbres postelectorales
El pasado 2 de julio tuvieron lugar elecciones federales en México. Sin embargo, en la noche de aquel día, el Instituto Federal Electoral (IFE) – autoridad electoral encargada del conteo de los votos- se declaró incapaz de nombrar al ganador, debido al escaso margen de diferencia entre los dos punteros, y postergó el anuncio de las tendencias. Aún así, aquella misma noche, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO, candidato de la Alianza por el Bien de Todos que agrupaba a varios partidos del centro y de la izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) como Felipe Calderón (Partido Acción Nacional, PAN, derecha) se declararon vencedores. En los siguientes días se realizó un conteo por distritos, que dio por ganador a Calderón por un estrechísimo margen menor que el 1%. Contra esta resolución se presentaron impugnaciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que tiene hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones. El 6 de septiembre será el día límite para que declare si hay presidente electo.
Un proceso electoral inacabado
La jornada electoral en sí había transcurrido con relativa tranquilidad. Fueron instaladas el 99.4 por ciento de las casillas (130 mil 407 de las 130 mil 488 previstas), lo que representa el nivel más alto en la historia electoral de México. Casi el 60% de los electores mexicanos participaron (el nivel de abstención fue de un 41% frente al 36% reportado en la elección del 2000). A las ocho de la noche, el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, calificó la jornada electoral de "ejemplar y exitosa". Afirmó que los 3 mil 47 "incidentes" reportados (particularmente en la instalación de casillas) no afectaron el resultado de la contienda.
En las horas posteriores, las cifras publicadas en aquel momento indicaron un “empate técnico” con una leve ventaja a favor de Calderón sobre López Obrador, quien denunció una incongruencia de casi tres millones de votos faltantes. Al día siguiente, el IFE justificó este hecho por las más de once mil actas electorales que no fueron consideradas en el primer conteo por presentar “inconsistencias”. Al integrar el Instituto el conteo de estas actas, el margen entre Calderón y AMLO se redujo al 0.64%. El tercer candidato en la contienda electoral presidencial, Roberto Madrazo Pintado (de la Alianza por México que integraba el Partido de la Revolución Institucional, PRI y el Partido Verde Ecologista de México, PVEM) aceptó inmediatamente su derrota.
Tal y como está previsto en la ley, el siguiente paso fue el recuento de las actas correspondientes a los 300 distritos electorales que existen en la república entre el miercoles 5 y jueves 6 de julio y bajo supervisión del IFE. A diferencia del primer conteo, AMLO mantuvo desde el arranque un margen de ventaja sobre Calderón, que se fue estrechando hasta que el candidato panista lo rebasó y consiguió un margen final de 0.58%. Al tomar la delantera, en la madrugada, Calderón lanzó un mensaje de conciliación nacional. En la mañana del jueves 6, cuando todavía faltaban 400 casillas por computar, Andrés Manuel López Obrador anunció que impugnaría los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación: “Siguen funcionando el aparato y los recursos del Estado para favorecer al candidato de la derecha (…) es evidente que hubo una manipulación del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares que posibilitó el conteo rápido del IFE). Hubo poca transparencia. Le faltó independencia al IFE. Hubo consigna para que no se abrieran los paquetes electorales y una prisa inusual para resolver en menos de 24 horas una elección numéricamente reñida. No podemos reconocer el resultado. Son muchas las inconsistencias, las irregularidades. Vamos a impugnar la elección, a exigir que se abran los paquetes y se cuente voto por voto.”. El día 7, de forma ilegal en tanto eso es atribución exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE, declaró ganador a Felipe Calderón.
En los días siguientes, la Alianza por el Bien de Todos presentó más de 300 recursos ante el Tribunal Electoral. Abarcan irregularidades en alrededor de 50 mil de las más de 130 mil casillas instaladas. El PAN y su candidato se han opuesto a abrir los paquetes y contar voto por voto los más de 41 millones de sufragios emitidos. Ambos lados han llamado a manifestaciones sociales pacíficas. El 16 de julio, una manifestación a favor de AMLO reunió a más de un millón de personas en el Zócalo de la Ciudad de México.
El TEPJF, que –cabe recordar- falló contra el PAN por los spots televisivos difundidos contra López Obrador, tiene capacidad legal para invalidar el proceso comicial en caso de que se viera necesario. Hasta el 31 de agosto, fecha límite para resolver las impugnaciones, el resultado electoral sigue pendiente.
Primeros balances en espera de resultados definitivos
 Cualquiera de los dos candidatos presidenciales que sea declarado triunfador, AMLO o Calderón, habrá recibido el voto de sólo la quinta parte del total del electorado, la victoria más minoritaria que se haya visto para un presidente en México hasta la fecha. El dato de cerca de 14 millones de votos para cada uno de los dos primeros lugares sugeriría un escenario de división y riesgo de conflictividad social a corto y mediano plazo.
Otro aspecto en estas elecciones fue la polarización entre el Norte (mayoritariamente panista) y el Sur del país (mayoritariamente a favor de AMLO). También cabe subrayar que en elecciones el mismo 2 de julio, el PRD arrasó en el Distrito Federal manteniendo la jefatura de gobierno del Distrito Federal por tercera elección consecutiva.
Fruto de las elecciones federales (que se llevaron a cabo a la par de las presidenciales), el Congreso quedó dividido. Cualquiera de los candidatos que termine ganando las elecciones tendrá que hacerlo sin mayoría parlamentaria. De ser Calderón (primera minoría al ganar 206 de las 500 diputaciones y 52 de las senadurías en juego), tendrá que lidiar con una parte de la oposición adversa y resentida. De ser AMLO, la Alianza para el Bien de Todos apenas alcanzó 160 diputados y 36 senadores.
El PRI por su parte sólo alcanzó un 21% de la votación presidencial, siendo derrotado incluso en bastiones históricos como Oaxaca o Chiapas. Perdió cinco millones de votos en relación con la elección presidencial del ańo 2000, convirtiéndose en la tercera fuerza política nacional. Sin embargo, en el Congreso todavía podrá jugar un papel importante en las necesarias alianzas y negociaciones políticas entre los partidos, al obtener 121 diputaciones y 39 senadurías.
Finalmente, vale la pena mencionar que el partido Nueva Alianza alcanzó sorprendentemente 9 diputaciones y una senaduría, y Alternativa Socialdemócrata, 4 diputados federales.
Impacto de un turbulento contexto pre-electoral
 La forma como se llevaron las campañas electorales (llegando a descalificaciones personales entre candidatos) contribuirá probablemente a una complejidad aún mayor de los escenarios postelectorales. Si bien observadores y expertos en procesos electorales descartan la posibilidad de un fraude cibernético y en las urnas por métodos clásicos, se han venido reportando evidencias de inducción al voto y de múltiples delitos electorales desde meses antes de la votación, que se intensificaron en los últimos días antes de la jornada electoral. Este hecho quedó ilustrado por los resultados de un Monitoreo de Programas Sociales, realizado en 22 estados del país por 25 ONG´s bajo la coordinación de Alianza Cívica AC. y de Global Exchange (EEUU) acerca de cómo se estaban usando diversos programas federales para el condicionamiento y compra de votos, en este caso principalmente a favor del PAN.
De hecho, en mayo tanto el PRI como el PRD denunciaron que se estaba dando una verdadera "elección de Estado", en la que todo el aparato del ejecutivo Federal, se encontraba volcado en apoyar al candidato del partido en el poder. Incluso Roberto Madrazo llamó al PRD a una alianza formal para oponerse a esta "elección de Estado".
El 6 de junio, durante el segundo debate de los candidatos presidenciales, AMLO denunció tráfico de influencias y evasión fiscal de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón. Investigaciones periodísticas posteriores sacaron a la luz que, a través de empresas de servicios informáticos de su propiedad, había tenido acceso directo y completo, tanto a padrones de beneficiarios de los principales programas federales de apoyo social, como al Padrón Electoral y al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Varios sectores empezaron a dudar de la imparcialidad del IFE en su calidad de árbitro neutral frente a sus pocas respuestas ante todos estos hechos. Semanas antes de las elecciones, varios analistas comenzaron a denunciar la posibilidad de un fraude cibernético en las elecciones.
En junio, al mismo tiempo que la mayoría de encuestas reportaba un repunte de AMLO, se inició una intensa campaña en televisión nacional, patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en los que se estigmatizaba a AMLO como “peligro” para la Nación y se inducía un “voto del miedo” a favor de Calderón. Por otro lado, en los últimos meses, las divisiones de la cúpula del PRI se agudizaron, al grado de que priístas importantes llamaron abiertamente a las bases priístas al "voto útil", considerando que Roberto Madrazo tenía nulas posibilidades de ganar las elecciones. Algunos llamaron a votar a favor de AMLO, otros lo hicieron a favor del PAN.
¿Voto del miedo en un contexto social candente?
La campańa multimillonaria de propaganda contra AMLO que financió el CEE coincidió además con un momento de alta tensión social. En efecto, en los meses previos a las elecciones, se han dado una serie de acontecimientos violentos en varias partes del país.
 En mayo, el caso de Atenco fue ciertamente el más sonado (ver: www.sipaz.org). Un conflicto que tuvieron ocho vendedores ambulantes de flores con policías de la ciudad de Texcoco (estado de México) debido a la prohibición del alcalde perredista de que dichos vendedores se instalaran en un territorio concesionado ya para la construcción de un almacén Walmart derivó en una violenta confrontación. El balance de los dos brutales operativos policíacos posteriores fue de dos muertos (un menor de edad el mismo día y en junio, de otro joven que había sido herido en la cabeza por una granada de gases lacrimógenos), varios heridos, 211 detenidos y 5 extranjeros deportados. Más de 20 mujeres fueron ultrajadas sexualmente y 7 de ellas violadas por elementos de las fuerzas estatales de seguridad durante su traslado a la cárcel.
Actualmente, permanecen en la cárcel 28 de los 211 detenidos por delitos graves (secuestro equiparado de funcionarios). 146 de los detenidos salieron de la cárcel bajo fianza (814 mil 125 pesos por persona). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 150 denuncias por distintos tipos de violaciones.
En junio, el movimiento magisterial de Oaxaca movilizó a más de 40 mil maestros en un plantón que recibió las adhesiones de amplios sectores sociales del estado. Inició por demandas gremiales, pero terminó incorporando y priorizando la exigencia de la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz, a quien la mayoría de las organizaciones sociales del estado consideran responsable de la actividad represiva de las fuerzas de seguridad. Un operativo policíaco de desalojo fue resistido y rechazado por el plantón de maestros, quienes posteriormente, y tras romper pláticas con la Secretaría de Gobernación, amenazaron con boicotear las elecciones federales. No hubo problemas mayores el día de las elecciones federales en las que el PRI también fue derrotado.
En el caso de Chiapas, a principios de mayo, el gobierno estatal instrumentó dos operativos policíacos para desalojar los plantones de damnificados por el huracán Stan en Escuintla y Motozintla, donde la población civil protestaba por el incumplimiento de las promesas gubernamentales y por la tardanza en las obras de desazolve de ríos. El 8 de mayo se llevó a cabo también otro operativo para desalojar la presidencia municipal de Bochil (Altos), que fue tomada por más de un mes en protesta contra actos de corrupción del presidente municipal. Según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el saldo de este operativo represivo fue de decenas de heridos y 64 detenidos.
La Otra Campaña: cambio post Atenco
Este proceso político impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hace un año sufrió un giro a raíz del enfrentamiento en Atenco. El mismo día de los hechos, el Delegado Zero (Sub Comandante Marcos) suspendió su gira nacional y determinó permanecer en la Ciudad.de México hasta que fueran liberadas todas las personas detenidas. Inmediatamente se declaró una Alerta Roja que implicó el cierre de las estructuras civiles zapatistas (Municipios Autónomos y Juntas de Buen Gobierno) en Chiapas. Sigue vigente a la fecha. El Delegado Zero participó en espacios de medios de comunicación comerciales y en una serie de movilizaciones y encuentros con diversos sectores sociales. También se realizaron movilizaciones locales en varios estados del país. En mayo, se celebraron asimismo dos reuniones sectoriales: el 4° Congreso Nacional Indígena (CNI), realizado en el estado de México y en el que participaron 800 representantes de 31 diferentes pueblos indígenas de 25 estados, y el Encuentro Nacional para difundir estrategias de Defensa Jurídica, con la participación de 30 ONG's de 17 estados del país.
Sin embargo, la prioridad fue dada a la liberación de los detenidos en Atenco. El 28 de mayo, en una Marcha Nacional por la Liberación de los Presos y la Justicia para las Mujeres Violadas de Atenco, realizada en la ciudad México, el subcomandante Marcos declaró “para l@s zapatistas, la Otra ha pasado ya, en los hechos, a la etapa organizativa. Aunque siguen pendientes asuntos importantes de definición de su perfil, la Otra ya responde como una organización nacional (en los 32 estados), con ética (el no abandonar a l@s pres@s a su suerte), con moral alta (sobreponerse al terror que pretendió implantar la acción gubernamental en Atenco), y con capacidad de movilización autónoma e independiente (movilizaciones dislocadas y concentradas).” El número de participantes varía, dependiendo de las fuentes, entre 7 y 50.000 personas.
Al día siguiente, en una reunión nacional con adherentes de La Otra, Marcos llamó a realizar el 2 de julio "una concentración nacional para irrumpir en el proceso electoral de forma civil y pacífica", lo cual fue cuestionado por algunos intelectuales y analistas como una acción que favorecerá los intereses de la ultraderecha.
 Por otro lado, se denunció que los procesos judiciales establecidos contra los detenidos durante los dos operativos y la integración de averiguaciones previas por la violación sexual de mujeres han sido objeto de múltiples retrasos, obstáculos y regateos. En cambio, únicamente 23 policías de bajo rango han sido consignados por un solo cargo no grave, por lo que fueron liberados inmediatamente bajo fianza.
A nivel internacional, el reclamo de la Otra Campaña por la represión y violación de derechos humanos en Atenco, ha tenido mayor efecto. Paralelamente a las movilizaciones nacionales, en torno a la llamada Comisión Intergaláctica de la Sexta, se realizaron a nivel internacional 124 acciones en 52 ciudades de 24 países del mundo en protesta por la violencia en Atenco.
Organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch efectuaron denuncias respecto al caso. La Comisión Civil de Observación Internacional de los Derechos Humanos (CCOIDH), que sesionó en México del 29 de mayo al 4 de junio, emitió un informe preliminar cuyas conclusiones señalan la violación de derechos ejercida contra población civil de Atenco: “el operativo policial se produjo con uso excesivo de la fuerza pública, contrario a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y absoluta necesidad que debería guiarla”. Consideró por ello, que todos los altos mandos policíacos debían ser cesados, y en contraparte, liberados todos los detenidos, con base en el principio de presunción de inocencia.
Elecciones estatales: rupturas y cambios de bandos
Las elecciones federales (principalmente las presidenciales) habían venido opacando el proceso electoral en el cual se elegirá al próximo gobernador en Chiapas el próximo 20 de agosto. La definición de los candidatos de los distintos partidos y alianzas fue marcada por tensiones, rupturas y cambios de bandos. Quedaron finalmente registrados:
- Juan Sabines por PRD/PT/Convergencia (hasta finales de abril de 2006, presidente municipal de la capital Tuxtla Gutiérrez por el PRI);
- Antonio Aguilar Bodegas por el PRI/PVEM (ex Senador, ver informe de abril de 2006);
- Francisco Rojas Toledo por el PAN (diputado federal, ex alcalde de Tuxtla entre 2001 y 2004, y excandidato a Senador);
- Gilberto Gómez Maza por el Partido Alternativa Socialdemócrata (fundador del PRD en el estado, renunció a este partido desde el 2002, en protesta por la descomposición interna y el control que el actual gobernador Pablo Salazar Mendiguchía ejercía desde entonces sobre el Comité Estatal del partido).
- Emilio Zebadúa por el Partido Nueva Alianza (PANAL), exconsejero ciudadano del IFE, ex Secretario de gobierno estatal y ex diputado federal perredista, que inició su campaña electoral con apoyo de bases perredistas, en su mayoría indígenas de los Altos y de Selva.
 Estos nombramientos y las rupturas que implicaron tanto para los partidos como para sus electores prefiguran un escenario de un alto grado de abstencionismo (de por sí suele fluctuar entre el 60 y 70%). En particular, la amplia zona afectada por el huracán Stan el año pasado (41 municipios, 26 de ellos de forma grave) se encontrará entonces en plena temporada de lluvia haciendo muy difícil, física y anímicamente hablando, el desplazamiento de la población para ejercer su voto. (Ver boletín “La zona de Stan: foco rojo social y electoral”).
Queda por ver también el impacto del proceso electoral federal en el contexto estatal. Otro hecho político significativo fue la suscripción por parte del candidato perredista Juan Sabines de la llamada “Declaración de Comitán”, propuesta de Plan de Desarrollo para el estado, elaborada y presentada públicamente por Roberto Albores Guillén (ex gobernador priísta y ex precandidato en estos comicios estatales), que cuenta con el apoyo de una parte importante del electorado. Sabines prometió públicamente incorporar los planteamientos de esta Declaración en su Plan de Gobierno.
Según diversos analistas, dicho Plan presenta características neoliberales: por ejemplo, la construcción de una amplia red de autopistas y carreteras; la creación de un “nuevo Cancún en el norte de Chiapas” y el establecimiento de un sistema de riego con fines agroindustriales en el Soconusco y Costa. Por otro lado, incluye acciones de contrainsurgencia, como la creación de nuevos municipios constitucionales, encimándose la mayoría de ellos sobre municipios autónomos zapatistas.
:: ENFOQUE
“La tierra no se vende, se trabaja y se defiende”
El 14, 15 y 16 de julio pasado, en Zirahuén, Michoacán, se realizó el “Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de nuestra tierra y territorio y contra el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) y el PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales)”1.
La convocatoria a este Encuentro planteaba: “La puesta en marcha de programas como el PROCEDE y PROCECOM, efectuada la mayoría de las veces mediante actos ilegales, con engaños, manipulaciones e incluso chantajes, condicionando obras, servicios y otros programas gubernamentales, así como cometiendo una serie de irregularidades, denota la existencia de una política de Estado violatoria de Leyes vigentes tales como la Agraria, el Código Civil, el Derecho Consuetudinario Indígena, la propia Constitución Política Mexicana y una serie de Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por el mismo Estado Mexicano.”
Aunque el PROCEDE estaba planificado para finalizar en 2006, el programa continúa vigente. Además muchas organizaciones sociales y campesinas alertan que tan sólo se trata de una forma de implementar una política que seguirá con gobiernos posteriores, aunque sea bajo otras siglas y programas.
Un poco de historia
 El PROCEDE nació el 5 de enero de 1993 con el objetivo expreso de "dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprueben y soliciten" (http://www.pa.gob.mx/Procede/info_procede.htm).Es un programa federal interinstitucional en las que colaboran la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Al hablar del PROCEDE, no podemos dejar de referirnos a la Reforma del Artículo 27 Constitucional y a la nueva Ley Agraria (ambas emitidas en febrero de 1992). En buena medida, ambas fueron parte de las negociaciones hacia la implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que México firmó con Estados Unidos y Canadá en 1994.
Las reformas de 1992 tenían varias consecuencias para el campesinado mexicano:
“a) El fin de todo el reparto agrario que se inició después de la revolución de 1910 (...);
- Levantar la prohibición legal que existía para las tierras ejidales o comunales que se pueden ahora vender, comprar, rentar, embargar o hipotecar y prescribir.
- Permitir y fomentar la participación en sociedades mercantiles, de los ejidos y comunidades que posean valiosos recursos naturales asociándose con empresas o bancos, aportando los campesinos sus tierras o sus bosques y montañas los cuales ahora sí pueden ser embargados o hipotecados y enajenados”. 2
De ahí, la fuerte oposición de muchas de las organizaciones campesinas a estas reformas, a las que calificaron de contrareforma y retroceso frente a las conquistas de la Revolución Mexicana: a principios de los 90s, se multiplicaron las marchas, plantones, bloqueos de carreteras y tomas de oficinas gubernamentales intentando hacerse escuchar. Cabe subrayar también la exigencia de tierra como una de las demandas básicas planteadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al levantarse en armas el 1ero de enero de 1994, fecha que no casualmente coincidió con la entrada en vigor del TLCAN.
13 años después
Según informe del Registro Agrario Nacional (http://inet.ran.gob.mx/ran/archivos/PROCEDE/index.html) existen en el país 27.664 ejidos y 2.278 comunidades, que en conjunto suman 29.942, núcleos agrarios. Los ejidatarios y comuneros se estima poseen aproximadamente 9 millones de parcelas y solares, que cubren más de la mitad del territorio nacional.
Las acciones de comunicación y sensibilización a integrantes de los órganos ejidales, así como el acopio de información complementaria, ha permitido diagnosticar la viabilidad de incorporación al programa en el 100% del total nacional.
Por voluntad de sus asambleas se han incorporado al Programa el 96% de los núcleos agrarios. Un 91% ha realizado de conformidad con sus colindantes la delimitación de sus linderos como de las parcelas y solares. Se ha concluído este trabajo de medición en el 90% de los casos. Finalmente, se ha culminado la regularización del 89% del total nacional así como la certificación y/o titulación de 77,.5 millones de hectáreas.
Frente a los riesgos mencionados anteriormente, cabe subrayar que se calcula que en todo México, menos de un 3% de toda la tierra ejidal y comunal certificada en esos 13 años ha pasado al llamado “Régimen de Dominio Pleno” y se ha privatizado totalmente (Fuente 2).
Existen tres estados atrasados en la aplicación del PROCEDE: el Distrito Federal (en las montañas que rodean la Ciudad de México existen todavía ejidos y comunidades que abarcan una superficie de 30,496 hectáreas), el estado de Oaxaca donde el PROCEDE lleva un avance de 52% y Chiapas, con un avance de 54% (Fuente 2, cifras a finales del 2005).
El choque de dos visiones
Los estados que llevan un menor avance nacional (Chiapas y Oaxaca) se encuentran en el Sur de México y se caracterizan por un fuerte componente indígena. En la cosmovisión ancestral indígena, la naturaleza se considera como algo integral (la “madre-tierra”), sagrado y colectivo, que por tanto no se puede vender.
Esto queda ilustrado por ejemplo en esta cita: “Es importante destacar el elemento místico en el concepto de territorio. Territorio no es un pedazo de tierra nada más, no se puede definir con una sola palabra [no existe una traducción directa en los principales idiomas indígenas de Chiapas]. Tiene que ver con donde sembramos el maíz, donde nacemos, donde nos casamos, donde tenemos los hijos. Tiene que ver con los bosques, con los animales, con los lugares sagrados, las cuevas, las lagunas, los cerros. El territorio somos los pueblos” 3
Esta concepción tiene profundos impactos en las formas organizativas vigentes a la fecha en buen número de comunidades indígenas: “Todo esto, que implica ver a la naturaleza y a la Tierra como a una madre y no como a una esclava, ha sido históricamente la forma de trabajar y de producir de las culturas mesoamericanas, y se encuentra en la base de su resistencia política requiriendo para su reproducción, el mantener y fortificar las estructuras comunitarias de decisión y colaboración solidaria, así como de preservar la percepción colectiva de que la tierra y sus recursos son propiedad de tod@s, de la comunidad en su conjunto, quien le da en usufructo y responsabilidad familiar”4.
La visión indígena de la tierra viene chocando con otra visión más mercantilista: la tierra ha sido reducida por el sistema económico actual a su sola dimensión material, como recurso a explotar, y ha sido fragmentada en distintos momentos de la historia mexicana bajo el amparo de la ley.
Las declaraciones del Secretario de la Reforma Agraria, Lic. Florencio Salazar Adame, en el marco del programa Teleformula, el 5 de octubre de 2005, bien podrían ilustrar esta otra lógica: “El PROCEDE tiene como objetivo por una parte evitar los conflictos agrarios y por la otra incorporar las tierras al mercado (...) Antes de la reforma del (artículo) 27, el campesino era sólo un usufructuario. Debemos revisar a Zapata para que, del sistema de producción de autoconsumo se pase a la producción para el mercado”.
Críticas hechas al PROCEDE
 Muchas organizaciones campesinas y civiles han denunciado el PROCEDE y el PROCECOM por las divisiones que genera en las comunidades y en los ejidos (algunos miembros aceptan, otros no). Eso es particularmente crítico en el caso de Chiapas, ya de por sí caracterizado por un tejido social fracturado por el conflicto armado y las consecuencias de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad implementada para contrarrestarlo.
En algunos casos, la decisión no se toma en asambleas ni se respetan las formas legales según las cuales debe llevarse a cabo: “Si en la primera convocatoria de asamblea no se reúne el 75% de los ejidatarios como marca la ley entonces se convoca a una segunda, pero no se ha respetado el mes entre una y otra. En la segunda asamblea disminuye de un 75 a un 50% el número de ejidatarios; es allí donde se firma una acta de asamblea con consecuencias para quienes no asistieron. Los funcionarios agrarios se justifican al decir: "Nosotros hicimos el trabajo de acuerdo a como lo decidió la comunidad, de acuerdo a la asamblea"”.5
Muchos otros cuestionan el hecho de que propicie el acaparamiento y la venta de las tierras colectivas. “Desde mi punto de vista, una parte está bien, ya que el que el que tiene problema agrario de colindancias le puede encontrar solución. Pero al parcelar puede vender y comprar el que tiene dinero, que puede ser de la misma comunidad o no, y poco a poco va acaparando más terrenos” (Fuente 4, habitante de la región Selva-Norte de Chiapas).
O bien: “Pues ahora muchos compañeros ya no tienen dónde conseguir leña, porque las montañas también quedaron parceladas; ahora ya no pueden ir en la montaña porque ya tiene dueño” (Fuente 4, habitante de la región Selva-Norte de Chiapas)
En el 2º Encuentro Nacional, un participante dijo: “Todos somos capitalistas. El capital de nosotros es la tierra. Si se vende a otro, él va a vender hasta que caiga la tierra en las manos de los que quieren los gobernadores. Son etapas hasta que la clase alta o media tenga el terreno. Tenemos enemigos muy poderosos. Están al tanto de las leyes y saben manejarlas. Los ricos saben todos los trucos y van adelante”.
Otro riesgo es que, para obtener créditos, los campesinos tienen que dejar en garantía sus tierras, y si luego no logran cumplir con el pago del crédito, pierden sus tierras: “Como ejido hay organización, hay unidad, hay fuerza; pero una vez que nos individualizan, se debilita (...) Por otro lado, nosotros no sabemos manejar los Programas; aunque yo tenga mis documentos, voy al banco y pido un préstamo, doy mi escritura, y en el momento que no puedo pagar porque no sé manejar bien los pagos, las ganancias o el trabajo, o me meto a echar trago, lo acabo mi dinero y finalmente mi escritura le va a quedar al banco”. (Habitante de Bachajón, región Selva Norte, Fuente 4). Por otro lado, cuando al entrar al PROCEDE, se tiene que empezar a pagar el impuesto predial tanto por la parcela como por el solar.
También se han identificado irregularidades en la forma en que se “propone” dicho programa. Teóricamente, y en la forma como se plantea ser “El PROCEDE ha sido y será hasta su culminación, un Programa de apoyo a la iniciativa campesina, voluntario y gratuito, que atiende a solicitud de parte, bajo la premisa de estricto respeto a la voluntad de los núcleos agrarios y cuya operación se sustenta igualmente en la organización y participación activa de los ejidatarios y comuneros, que se logra a través de sus asambleas, en las que con la presencia de un fedatario público y con apego al marco jurídico-técnico establecido, deciden libremente la delimitación, destino y asignación de sus tierras.” Sin embargo, se han denunciado muchos casos en los que los promotores de la Procuraduría Agraria visitan los domicilios para convencer a las familias/a los jefes de familia de ingresar al programa.
En varios casos, se ha detectado que otros programas de gobierno, como el PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo) o las promesas de apoyos se han utilizado para presionar en este sentido. “Dice el licenciado que si le van a entrar al Programa, les van a llegar más apoyos; que así como están mancomunados no van a encontrar nada de proyectos, dice el licenciado. Entonces mi pueblo lo creyó y por eso le entró. Pero el apoyo que iba a llegar no hay nada; sí que nos engañó”. (Fuente 4)
Otras críticas van en el sentido que la medición de las tierras no es correcta. Además, si se les determina “excedentes” entonces se les expropia sin que se les reconozca el tiempo de posesión y usufructo pacífico, mismo que les daría derecho a una prescripción positiva (Fuente 4).
Finalmente, el PROCEDE ha sido denunciado por agudizar la situación de desigualdad, inseguridad y discriminación de las mujeres campesinas: “A primera vista este nuevo Código Agrario [febrero de 1992] nos da la impresión de ser neutro en cuestión de género pues claramente el artículo 12 de esta ley nos dice ‘Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales’, cuestión que evidencia la igualdad formal que existe en el ámbito agrario, sin embargo, dicha igualdad no se ha reflejado como igualdad real. (...) En la práctica este programa ha vuelto a la política de titulación a los “jefes de familia” o simplemente a quienes se encontraban en calidad de ejidatarios individualmente, excluyendo nuevamente a las mujeres del acceso a la propiedad, en este caso, de la tierra”6
Organización en defensa del territorio
 En el seminario sobre Derechos indígenas organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, uno de los grupos de trabajo concluyó: “Para fortalecer la defensa de nuestro territorio es necesario organizarse para no caer en las trampas del gobierno neoliberal, organizarse más en la resistencia del Pueblo”.
Ciertamente los pueblos indígenas cuentan con décadas o más bien siglos de experiencia en cuestiones de resistencia. En el caso de Chiapas, desde los 70s, se ha ido fortaleciendo el movimiento indígena y campesino y han venido surgiendo organizaciones campesinas independientes.
Otro factor organizativo ha sido la realización de encuentros: 1er Encuentro Nacional contra PROCEDE y PROCECOM “A una década de la contra-reforma agraria, Defendamos Nuestra Tierra”, realizado el 5 y 6 de febrero del 2003 en la comunidad de San Felipe Ecatepec, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; el Primer Encuentro Estatal contra el PROCEDE y PROCECOM, realizado en el Ejido Petalcingo, Municipio de Tila, Chiapas, del 10 al 12 de marzo de 2006 y más recientemente el “Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de nuestra tierra y territorio y contra el PROCEDE y el PROCECOM del 14 al 16 de julio pasado, organizado en Zirahuén, Michoacán.
En este último Encuentro, se acordó crear una Red Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, y en contra del PROCEDE/PROCECOM, para mantener un intercambio permanente de experiencias, y una coordinación y apoyo mutuo en las luchas regionales y estatales.
La Declaración final también se plantea acciones: “Igualmente decidimos fortalecer la unidad comunitaria a través de sus asambleas, bajo una visión territorial y de autonomía; promover la construcción de alternativas comunitarias para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para una producción agroecológica basada en la autosuficiencia local y la soberanía alimentaria, fomentando mercados regionales que rescaten el trueque. Generaremos una intensa campaña de información y difusión, a niveles local, nacional e internacional (...). Realizaremos también diversas movilizaciones en nuestros estados y regiones, en apoyo a acciones de carácter jurídico que documentarán las acciones ilícitas cometidas por el gobierno en su afán de imponer el PROCEDE y PROCECOM.”
El llamado a la unidad fue una constante en el Encuentro y ciertamente se requerirá para hacer frente a un proceso que no acaba con el PROCEDE. La Declaración también planteaba el temor a que “para el próximo sexenio, independientemente de quién sea el próximo presidente, se profundizará la aplicación de estos programas privatizadores”.
NOTAS
1- Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra, y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo la tiene que tomar la asamblea de ejidatarios en su totalidad.
- Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos. (volver)
2 - “13 años después: el PROCEDE... ¿Procede?”, Maderas del Pueblo Sureste, AC, Foro para el Desarrollo Sustentable AC, febrero de 2006) (volver)
3 - Seminario Permanente anual “Derecho de los Pueblos Indígenas, Primera Sesión: El derecho al territorio de los Pueblos Indígenas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, noviembre de 2005. (volver)
4 - “El Impacto del PROCEDE en los Recursos Naturales, la Vida Comunitaria y el Tejido Social de Comunidades Indígenas Tseltales en la Región Selva-Norte De Chiapas”, Maderas del Pueblo Sureste AC, Foro para el Desarrollo Sustentable AC, febrero de 2006. (volver)
5 - YORAIL MAYA #4, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junio de 2002. (volver)
6 - Boletín del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC, abril de 2005. (volver)
:: ARTÍCULO
Elecciones en la zona Norte: relativa tranquilidad
Para alguien que venga de fuera, el lugar puede tener algo de surrealista, casi como un viaje en el tiempo. Nos encontramos en una comunidad donde predominan todavía las casas de madera, entre las que puercos, gallos y otros animales caminan libremente, y por las noches se escuchan los saraguates. En un primer momento, lo único que nos recuerda la fecha, 2 de julio de 2006, son los afiches de los candidatos a la presidencia colgados en los árboles.
Un poco antes de las nueve de la mañana, el representante del IFE (Instituto Federal Electoral) llegó a la cancha de la escuela donde los responsables de instalar las casillas estaban todavía trabajando. Se veía estresado por la demora, y es que el comicio debió iniciarse oficialmente a las ocho. El caso es que existen “dos horas”: la “de Fox” (horario de verano) y la “hora de Dios” (en las comunidades no se cambia la hora). Conforme a la hora de Dios, eran sólo las ocho de la mañana. Unos quince minutos después se abrieron las casillas y las primeras personas en llegar empezaron a votar.
Habíamos llegado temprano para observar el arranque del proceso electoral. Desde lejos vimos la lucha de los responsables con la mesa y las tres cajas de plástico donde la gente tenía que depositar sus votos (para presidente, senadores y diputados). Nos hizo pensar en esos muebles que, se supone, fácilmente puedes armar sólo en tu casa, algo que siempre resulta más complicado que lo que parece en el dibujo de explicación, y terminan sobrando inexplicablemente algunos tornillos.
Mientras la gente se acercaba para comenzar a votar, los responsables de las casillas contaron los boletos de votación dos veces, pegaron pósteres con la explicación de cómo se debía votar, y llenaron una gran cantidad de papeles.
En cada casilla también se encontraban observadores de los partidos para vigilar el proceso electoral casilla por casilla. En esta comunidad había sólo representantes del PRD (Partido de Revolución Democrático) y del PRI (Partido Revolucionario Institucional). Por su parte, el PAN (Partido Acción Nacional) no tiene presencia relevante en esta zona.
El ambiente parecía casi festivo. En los años de mayor conflicto en la zona Norte de Chiapas, de 1995 al 2000, la polarización por filiación política era muy fuerte: por un lado, los priístas y, entre ellos, los adherentes a “Desarrollo. Paz y Justicia” (grupo acusado de paramilitar); y por el otro, la “oposición” (principalmente miembros del PRD y bases de apoyo zapatista). El recuerdo de esa época, en la que fueron asesinadas y desaparecidas más de 100 personas de la oposición, queda grabado en la memoria de la gente. El miedo de aquellos años seguía presente en los momentos previos al acto eleccionario. En este marco, recibimos el agradecimiento por nuestra presencia, que les ayudaba a sentirse más seguros. La gente tenía muy claro que no quería problemas. Los miembros de las bases de apoyo zapatista por ejemplo dijeron: “no nos dejaremos provocar ni vamos a provocar pero ojalá respeten nuestra decisión de no votar”.
En la zona Norte no se reportaron mayores incidentes. Sólo se presentaron algunas dificultades por la lejanía de las casillas o por el hecho de que algunos desplazados -la mayoría retornados- tuvieron que ir a votar a poblados predominantemente priístas, en muchos casos habitados por los que consideran como sus victimarios. Se dio el caso de gente de una comunidad fue a votar a la casilla más cercana. Al no aparecer sus nombres en las listas, se fueron a la siguiente comunidad para ver si allá podrían votar, sin que esto les parezca en absoluto “anormal”. Es también llamativo en este sentido que se asuman como muy normales y corrientes, lo que al fin y al cabo son “delitos electorales”, como la compra o coacción del voto en el marco de las campañas. Otro aspecto propio de la mayoría de las comunidades es que pocas veces existe el voto individual libre y secreto, en primer lugar porque todos se conocen, y en segundo lugar porque es frecuente que la decisión de voto se resuelva colectivamente en asamblea.
En el distrito al que pertenece la zona Norte, los resultados actuales dan la victoria a la “Coalición para el Bien de Todos” (integrada por el PRD, el Partido del Trabajo y Convergencia). Lo mismo ocurrió en la totalidad del estado de Chiapas, con una participación relativamente alta para este estado de un 49.37%.
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Participación Ciudadana: 49.37%
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http://www.elecciones2006.unam.mx/PREP2006/PRESIDENTE/ESTADOS/7_Pre.html
Ahora la preocupación está dada por las próximas elecciones estatales (20 de agosto), con candidatos más “cercanos” y por tanto con la posibilidad de campañas más “agresivas”. Pero como nos dicen en las comunidades, “eso apenas comienza...”.
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
De Abril a Junio de 2006
PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
En junio, estuvimos 10 días en varias comunidades y ciudades de las zonas Selva y Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores de la región: desplazados, dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, bases de apoyo zapatistas, así como organizaciones campesinas y sociales. Este viaje se realizó antes y durante las elecciones federales del 2 de julio para poder observar el contexto en el que se desarrollaron en estas zonas.
En mayo y junio, participamos en la Misión civil de verificación convocada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas para observar la situación actual de la presencia militar y las condiciones que guardan 12 años de conflicto en las comunidades indígenas de Chiapas (ver Resultados preliminares de la Misión de Verificación sobre las Circunstancias de Excepción en Chiapas, 29 de junio de 2006: http://www.frayba.org.mx)
En mayo, asistimos como observadores al Foro para la conformación del Frente Nacional de Lucha hacia el Socialismo (Chiapas).
El 17 y 18 de junio, asistimos como observadores al Foro estatal hacia el Plan Nacional de Lucha convocado por miembros de la Otra Campaña en Chiapas.
A principios de mayo, asistimos en calidad de observadores internacionales a algunas de las actividades de la Otra Campaña en la ciudad de México.
Información
Recibimos visitas, delegaciones (por ejemplo de Acción Permanente por la Paz y Global Exchange, ambos miembros de nuestra coalición), estudiantes y periodistas (principalmente de EE.UU. y Europa) para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ.
A principios de mayo se publicó un primer boletín sobre los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco, que fue actualizado 10 días más tarde.
Seguimos desarrollando en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch-Suiza un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña, que se prolongará hasta diciembre de este año. En junio, se publicó un boletín conjunto sobre la zona afectada por el huracán Stan (ver: “La zona ‘Stan’: foco rojo social y electoral").
A finales de junio, junto a otros miembros de este mismo proyecto, nos reunimos con observadores electorales de la Unión Europea que estaban por acompañar la jornada del 2 de julio.
En estos meses, un miembro del equipo de SIPAZ realiza una gira en Alemania recorriendo varias de sus ciudades.
Seguimos participando en el seminario “La obra de Immanuel Wallerstein: una gramática para comprender el mundo actual en perspectiva crítica” coordinado por el “Centro de Estudios, Información y Documentación: Immanuel Wallerstein”.
PROMOCION DE PAZ
Educacion Para La Paz
En junio, participamos en un espacio ecuménico de reflexión y oración con miembros de distintas iglesias de Chiapas.
Articulación
Seguimos participando en la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. En mayo, la Red por la Paz diseñó y empezó a difundir un material destinado a las comunidades sobre los hechos de violencia ocurridos en San Salvador Atenco.
A finales de abril, participamos en una reunión de la Red mexicana de Constructores de Paz en la ciudad de México. A principios de mayo, se realizó un pronunciamiento conjunto frente a los hechos de Atenco. También estuvimos en otra reunión de este mismo espacio en San Cristóbal de Las Casas a principios de junio. El tema abarcado en esa ocasión fue la caracterización actual del conflicto en Chiapas.
Del 10 al 13 de mayo, en Viena, Austria, participamos en el Foro "Enlazando alternativas II", un encuentro de movimientos sociales de América Latina, Europa y El Caribe que se realizó de manera paralela al de los presidentes en estas regiones. Fue una oportunidad de intercambio de experiencias y politicas alternativas desde los movimientos populares latinoamericanos y europeos.
A principios de junio, participamos en un espacio impulsado por PROPAZ y SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz) cuyo propósito era compartir, analizar y reflexionar sobre los proyectos de Nación en debate. Participaron alrededor de 80 personas de Chiapas, México DF y Oaxaca.
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