:: COYUNTURA
México, inicio de campañas: preparados, listos, ya.
En un contexto en el que los gobiernos de América Latina parecen girar cada vez más a la izquierda (Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y más recientemente, Chile), México está por tener elecciones presidenciales el próximo 2 de julio. Andrés Manuel López Obrador, representando la Alianza Por el bien de todos (izquierda) conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia es un candidato fuerte por su alta popularidad que le garantiza una amplia base social. Felipe Calderón Hinojosa quedó como candidato del Partido de Acción Nacional (PAN). Es el partido actualmente en el poder, lo cual resulta ser una desventaja como de hecho se vio en el voto de castigo de los mismos panistas en el proceso de elección interna: perdió Santiago Creel considerado como el candidato del presidente Vicente Fox. En el Partido de la Revolución Institucional (PRI), luego de los cuestionamientos en cuanto a su patrimonio y al de su familia, Arturo Montiel renunció a su candidatura, dejando el espacio libre para Roberto Madrazo. El 13 de noviembre en las elecciones internas, el triunfo de Madrazo fue rotundo frente a un priísta poco conocido, Everardo Moreno. Como en el 2000, el PRI renovará su alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Las encuestas suelen darle una ligera ventaja a López Obrador, aunque las elecciones desde el 2000 han favorecido más bien al PRI que se ha mantenido como la primera fuerza política mexicana a nivel municipal, estatal y en el Congreso. Con tres candidatos fuertes según las encuestas que les dan preferencias de voto equiparables y un amplio sector de la población todavía indecisa (se calcula que hasta el 40%), se teme por la tentación de generar un “voto del miedo”: inhibir la votación podría ser una táctica para asegurar una victoria hasta la fecha incierta. En este sentido el creciente debilitamiento y descrédito del Instituto Federal Electoral (IFE) hace correr el riesgo de que no pueda jugar su papel de árbitro, aumentando la incertidumbre en torno del proceso electoral.
Ya iniciadas las campañas electorales y mientras un amplio sector se está abocando a la intensa disputa partidista, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no se está planteando la posibilidad de regresar a un proceso de negociación con un próximo gobierno sino que optó por abrir una nueva etapa de diálogo y construcción de alternativas de carácter no electoral con la sociedad civil. Esta propuesta nacida de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (junio de 2005) fue llamada la “Otra Campaña” en clara referencia al contexto electoral. Partiendo de la crisis de la democracia representativa y sin esperar los resultados de las próximas elecciones, se posiciona “abajo y a la izquierda”, apuntando a construir un plan de lucha nacional anticapitalista. Como ya lo planteaba el comunicado zapatista “La Rebeldía y las sillas” (octubre de 2002), para el EZLN a mediano plazo, no es tan relevante quién llegue a sentarse en la silla (en este caso presidencial), sino cuestionar el mismo concepto de silla, de poder.
Arranque de la ‘Otra Campaña’
Luego de tener una primera serie de reuniones con distintos actores en varias comunidades zapatistas de la Selva Lacandona en agosto y septiembre, y como anunciado en la Sesión Plenaria de mediados de septiembre, se abrió en enero otra etapa que pretende ser de diagnóstico tanto de la situación existente en los distintos estados como de las respuestas que la población encuentra frente a ésta. Este trabajo le corresponde al Subcomandante Marcos ahora renombrado Subdelegado Cero: “A mí me toca salir primero para ver cómo es el camino que vamos a andar y ver si hay peligros y aprender a conocer el rostro y la palabra del que es compañero y compañera, pero tiene otro modo”.
Esta etapa inició en San Cristóbal de las Casas el primero de enero donde varios comandantes y miles de bases de apoyo del EZLN vinieron a despedir al Subdelegado. El comandante David recordó en esta ocasión: “Al cumplir 12 ańos del levantamiento armado, contra el olvido, contra la humillación, contra el desprecio y contra toda clase de injusticias que sufrimos los pueblos indígenas y los pueblos de México, les decimos que aquí estamos, aquí estaremos y también en todas partes, por eso hoy, primero de enero de 2006, nos hemos encontrado otra vez en esta misma ciudad de San Cristóbal…, pero hoy estamos muchos miles de bases de apoyo… para dar inicio formal al siguiente paso que hemos decidido como EZLN junto con cientos de miles de compañeros y compañeras de México y el mundo, los que han hecho suya la llamada Sexta Declaración y la ‘Otra Campana’ para abrir pasos, para abrir puertas y tocarles el corazón de otros hermanos indígenas y no indígenas, pobres como nosotros, y a todos aquellos y aquellas que quieren el cambio real en nuestro país y construir una verdadera sociedad donde se pueda vivir una verdadera democracia, con libertad y justicia para todos….”
Como último orador, el subcomandante Marcos expresó: “Si algo malo me pasa, sepan que ha sido un orgullo el luchar a su lado, ustedes han sido los mejores maestros y dirigentes y estoy seguro que seguirán llevando por buen camino nuestra lucha, enseñándonos a todos a ser mejores con la palabra dignidad. Somos viento, no tememos morir en la lucha. La buena palabra ha sido ya sembrada en buena tierra, esta buena tierra es su corazón de ustedes y en él florece ya la dignidad zapatista”.
 La primera semana de esta gira que recorrerá los distintos estados mexicanos hasta junio debía tener lugar en el estado de Chiapas. El 6 de Enero, falleció la comandanta Ramona, una de las fundadoras del EZLN. Se interrumpió la gira en Tonalá (donde se retomó tres días después) para prolongarse hasta el 14 de enero. Se organizaron mítines y reuniones en varios lugares del estado: San Cristóbal, Palenque, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Pijijiapan, Huixtlá y Trinitaria. Aunque la cantidad de participantes y los contenidos de sus intervenciones variaban de un lugar a otro, se mantuvo una constante: el alto nivel de descontento social. La presencia del subcomandante Marcos y de medios en su mayoría alternativos sirvió de caja de resonancia para estas quejas de todo tipo: desde problemas de drenaje, las altas tarifas eléctricas, la falta de atención en la zona damnificada, etc. El Subdelegado Cero lo resume en una frase: “ el problema de Chiapas es el mismo que existe en todos los estados del país: es el sistema capitalista”. En varios lugares, le tocó aclarar tanto su papel dentro del EZLN por el culto que se ha desarrollado alrededor de su persona, el papel del EZLN dentro de la Otra Campaña, así como lo que es y, tal vez más todavía, lo que no es la “Otra”. Muchas personas se acercaron esperando que él les resolviera sus demandas más aquejantes como si fuera “otro candidato” a un puesto electoral, lo cual ha negado rotundamente.
En cada lugar, el subcomandante cuestionó a los candidatos a la presidencia y a los partidos políticos, haciendo particular énfasis en el carácter no electoral de la Otra Campaña. Por ejemplo, en Palenque, el 3 de enero: “todos estos días que vienen vamos a escuchar un montón de promesas, mentiras, tratando de alimentar nuestras esperanzas de que las cosas ahora sí van a mejorar si cambia un gobierno por otro; una y otra vez, cada ańo, cada tres años, cada seis años, nos venden esta mentira y una vez cada tres años, cada seis años nos la vuelven a repetir. Nosotros pensamos, los compañeros de la Otra Campańa, de la que somos parte los del EZLN, que nada nos van a dar. Nada que no conquistemos por nuestro propio esfuerzo, con nuestro esfuerzo organizado para transformar las cosas. Los gobiernos que tenemos, aparte de mentirnos, de despojarnos de lo poco que tenemos, nos dan los precios muy caros de las cosas que compramos y lo que producimos como campesinos y como obreros nos lo pagan con una miseria. (…) Nosotros pensamos que todo eso tiene que cambiar y no va a cambiar desde allá arriba, donde la derecha está repartiendo sus mentiras para un lado y para otro, al mismo tiempo que se está embolsando millones y millones de pesos. Pensamos que sólo eso va a poder cambiar desde abajo o a la izquierda, por eso los estamos invitando a todos y todas que se consideren a sí mismos, gente humilde y sencilla, si quiere cambiar las cosas, si quiere vivir para él, para sus hijos, para sus nietos un mundo donde pueda vivir sin miedo. Sin miedo a ser humillado o despreciado por el color de la piel, por el modo de caminar, por el modo de hablar, por la cultura, o por el lugar que tiene en esta sociedad”. En Chiapa de Corzo el 5 de enero, enfatizó: “Hagan lo que su corazón les diga, pero pongan a pensar ese corazón y métanle la palabra dignidad. Respétense a sí mismos, y exijan que él que les hable, los respete y los tome en cuenta. En las campañas ustedes no valen más que por que tienen una credencial de elector. La Otra Campańa es otra cosa, precisamente”.
Un elemento fundamental de la Otra Campaña pretende ser organizar y coordinar procesos de lucha y resistencia. En Pijijiapan convocó a una “gran movilización estatal y luego nacional” en contra de las elevadas tarifas de electricidad afirmando “¡Háganle igual que nosotros, pero sin armas!- Unan todas sus pequeńas luchas y hagan una sola, pero muy grande; que el gobierno no pueda vencerla”.
Las reacciones por parte de los actores políticos oscila entre el silencio (creando un vacío alrededor de la propuesta), el celebrar el carácter político, civil y pacífico de la propuesta (vocero de la Presidencia de la República) y las críticas directas afirmando que el Sub Comandante Marcos ha perdido presencia y seguidores, cuestionando el financiamiento del EZLN y de esta ‘Otra Campaña’ y su falta de propuesta, entre otras cosas. Luego de Chiapas, el subdelegado prosiguió con su gira rumbo a Quintana Roo y Yucatán…
Chiapas en el contexto electoral y de la Otra Campaña
 Lo primero que cabe subrayar es el hecho que casi la mitad de Chiapas sigue en un estado de extrema vulnerabilidad por las secuelas de los huracanes Stan (5 de octubre) y en menor medida Wilma (21 de octubre) en el sur de México. El paso de Stan arrasó millones de hectáreas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde los mayores daños se registraron en zonas rurales y en los barrios pobres de pueblos y ciudades, por encontrarse éstos asentados en zonas de alto riesgo: miles de casas afectadas, de comunidades incomunicadas, de carreteras destruidas, centenares de puentes colapsados. Las cifras varían pero se calcula entre decenas y un centenar de muertos.
Varias instancias civiles integrantes de la Red de Organizaciones para la Emergencia en Chiapas denunciaron en noviembre: “hemos constatado que las versiones oficiales son falsas. Ha sido mínima y desordenada la ayuda humanitaria que han dado a las poblaciones rurales de las regiones Costa, Sierra y Soconusco. Sus terracerías, caminos vecinales, puentes y hamacas [puentes colgantes], prácticamente no han tenido reparación alguna, salvo ciertas carreteras que comunican a otras zonas del estado. Cientos de comunidades rurales en muchos municipios de la Sierra continúan hoy incomunicadas y desatendidas en sus necesidades primarias de salud, educación, saneamiento y alimentación, mientras la mayor parte de los cultivos fueron arrasados o perdieron por completo esta única cosecha anual”.
 Wilma afectó más que todo el polo turístico de la Riviera Maya y Cancún, generando una respuesta económica mucho más inmediata por los intereses en juego. El sur de México no recibió la misma atención. La reconstrucción tardará mucho más tiempo, con el riesgo de un aumento de la de por si creciente migración (tanto la mexicana como la centroaméricana ya que toda la región quedó afectada por el paso de los dos huracanes). También preocupan los intentos de capitalización que los actores políticos hacen o podrían hacer de este desastre. En más de un espacio, incluyendo la gira del delegado se ha denunciado como se ha bloqueado parte de la ayuda humanitaria para poder usar las despensas en forma proselitista posteriormente.
En la zona de influencia zapatista, se puede notar en los últimos meses un contexto social de alta volatilidad en la que algunos conflictos podrían derivar en situación de violencia generalizada. Ha habido principalmente dos focos rojos: la zona de Chilón y la de Las Margaritas. A mediados de octubre, se denunciaron que miembros de la Organización para la Defensa Indígena y Campesina (OPDDIC) planeaban desmantelar el municipio autónomo de Olga Isabel y detener a sus autoridades. La Junta de Buen Gobierno Zapatista de Morelia denunció además la presencia de 35 personas con armas de fuego. En noviembre, en Las Margaritas, la organización Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) atribuyó la muerte de 6 de sus miembros a los zapatistas. El EZLN se deslindó en noviembre. En diciembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que “existe el riesgo latente de que se presenten nuevos hechos violentos (…) en el municipio de Las Margaritas, en la denominada zona de conflicto” de no atenderse adecuadamente.
Derechos humanos: “una larga lista de promesas pendientes”
El 10 de diciembre, en el marco del 57 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, defensores y activistas aseguraron que en México existe “una larga lista de promesas pendientes” que no se han traducido en hechos ni acciones concretas en pro de la consolidación de las garantías básicas. Afirmaron que la falta de políticas institucionales que garanticen el ejercicio de los derechos humanos como eje rector en los tres niveles de gobierno “limita los esfuerzos impulsados por la administración foxista, en una tarea de claroscuros en la que no siempre se constató el interés discursivo con sus acciones”.
En octubre, en el marco de la conmemoración del 37 aniversario de la matanza del 2 se octubre en Tlatelolco Amnistía Internacional, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ya habían denunciado que “este gobierno claudicó ante la posibilidad de lograr la justicia para los crímenes del pasado, las matanzas estudiantiles de 1968 y 1971 y los cientos de desaparecidos de la Guerra Sucia. Fox hizo pequeñas cosas, habló mucho, prometió y no cumplió. (…) En este gobierno continúa la impunidad, como ocurrió con sus antecesores priístas, y se cometieron las mismas violaciones a los derechos humanos que en el pasado: hay desapariciones forzadas, detenciones ilegales, ejecuciones, tortura, secuestro, entre muchas otras”.
Un tema que adquirió mayor relevancia en los medios tiene que ver con el hecho que México es el segundo peor país del continente en cuanto a libertad de expresión, según la clasificación publicada por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Según la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) está a la cabeza de los países de la región por número de agresiones a comunicadores, con 52 asesinatos y dos desapariciones en los últimos 22 ańos. En los últimos 18 meses, ocho periodistas mexicanos fueron asesinados, y uno más está desaparecido desde abril. En el caso de Chiapas, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (8 de octubre) ”el ejercicio del oficio periodístico en nuestro estado se encuentra limitado jurídicamente por sanciones contempladas en el Código Penal del Estado respecto a los tipos penales de Difamación y Calumnia, lo que se ha denominado ‘Ley Mordaza’ que entró en vigor desde mayo de 2004”. Se dieron dos casos preocupantes: a finales de octubre, la periodista Concepción Villafuerte, directora del periódico “La Foja coleta” denunció amenazas en su contra. Elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas dijeron haber recibido orden de ultimarla y detallaron que ellos también están siendo víctimas de abusos y amenazas por parte de sus mandos. Fue demandada por el delito de difamación por el director de la corporación policíaca de la ciudad. En octubre, el Director General del Periódico EL ORBE y Semanario EL ORBE, C.P. Enrique Zamora Cruz fue detenido luego de haber publicado información crítica sobre la situación en la zona damnificada por Stan.
:: ENFOQUE
Celebrando 10 años al servicio del pueblo:
La Policía Comunitaria en Guerrero
Sábado 15 de octubre de 2005, Pueblo Hidalgo, Montaña, Guerrero.
 200 policías desfilan al ritmo de las bandas, bajo la mirada severa y los largos bigotes de Emiliano Zapata (un mural inmenso colocado desde el techo), frente a un público de 500 personas: representantes de comunidades, de organizaciones indígenas, sociales y no gubernamentales. Después de los honores a la bandera, todos entonan el himno nacional mexicano, primero en tlapaneco (una de las 4 lenguas indígenas que se hablan en el estado), luego en español.
Podría ser cualquier evento oficial... Pero éste tiene otro significado. Esos policías no son de los ‘oficiales’. Estos 200 hombres uniformados son ‘policías comunitarios’. Además de sus trabajos, garantizan la seguridad de su pueblo, de manera gratuita, como un servicio y un deber.
Cuando los delincuentes dictaban su ley
Todo empezó en 1992. En la región Costa-Montaña de Guerrero, se multiplicaban los asaltos, robos, secuestros, violaciones sexuales, abigeato y actividades vinculadas al narcotráfico. Todos los ingredientes estaban reunidos para que se fortalecieran bandas delictivas: el nivel de pobreza extrema, la caída de los precios de los productos agrícolas, el creciente cultivo y tráfico de enervantes, el mal estado -hasta la ausencia- de vías de comunicación, entre otros. La población vivía con un miedo constante y consideraba que la policía oficial no lograba contener los delincuentes, y hasta se hacía cómplice de ellos en ciertos casos.
Frente a esta situación, la Parroquia de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, convocó a las autoridades comunitarias y religiosas para analizar las condiciones y necesidades de los pueblos de la región. Se juntaron también organizaciones cafetaleras, de producción de maíz y el ‘Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular’ (inicialmente creado para coordinar las manifestaciones contra la celebración de los 500 años de la conquista española).
De discusión en discusión, 36 comunidades se juntaron y se organizaron para fundar la ‘Policía Comunitaria’ el 15 de octubre de 1995. Los policías comunitarios, todos voluntarios, empezaron por vigilar los caminos y acompañar las camionetas para prevenir asaltos. Cuando detenían a un delincuente, lo remitían a las instancias oficiales. Pero notaron que los detenidos que tenían dinero podían comprar su libertad, y los que sí permanecían un tiempo en la cárcel, solían reincidir.
De la seguridad a la reeducación
En 1997, frente a este balance, las comunidades decidieron que había que ampliar el proyecto de la Policía Comunitaria a la impartición de justicia: se creó el ‘Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria’ (SSJRC).
Independientemente de las etnias, los partidos políticos, las religiones o los intereses económicos, la SSJRC tiene tres principios básicos:
- Investigar antes que proceder;
- Conciliar antes que dictar sentencia;
- Reeducar antes que castigar.
Este sistema de justicia presenta muchas semejanzas con él de los ‘Caracoles’ zapatistas en Chiapas: “Nosotros pensamos y creemos que hay otra forma de aplicar la justicia. No buscamos en el libro qué artículo se violó, (...) que es lo que hace la justicia oficial. No hay dinero de por medio. (...) Lo primero es la investigación, ir a ver los hechos, trabajamos mucho la conciliación, la mediación, estar neutrales. Hacer la justicia sin el dinero del poder. (...) Se trabaja mucho como norma los usos y costumbres. Si alguien robó, hay que ver por qué robó, porque todos están necesitados “ (Junta de Buen Gobierno de Morelia - entrevista SIPAZ, marzo 2005).
 El SSJRC plantea que el delincuente no es la persona a ‘eliminar’ para que la comunidad pueda ‘vivir en paz’. Cuando se comete un delito, todos son víctimas, no sólo el agraviado, sino también el delincuente (porque perdió lo más importante en la cosmovisión indígena: su honor, su palabra, lo que le hace hombre), así como la comunidad (porque ‘no se dio cuenta que esta persona andaba en un mal camino’ y ‘no logró ponerlo otra vez en la buena dirección’). En esta visión, la justicia y la seguridad son responsabilidad de todos y se trata de buscar maneras de restaurar la relación dañada, de restablecer el tejido social.
Cuando los policías detienen a un delincuente, lo llevan a la instancia comunitaria correspondiente quien decide la sanción adecuada. El delincuente no tiene derecho a un abogado, menos si trabaja gratuitamente, para asegurar que todos sean iguales delante de la justicia, no importando si tienen dinero o no. Puede estar defendido por su familia, o asegurar él mismo su defensa. Se va a privilegiar siempre la conciliación entre la víctima y el agresor, así como la reparación del daño. No hay cárceles, porque se considera que éstas no sirven ni para reeducar al delincuente, ni para hacer algo positivo a favor de las comunidades. Según la gravedad del delito, el delincuente tiene que efectuar trabajos comunitarios, recibiendo alimentación del pueblo, sin cobrar. Construyen carreteras, puentes, edificios públicos... “Si aquí acordamos que los reeducados hicieran trabajo para la comunidad, no es con la visión de tener esclavos, sino de que deben recuperar el principio del trabajo, de su formación que de alguna forma no obtuvieron”, dijo el comandante regional Bruno Plácido Valerio (La Jornada - 28/09/2005). Además, los delincuentes reciben ‘pláticas’ de los ancianos (guardianes de la historia y de la experiencia comunitaria). Si un delincuente reincide, se duplica su tiempo de trabajo comunitario.
Una justicia que se construye desde abajo
Hoy en día, el SSJRC se aplica en 63 comunidades (mixtecas, tlapanecas, nahuas y mestizas) de 6 municipios de la Costa-Montaña, representando a unas 100.000 personas. Cada comunidad cuenta con su comandante y sus policías comunitarios, nombrados en asamblea por 3 años. Existen 612 policías comunitarios encargados de vigilar los caminos y de detener a los delincuentes. De los 63 comandantes comunitarios, 6 son elegidos comandantes regionales e integran el ‘Comité Ejecutivo’ de la Policía Comunitaria por un año. Es la reproducción a nivel regional de las instancias comunitarias.
Cuando los policías comunitarios detienen a un delincuente, es el agraviado quien decide si quiere que su caso sea llevado por el Ministerio Público o por este sistema de justicia comunitaria. La mayoría optan por esta segunda opción, entre otros motivos, porque atienden más rápidamente los casos.
La justicia está administrada por varias instancias según el delito. Si se trata de faltas leves (pleitos de borrachos, robos menores, problemas intra-familiares...), las atiende el comisario de la comunidad donde se cometieron. Para los delitos graves (asalto con violencia, tráfico de enervantes, violación, homicidios...), se creó la ‘Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias’ (CRAC), órgano compuesto por 6 comisarios regionales que fungen como jueces. Los comisarios van turnando cada año, para evitar la concentración de poder en unas pocas personas. Los delitos de extrema gravedad son de competencia de la ‘Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias’, conformada por todas las autoridades de seguridad y justicia de las 63 comunidades. Esta instancia también trata otros asuntos como la relación con los gobiernos municipales, estatal y federal, el nombramiento de los integrantes de la CRAC y del Comité Ejecutivo, así como la aprobación o modificación de los reglamentos internos.
La represión sufrida en esos 10 años
En esos 10 años, el balance del SSJRC es altamente positivo: se logró reducir de 90% a 95% la delincuencia en la región. Según lo anunciaron durante el aniversario, de las 1484 demandas atendidas de 1997 a 2005:
- 1203 han sido resueltas mediante actas de conciliación o bajo proceso de reeducación;
- 247 quedan pendientes;
- 34 delincuentes están prófugos.
Estos resultados han venido generando mucha curiosidad e interés en los últimos años, más que todo cuando se comparan con el sistema de justicia mexicano que padece de muchos límites: “La existencia de un problema de fondo en el sistema de justicia penal en México se ve reflejado en el dato corroborado por los informes de 2002 de la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que registran a las procuradurías generales de justicia respectivas, así como las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos.” (Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México - 2003)
Las comunidades reivindican la legalidad del SSJRC de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México en 1990, donde se reconoce el derecho de libre autodeterminación de los pueblos indígenas, así como según los artículos 2, 4, 115 y 139 de la Constitución Mexicana, y la ley orgánica municipal de Guerrero. Añaden que ese sistema está legitimado por los mismos pueblos. Pero esos argumentos no parecen convencer al gobierno estatal, que ha oscilado entre tolerancia y represión en esos 10 años. Al principio, cuando se trataba sólo de policías que entregaban a los delincuentes al sistema de justicia oficial, se veía con buenos ojos. El Gobierno de Guerrero regaló armas al SSJRC en 1997, y el Ejército Mexicano capacitó a los policías de 1995 a 1997.
Pero cuando la organización decidió impartir la justicia, es decir, construir un sistema paralelo sin recurrir al estado, la represión incrementó: aprehensión de comisarios acusándoles de privación ilegal de la libertad, desarme periódico de policías comunitarios por parte del Ejército desde 1996, fabricación de delito y detención del Párroco de Santa Cruz del Rincón, asesor, y de Bruno Plácido Valerio en 2000, y amenazas a otros integrantes. Hasta la fecha, las propuestas de regularización de la Policía Comunitaria por parte del gobierno del estado han sido sistemáticamente rechazadas.
Los límites del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria
“En esos 10 años hemos avanzado mucho, y tropezado mucho también”, dijo el comisario Cirino Placido Valerio (11 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ el 3/06/2005). Hoy en día, este modelo alternativo de seguridad y justicia se enfrenta a ciertos límites. Los pueblos tienen como prioridad encontrar alternativas de subsistencia. Muchos migran al norte del país o a los Estados Unidos, sobre todo los jóvenes. Algunos empiezan a cuestionar la ausencia de salario para los policías. Se acordó que la comunidad tenía que apoyar más a sus policías.
En algunos lugares se vuelve más difícil encontrar a voluntarios para servir como policías, porque los hombres no pueden o porque se desaniman frente a los riesgos (ya se cobraron 5 vidas, entre policías y comandantes). Hay comunidades que se implican menos, ancianos que dejaron de hacer pláticas con los delincuentes. “Ya no hay participación de corazón y de coraje”, subraya Gelasio Barrera, comandante regional. (La Jornada - 28/09/2005)
Otra dificultad es la búsqueda de fondos para poder cubrir los gastos operativos (gasolina, mantenimiento de las camionetas, radios, etc.) manteniendo la independencia frente a los partidos políticos y aparatos de gobierno. Se creó una asociación civil para poder recibir fondos de instancias públicas y privadas.
Otro de los retos tiene que ver con el lugar dado a las mujeres en el SSJRC. En 1998, se invitaron a 5 mujeres a apoyar a la CRAC para atender mejor los casos en los que las agraviadas o las delincuentes eran mujeres. Pero la discriminación interna de los hombres desalentó a varias de ellas a seguir participando. En el marco del décimo aniversario, la CRAC volvió a invitar a las mujeres a participar, no sólo en esta instancia regional, sino en cada comunidad. Las mujeres respondieron presentes: “El objetivo de nuestra participación será una Policía Comunitaria que contemple nuestra mirada y escuche nuestras voces, al fin, la lucha es colectiva y en esta colectividad nosotras somos la otra mitad que busca, junto con nuestros compañeros, una mejor calidad de vida donde se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas.”
Otra de las críticas al SSJRC es la diferencia entre la interpretación positiva de los derechos humanos y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para el SSJRC existe el delito de ‘brujería’ que no está reconocido por el derecho positivo. Cabe resaltar que los sistemas normativos no están fijos. La CRAC retoma los usos y costumbres para discutirlos y adaptarlos a la realidad que viven ahora en las comunidades: “Los pueblos indígenas (…) han vuelto sus ojos, sus sentimientos y su inteligencia hacia su propio manantial cultural y jurídico, y han sabido readecuar y dinamizar sus sistemas normativos para poder vivir como pueblos indígenas y como ciudadanos mexicanos del tercer milenio. (...) Se recrea la costumbre para adaptarla a un molde occidental con fundamento constitucional y legislación internacional.” (X Informe de Tlachinollan)
A 10 años, balance y nuevos retos
El aniversario de la Policía Comunitaria sirvió de pretexto para analizar el camino recorrido, reconocer los errores, y fijarse retos de ahí en adelante. “Algo que tiene raíces y nace desde abajo, que tiene vida y legitimidad tiene futuro, no es algo artificial, hemos tenido tropiezos, pero también grandes resultados, cada día nos estamos mejorando. La policía no tiene prisa por crecer; hay mucha demanda para sumarse, pero eso lo decide el pueblo en asamblea, no es una decisión de autoridad”, comentó Cirino Plácido Valerio. Se acordó pensar en la seguridad y en la justicia dentro de un marco más global, abarcando la defensa del territorio, la búsqueda de la soberanía alimentaría, la implementación del comercio justo y la participación activa de la mujer en todos estos ámbitos, o sea, ir pensando en la construcción popular de un nuevo proyecto de nación. Se hizo referencia a los zapatistas en varios momentos, se reivindicó la necesidad de aplicar los Acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, de compartir más todas las experiencias de libre determinación de los pueblos y de apoyar La Otra Campaña propuesta por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). Se exhortó a seguir retomando las propias formas de organización de los pueblos al margen de los partidos, a buscar entre los pueblos mismos la solución a los problemas políticos, agrarios y educativos, a recuperar como comunidades la capacidad organizativa a nivel regional. Se subrayó la importancia de la educación y de la recuperación de la memoria histórica para ir formando a los jóvenes.
Los retos son grandes y el camino largo. En muchas partes de la República, el sistema comunitario de los pueblos indígenas es más difícil de sostener. Pero al mismo tiempo que se notan rupturas en el tejido de las comunidades, también surgen nuevos modelos y propuestas de los pueblos mismos. ”Si bien las políticas públicas de corte asistencial – individual, el libre comercio, la migración, el narcotráfico y la cultura de consumo están causando estragos en la identidad, subsistencia y organización tradicional de los pueblos indígenas, también es cierto que procesos inversos como el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria están sirviendo de contrapeso. Ante esta situación podemos suponer que la identidad, cultura y organización de muchos pueblos y comunidades indígenas puede quebrarse, degradarse e incluso desaparecer. Sin embargo, también podemos suponer que muchos pueblos y comunidades no sólo van a sobrevivir, sino que van a salir fortalecidos, con estructuras auto-gestivas de organización y articulación en diversos ámbitos y niveles, convirtiéndose en tejedores de su propio destino.” (XI Informe de Tlachinollan)
En Guerrero como en Chiapas, los sistemas alternativos de vida que se construyen desde abajo buscan cada vez más integridad para poder permanecer y desarrollarse, abarcando tanto el sustento como la justicia, la educación o la salud. Además, ven la necesidad de articularse a nivel ya no sólo local, sino también regional, estatal, nacional e internacional. Cada modelo de autonomía tiene su historia y sus especificidades y no es reproductible en otro lugar. Se trata más bien de dar a conocer esas alternativas para aprender unas de otras e ir así consolidándose, como distintas respuestas creativas de los pueblos para resistir.
:: ARTÍCULO
“Por los muertos que nos dieron vida…”
2 de Noviembre de 2005, El Limar, municipio de Tila, zona Norte del estado de Chiapas, México.
Nos encontramos en la iglesia del Limar, una iglesia por cierto mantenida cerrada por varios años por la violencia imperante en la región, impidiendo el uso del templo por parte de los feligreses. En el centro de ella, se montó un altar con las decoraciones propias de las celebraciones que se desarrollan en todo el país para el Día de los muertos. Uno por uno, se van acercando los asistentes con una veladora prendida, una cartulina indicando el nombre, el lugar de origen y la fecha de muerte de un familiar suyo.
Un hombre mayor sostiene por ejemplo una veladora con el nombre de Minerva Pérez Torres, originaria de la comunidad de Masoja Shucjá y la fecha de su deceso: 22 de junio de 1996... El cuerpo de Minerva que en el momento de los hechos tenía de 15 a 17 años de edad nunca fue encontrado. Sin embargo se atribuye su muerte a la organización de filiación priísta “Desarrollo, Paz y Justicia”, acusada de paramilitar por sus acciones en contra de miembros de la oposición (simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-, del Partido de la Revolución Democrática –PRD- o de la iglesia católica).
 El dos de noviembre pasado, unas 200 personas de la zona Norte de Chiapas, procedentes de 11 comunidades, se encontraban reunidas para conmemorar a los más de 120 asesinados y desaparecidos en la región entre 1994 y 2000. Por primera vez, se reúnen en un acto y lugar público para reivindicar memoria y justicia. Muchos de ellos han sido parte de los más de 4000 desplazados que en el momento más duro del conflicto tuvieron que abandonarlo todo para salvar su vida.
Del 28 de octubre al 2 de noviembre, también se realizaron una serie de eventos político-culturales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el marco de la “Semana para los muertos, desaparecidos y encarcelados”. Esta actividad fue propuesta por el EZLN durante la sesión plenaria de la Otra Campaña a mediados de septiembre y retomada por la sociedad civil sancristobalense: teatro callejero, videos, posters recuperando la historia de los años recientes y de las víctimas de la represión, canta-autores y reflexiones se estuvieron intercalando en el centro y en distintos barrios de la ciudad.
En ambos casos, se trataba de recordar y mantener vivos a todos aquellos que murieron, desaparecieron o siguen presos por defender la libertad y la justicia. Un momento de memoria histórica colectiva apuntando no nada más a no olvidar sino a poder retroalimentar sus luchas y sus esperanzas de construcción de un mundo mejor para tod@s...
:: ACTIVIDADES DE SIPAZ
De Octubre de 2005 al 15 de Enero de 2006
PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
CHIAPAS
En octubre, estuvimos diez días en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para entrevistarnos con distintos actores de la región: desplazados, dirigentes de diferentes grupos políticos, instancias gubernamentales, miembros de iglesias, bases de apoyo zapatistas así como organizaciones campesinas y sociales.
A principios de noviembre, fuimos nuevamente a la zona Norte para asistir al acto organizado en El Limar por los familiares de los más de 120 asesinados y desaparecidos (entre 1994 y 2000). En estas fechas, también asistimos a los eventos realizados en San Cristóbal de Las Casas en el marco de la Semana para los muertos, desparecidos y encarcelados (ver artículo en este informe).
En diciembre, visitamos varias comunidades en Chenalhó para hablar con los actores religiosos (iglesias católica y presbiteriana principalmente) que habían participado en un proyecto de intercambio que SIPAZ llevó a cabo en el municipio de 2001 a 2004. Estuvimos en la conmemoración de la masacre de Acteal el día 22.
Del 1 al 14 de enero, acompañamos en calidad de observadores internacionales al recorrido del “Subdelegado 0” por distintas partes del estado de Chiapas (ver boletín final).
Del 8 al 15 de enero, participamos en las brigadas de observación coordinadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba en la zona damnificada por el huracán Stan.
En estos meses, nos reunimos con las Juntas de Buen Gobierno de los 5 caracoles zapatistas.
GUERRERO
Del 13 al 15 octubre, estuvimos presentes en la celebración del aniversario de la Policía Comunitaria en Pueblo Hidalgo, Guerrero (ver enfoque en este mismo informe). También nos reunimos con miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán.
A principios de diciembre, asistimos al foro “Defendiendo al territorio” en Tlapa, Guerrero. Los objetivos del espacio apuntaban a analizar diversas problemáticas vinculadas al tema y a compartir experiencias en torno a la defensa del territorio.
INFORMACION
Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ, principalmente de EE.UU. y Europa.
En estos meses, un miembro del equipo terminó su gira en Alemania recorriendo varias de sus ciudades. Desde el inicio de dicha gira (enero), ha realizado unas 75 presentaciones sobre Chiapas y SIPAZ, 180 presentaciones de obras de títeres sobre la realidad de las comunidades indígenas en el estado y 2 talleres de transformación de conflictos.
En diciembre, nos reunimos en la ciudad de México con miembros de la Embajada de Alemania.
Seguimos participando en el seminario “La obra de Immanuel Wallerstein: una gramática para comprender el mundo actual en perspectiva crítica” coordinado por el “Centro de Estudios, Información y Documentación: Immanuel Wallerstein”.
En octubre, asistimos a una reunión en la que la oficina para Latinoamérica de WSP (War-torn societies project) compartió el diagnóstico que había venido elaborando: “Chiapas en la coyuntura actual desde la visión de los actores”.
En diciembre, realizamos entrevistas y presentaciones sobre la coyuntura en Chiapas y el proyecto de SIPAZ en Marsella (Francia) y Amsterdam (Holanda).
VINCULACION Y ARTICULACION
Los días 16 a 18 de noviembre participamos al encuentro: “Acompañando para el Futuro: Primer encuentro de acompañamiento Internacional” organizado por SweFOR, celebrado en la ciudad de Santa Fe de Bogota, Colombia.
El 30 de noviembre participamos en un espacio amplio de análisis con distintos actores chiapanecos y mexicanos, organizado por PROPAZ / Serapaz, en San Cristóbal de Las Casas.
Seguimos participando en la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 16 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas.
A los finales de noviembre participamos en una reunión de dos días de la Red Mexicana de Constructores de Paz realizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Se trabajó principalmente sobre la planificación de actividades para el 2006.
Tuvimos visitas y reuniones con miembros de organizaciones partes de nuestra coalición: Brigadas de Paz Internacionales- PBI (proyecto Guerrero y Guatemala), Swefor (Suecia) y CAREA (Alemania).
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