:: COYUNTURA

De la alerta roja a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Alerta Roja zapatista: incertidumbres...

La Alerta Roja decretada por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) el 20 de junio pasado volvió a llamar la atención de México y del resto del mundo sobre Chiapas. Mediante un comunicado, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General (CCRI-CG) decretó el cierre de sus estructuras autónomas civiles, cuyos integrantes fueron puestos “en resguardo” aclarando que iban a continuar su trabajo de manera “trashumante”. El estado de alerta en todo el territorio rebelde significó además de la reagrupación de los mandos militares y bases de apoyo, el acuartelamiento de los insurgentes zapatistas que realizaban labor social en las comunidades, así como la salida de la sociedad civil nacional e internacional presente en esos momentos en los municipios autónomos. Sólo se mantuvo el funcionamiento de los servicios de salud comunitaria. El EZLN deslindó a todas las personas, organizaciones civiles, políticas, comités de solidaridad de sus acciones futuras, agradeciéndoles todo el apoyo mostrado a la lucha pacífica de los indígenas zapatistas. Paralelamente declararon la ruptura de los contactos existentes entre la estructura civil zapatista y las instituciones gubernamentales del estado de Chiapas.

No fue la primera vez que el EZLN se declaró en “Alerta Roja”. Las otras veces fueron en 1995 durante una ofensiva militar gubernamental y en 1997 ante la masacre de Acteal. Sin embargo, esta medida anunciada en medio del proceso de la construcción de la autonomía por la vía de los hechos despertó mucha incertidumbre al reaparecer un lenguaje sumamente militar que hacía pensar en un eventual regreso a las armas. Evidenció – para quienes tienden a minimizarla – la permanencia de una guerra en la que sus partes (el Ejército Mexicano y el EZLN) siguen armadas y recordó la vigencia de la declaración de guerra de enero de 1994. Solo con el tiempo, y al conocerse los siguientes comunicados del EZLN se empezó a hablar de una “importante señal política”. Resultó que los comunicados más allá de su sentido militar obedecieron a la lógica de la lucha política e ideológica. Haciendo uso de su habilidad discursiva y su capacidad de comunicación, el EZLN llevó a cabo una arriesgada, pero a la vez medida “provocación”, que anunció un “nuevo paso” en la lucha zapatista.

...y nacimiento de una nueva iniciativa

En un segundo comunicado después de la Alerta Roja, el EZLN declaró que desde mediados del 2002, paralelamente al proceso autónomo, había llevado a cabo una reestructuración política y militar interna que le permitirá responder ante cualquier ataque gubernamental. El tercer comunicado explicaba con más claridad que la alerta roja había sido una “medida preventiva” para proteger una consulta interna convocada por el CCRI-CG del EZLN. Cabe recordar que en febrero de 1995 mientras el EZLN realizaba una consulta interna, el gobierno de Ernesto Zedillo libró una ofensiva militar para detener a la Comandancia zapatista. Informaron que se trataba de una consulta entre los insurgentes y las bases de apoyo para evaluar los años de lucha y resistencia antes de acordar un “nuevo paso”, asumiendo que éste podría echar a “perder lo mucho o poco que se ha logrado”. También indicaron que con este proceso “todos los y las zapatistas están en libertad moral de seguir o no con el EZLN en el siguiente paso”.

Más adelante, en una carta dirigida a la Sociedad Civil Nacional e Internacional, el Subcomandante Marcos despejó las dudas declarando que su próximo paso no sería una acción militar, acercándose nuevamente a la sociedad civil pro-zapatista que acompañaba al proceso autónomo civil y que quedó desconcertada ante el cierre de los Caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), rostro visible del movimiento zapatista. El quinto comunicado informó que tras la consulta de las asambleas comunitarias el EZLN había decidido emprender “una nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional” que explicaría a través de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Cabe recordar que las anteriores Declaraciones fueron – salvo la Primera que coincide con la declaración de guerra – un llamado a la movilización pacífica de la sociedad civil para conseguir una reforma integral del Estado mexicano. La Segunda Declaración (1994) anunciaba la Convención Nacional Democrática, la Tercera conformaba el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), en la Cuarta se anunciaba la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y la Quinta lanzaba la consulta por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio. Sin embargo estas múltiples propuestas no siempre tuvieron los resultados esperados en sus convocatorias.

La Sexta Declaración hace un balance de la historia y la lucha zapatista en estos once años. En el extenso documento los zapatistas subrayaron “hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá” y “un nuevo paso en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta (...) con los trabajadores de la ciudad y el campo”. Realizan un análisis sobre la situación actual a nivel nacional e internacional, donde dicen que se vive “una guerra de conquista en todo el mundo, una guerra mundial”. Por ello, a nivel nacional proponen la creación de un nuevo “frente amplio”: “un acuerdo con personas y organizaciones mero de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde mero está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, para todos, justicia, democracia y libertad”. Para hacer esto posible, enviarán una delegación del EZLN por tiempo indefinido para recorrer el país y forjar alianzas con grupos políticos y sociales, indígenas, obreros, campesinos, estudiantiles y populares y así articular las resistencias contra el neoliberalismo. El objetivo de estos encuentros será crear “un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda, o sea, anticapitalista”. De esta manera los zapatistas volvieron a poner el centro de su estrategia a nivel nacional, emprendiendo una política activa de alianzas. Optaron por reactivar a la ciudadanía y “sacarla” de la lógica de las campañas electorales partidistas para formar un frente a favor de cambios estructurales en el país, incluyendo la elaboración de una nueva Constitución.

Por otro lado, a nivel internacional proponen un nuevo encuentro Intercontinental para poder enlazarse con las luchas antineoliberales del mundo. Recordamos que ya se celebraron dos Encuentros “Intergalácticos”: uno en La Realidad (Chiapas) en 1996, y otro en territorio español en 1997, ambos considerados el origen de las luchas alterglobalistas iniciadas en Seattle en 1999.

El contexto de la Alerta

El tiempo en el que se emitió la Alerta Roja no fue casual. Si el comunicado que anunciaba la drástica medida de poner las estructuras político-militares del zapatismo en alerta cayó como un rayo y tomó por sorpresa, pronto resultó no una acción inmediatista, sino el fruto de un largo proceso de reflexión y análisis; no un fin, sino un principio. Es importante analizar la alerta tomando en cuenta la coyuntura nacional y “leerla junto” con los comunicados emitidos desde el año pasado. Justo antes de la Alerta, el EZLN publicó ‘La ¿imposible? geometría del poder en México’. En este texto el EZLN ratifica su postura en contra de los partidos políticos mexicanos, incluyendo duras criticas contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), probable candidato presidencial de Partido de la Revolución Democrática (PRD) y con grandes posibilidades de ganar. Recordamos que en este año toda la política nacional gira en torno a las elecciones presidenciales del 2006 y que en los últimos meses las mayores movilizaciones sociales se dieron para impedir que AMLO fuera eliminado de la contienda electoral. Considerado por muchos una alternativa popular, equiparable a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Tabaré Vázquez en Uruguay, los zapatistas no consideran a López Obrador una alternativa real para la izquierda mexicana. Desde su apuesta por la construcción de un proyecto alternativo “a la izquierda y hacia abajo”, AMLO representa para los zapatistas la ‘derecha moderada’ que seguirá con un modelo de Nación dependiente del capital internacional.

Alrededor de la Alerta Roja se juntaron varios factores que aumentaron el clima de tensión en la región. Semanas antes, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - BBVA-Bancomer, bajo la acusación de “lavado de dinero ilícito”, cerró nueve cuentas de Enlace Civil A.C., organización encargada de apoyar los proyectos en los municipios autónomos zapatistas. Por otro lado se dieron inusuales reagrupamientos de algunas bases militares y policíacas en Chiapas, un hecho sin precedente desde el 2001. Estos movimientos se dieron sin explicación alguna por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni acompañados por una campaña política. Se registró el cierre de bases del ejército en El Calvario (en la Cañada del río Perla), en X’oyep y en Los Chorros (ambas en la región de los Altos), en Bochil y Escopetazo (parte norte de Los Altos), así como dos bases ubicadas fuera de la “zona de conflicto”. A tres semanas de la Alerta Roja se han producido nuevos movimientos en el municipio de Chenalhó sin que ello represente el retiro del ejército de Chiapas.

Reacciones diversas ante la alerta roja

Hasta la fecha ha habido pocas respuestas por parte del gobierno federal acerca de la Sexta Declaración. Xóchitl Gálvez, responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CONADEPI) expresó que “la Presidencia de la República está a la espera de los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para saber cuándo y cómo realizarán las acciones anunciadas”. La iniciativa propuesta llegó precedida por manipulaciones discursivas de la clase política y ciertas señales de guerra.

El mismo día del anuncio de la Alerta Roja la SEDENA informó que los días 15, 16 y 17 de julio había realizado un operativo en el que se detectaron y destruyeron 44 plantíos de marihuana en territorio zapatista. Los medios de comunicación hicieron eco de esta noticia llegando a presentar al EZLN como una narcoguerrilla. Varios políticos exigieron explicaciones del EZLN sobre sus vínculos con el narcotráfico. No obstante, pronto se evidenció que los municipios donde se había llevado a cabo el operativo – Tapilula, Rayón, Pueblo Nuevo – no sólo se encuentran fuera de la llamada “zona de conflicto”, sino que no tienen presencia zapatista. Finalmente la Secretaria de Gobernación tuvo que desmentir la vinculación. Se temió que estas acusaciones hubieran podido justificar una contraofensiva gubernamental en la víspera del nuevo paso de los zapatistas.

En los círculos políticos de poder la propuesta zapatista, aún cuando no estaba publicada todavía la totalidad de la VI Declaración, fue interpretada como el abandono de las armas, la opción del EZLN por la vía electoral y su conversión en un partido político. El presidente de la República Vicente Fox le dio “la bienvenida más entusiasta a este comunicado en el sentido de ir por la acción política y dejar la vía armada”, afirmando que “está a las órdenes del señor Marcos para armar una etapa de acuerdos e integración de los zapatistas a la vida pública”. El vocero presidencial aseguró que el Presidente Fox estaba dispuesto a anular la orden de aprehensión congelada en contra del Subcomandante Marcos, para que pudiera incorporarse sin obstáculos a la vida política. El gobierno insistía también en su “disposición al diálogo”, y en la “búsqueda de acercamientos”.

Sin embargo, los zapatistas han dejado claro que con la nueva iniciativa no se trata de volver al diálogo (en el sentido de reanudar el proceso de negociación); no se trata de dejar las armas; no se retira la declaración de guerra; y descartaron transformarse en una fuerza política partidista. La clase política le dio la lectura que quiso desde su propia opción de carácter electoral. Esto demostró lo lejano y diferente de estas dos visiones.

La Comisión de Concordancia y Pacificación (COCOPA) recordó que sigue vigente la ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas de 1995, por lo que no hacia falta desestimar ordenes de aprehensión. Los zapatistas moviéndose en el marco de estos acuerdos, no lo violan respetando el cese de fuego y lanzando una iniciativa política. El comisionado gubernamental por la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez afirmó sin embargo que “es incompatible optar por la vía política y seguir armado”.

El gobierno estatal por su parte se abstuvo oficialmente de emitir una postura frente a la Alerta Roja, “por falta de elementos” y porque “se trata de un asunto de carácter federal”. Después de dos días, sin entrar más a fondo, anunció que su gobierno también “suspendió cualquier contacto con Caracoles y Juntas de Buen Gobierno”.

Levantamiento de la Alerta y cambios en la estructura civil

El día 11 de julio, después de tres semanas, el CCRI-CG del EZLN mediante un nuevo comunicado levantó el estado de la Alerta Roja anunciando la reapertura de los respectivos Caracoles y de todas las oficinas de los consejos de los Municipios Autónomos. Al mismo tiempo los zapatistas extendieron la invitación a la sociedad civil nacional e internacional a retomar el contacto con la estructura civil zapatista, cuyo trabajo se irá normalizando paulatinamente. Por otro lado como resultado de la evaluación que se ha concluido en estas semanas se anunció una reorganización dentro de los Caracoles. Para corregir la interferencia de la parte militar en el camino civil, autocrítica realizada en varias ocasiones, a partir de ahora, las llamadas Comisiones de Vigilancia serán conformadas sólo por bases de apoyo. Dichas Comisiones servirán de puente entre las JBG y los visitantes, y también informarán a las comunidades y Municipios Autónomos para que éstos puedan consultar y vigilar “desde abajo” el proceso autónomo. Además se anunció la creación de una nueva célula dentro de las oficinas de las JBG: las llamadas Comisiones de Información, donde atenderán a las personas que quieran saber más sobre la historia y la lucha zapatista.

Los desafíos de la nueva iniciativa

El nuevo “paso en la lucha” zapatista genera múltiples desafíos, no sólo para el movimiento zapatista, sino para la sociedad entera. Como ellos mismos afirmaron, se trata de una iniciativa arriesgada – tanto en su esencia como por la coyuntura política del país. No obstante, dicha iniciativa evidenció varias cosas. Confirmó la capacidad de los zapatistas de lanzar una propuesta desde su visión política, ante el momento determinante en que se encuentra el país.

Se evidenció que para ser coherentes con su planteamiento de lucha contra el neoliberalismo era necesario construir vínculos más cercanos con aquellos movimientos mexicanos e internacionales que tienen experiencias de resistencia activa que compartir. Este viraje coincide con las críticas que en los últimos tiempos se había hecho a los zapatistas, pensando que seguirían su camino de autonomía sin realizar propuestas concretas “más allá de Chiapas”.

Muchos de los movimientos y organizaciones sociales nacionales simpatizantes del EZLN y al mismo tiempo asociados al PRD nacional o a la corriente lopezobradorista, ambas pertenecientes a la izquierda institucional, se ven obligados a definirse ante la propuesta de los zapatistas. Esto puede generar inconformidades entre quienes han mantenido su apoyo a ambas vías. Este factor condicionará el eco de la propuesta zapatista entre las diferentes ‘izquierdas’ que ellos identifican.

También habrá que ver cómo se articulará este espacio, que por su amplitud no sólo representa ciertos retos, sino también el peligro de repetir experiencias frustradas como la constitución de una Asamblea Constituyente impulsada en 1994. Hasta la fecha algunas organizaciones han expresado su apoyo a la nueva iniciativa zapatista como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o el Congreso Nacional Indígena que al igual que los zapatistas se declaró “en alerta roja”. Queda pendiente la respuesta de otros sectores de la sociedad civil, que seguramente esperarán que los zapatistas concreticen sus futuras acciones. Otro de los retos para los zapatistas será lograr el acercamiento de organizaciones que antes permanecían fuera de su órbita, y que ahora ante la coyuntura nacional pueden ver en la propuesta del EZLN una salida política para el país. En este marco el 13 de julio se anunció la conformación de dos Comisiones: la “intergaláctica” para trabajar la propuesta a nivel internacional y una nacional que en el mes de agosto iniciará reuniones con todas las organizaciones y personas que se adhieren a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Es pertinente señalar que la ‘vuelta’ zapatista a la política nacional e internacional no significa el retroceso en el proceso de la autonomía de facto. La estructura autónoma encabezada por los Caracoles y los múltiples proyectos educativos, productivos o de salud encarnadas en ellos, representan avances en diversos campos. En base de la evaluación del proceso interno, los zapatistas emprendieron algunos cambios, para mejorar el funcionamiento de los Caracoles. Sin anticipar los avances de la nueva propuesta zapatista a nivel nacional e internacional, se pronostica que se mantendrán dos procesos paralelos: la continuación de la construcción de las alternativas desde abajo respondiendo a las necesidades locales, y el impulso de un intenso proceso político hacia fuera. Seguramente las dos vías se retroalimentarán.

De manera “no electoral”, pero aprovechando el calendario político en el que la atención se enfocará en las próximas elecciones, los zapatistas quieren demostrar la pertinencia de hacer “otra política posible”. Así, optaron por seguir ejerciendo la presión al poder desde fuera del sistema político y por volver a generar y articular la movilización ciudadana. Ante la imposibilidad de que la “guerra neoliberal” sea enfrentada desde el mismo sistema, los zapatistas cerraron filas para hacerlo desde la misma sociedad.

:: ENFOQUE

Guerrero: un mosaico de esperanza sobre un muro de impunidad

Demasiados guerrerenses mueren de pie. Demasiadas muertes airadas en un estado donde la muerte por punta, filo o bala es muerte natural.
Si es verdad que los matados no descansan, Guerrero es una inmensa congregación de muertos insomnes.

Armando Bartra. Sur profundo

Guerrero, Oaxaca y Chiapas: un triángulo en los indicadores de pobreza

Podemos decir que la atención nacional e internacional sobre Chiapas y su conflicto armado logró disminuir la violencia directa y generar una presión sobre los gobiernos estatal y federal por el costo político de la represión y sus muertos. Mientras esta preocupación se centró sobre tierras chiapanecas, en otros estados como Oaxaca y Guerrero las organizaciones sociales, campesinas e indígenas han seguido padeciendo amenazas, violencia y militarización sin tantas voces de denuncia y por tanto, con las puertas abiertas a la impunidad.

En estos lugares de México encontramos las mismas causas estructurales que provocaron el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas: la falta de derechos sociales y económicos básicos como la vivienda, la educación o la salud unido a la discriminación y el racismo labrado durante siglos de colonialismo externo e interno.

El estado de Guerrero junto a Chiapas y Oaxaca conforman un triángulo de la pobreza extrema según los indicadores socioeconómicos del 2000 del Consejo Nacional de Población (CONAPO). En estos estados se concentra una tercera parte de los pueblos indígenas de Mexico. El binomio ‘población indígena/marginación’ sigue presente en los municipios de Guerrero. El 95.9% de la población indígena de Guerrero no tiene acceso a servicios de salud (Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México- Instituto Nacional Indigenista, 2002). Respecto al derecho a la educación, aproximadamente la mitad de la población no ha pasado por la escuela.

El Guerrero de la lucha y la resistencia: ayer y hoy

Estas tierras conocieron en los años 60’s y 70’s la lucha armada revolucionaria de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. Ambas surgen ante la situación de pobreza e injusticia social y en contra de un sistema político corrupto y clientelista dominado por el Partido de la Revolución Institucional-PRI. A su vez, la unión entre los caciques y el partido dominante creó círculos de poder cerrados que enfrentaron los grupos armados. (ver ‘Ideario del Partido de los Pobres’, Sierra del estado de Guerrero, marzo de 1973).

El aparato gubernamental respondió a las guerrillas con sus fuerzas de seguridad, no sólo para perseguir a los líderes y sus células guerrilleras sino también a todos aquellos que pudieran ser base social de algún grupo armado. Dentro de ellos cabían la mayor parte de la población campesina e indígena, y en especial, aquella organizada para mejorar sus condiciones de vida.

Las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las torturas y los asesinatos llenan las páginas de este periodo histórico conocido como la ‘guerra sucia’. En la actualidad organizaciones como la Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), siguen exigiendo el esclarecimiento de estos hechos y negando que sus muertos queden en el cajón del olvido. Esta asociación ha documentado más de 400 casos de personas desaparecidas en el estado de Guerrero durante la ‘guerra sucia’.

Con estos antecedentes históricos de lucha y resistencia, el alzamiento armado de 1994 en Chiapas representó para Guerrero un aumento de la militarización, sin precedentes desde los tiempos de Lucio Cabañas así como el acoso a los líderes y miembros de organizaciones campesinas e indígenas ante el temor de que surgiera una rebelión armada de dimensiones semejantes a la chiapaneca.

La masacre de Aguas Blancas el 28 de junio de 1995 y la de El Charco el 7 de junio de 1998, son dos ejemplos de la actuación de las fuerzas represivas del Estado contra organizaciones campesinas e indígenas, bajo el argumento de la ‘lucha contra grupos armados clandestinos’. En Aguas Blancas 17 miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron interceptados y asesinados por miembros del ejército mexicano cuando iban camino de una manifestación. Durante el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas en 1996 aparece públicamente el Ejército Popular Revolucionario (EPR), guerrilla que llama a un cambio del gobierno ‘explotador y opresor’ (Ver ‘El Sur’, 28 de junio de 2005). En su Manifiesto de Aguas Blancas (1996), llama a las armas en contra de la violencia institucional, y animan la creación de grupos de autodefensa armada y de tribunales populares para juzgar a los represores del pueblo.

Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, en la comunidad de ‘El Charco’, el ejército mexicano rodeó la escuela donde dormían representantes de diferentes comunidades. Descansaban tras una reunión de coordinación de los pueblos cercanos, convocados por la Organización Independiente de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos. En dicha asamblea también se encontraban algunos ‘fuereños’ como Efrén Cortés quien había presentado un proyecto de desarrollo rural, y Ericka Zamora junto con Ricardo Zavala quienes llevaron su propuesta de alfabetización para las comunidades. Una vez terminada la reunión llegaron tres personas, identificadas como miembros de un grupo guerrillero, quienes querían conocer la opinión de las comunidades.

Algunas personas retornaron a sus comunidades, pero quienes llegaron de fuera y otros representantes decidieron quedarse a pernoctar. En la madrugada, el ejército mexicano masacró a 11 personas (entre ellos Ricardo Zavala), 5 otras quedaron heridas, y 21 detenidas, entre ellas Ericka Zamora y Efrén Cortés, quienes acusadas de ser comandantes del EPR, fueron torturadas y procesadas por los cargos de rebelión, conspiración, invitación a la rebelión y portación de armas. Efrén fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión y Ericka a ocho. Ambos fueron llevados al penal de máxima seguridad de Puente Grande (estado de Jalisco). El resto de detenidos recibieron penas menores de uno y dos años.

En el pasado aniversario de la masacre de El Charco, llegaron ex-presos políticos, miembros de la OCSS y de otras organizaciones. La mayoría de ellos pasaron años de tortura carcelaria en Puente Grande junto con Efrén y Ericka. Nos compartieron las noches de hostigamiento sin poder dormir, y la denominada reeducación a la que eran sometidos, obligándoles a reiniciar la primaria ‘para quebrar la dignidad’ (testimonio de un ex preso político).

La historia demuestra que la contrainsurgencia no ha frenado la creación de nuevos grupos guerrilleros. Recientemente, apareció el ‘Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero’ anunciando el ajusticiamiento y condena de los responsables de Aguas Blancas, dando muerte a uno de ellos (La Jornada, 9 de julio de 2005).

La militarización es justificada por la Defensa Nacional en el combate del narcotráfico y la portación ilegal de armas. Guerrero es el primer productor de ‘amapola’ (materia prima para la producción de opio). Se responsabiliza a las comunidades campesinas e indígenas del cultivo de la amapola, pero la política ‘antidrogas’ no busca resolver las verdaderas raíces del problema. La pobreza extrema y la caída de los precios de los productos ha llevado a los campesinos a ver una salida en la siembra de enervantes.

Organismos internacionales han recomendado al Ejército Mexicano separarse de este tipo de labores que a su vez encubren graves violaciones de derechos humanos. En este sentido, la relatora especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias solicitó al Estado mexicano que « logre la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito ... Inicie las reformas necesarias para que los tribunales ordinarios puedan juzgar a todas las personas acusadas de violaciones de los derechos humanos, cualquiera que sea su profesión » (25/11799).

De 1996 a 2004 el Centro de Derechos ‘Tlachinollan’ ha documentado 68 casos de violación de derechos humanos por parte del ejército (incluyendo violaciones sexuales y ejecuciones sumarias). Hasta la fecha todos ellos siguen impunes.

De la palabra del agua a la defensa de los bosques

La resistencia de los pueblos indígenas y campesinos en Guerrero no sólo ha tenido el rostro de las armas. Organizaciones campesinas e indígenas han trabajado cotidianamente por defender sus derechos y construir una nueva alternativa social desde sus propios conocimientos y valores como la comunitariedad, la solidaridad, el respeto mutuo, la sencillez, la ritualidad, el poder del servicio, el diálogo y la reconciliación.

A principios de la década de los años’90 se creó el Consejo Guerrerense de 500 años de Resistencia Indigène, Negra y Popular (CG500ARINP), una de las principales organizaciones indígenas impulsoras de las protestas contra las celebraciones de los 500 años de la conquista de América por los españoles.

En la región de la Montaña, se creó hace 11 años el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ A.C, con el objetivo de hacer efectivos los derechos humanos, desde una concepción integral en la que los económicos, sociales y culturales sean inherentes a los civiles y políticos. Con el Foro Estatal “Nuestra Palabra hecha camino” realizado los días 3 y 4 de junio de este año, no sólo celebraron su decimoprimer aniversario sino que crearon un puente entre los diferentes procesos organizativos que acompañan.

El equipo de Tlachinollan reconocía que en estos 11 años de caminar junto a los pueblos indios “aprendiendo su palabra, aprendieron a ser defensores de Derechos Humanos’. Y cierto es que han aprendido a abandonar una visión monocultural de la justicia y los derechos humanos: “en los pueblos existe una enseñanza de cómo se hace justicia, platicando, reuniéndose con los ancianos; una justicia que habla tlapaneco, mixteco, una justicia que está en la mesa (...) tenemos que despojarnos de la soberbia de que nosotros somos los iluminados” (Discurso de apertura de Abel Barrera, director de Tlachinollan).

En este espacio de encuentro y reflexión estuvieron presentes la Organización Independiente del Pueblo Mixteco (OIPM) y la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM) pertenecientes al municipio de Ayutla de los Libres, donde se produjo la masacre de El Charco. Desde estas organizaciones se ha luchado por denunciar la militarización del territorio, y en particular han defendido los casos de dos indígenas Me’phaas, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega quienes denunciaron haber sufrido tortura y violencia sexual por parte de elementos del ejército mexicano. Obtilia Eugenio Manuel, perteneciente a la OPIM ha participado como traductora en el proceso jurídico por las violaciones de Inés y Valentina y como consecuencia de ello, ha recibido constantes amenazas contra su vida y la de su familia.

En el foro pudimos conocer el trabajo por hacer efectivo el derecho a la vivienda de una comunidad tras sufrir un desastre natural que inhabilitó 266 viviendas. También, el caso de una comunidad nahua en la que 1600 comuneros se unieron para rechazar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE) por el impacto en su visión colectiva de la tierra.

Estuvieron presentes los testimonios y las experiencias de quienes están ejerciendo su derecho a organizarse y decidir su propia forma de vida desde abajo :

La radio Ñonmdaa (la palabra del agua en ‘amuzgo’) nace del municipio autónomo de Xochistlahuaca, como un instrumento para fortalecer su propio proyecto autónomo. Este municipio declaró su autonomía desde el 2002 como respuesta ante la corrupción partidista existente en el gobierno oficial. Las autoridades tradicionales recuperaron su forma comunitaria de gobierno y decidieron no recibir apoyos del gobierno. En diciembre de 2004 crearon la radio autónoma Ñonmdaa a través de la que dan a conocer su forma de concebir la vida y sus tradiciones. Es la primera radio comunitaria en Guerrero y la única en lengua ‘amuzga’. David Valtierra, representante del comité de la radio afirmó que sirve para fortalecer al pueblo amuzgo y también para crear vínculos entre comunidades aisladas o incomunicadas.

Argumentan el derecho a tener su propia radio, apoyándose en los Acuerdos de San Andrés y en el Convenio nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales. Pese a ello, inspectores de vías de comunicación se intentaron llevar el equipo el pasado 25 de febrero. Estas acciones van unidas al hostigamiento que las autoridades autónomas sufren desde su declaración de autonomía. La mayor parte de ellas tienen órdenes de aprehensión.

Estuvieron presentes miembros de la Policía Comunitaria creada ante los altos niveles de delincuencia en la región de la Costa Montaña y frente a un sistema judicial oficial, corrupto y monocultural. Las comunidades se organizaron para tener su propio Sistema de Seguridad Pública Comunitaria. Pero sin quedarse ahí, están generando también su propio sistema de justicia y reeducación a través del rescate sus propios sistemas normativos y sin dejar de lado el derecho positivo mexicano. El próximo 15 de octubre cumplirán diez años y como ellos dicen, en este tiempo ‘han avanzado mucho y tropezado mucho también’. Crearon la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), órgano comunitario encargado de impartir la justicia comunitaria. En ella tienden a reeducar al delincuente porque como platicaban ‘las cárceles oficiales lo vuelven a uno más salvaje’. Consideran que para el delincuente como para la sociedad es mucho más beneficioso que el delincuente se pueda reintegrar. No hablan de castigo, sino de sanción, de reconciliación o de reparación del daño. En la actualidad, existen órdenes de aprehensión pendientes contra policías comunitarios.

La intervención de las mujeres campesinas ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán fue uno de los momentos más conmovedores del foro por la situación de represión y hostigamiento que están sufriendo por defender los bosques frente a la tala clandestina e inmoderada. La presidenta de la Organización de Mujeres de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Celsa Baldovinos, es esposa de Felipe Arreaga, reconocido activista ambiental de la región, en la actualidad, injustamente encarcelado como represalia por su labor en favor del medio ambiente. Felipe Arreaga y Celsa animaron a las mujeres a crear esta organización para luchar contra la contaminación y la deforestación. Hoy cuentan aproximadamente con 60 mujeres de diferentes comunidades.

Visitándolas en la Sierra de Petatlán pudimos conocer su proyecto de reforestación de cedros rojos y de cómo han conseguido frenar los incendios que asolaban la región. También sus campañas de limpieza de los bosques y ríos, así como sus proyectos de hortalizas en las que involucran a toda la familia. Representa un esfuerzo en la recuperación de la soberanía alimentaria. Cuentan con una ‘caja de ahorro’ mediante la que prestan dinero al 5% de interés en caso de necesidad. Para quienes no son ahorradores se les presta a un interés un poco más elevado y los beneficios se inyectan en los proyectos de la organización.

El coraje de estas mujeres que viven en un constante clima de amenazas y hostigamiento por hacer lo que hacen : ‘defender los bosques’, les quiebra la voz cuando platican de la represión sufrida por Felipe Arreaga y por otros campesinos ecologistas. En el foro recordaron la emboscada sufrida recientemente por Albertano Peñaloza, en la que fallecieron dos de sus hijos, quedando gravemente heridos él y otro de sus hijos. Celsa nos decía ‘cómo es posible que cada vez que avanzamos como organización, nos pasa algo grave. Me preocupa qué va a seguir, que nunca nos van a dejar trabajar ‘.

Esta Sierra es paradigma de la injusticia e impunidad que gobierna Guerrero. Los lazos entre los caciques regionales, las autoridades y los mandos militares, con el narcotráfico por medio, pueden dar una idea del contexto en el que luchan los y las campesinas ecologistas, así como el resto de miembros de organizaciones mencionadas.

El presente texto pretende ser una pequeña ventana a través de la que asomarse a una realidad trágica y al mismo tiempo llena de esperanza. Son los pueblos quienes resisten y embaten las situaciones más adversas para ponerle freno a las políticas que les condenan a desaparecer. Es cierto que la militarizacion, la continua represión y las dificultades económicas han destruido el tejido social y han expulsado a muchas personas de las comunidades como migrantes. Pero también existen muchas experiencias, como las mencionadas en este artículo, que prueban la energía de las comunidades para reinventarse y regenerarse culturalmente.

Más información:
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Amnistía Internacional

Acción urgente:
SIPAZ: Encarcelamiento y represión contra los campesinos de la sierra de Petatlán en Guerrero

:: ACTIVIDADES DE SIPAZ

Abril- Junio de 2005

PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

En estos meses, nos reunimos por lo menos una vez, con las Juntas de Buen Gobierno de los 5 caracoles zapatistas, para devolverles las entrevistas realizadas previamente sobre la autonomía.

En mayo, estuvimos diez días en varias comunidades y ciudades de la zona Norte de Chiapas para: entrevistarnos con distintos actores sobre la coyuntura; y para plantear un nuevo proyecto de sistematización de nuestro trabajo en la región (visitada cada tres meses desde 1998).

Mantuvimos reuniones y entrevistas con varios actores religiosos de Chiapas.

A finales de mayo, realizamos una gira por el estado de Guerrero, parte de nuestro objetivo de iniciar acompañamiento de otros procesos en México. Nos reunimos con el equipo de Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Asistimos al XI aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán y a su Foro “Nuestra palabra hecho camino”. También estuvimos presentes en el aniversario de la masacre de ‘El Charco’. Nos entrevistamos con Felipe Arreaga, campesino ecologista injustamente encarcelado (ver Acción Urgente) así como con la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán.

Estuvimos en una brigada de observación en las Cañadas de la Selva Lacandona tras el anuncio de la “alerta roja” zapatista, en coordinación con el Centro de Análisis Políticos e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE).

INFORMACION

Recibimos visitas, delegaciones, estudiantes y periodistas para darles a conocer la coyuntura de Chiapas y el trabajo de SIPAZ, principalmente de EE.UU. y Europa. De ellas, podemos destacar: de EEUU, miembros de la Iglesia Unido de Cristo, alumnos del Colorado College, de la De Paul University, o del programa bi-nacional ‘Global Education’, una delegación de Witness for Peace (Acción Permanente por la Paz, parte de nuestra coalición); de Europa, el representante del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD).

El 16 de mayo, participamos con una ponencia en la Jornada sobre ‘Paz y Militarización’ realizada en el marco del Festival Internacional de Culturas en Resistencia Ollín Kan 2005, organizado por la Delegación de Tlalpan en Ciudad de México.

El 19 de mayo, presentamos una ponencia en el Foro ‘La guerra, fase actual del imperialismo’ en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), evento convocado por la organización Jóvenes en Resistencia.

En mayo y junio, nos reunimos con miembros de la Embajada Suiza en México y de la Secretaria de Relaciones Exteriores de este mismo país.

En estos meses, un miembro del equipo sigue realizando una gira en Alemania recorriendo varias de sus ciudades.

Seguimos participando en el seminario “La obra de Immanuel Wallerstein: una gramática para comprender el mundo actual en perspectiva crítica” coordinado por el “Centro de Estudios, Información y Documentación: Immanuel Wallerstein”. El 23 y 24 de junio, el profesor Wallerstein estuvo en Chiapas. Asistimos a la conferencia magistral que realizó sobre “El mundo en que estamos: 2005-2050”.

VINCULACION Y ARTICULACION

Del 28 de marzo al 2 de abril, participamos en el Foro ‘Justicia, Verdad y Paz’ convocado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), evento celebrado en el marco del XXV aniversario del asesinato de Monseñor Romero, en San Salvador, El Salvador. En estas mismas fechas, también se realizó una reunión de la Red Latinoamericana de Constructores de Paz, de la que somos partes. La Red lanzó el Llamado Romero.

Seguimos participando en la Red por la Paz, espacio de acción y reflexión integrado por 15 organizaciones que buscan apoyar procesos de paz y reconciliación en Chiapas. En mayo, estuvimos también en una reunión de la Red Mexicana de Constructores de Paz en México DF.

En mayo, varias organizaciones internacionales de la Coordinación de Acompañamiento Internacional en Guatemala nos invitaron en este país a compartir las diferentes formas de acompañamiento internacional desde nuestras diversas experiencias concretas.

A principios de junio, participamos en un espacio amplio de análisis sobre el contexto y la agenda de paz pendiente convocado por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y la Plataforma Suiza para la Paz en Chiapas (PROPAZ), al que asistieron más de 50 personas.

EDUCACION PARA LA PAZ

El 7 y 8 de abril, asistimos a un taller sobre Transformación de Conflictos convocado por la Fundación Friedrich Eber de Alemania y facilitado por Johan Galtung, profesor noruego considerado mundialmente como el fundador de los Estudios de Paz. Nos entrevistamos personalmente con él para compartirle nuestro proyecto y conocer su visión sobre el conflicto chiapaneco.

Desde mayo iniciamos un ciclo de talleres de Introducción a la Transformación de Conflictos con la organización GRAMIN/ALSOL (que trabaja micro-créditos con mujeres indígenas).

Del 20 al 24 de junio, participamos en un Diplomado sobre Justicia Restauradora, realizado en Guatemala y convocada por la REDPAZ, Red de Centroamérica y el Caribe que trabaja el tema de Transformación de conflictos desde hace varios años.

VARIOS

¡ Nos mudamos! Gracias por actualizar nuestros datos:

SIPAZ
Ave. Chilón # 8, Barrio El Cerrillo,
CP 29220, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
MEXICO
Tel/Fax: (00-52)-967-63-160-55