La Parota
En 2003, los campesinos en la región que resultaría afectada por la construcción de la presa hidroeléctrica de La Parota, al sur de Acapulco, conformaron el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP).
En 4 años del movimiento, han logrado que se cancele la licitación (que ya se había abierto) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a empresas privadas para la construcción de la presa, así como impedir que el gobierno mexicano emita el decreto de expropiación.
El frente legal
A partir de 2005, se realizaron varias asambleas ejidales para permitir o no la puesta en marcha del proyecto. El CECOP, asesorado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recurrió a la vía legal para impugnar las asambleas en cuatro comunidades (Cacahuatepec, Los Cuajes, La Palma y Dos Arroyos) en las que los campesinos supuestamente habían dado su acuerdo para la expropiación de sus tierras. En 2006, se dictaron varias resoluciones favorables a la CECOP, que debían impedir a la CFE y a cualquier autoridad estatal y federal entrar en estas comunidades para efectuar cualquier trabajo relacionado con el proyecto hidroeléctrico mientras no hubieran finalizado los procesos judiciales.
A pesar de las resoluciones, se ha denunciado que el gobierno estatal y la CFE han seguido introduciendo maquinaria, y que están realizando las carreteras necesarias para la construcción de la presa. El 12 de septiembre de 2007 una jueza federal ordenó a la CFE suspender las obras del proyecto hidroeléctrico La Parota, lo cual CECOP asumió como una victoria.
 El frente internacional
Desde su creación, el CECOP ha logrado dar a conocer su lucha por la defensa de la tierra a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en marzo de 2006, el CECOP presentó su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia internacional de justicia ambiental de carácter ético, que se posicionó en contra de la construcción de la prensa y aconsejó la suspensión del proyecto.
Varias instancias de la ONU han mostrado su preocupación y han denunciado irregularidades en el proyecto. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, denunció los “abusos y violaciones a los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen al proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la población.” (agosto de 2006)
En mayo de 2006, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la falta de consulta a las comunidades indígenas, así como por el deterioro ambiental que implica el proyecto.
A principios de marzo, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, visitó el territorio de La Parota para reunirse con la población afectada en las comunidades de Garrapatas y Tasajeras y constató la falta de información y de consulta transparente en este proyecto.
Amnistía Internacional está documentando desde 2004 la violencia que rodea el proyecto de la represa de la Parota, en particular el homicidio de tres personas y las heridas y amenazas de muerte a un activista local. La organización no tiene conocimiento de que se hayan realizado progresos en las investigaciones oficiales sobre estos incidentes.
Carrizalillo
El Carrizallo es una comunidad que pertenece al municipio Eduardo Neri en la región de Tierra Caliente. Hace unos 10 años, empezaron a llegar empresas mineras a su territorio ejidal (1200 ha). 970 hectáreas pronto se encontraron en sus manos. Se firmó un contrato abusivo para los ejidatarios. En el primer año, se calcula que la empresa iba a ganar 126 millones de dólares. Mientras tanto, mucha gente en este municipio no tiene ni siquiera tiene luz, agua potable, clínica, escuela...
La comunidad empezó a darse cuenta que las utilidades líquidas de la empresa (proyección a 10 años: 2 millones de dólares) eran muy dispares comparadas con los beneficios para el pueblo.
 El 8 de enero de 2007, la comunidad decidió organizarse en la Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo" y reivindicar sus derechos. Instaló un plantón frente a la puerta principal de la mina explotada por la Empresa Luismin (parte de la multinacional Goldcop de Canadá que tiene minas en México, Centroamérica, Brasil y Argentina).
El 25 de enero de 2007, se realizó un operativo policiaco para intentar desalojar a los manifestantes. Varios fueron golpeados y encerrados por unas 3 horas. Sin embargo, al poco tiempo volvían a bloquear el camino. Frente a la determinación de la población, se entabló un proceso de negociación.
El 1 de abril, se logró un acuerdo integral que en principio es beneficioso para la comunidad del Carrizalillo, pero que sobre todo sienta las bases para ir construyendo una relación más equitativa entre la empresa y los ejidatarios como dueños de la tierra.
Ecologistas de la Sierra de Petatlan
 Los lazos entre los caciques regionales, las autoridades y los mandos militares, con el narcotráfico de por medio, pueden dar una idea del contexto en el que luchan los y las campesinas ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
La presidenta de la Organización de Mujeres de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Celsa Baldovinos, es esposa de Felipe Arreaga, campesino ecologista injustamente encarcelado en 2005. Crearon una organización para luchar contra la contaminación y la deforestación provocada por la tala clandestina e inmoderada. Hoy cuentan aproximadamente con 60 mujeres de diferentes comunidades.
Tienen varios proyectos de reforestación de cedros rojos, campañas de limpieza de los bosques y ríos para frenar los incendios que asolaban la región, proyectos de hortalizas en los que se involucra a toda la familia y que representan un esfuerzo en la recuperación de la soberanía alimentaria. Cuentan con una ‘caja de ahorro’ mediante la que prestan dinero al 5% de interés en caso de necesidad. Para quienes no son ahorradores se les presta a un interés un poco más elevado y los beneficios se inyectan en los proyectos de la organización.
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En 1991, se creó el Consejo Guerrerense de 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500ARINP), un paraguas de las principales organizaciones indígenas impulsoras de las protestas contra las celebraciones de los 500 años de la conquista de América por los españoles. El Consejo visibilizó años de lucha en el estado, asistió a eventos internacionales, participó en cargos de representación popular, y alcanzó puestos en la burocracia indigenista. El movimiento se acercó al EZLN y tuvo gran éxito a la hora de organizar marchas, como por ejemplo la marcha “No están solos” en 1994. En 1995 el movimiento se integró a la Policía Comunitaria en la región Costa-Montaña e impulsó la creación de una Universidad Indígena en Guerrero. 
La Policía Comunitaria fue creada en 1995 ante los altos niveles de delincuencia en la región de la Costa Montaña y frente a un sistema judicial oficial considerado corrupto y monocultural. Las comunidades se organizaron para tener su propio Sistema de Seguridad Pública Comunitaria. Sin limitarse al ámbito de la seguridad, están generando también su propio sistema de justicia y reeducación a través del rescate sus propios sistemas normativos y sin dejar de lado el derecho positivo mexicano. 
Durante varios años los pueblos amuzgos y nahuas del municipio de Xochistlahuaca se han destacado por su lucha por sus derechos colectivos como pueblos indígenas, y han sido sufrido ataques por parte del Ayuntamiento de Xochistlahuaca. En los años 2000 y 2001 Xochistlahuaca se hizo conocida por la decisión de una parte del pueblo de defender su derecho a libre determinación y a elegir a los comisarios mediante sus usos y costumbres. Así empezaron la construcción de una estructura autónoma en el municipio autónomo de Suljaa’, paralelo al municipio oficial. La entonces presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez impuso a comisarios en la mayoría de las comunidades del municipio con la finalidad de obtener y mantener el control. La ruptura del tejido social que este hecho generó y la confrontación de sus miembros todavía están dañando la convivencia en el municipio. 
Desde hace alrededor de diez años, los pueblos mixtecos y tlapanecos (me’phaa) pertenecientes al municipio de Ayutla de los Libres (donde se produjo la masacre de El Charco) han empezado a organizarse a través de la Organización Independiente del Pueblo Mixteco (OIPM) y la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM). 
