IMPUNIDAD EN GUERRERO: UN PROBLEMA ENDÉMICO

Desde los años '60 hasta la fecha, la impunidad ha sido un problema de gravedad en el estado de Guerrero.

LA GUERRA SUCIA

En los años 70 se desató una ofensiva militar contra las guerrillas de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas Barrientos⁽¹⁾ y las que siguieron en Guerrero y en otras partes de México, conocida como “la guerra sucia” (1965-1983)⁽²⁾. Múltiples crímenes  fueron cometidos durante las administraciones de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982). Cientos de habitantes de la montaña guerrerense fueron detenidos en una primera etapa de “limpieza” y probablemente torturados antes de ser “desaparecidos”, lo cual era sinónimo de haber sido asesinados⁽³⁾.

En 2004, 20 investigadores y especialistas adscritos a la Dirección de Investigación y Análisis de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) comenzaron a redactar un informe, con el fin de esclarecer los crímenes del pasado⁽⁴⁾. Concluyeron: “Algunos de los datos que arroja la investigación apuntan a que en 433 casos, poco más de la mitad de los 801 reportados, hay información suficiente para acreditar plenamente la detención de estas personas que fueron desaparecidas por agentes federales y estatales. Se tiene el registro de 551 denuncias de desaparición forzada que presuntamente se dieron entre 1961 y 1979. De estas 551 denuncias, conforme a los criterios señalados, se encontraron durante la investigación elementos suficientes para acreditar plenamente 260. En 144 casos se tiene la presunción fundada para considerar que sucedieron, y en 147 casos falta información para emitir un juicio de probabilidad. En total, en 404 casos -de un total de 551 denuncias- se cuenta con información suficiente que permite considerar que realmente fueron las desaparecidos.”⁽⁵⁾

  El informe ¡Qué no vuelva a suceder! de la FEMOSPP, finalizado a principios de 2006, dedica un largo capítulo a Guerrero y a las violaciones cometidas por parte del Ejercito mexicano y otros organismos en el estado. Informa de que los hechos ocurridos entre finales de los 60s hasta las 80s no fueron casuales ni producto de iniciativas individuales, sino más bien parte de una estrategia de Estado con el propósito de exterminar a los “subversivos”. La estrategia fue autorizada por los entonces presidente Luís Echeverría Álvarez y secretario de defensa Hermenegildo Cuenca Díaz. Con este propósito, el general Cuenca Díaz diseñó los planes de contrainsurgencia, operativos, controles, cercos a la población, como el Plan de Operaciones de Contrainsurgencia y las operaciones “Telaraña”, “Amistad” o “Luciérnaga”⁽⁶⁾. La estrategia de contrainsurgencia en Guerrero se desarrolló en tres etapas:

• Operaciones de reconversión de la estrategia y adopción de tácticas contrainsurgentes: 1970 - 1971
• Cerco a la población y asedio a la guerrilla: 1972 - 1973
• Genocidio sistemático: 1973 - 1978⁽⁷⁾

En la cadena de responsabilidad de los crímenes de Estado, incluyendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, el informe presenta en primera línea a Echeverría Álvarez y a la cúpula del Ejército, es decir, al secretario de Estado y al Estado Mayor de la Defensa, a los comandantes de las dos regiones militares de Guerrero, a los oficiales a su mando y a las tropas. Una estrategia abiertamente contraguerrillera no podía generarse sin el consentimiento y aprobación explícita del Presidente de la República, dice el Informe, sobre todo porque se aplicó un plan de genocidio⁽⁸⁾ que continuó durante todo su mandato⁽⁹⁾.

Detenciones

La primera fase de la guerra de contrainsurgencia fue la detención de sujetos sospechosos de haber cometido algún acto “subversivo”. Éstos fueron los patrones que el Ejército mexicano siguió en las desapariciones:

“1. La gente era concentrada en un lugar público del poblado. La cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar.
2. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no había gente que no estuviera en el lugar de concentración.
3. Algún oficial del Ejército pasaba lista. Muchas veces traían a ese lugar a algún ‘soplón’ o ‘madrina’ que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones, el oficial traía una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada.
4. La gente detenida podía tener tres destinos inmediatos: (a) ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar, (b) ser utilizada como guía para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar, (c) ser transportada al cuartel militar por vehículo terrestre o por helicóptero”.
“Cuando las detenciones tomaron un ritmo acelerado, el ejército empezó a no presentar a los “desaparecidos” a las autoridades primero, sino que de forma arbitraria eran enviados a cárceles militares o “cárceles clandestinas”⁽¹⁰⁾.

Tortura

La manera de torturar a los detenidos fue particularmente brutal y sádica, apuntando principalmente a conseguir información⁽¹¹⁾. Aparte de una lista larga de métodos de tortura, los “desaparecidos” y sus familias sufrían una gran incertidumbre sobre su destino – si les iban a llevar a campo de concentración o si les iban a tirar al mar. Lo que provocó la intensificación de los métodos de tortura fue el secuestro del senador Rubén Figueroa por Lucio Cabañas, en junio de 1974, según informes enviados al general y secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz⁽¹²⁾.

Testimonios de personas que fueron detenidas⁽¹³⁾ en el periodo 1970-79 dan a conocer que fueron sometidos a “sesiones de torturas”. El registro que existe es de 1,650 casos de detenciones y tortura en cárceles y campos de concentración. Otros fueron torturados en su domicilio o en los puntos de revisión. También hay varios casos de tortura a niños y violaciones a mujeres para hacer hablar a los perseguidos. “Adicionalmente a los detenidos torturados, toda la población serrana fue también torturada. Hubo distintas maneras y propósitos para hacerlo. Durante las detenciones masivas toda la población sufría vejaciones.”⁽¹⁴⁾

Vuelos de la muerte

Los “vuelos de la muerte” formaron una parte importante en el mecanismo de terror psicológico contra la población⁽¹⁵⁾. Fueron realizados bajo la responsabilidad del entonces teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y el mayor Arturo Acosta Chaparro⁽¹⁶⁾. “Nos amenazaban que íbamos a ir a darles banquetes a los tiburones… Y a mis hijos nunca jamás los he vuelto a ver y a Pablo Rosas tampoco” cuenta más de 30 años después Maximiliano Nava, familiar de un desaparecido⁽¹⁷⁾.

Las cárceles

El informe basa su información sobre las cárceles militares en radiogramas y testimonios de personas que pasaron por la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta de Acapulco. Resume: “Esta forma de operar, de entregar los civiles detenidos al Ejército, se convirtió en norma. Cuando el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa⁽¹⁸⁾, nombró a Acosta Chaparro como encargado de la policía judicial de Guerrero en la Costa Grande y la Costa Chica., éste entregaba al Ejército a todos los detenidos que consideraba tenían alguna vinculación con la guerrilla, en lugar de entregarlos a la autoridad civil”. Allí fueron torturados y, a continuación, enviados en “vuelos de la muerte” o llevados a la Base Militar Puesta de Cueva en Acapulco o al Campo Militar Número Uno de México (CM1)⁽¹⁹⁾.

En el CM1, de acuerdo con la investigación de la fiscalía de la PGR, el detenido tenía ante sí uno de los siguientes destinos:

1. Morir en los interrogatorios y ser desechado su cuerpo.
2. Ser trasladado a algún lugar de ejecución y ser desechado su cuerpo.
3. Ser liberado. En todo caso, no existe conocimiento de que haya todavía gente detenida⁽²⁰⁾.

El CM1 fue durante 46 años el lugar de tránsito o lugar final para disidentes del Estado mexicano, a quienes quisieron mantener secuestrados de manera ilegal. “Allí fueron detenidos los estudiantes que acudieron a la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968⁽²¹⁾. Allí fueron a dar cientos de detenidos en la Guerra Sucia de Guerrero. Tenemos el número incompleto de más de 200 personas remitidas de Guerrero de manera ilegal y por lo menos 65 de ellas se encuentran en calidad de desaparecidas”⁽²²⁾.

Hostigamiento a las comunidades indígenas

Las fuerzas del Ejército mexicano en Guerrero cercaron, arrasaron y bombardearon decenas de pueblos, entraron de forma continuada en las comunidades, robaron, golpearon, torturaron y cometieron violaciones a mujeres⁽²³⁾. Provocaron desplazamientos y nuevas concentraciones de población en aldeas modelo⁽²⁴⁾. Mantuvieron hostigadas a las comunidades a las que consideraban bases del movimiento guerrillero⁽²⁵⁾. Otro método contra comunidades y civiles fue el “hambre como método de guerra, al no permitirles el paso a los alimentos de primera necesidad que compraban y no permitirles que salieran libremente a su trabajo en el campo y por sus necesidades básicas.”

Espiral de violencia

Ya en el 1971, una tercera parte del Ejército mexicano estaba concentrado en Guerrero con 24,000 efectivos tratando de dar caza a Lucio Cabañas⁽²⁶⁾, pero hubo una espiral de violencia contra la población en 1974, ya que ésta se convirtió en sospechosa de forma generalizada a los ojos del poder político. Con el tiempo fueron apareciendo cuerpos de personas no identificadas, todos presentando “impactos de arma de fuego, señales de haber sido torturados y desfiguraciones en el rostro y otras partes del cuerpo, producidas por quemaduras. [...] En forma por demás discreta se ha logrado saber que los cuerpos encontrados pertenecen a personas conectadas con Lucio Cabañas Barrientos y su gente, que han sido aprehendidos cuando bajan de la sierra para abastecerse de víveres y otros objetos necesarios para ellos, o bien que sirven de correo entre los remontados y quienes se encuentran en la zona urbana.”⁽²⁷⁾

IMPUNIDAD EN LA ETAPA MÁS RECIENTE

Aunque el bien nombrado informe del FEMOSPP ¡Que no vuelva a suceder! busca esclarecer los crímenes y violaciones de los derechos humanos de la era oscura de la guerra sucia, en la actualidad guerrerense continúa una situación de fuerte militarización, supuestamente vinculada al combate de narcotráfico. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha señalado que en lugar de combatir las causas del cultivo de droga, se ha seguido combatiendo a las comunidades indígenas y a los procesos organizativos de la sociedad civil: este Centro documentó 68 casos de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército entre 1996 y 2004. Hasta la fecha todos estos casos siguen impunes: ningún miembro del Ejército ha sido castigado por violaciones a los derechos humanos.

Un factor de impunidad a la fecha se debe a la posición y aparente inmunidad de las que el Ejército parece beneficiarse. Aunque la Constitución ordena que se limite el fuero militar para los delitos relacionados con la disciplina militar (rebelión, espionaje o deserción⁽²⁸⁾), en casi todos los casos los presuntos responsables serán juzgados por tribunales militares. El gobierno mexicano ha expresado su compromiso de combatir todas las violaciones de derechos humanos quienesquiera que sean sus autores. Sin embargo, no ha tomado medidas para restringir la jurisdicción militar, dejando así que siga siendo uno de los principales obstáculos para poner fin a la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar⁽²⁹⁾.

No han faltado cuestionamientos en este sentido. En 1998, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU emitió un informe sobre México, en el que afirmaba que “el personal militar parece ser inmune a la justicia civil y es generalmente protegido por la justicia militar”. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha criticado que se recurra sistemáticamente al fuero militar para juzgar a miembros del ejército: ”la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas (...) y se produce una impunidad de facto”. Amnistía Internacional por su parte ha señalado: “La ausencia de supervisión efectiva con que combatir estas prácticas contribuye al mantenimiento de un sistema en el que es habitual negar sus derechos fundamentales a las víctimas de violaciones de derechos humanos a fin, aparentemente, de proteger la reputación de los militares". La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ha denunciado a su vez que el fuero militar resulta especialmente negativo en casos de violencia contra las mujeres: éstas temen acudir a los tribunales militares, convirtiéndose en "las víctimas idóneas de un sistema disfuncional"⁽³⁰⁾.

De acuerdo con el informe de CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer), mujeres indígenas tlapanecas de la zona de Loxicha y de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, que fueron violadas por militares, continúan esperando justicia desde hace 12 años⁽³¹⁾. En 2002, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez registró 52 casos de mujeres indígenas violadas por militares, tan sólo en los estados de Guerrero y Veracruz⁽³²⁾.

En Guerrero los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por militares en 2002, han llegado a ser de los más conocidos. Tras agotar las instancias de justicia nacionales sus casos fueron presentados a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en noviembre de 2003 por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Organización de Pueblos Tlapanecos⁽³³⁾.

El proceso exige un esfuerzo continuado, y las dos mujeres han sufrido amenazas y hostigamientos, al igual que sus familiares. Valentina tuvo que salir de su comunidad y el esposo de Inés, Fortunato Prisciliano Sierra, ha sido sujeto de amenazas y agresiones por personas señaladas como estando al servicio del 48 Batallón del Ejército Mexicano. Las más recientes (septiembre de 2007) se dieron en el contexto de una audiencia de la CIDH a la que Fortunato debía acudir para denunciar la violación sexual de su esposa⁽³⁴⁾.

Cabrá prestar atención a la nueva fase de la militarización desde enero de 2007 en el estado de Guerrero: más de 9,000 elementos del Ejército y fuerzas policíacas se encuentran en el estado con el mandato de combatir la expansión de la narcoviolencia⁽³⁵⁾. 

¿UN EJEMPLO PARADIGMÁTICO?: EL CASO DEL GENERAL MARIO ARTURO ACOSTA CHAPARRO

En agosto de 2000 los generales del Ejército Mexicano Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo fueron detenidos, y en noviembre de 2002, fueron condenados a 15 y 16 años por un tribunal castrense por los delitos de narcotráfico y crimen organizado⁽³⁶⁾. 

Acosta Chaparro, jefe de la Policía Preventiva en Guerrero entre 1975 y 1981 durante la guerra sucia, llevó a cabo las operaciones policíacas de captura de Lucio Cabañas y otros guerrilleros. Varios testimonios vinculan a Acosta Chaparro con desapariciones, asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad, incluso el haber lanzado personas al mar desde helicópteros/aviones en el mismo periodo. Integrantes de las fuerzas policíacas en aquel tiempo señalan como responsables a grupos de delincuentes, como “Los Tarín” y “Los Chihuahua”, conocidos por sus métodos brutales y finalmente expulsados del estado de Guerrero⁽³⁷⁾. En los 1990s, se denunció que “Los Tarín”, al igual que Acosta Chaparro, fueron involucrados en varios carteles del narco, como el “clan Juárez”.  El ex capitán Gustavo Tarín Chávez ofreció en 1999 información a autoridades mexicanas sobre esas dos etapas en la vida de ambos generales, y su testimonio sirvió para la consignación de aquéllos por delitos contra la salud. El cargo por narcotráfico se sustentó básicamente en este testimonio. Además, la información de Chávez reveló que los acusados habían organizado “vuelos de la muerte”⁽³⁸⁾. Por ello, el general enfrentaba un proceso por su responsabilidad en homicidios de campesinos en Guerrero. Sin embargo, en diciembre de 2002, el fuero castrense redujo el número de homicidios que se le imputan a 22, en vez de 143⁽³⁹⁾. 

En agosto de 2005, la condena fue cambiada por el quinto tribunal colegiado en materia penal del Primer Circuito después de haber considerado que el Supremo Tribunal de Justicia Militar (STJM) sentenció a los dos generales sin pruebas suficientes. El 28 de junio de 2007, Acosta Chaparro ganó un amparo en el proceso penal que tenía en su contra y recobró todas sus garantías individuales, el grado de general y la libertad. No se pudo confirmar su responsabilidad en los delitos contra la salud ni en el asesinato de los 22 campesinos. La liberación de Acosta Chaparro en 2007 fue interpretada por varios analistas como “un mensaje de Calderón para quienes se han comprometido con la transformación de la sociedad mexicana”. Señalaron además que la fecha de la liberación coincide con la fecha de la masacre en Aguas Blancas en 1995⁽⁴⁰⁾.

Notas

1. Sección Guerrero, Fechas claves
2. Capítulo 6: Guerra Sucia
   
3. Ver artículo
4. Capítulo 1: Informe General, página 1
   
5. Capítulo 8: Crímenes de lesa Humanidad, página 18
   
6. Capítulo 6: Guerra Sucia (Ibid)
7. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 3
   
8. Definición de genocidio según la Convención para  la Prevención y la Sanción del Genocidio, artículo II que define como genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:    a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;      e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
9. Capítulo 6: Guerra Sucia, página 51 (Ibid) 
10. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 18
    
11. Ver en particular Capítulo 8: Crímenes de lesa humanidad (Ibid)
12. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 6 (Ibid)
13. Capítulo 8: Crímenes de lesa humanidad, página 43 (Ibid)
14. Capítulo 9: Crímenes de guerra, página 23 (Ibid)
15. Capítulo 6: Guerra Sucia, páginas 130-132 (Ibid)
16. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 9 (Ibid)
17. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 33 (Ibid)
18. Rubén Figueroa Figueroa era gobernador en Guerrero 1975-81 para el partido PRI
19. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 43 (Ibid)
20. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 44 (Ibid)
21. Masacre de Tlatelolco (Wikipedia)
22. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 48 (Ibid)
23. Capítulo 9: Crímenes de Guerra, página 9 (Ibid)
24. Capítulo 8: Crímenes de Guerra, páginas 3-4 (Ibid)
25. Capítulo 6: Guerra Sucia, páginas 60, 84 (Ibid)
26. Capítulo 6: Guerra Sucia, página 52 (Ibid)
27. Capítulo 6: Guerra Sucia, página 86 (Ibid)
28. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel. El fuero militar en México: La injusticia en las fuerzas armadas.
29. Informe México: Mujeres indígenas e injusticia militar (AI: AMR 41/033/2004) 
30. Artículo en La Jornada
31. Artículo CIMAC
32. Artículo CIMAC
33. Artículo CIMAC
34. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
35. Artículo del Universal
36. Artículo de La Jornada
37. Informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), Capitulo 6: Guerra Sucia, paginas 128-129 (Ibid)
38. Informe, Capitulo 9: Crímenes de Guerra, pagina 62 (Ibid)
39. Artículos de La Jornada (I) y (II)
40. Artículo de La Jornada de Guerrero