Marcha en solidaridad con Ayotzinapa en el marco del "dia de la revolucion mexicana", San Cristóbal de las Casas - 20 de Noviembre de 2014 © SIPAZ
ACTUALIDAD: Violencia en México pone nuevamente al país bajo el escrutinio internacional
24/11/2014
Asamblea en el ejido San Jerónimo Bachajón, en contra de la construcción de la carretera. Municipio de Chilón, agosto de 2014 © SIPAZ
ARTÍCULO: Chiapas – Movilizaciones ante proyecto de Mega-carretera San Cristóbal-Palenque
24/11/2014

ENFOQUE: Niñas, niños y adolescentes en México – un futuro incierto

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

“¿Qué cosecha un país que siembra estudiantes?”,
“Un gobierno que asesina a nuestros hijos no merece perdón
y menos nuestro silencio”

(mantas en las marchas por Ayotzinapa)

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZEl caso de Ayotzinapa destapó una cloaca ante la cual cualquier padre de familia no puede dejar de preguntarse: ¿qué futuro tendrán sus hijos? Como en muchos otros aspectos, en materia de derechos humanos en el país, están en discusión avances normativos sin garantía de que impliquen cambios reales para la población infantil y adolescente. Este tema recibió mucha atención en los últimos meses, ya que a principios de septiembre el Presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa al Senado. Aseguró que con este proyecto de ley “México cumple un compromiso ético con sus niñas, niños y adolescentes”. Cabe mencionar que también cumple con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por México en 1990 y constituye el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce, para todas las personas menores de 18 años de edad, derechos humanos civiles y políticos, así como culturales, económicos, y sociales. Además, esta convención especifica el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación y a una enseñanza primaria obligatoria y gratuita así como el derecho a la protección “contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

La iniciativa del presidente fue criticada, porque se enfocó en la protección de las y los niños y adolescentes en lugar de hacer foco en sus derechos. Por consiguiente, la Cámara de Diputados modificó 106 de los 141 artículos originales del documento presidencial antes de aprobarlo el 29 de septiembre pasado. Esta nueva ley da la oportunidad de examinar la situación de las y los niños en el país y los derechos que tienen o que todavía les faltan.

La infancia trabajadora

 

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014
© SIPAZ

Un aspecto en la vida de las y los niños que, frecuentemente, es sujeto de discusiones y que también fue abordado en los recientes cambios legislativos es el trabajo. Al entregar su iniciativa, el presidente explicó que es necesario “que nuestros niños puedan dedicarse plenamente a las actividades propias de su edad, como son: el estudio, el deporte, el juego o el descanso, que contribuyan a su formación y desarrollo integral. De ahí la importancia de que los menores de 15 años no tengan actividad laboral”. Mencionó que cuando los menores de esta edad se ven obligados a trabajar, se reducen sus oportunidades de desarrollo futuro, e incluso se atenta contra su seguridad y, eventualmente, su salud. Por consiguiente, el 12 de junio de 2013, Peña Nieto presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma Constitucional al Artículo 123, que eleva la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años. Esta reforma fue promulgada en junio de este año.

 

Para poder evaluar el impacto de este cambio legislativo hay que considerar la realidad que viven las y los niños trabajadores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “en México, de acuerdo con las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 3 035 466 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad se encuentran en situación de trabajo infantil, cifra que se corresponde con 10.5% de la población que se encuentra en ese grupo de edad […]. De ellos […] 39%, no asiste a la escuela y […] 31.46% trabajan 35 horas o más a la semana. Además, 1 162 643 niñas, niños y adolescentes solamente se dedican a las labores domésticas y no acuden a la escuela”. De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil INEGI-STPS 2011, de los 3 millones de menores trabajadores, casi 883.000 son menores de 14 años, de manera que el número de niños trabajadores por debajo de la edad mínima resulta muy significativo.

 

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014
© SIPAZ

En cuanto al trabajo infantil, no se suele escuchar la palabra de los niños mismos, lo que les roba su derecho a expresar sus opiniones y tomar sus propias decisiones. Por eso, la Organización por los Derechos de la Infancia y Juventud Indígena en Chiapas, Melel Xojobal, llevó a cabo un estudio sobre el trabajo infantil en San Cristóbal de Las Casas de 2000 a 2010, tomando en cuenta la palabra de los menores. Entrevistaron a niñas y niños trabajadores, sus familiares y otros actores sociales como comerciantes, miembros de organizaciones no gubernamentales o religiosas, maestros y otros ciudadanos que conviven con los niños. Según el estudio, el 66% de los niños y el 60% de los familiares están a favor del trabajo infantil, pero sólo un 19% de los demás actores sociales. En este sentido, el 71% de los niños declara que trabajar fue su propia decisión y sólo el 29% que fue decisión de sus padres. Sin embargo, cabe valorar esta decisión, aunque sea tomada por voluntad propia, como parte del contexto crítico de la situación económica de muchas de las familias. El 53% de los niños utiliza la mayoría de lo que obtiene para apoyar y poder cubrir gastos básicos de la familia como comida, ropa u otros insumos.

 

Por otra parte, las condiciones en las que trabajan los niños por lo general no son adecuadas para garantizar su seguridad (la mayoría de ellos en la calle sin supervisión de adultos). En el 65% de los casos, los niños y niñas consideran que están expuestos a riesgos; de este total, el 33% expresa haber enfrentado situaciones de riesgo en el pasado. “En este sentido […] es frecuente que las oportunidades laborales que existen para las niñas y niños presenten precarias condiciones para su desempeño, tales como ambientes laborales poco propicios (cantinas, bares y lugares de consumo de sustancias ilícitas), horarios de trabajo prolongados más allá del adecuado según la edad, ausencia de tiempo de descanso, esparcimiento y recreación, explotación económica y maltrato emocional y físico por parte de los adultos […]. Los niños y niñas trabajan sin una protección social y legal adecuada”, plantea Melel Xojobal.

Ante estos hechos, que ya son la realidad de una infancia trabajadora parcialmente bajo la edad mínima oficial, se puede dudar del impacto que tendrá una legislación que sólo sube la edad mínima para poder trabajar empujando a más niños hacia la ilegalidad y abriendo espacios para el trabajo informal. En este sentido, Melel Xojobal propone un camino dando derechos a los niños y adolescentes en vez de prohibir lo que muchos de ellos no pueden evitar: “Decir que los niños no deben trabajar y negar que exista una legislación que los proteja es invisibilizar la situación y ampliar las posibilidades de explotación ya que, si no se reconoce la existencia del derecho, no pueden materializarse los instrumentos para la protección del mismo. […] Se trata de buscar que el trabajo se entienda como actividad dignificante, socializadora, y que genera autoestima y responsabilidad, diferenciándola de las formas de explotación (las cuales sí deben ser erradicadas)”.

El derecho a la educación

 

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014
© SIPAZ

Un aspecto vinculado a la infancia trabajadora y que también va más allá es el derecho a la educación reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Según el estudio de Melel Xojobal en San Cristóbal de Las Casas, el 71% de los niños trabajadores asiste a la escuela, el 20% abandonó la escuela por motivos económicos y el 9% nunca ha asistido. A nivel nacional, según datos de Unicef, en 2005, 1.2 millones de niños entre los 5 y los 14 años no asistían a la escuela, 1 de cada 10 abandonaba la educación primaria y 2 de cada 10 no finalizaban la educación secundaria, aunque de acuerdo a la Constitución Mexicana, todos los niños tienen el derecho a recibir una educación preescolar, primaria y secundaria. Estos datos, sin embargo, no se deben sólo al trabajo infantil. “UNICEF ha identificado tres problemas principales relacionados con la educación, que son la falta de acceso, especialmente en áreas rurales, la pobre calidad de la educación en muchas escuelas públicas donde estudia el 92 % de todos los alumnos del país, y discriminación en la escuela que muchos niños indígenas, niños con discapacidad y niñas en general enfrentan.”

 

En los documentos de Melel Xojobal y la OIT también se da cuenta del problema intercultural mencionado. Melel Xojobal afirma que “el actual tipo de educación formal no logra generar el interés y entusiasmo de niñas y niños indígenas trabajadores, pues han expresado que los contenidos y metodologías de enseñanza emanados de las instituciones gubernamentales no consideran la cultura, el contexto, los saberes y el idioma de los pueblos indígenas.” La OIT propone propiciar la incorporación de un enfoque intercultural dentro del Sistema Educativo Nacional que implicaría “que los maestros son formados para sacar ventaja pedagógica de la diversidad cultural, para trabajar el respeto al otro diferente, para enriquecerse y propiciar que los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a diferentes culturas y con [diferentes] creencias se enriquezcan mutuamente al compartir el ámbito escolar”.

Cabe mencionar que, en Chiapas, existe como alternativa el Sistema Educativo Rebelde Autónomo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se formó principalmente para atender mejor a las necesidades de las y los niños y adolescentes indígenas. Cuenta con cientos de escuelas primarias y una secundaria en cada de los cinco “caracoles” (regiones autónomas). Los estudiantes son educados tomando en cuenta y respetando la realidad de sus comunidades y su cultura indígena. Puesto que no son escuelas reconocidas por las autoridades, estas y estos niños no son tomados en las estadísticas oficiales como alumnos y alumnas.

El derecho a la salud

 

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014
© SIPAZ

Otro problema que limita el derecho a la educación para muchas adolescentes son los embarazos adolescentes. Según datos de INEGI, la cifra actual de partos de adolescentes es superior a la de 1990, cuando representaron el 18% del total en el país. La estadística más reciente, de 2012, señala que el porcentaje es de 19,4% de todos los nacimientos. Algunos académicos y políticos vinculan este aumento a decisiones políticas tomadas en este período. A partir de 2000, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) asumió la presidencia, los programas de educación sexual y el acceso a anticonceptivos para menores de 19 años comenzaron a restringirse, o se privilegiaron campañas que promovían la abstinencia. Hoy la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, llama los embarazos adolescentes en el país “un problema de salud pública”. En la nueva legislación se reconoce que el Estado debe garantizar que adolescentes embarazadas concluyan sus estudios. Sin embargo, el derecho a la educación sexual queda restringido, porque los padres y tutores siguen con posibilidad de negarla.

 

Otro problema de salud sigue derivando de la pobreza de un amplio sector de la población en el país. Aunque México es considerado como un país de ingreso medio-alto, la distribución de la riqueza sigue evidenciando serias desigualdades. Según el informe “Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad” de Unicef “entre 2010 y 2012, la pobreza en México se incrementó en términos absolutos al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas. El porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 46.1% en 2010 a 45.5% en 2012. […] Mientras que 53.8% de la población menor de 18 años estaba en pobreza en 2012, a nivel nacional este porcentaje ascendió a 45.5% entre la población en general y a 41.3% en la población adulta, lo que muestra que la pobreza sigue registrándose en mayor magnitud en los hogares en los que habitan niñas, niños y adolescentes”. Además, esta situación se concentra en áreas rurales, donde en 2012 un 66.9% de las personas menores de 18 vivían en pobreza. Estos hechos pueden representar un obstáculo grave para el desarrollo y la salud de las y los niños y adolescentes. Unicef consta que “la desnutrición crónica o desmedro (baja talla para la edad) disminuyó a la mitad de la encontrada en 1988, situándose en 13.6% entre la población de menores de 5 años en 2012 (1.5 millones de niñas y niños). Sin embargo, detrás del promedio nacional existen disparidades notorias en las regiones, con prevalencias que varían de 19.2% en el sur hasta 8.9% en el norte del país. La prevalencia más alta de desnutrición crónica se observa en las zonas rurales del sur del país, donde casi 3 de cada 10 menores de 5 años la presenta (27.5%)”. Por lo menos se pudo registrar avances en cuanto a la mortalidad infantil: “entre 1990 y 2012, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años […] se redujo en 61%, al pasar de 41 por cada mil nacidos vivos a 16.1”.

Derecho a vivir sin violencia

 

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014 © SIPAZ

Manifestación en contra de la nueva Ley General de Derechos de la Infancia, San Cristóbal de Las Casas, 24 de septiembre de 2014
© SIPAZ

Un último aspecto que hace falta evidenciar es la violencia en la que crecen la amplia mayoría de las y los niños. Según el informe de Unicef, la mortalidad en niños y adolescentes por homicidio en México creció entre 2000 y 2011, ya que pasó de 2.3 a 3.9 menores por cada cien mil habitantes. El documento concluye que “estos datos pueden asociarse con el contexto de creciente violencia que ha experimentado el país en los últimos años, vinculado a la lucha contra y entre el crimen organizado. […] Entre las causas de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes se encuentra la percepción social general de que son propiedad de los adultos, situación que no sólo tiene como consecuencia que la violencia en su contra tenga una relativa aceptación social, sino también que sea un fenómeno considerado como “natural” y, por lo tanto, invisible.”

 

Otra forma de violencia de la que sufren muchas y muchos niños y adolescentes en el país es el bullying escolar: según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica. El acoso escolar puede manifestarse en forma de violencia verbal, psicológica, física y ahora también a través de las redes sociales. Según psicólogos, los jóvenes afectados sufren de baja autoestima y rendimiento escolar, deserción, así como problemas de sueños. Muchos dejan de comer, bajan de peso, están ansiosos todo el tiempo e irritables, padecen lesiones que llegan, en ciertos casos, a ser mortales, presentan severos conflictos emocionales y depresión que puede llevarlos al suicidio. El número de niños y adolescentes muertos por suicidio ha aumentado de manera preocupante durante los últimos años. La nueva legislación busca responder a este problema al definir multas de hasta 100.000 pesos, y del doble si hay reincidencia, para los funcionarios o trabajadores de instituciones educativas, deportivas o culturales que no reporten, toleren o propicien casos de bullying.

A través de la nueva legislación el propio Estado mexicano reconoce que la niñez y adolescencia en el país representan un sector particularmente vulnerable. Unos de los retos para revertir esta situación es que gran parte de la violencia a la que se encuentran sometidos es estructural (contexto económico, político y social), omnipresente y normalizada por la sociedad; y que otra se mantiene oculta por el miedo a las represalias de parte de agresores que resultan seres cercanos (familiares o maestros). Medidas certeras que permitan el desarrollo de las y los niños y adolescentes así como el respeto y goce de sus derechos humanos van más allá de cambios legislativos sino que apuntan a un cambio profundo y cultural de múltiples dimensiones.

… … …

Cintia (14 años):

Cintia, trabajadora, 14 años de edad © SIPAZTiene dos hermanos y estudia en 3° grado de la secundaria. Desde niña trabaja con su madre en el mercado vendiendo discos los sábados, domingos y algunas tardes durante la semana. Así ganan de 200 a 300 pesos, destinando una parte para comida y ahorrando el resto. “Como dice mi mama, el dinero no va a caer del cielo sino que tú lo tienes que ganar con el sudor de tu frente.” Participa en talleres de Melel Xojobal donde aprende, por ejemplo, cómo hacer velas y participa en el Movimiento de los NATs (Niños/as y Adolescentes Trabajadores). De grande quiere trabajar en un hospital. Critica los servicios médicos existentes, por eso quiere ayudar a la gente de pocos recursos sin cobrar dinero. “Es una profesión donde puedes dar mucho”, dice.

Daira (9 años):

Daira, trabajadora, 13 años de edad © SIPAZTiene dos hermanos a los que cuida en su casa. Va a la escuela por la tarde y trabaja vendiendo textiles en el mercado por la mañana. Considera que en el trabajo aprende más que en la escuela, porque “no enseñan bien allí”. Desea tener una educación mejor, pero le falta el dinero necesario para acceder a otra escuela. De grande quiere trabajar de enfermera. “Ser enfermera significa para mí ayudar a los demás pobres.”