Desde el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994, Chiapas y la lucha de sus pueblos indígenas han gozado de mucha atención y simpatía en todo el mundo, y miles de extranjeros han llegado a Chiapas. La presencia y atención de la comunidad internacional ha sido un factor significativo en la dinámica de los intereses y poderes que dominan el conflicto, vigilando el respeto a los derechos humanos y constituyendo un contrapeso a la amenaza militar y paramilitar que sufren numerosas comunidades situadas en la llamada «zona de conflicto».

Sin embargo la presencia internacional en Chiapas se ha dado en un marco de gran ambigüedad, al igual que en otras zonas conflictivas del país como Oaxaca y Guerrero. Ello se debe, por un lado, a que hasta hace poco no existía en México una reglementación específica para la tarea de observacuión internacional. Y por otro lado, la presencia de extranjeros en Chiapas ha tenido formas muy diversas, confundiéndose a veces la tarea de observación (de carácter no partidista) con la de solidaridad, legítimas ambas, pero distintas en sus cometidos y modalidades.

Desde hace un año, una circular interna del Instituto Nacional de Migración reglamenta la tarea de observación internacional exigiendo a los observadores una forma migratoria especial. Esa normativa se ha venido aplicando con un alto grado de discrecionalidad según la oficina consular ante la cual se tramita la solicitud.

El discurso y la práctica

El gobierno mexicano ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Además de ratificar los convenios internacionales en la materia, el pasado 3 abril (en la 54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU), México reconoció explícitamente la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos al firmar una solicitud para que la Asamblea General apruebe una declaración de protección a los defensores de derechos humanos en el mundo.

No obstante, en la práctica el gobierno mexicano pone cada vez más obstáculos a un trabajo eficaz de observación internacional en el pais y trata duro a los que pretenden realizar esta tarea. El año pasado, fueron expulsados o invitados a salir representantes de varias organizaciones internacionales, incluyendo la Federación Internacional de Derechos Humanos. Entre enero y abril de este año, fueron expulsados unos treinta extranjeros, la mayoría de ellos observadores internacionales. En mayo, fueron expulsados cuarenta italianos después de visitar una comunidad que se les había prohibido. Muchas de esas expulsiones se destacaron por irregularidades procesales que violaron el derecho a un debido proceso de los expulsados, dejándolos incomunicados durante horas o días y negándoles defensa jurídica y el derecho de audiencia.

El articulo 33 de la Constitución y otros obstáculos

Con el articulo 33 de la Constitución mexicana, que permite la expulsión de extranjeros sin necesidad de juicio previo, el gobierno tiene una herramienta fuerte para librarse de «todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente». Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta Human Rights Watch han criticado duramente esa disposición que contradice valores y normas universales en materia de Derechos Humanos. Para defenderla, el gobierno mexicano planteó reservas a ciertas disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el debido proceso a los extranjeros, estableciendo de este modo que su cumplimiento será limitado.

Por otro lado, el otorgamiento de visas que permiten la observación internacional es escaso y arbitrario, y usualmente limitado a ciertas actividades y lugares, a pesar de que la Constitución mexicana otorga a cualquier persona, incluso a los extranjeros, el derecho al libre tránsito. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha instalado a la entrada de los municipios con influencia zapatista puestos de revisión migratoria, que se suman a los numerosos retenes militares. Además, en algunos retenes militares se registran nombres y números de pasaporte (a pesar de que el Ejército carece de la competencia jurídica para hacerlo) a todo extranjero que desea visitar las comunidades indígenas, y se toman fotos y videos. Decenas de extranjeros han sido citados a las oficinas de Migración e interrogados durante horas; algunos han sido emplazados a abandonar el país en cierto período de tiempo, y otros son conminados a no visitar la «zona de conflicto».

Tendencias preocupantes

Sin embargo la presencia internacional en Chiapas se ha dado en un marco de gran ambigüedad, al igual que en otras zonas conflictivas del país como Oaxaca y Guerrero. Ello se debe, por un lado, a que hasta hace poco no existía en México una reglementación específica para la tarea de observación internacional. Y por otro lado, la presencia de extranjeros en Chiapas ha tenido formas muy diversas, confundiéndose a veces la tarea de observación (de carácter no partidista) con la de solidaridad, legítimas ambas, pero distintas en sus cometidos y modalidades.

Desde hace un año, una circular interna del Instituto Nacional de Migración reglamenta la tarea de observación internacional exigiendo a los observadores una forma migratoria especial. Esa normativa se ha venido aplicando con un alto grado de discrecionalidad según la oficina consular ante la cual se tramita la solicitud.

El discurso y la práctica

El gobierno mexicano ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con el respeto a los derechos humanos. Además de ratificar los convenios internacionales en la materia, el pasado 3 de abril (en la 54 sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU), México reconoció explícitamente la legitimidad del trabajo de defensa de los derechos humanos al firmar una solicitud para que la Asamblea General apruebe una declaración de protección a los defensores de derechos humanos en el mundo.

No obstante, en la práctica el gobierno mexicano pone cada vez más obstáculos a un trabajo eficaz de observación internacional en el pais y trata duro a los que pretenden realizar esta tarea. El año pasado, fueron expulsados o invitados a salir representantes de varias organizaciones internacionales, incluyendo la Federación Internacional de Derechos Humanos. Entre enero y abril de este año, fueron expulsados unos treinta extranjeros, la mayoría de ellos observadores internacionales. En mayo, fueron expulsados cuarenta italianos después de visitar una comunidad que se les había prohibido. Muchas de esas expulsiones se destacaron por irregularidades procesales que violaron el derecho a un debido proceso de los expulsados, dejándolos incomunicados durante horas o días y negándoles defensa jurídica y el derecho de audiencia.

El articulo 33 de la Constitución y otros obstáculos

Con el articulo 33 de la Constitución mexicana, que permite la expulsión de extranjeros sin necesidad de juicio previo, el gobierno tiene una herramienta fuerte para librarse de «todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente». Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta Human Rights Watch han criticado duramente esa disposición que contradice valores y normas universales en materia de Derechos Humanos. Para defenderla, el gobierno mexicano planteó reservas a ciertas disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos que garantizan el debido proceso a los extranjeros, estableciendo de este modo que su cumplimiento será limitado.

Por otro lado, el otorgamiento de visas que permiten la observación internacional es escaso y arbitrario, y usualmente limitado a ciertas actividades y lugares, a pesar de que la Constitución mexicana otorga a cualquier persona, incluso a los extranjeros, el derecho al libre tránsito. El Instituto Nacional de Migración (INM) ha instalado a la entrada de los municipios con influencia zapatista puestos de revisión migratoria, que se suman a los numerosos retenes militares. Además, en algunos retenes militares se registran nombres y números de pasaporte (a pesar de que el Ejército carece de la competencia jurídica para hacerlo) a todo extranjero que desea visitar las comunidades indígenas, y se toman fotos y videos. Decenas de extranjeros han sido citados a las oficinas de Migración e interrogados durante horas; algunos han sido emplazados a abandonar el país en cierto período de tiempo, y otros son conminados a no visitar la «zona de conflicto».

Tendencias preocupantes

A fines de mayo, las autoridades mexicanas dieron a conocer nuevas disposiciones con un claro carácter restrictivo para el otorgamiento de las visas de observación internacional. Las mismas establecen que los grupos de observadores internacionales deberán tener un máximo de 10 integrantes, y tendrán permiso para permanecer en el país no más de 10 días (antes se otorgaban 30). Además, las organizaciones deberán presentar la solicitud y documentación para entrar al país con 30 días de anticipación, así como el programa de trabajo a desarrollar en México. Para poder solicitar la visa de observación, se exige tener cinco años de antigüedad en la tarea o contar con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas. Amnistía Internacional consideró que esas restricciones, sin precedente en todo el continente americano, claramente impiden que los defensores y las ONGs de derechos humanos puedan reaccionar oportunamente en situaciones de emergencia. Además, al exigir los detalles acerca de los grupos y personas con los que el solicitante pretende entrevistarse durante su estadía en México, las nuevas reglas podrían aumentar considerablemente los riesgos que enfrentan los defensores locales de derechos humanos.

Organismos mexicanos no gubernamentales interpretan la política migratoria como una nueva expresión de la estrategia contrainsurgente que mantiene el gobierno federal en la zona de conflicto de Chiapas. Muchos temen que la intención del gobierno sería deshacerse de testigos inconvenientes para endurecer su ofensiva militar contra las comunidades indígenas. Las afirmaciones que el gobierno mexicano ha reiterado en el exterior sobre su compromiso con el respeto a los derechos humanos parecen retóricas en la medida que, en los hechos, sigue obstaculizando la observación internacional en las zonas de conflicto – una política que no sólo se aplica en Chiapas, sino también en otros estados como Oaxaca y Guerrero.