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ENFOQUE I: Chenalhó, crónica de una masacre anunciada

En septiembre de 1997 estalló un conflicto latente en el municipio de Chenalhó. Por ello miles de indígenas huyeron de sus comunidades a causa de la violencia desatada por parte de grupos paramilitares. El conflicto tocó fondo al fin de diciembre del año pasado en Acteal cuando decenas de paramilitares masacraron a 45 desplazados.

Los antecedentes

La lucha se da entre militantes priístas y “cardenistas” (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) de un lado y los simpatizantes zapatistas del otro. Un tercer actor que ha sido víctima de estos enfrentamientos pero que no se reconoce como parte de ninguno de ellos son “las Abejas“, grupo con las mismas demandas que los zapatistas, pero que no apoya la vía armada.

Las violencias se concentraron en las comunidades alrededor de Polhó, sede del municipio rebelde y autónomo de Chenalhó. Esta zona dispone de importantes recursos naturales y económicos. El conflicto empezó en mayo de 1997 con una disputa entre los priístas y los zapatistas sobre la explotación de un banco de grava y la cooperación para la construcción de un camino.

La situación se agravó a mediados de septiembre después de la marcha de los mil 111 zapatistas al Distrito Federal. Esta muestra del poder zapatista al nivel nacional incitó a los priístas y “cardenistas” de Chenalhó a empezar una campaña violenta en contra de simpatizantes zapatistas.

En los ejidos de Puebla y de Los Chorros, las autoridades priístas exigieron una cooperación para financiar armamento y así preparar un ataque armado contra el Ayuntamiento autónomo de Polhó. Fueron secuestrados y golpeados quienes se negaron. Casas fueron quemadas y 60 familias tuvieron que huir de la comunidad de Los Chorros.

En los meses siguientes continuó la violencia (asesinatos a ambos lados, quema de viviendas, robos, ataques a mujeres) y se notó un incremento en el tráfico de armas. A finales de octubre aumentó significativamente el número de desplazados que temían nuevos enfrentamientos.

En los últimos días de noviembre se estimó el número de desplazados entre 2 mil y 4 mil 500 personas, la gran mayoría simpatizantes zapatistas y “Abejas”.

Todos estos acontecimientos no parecen casuales sino partes de una táctica de debilitación de la sociedad civil, particularmente de las fuerzas opositoras al gobierno. Según testimonios de desplazados la mayoría de los actos violentes fueron realizados por paramilitares con respaldo de policías de Seguridad Pública del Estado. En unos casos el Ejército colaboraría en la agresión. Parece que la violencia sigue el mismo patrón que en la zona Norte.

Desplazados en las montañas

El 30 de noviembre y primero de diciembre una misión de observación (con participación de SIPAZ) visitó la zona. La brigada encontró durante un recorrido de unas horas por las montañas a unos 800 desplazados de varios partidos políticos de Los Chorros, Yibeljoj y Majomut. En el boletín de prensa la brigada señaló: “Las condiciones de salud, vestido, vivienda y alimentación son críticas, pues sólo cuentan con algunos plásticos rotos para guarecerse de la constante lluvia y sólo tienen la ropa que traen puesta, insuficiente y mojada. No tienen alimentos, agua potable o condiciones para potabilizarla.”

Además la misión constató que en la comunidad Pechiquil unos decenas de integrantes de Las Abejas se encontraban en esta comunidad contra su voluntad en un estado de virtual esclavitud. Hizo un queja respecto a esto ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El 3 de diciembre el subsecretario del gobierno, Uriel Jarquín Gálvez aclaró que “en Yibeljoj no hay casas quemadas y tampoco ha habido agresión alguna”. Empero, confrontada con la grave situación de los desplazados en Chenalhó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Chiapas pidió al gobernador Julio César Ruiz Ferro que “de inmediato” adoptara las medidas cautelares para los cientos de desplazados de varias comunidades de Chenalhó, además garantías para su seguridad.

Signos de esperanza…

En las primeras semanas de diciembre el municipio constitucional de Chenalhó y el municipio autónomo de Polhó empezaron una mesa de diálogo, con presencia de la CONAI, CNDH y otras organizaciones. Acordaron un alto a la violencia, tolerancia mutua, apoyo a los desplazados de todos lados, reconstrucción de las viviendas quemadas y la instalación de una Comisión de Verificación. Sin embargo, unos días después, la comisión suspendió sus actividades por falta de seguridad. La CONAI observó además que había “dificultades en las negociaciones, dado el entrecruzamiento de intereses estatales y una estrategia contrainsurgente”. Como no existían condiciones favorables, los autoridades de Polhó decidieron no asistir a la reunión de diálogo el 19 de diciembre. Por esa razón los priístas decidieron suspender dicho diálogo.

La masacre de Acteal

En la mañana del 22 de diciembre llegaron decenas de paramilitares vestido de negro a Acteal, donde estaban refugiados dos a tres cientos miembros de Las Abejas. Los paramilitares empezaron a disparar con armas de alto calibre al grupo. En una carnicería que duró cinco horas mataron a 45 personas: 9 hombres, 21 mujeres y 15 niños. Los atacantes persiguieron a las víctimas hasta las cuevas y la cañada en donde estaban huyendo. Los mutilaron con armas blancas y desgarraron los vientres de mujeres embarazadas.

Testigos que lograron huir avisaron a Gonzalo Ituarte, vicario de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, una hora después del inicio de la matanza. Él informó en seguida al secretario del gobierno del estado, Homero Tovilla Cristiani, quien le informó unas horas después que todo estaba bajo control. No obstante su presencia a unos cientos metros de distancia de la masacre, la Seguridad Pública no intervino, tampoco después de ser avisada por vecinos lo que estaba sucediendo.

El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno federal tenía responsabilidad por razones de acción u omisión. Empero, Raul Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal, dijo que el 18 de octubre había enviada una carta a Chuayffet en la que le advertía de ”los ambientes de violencia” prevalecientes en la zona. Después de la masacre, Chuayffet admitió que había recibido esta carta pero comentó: “quienes cometen estos actos tienen a su favor dos ventajas: la sorpresa y la clandestinidad. Es muy difícil, prácticamente imposible, que todos los hechos de violencia de este género se evitaran en el mundo a partir del simple conocimiento del ambiente de violencia”.

El 23 de diciembre, presidente Zedillo condenó el ataque y anunció que el gobierno federal se haría cargo de la investigación. Unos días después de la matanza se arrestaron a unos 46 presuntos agresores de afiliación priísta y cardenista. También fue arrestado Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó, acusado de ser el instigador de la masacre. Además el gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro y el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, renunciaron en un clima de acusaciones por su falla de prevenir el masacre.

Posteriormente llegaron 5 mil soldados más a Chiapas de cuales 2 mil a Chenalhó. Las autoridades de Polhó emitieron una protesta formal por la fuerte presencia del Ejército y Seguridad Pública en las cercanías de Polhó argumentando que esa presencia da miedo a los habitantes y nunca fue solicitada.

El 27 de diciembre en un operación de rescate, con escudo de representantes de la Cruz Roja, la CNDH y grupos civiles, se trasladaron tres mil 500 desplazados de X’Cumumal a Polhó. Los desplazados habían sido amenazados durante unas semanas por desconocidos armados. El mismo día, con apoyo militar y de la PGR (Procuraduria General de la República), fueron liberados 500 personas secuestradas por priístas en cuatro comunidades y trasladados a Polhó para sumarse a los otros desplazados. De esa manera, con más de 5 mil desplazados, Polhó se convirtió en el campamento de refugiados más grande en Chiapas. Aumentó también significativamente el número de desplazados en San Cristóbal de las Casas, que al fin del año se estimó en 500.

Hablando sobre la causa del conflicto el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar comentó que “la matanza ocurrió por conflictos intercomunitarios e interfamiliares”.

Empero el presidente en turno de la COCOPA, Carlos Payán Velver, consideró que hay una “altísima responsabilidad” en ello del Presidente del República y del gobernador de Chiapas. El EZLN culpó en un comunicado el gobierno federal y estatal por los hechos violentos.