A pocos días de la décima sexta Conferencia de Partidos (COP-16) sobre Cambio Climático, que tendrá lugar en Cancún a finales de noviembre, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), les quiere compartir esta reflexión sobre el hambre en México y algunas de las causas estructurales detrás de esta aguda problemática, una de ellas siendo justamente el cambio climático y sus impactos en el campo mexicano.

Hambre en México: un panorama desolador

© Saúl Cerdá

De acuerdo a las conclusiones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (CONEVAL) en 2008, cerca de 49 millones de mexicanas y mexicanos (correspondiendo a más de un 46% de la población del país) padecían de una forma u otra de inseguridad alimentaria¹ en el momento en el que se llevó a cabo la investigación. De estos 49 millones, 25,8 sufrían lo que se considera como «inseguridad alimentaria leve», 13,7 millones inseguridad alimentaria «moderada«, y 9.3 millones padecían de inseguridad alimentaria «severa.» De estas 49 millones de personas, 11,2 millones consumen menos del límite que CONEVAL caracteriza como pobreza material extrema, y 2 millones de niñas y niños padecen «malnutrición crónica»². Las estadísticas del Banco Mundial demuestran que un 15.5% de niños y niñas mexicanos menores a 5 años sufren de atrofia³ debido a la malnutrición (a modo de orientación, podemos decir que este porcentaje es comparable con la situación prevaleciente en Líbano o Tailandia).

Según las cifras del CONEVAL, las poblaciones que sufren inseguridad alimentaria moderada o severa se encuentran más concentradas en el centro y sureste de México. Dan cuenta, por ejemplo, que estas clasificaciones representan en Chiapas a un 26,3% de la población (al momento de la investigación), un 28,8% en Oaxaca y un 33,8% en Guerrero. El hambre en México es particularmente agudo entre los pueblos indígenas: en 2008, un 33,2% de niñas y niños indígenas menores a 5 años sufrían atrofia por malnutrición⁴.

Cocina en una comunidad de la zona Norte © SIPAZ

Tomando en cuenta el hecho que la crisis económica mundial se ha agravado desde el momento de las investigaciones que sirvieron de base a dicho estudio (2008), la situación actual a finales de 2010 es probablemente de mayor gravedad. Desde el inicio de la crisis económica actual, la disminución de las remesas provenientes del extranjero, conjuntamente con la inflación (en particular en lo que se suele llamar la «canasta básica»), y combinada con el aumento de los impuestos, seguramente han agudizado la inseguridad alimentaria en el país del mismo modo que el incremento de las tasas de desempleo derivado de la misma crisis. Por ejemplo, un informe emitido en octubre de 2010 por el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria dio a conocer que 4 de cada 10 oaxaqueñ@s sufren pobreza alimentaria, marcando un aumento comparado con los 28.8% del estudio de 2008.

Cambio climático, una de las causas estructurales del hambre en México

Deforestación en la Montaña de Guerrero © SIPAZ

El cambio climático es un factor estructural que desde ahora, ciertamente, está contribuyendo a la existencia y persistencia del fenómeno del hambre en México y en otras partes del mundo; un hecho que sin duda alguna adquirirá todavía mayor relevancia en el futuro si el asunto no se atiende de manera radicalmente distinta. El cambio climático (o calentamiento global) consiste en el impacto que las actividades humanas han tenido y siguen teniendo sobre el sistema climático de la Tierra desde el inicio de la Revolución Industrial. Ya ha sido más que comprobado científicamente que la quema masiva de energías fósiles desde el siglo XVIII (petróleo, gas y carbón), han provocado que la atmósfera terrestre retuviese más calor que lo que de otro modo hubiese retenido. Debido a estos procesos, la temperatura global de la Tierra subió 0.8° C (1.6° F) desde la época preindustrial. 17 países en total, han experimentado temperaturas «récord» en lo que va del año.

El calentamiento de la atmósfera terrestre, provocado por el cambio climático, amenaza con efectos posiblemente catastróficos para la humanidad: si no se atiende, causará el derretimiento de los casquetes glaciares y por consiguiente, aumentarán los niveles del mar de manera dramática, disminuirá la disponibilidad de agua potable en todo el planeta y provocará la discontinuidad en las pautas tradicionales de caída de lluvia, lo que causará incendios forestales más frecuentes y destructivos, y acidificará los océanos del mundo. Su primer y más obvio impacto, no obstante, será un notable aumento de las estadísticas vinculadas a la inseguridad alimentaria como lo recordó Jacques Diouf, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en la cumbre sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo en Dinamarca, en diciembre de 2009.

Deforestación en la Selva de Chiapas
© SIPAZ

A finales de julio de 2010, Álvaro Salgado, un representante de la Red Mexicana en Defensa del Maíz, declaró en una conferencia de la Vía Campesina que se llevó a cabo en la Ciudad de México, que alrededor de 14 mil comunidades mexicanas, han perdido su capacidad de cultivar maíz y frijol debido a factores de cambio climático registrados hasta la fecha. En una misión de observación en la que participó SIPAZ en agosto de 2010 («El agua es vida, defendamos su existencia»), los campesinos de los Valles Centrales de Oaxaca comentaron que han observado que en los años recientes, las precipitaciones que normalmente se esperan, se han reducido drásticamente. Se estima que unos 42 millones de mexican@s habitan en zonas altamente susceptibles de sequías.

Por otro lado, los estados del sureste de México también han sufrido en los años recientes debido a lluvias sin precedentes, lo que, paradójicamente, también se debe al cambio climático, dado que una atmósfera más calurosa retiene más agua, generando precipitaciones más intensas. Alejandro López Musalem, representante en Oaxaca de Heifer Internacional, ONG internacional que lucha contra la pobreza y el hambre a nivel mundial, calcula que los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, padecerán en breve un alza de un 20% en el precio de los productos básicos tras las lluvias e inundaciones recientes.

Daños causados por Matthew, Yajalón, Chiapas, septiembre de 2010 © SIPAZ

Responder a estas catástrofes «naturales» tiene un alto costo: Según la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal mexicano gastará unos 24 mil millones de pesos este año para atender los desastres naturales provocados por las lluvias en la zona sur de la República. De manera más amplia, Stephen Lysaght, primer secretario de cambio climático de la embajada británica en México informó en octubre pasado que el costo para responder a las consecuencias del cambio climático en México podría llegar a representar un 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, si es que no se frena el proceso ya en marcha.

Problemas de este tipo sólo se volverán más agudos a medida que el cambio climático continúe y empiece a acelerarse, dando lugar a un declive agrícola significativo en las sociedades que se encuentran dentro de latitudes tropicales. Algunas estimaciones afirman incluso que la producción agrícola sencillamente resultará imposible en gran parte de América Central, si las temperaturas globales promedio aumentan tan sólo 2° C (3.6° F)⁵, una posibilidad cierta en esta realidad⁶. Teniendo presentes estas consideraciones, no cabe duda que para disminuir el hambre actual y futuro en México y otras partes del mundo, se deberán incluir estrategias que apunten a prevenir escenarios anunciados en el contexto del cambio climático.

Uso y reparto de tierras: otro factor a considerar

Plantaciones de palma africana en Chiapas © SIPAZ

Otro factor que probablemente dificulte la lucha para mejorar la seguridad alimentaria en México, es el peso creciente dado a los agrocombustibles en la producción agrícola global. Los agrocombustibles -el etanol y otros-, son productos agrícolas que se cultivan para ser usados como combustibles destinados a la transportación humana (carros, camiones, barcos y aviones). En muchos círculos, han sido aclamados como alternativa viable a los hidrocarburos que tradicionalmente han abastecido los sistemas industriales de transportación masiva. Ciertamente se ha cuestionado las implicaciones políticas de la dependencia en cuanto al petróleo, así como la incertidumbre provocada por las cantidades limitadas existentes que quedan del mismo. Sin embargo, el mayor problema al plantearse un cambio de los hidrocarburos a los agrocombustibles es que cultivarlos implica limitar la producción de cultivos destinados a la alimentación. Ocurre además que los agrocombustibles requieren de mucho más agua que otros tipos de cultivo, por lo que su producción masiva también desviaría una también muy necesitada cantidad de agua para la producción de alimentos. Finalmente, en varios países, ya se ha demostrado que un modelo basado en enormes extensiones dedicadas a un solo cultivo (monocultivo), implican pérdida de biodiversidad, y que sus pueblos pierden capacidad de alimentarse, porque las mejores tierras se destinan en forma creciente a la exportación. Según el relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, Jean Ziegler, la producción de agrocombustibles es sencillamente un «crimen contra la humanidad.⁷«

A pesar de estos señalamientos, el gobierno federal mexicano apunta a destinar 200.000 hectáreas de tierras productivas a la producción de agrocombustibles para 2013⁸. Se estima que en el estado de Chiapas ya 50 mil hectáreas han sido dedicadas a la producción de palma africana, y otros 10 mil a la de jatropha. En julio pasado, el gobierno de Chiapas confirmó su compromiso de contribuir al objetivo de que los agrocombustibles provean el 1% de la demanda nacional de combustible para 2015 y un 15% para 2020.

Mujer de Maíz , Foro Social Mundial en México, enero de 2008 © SIPAZ

Otra consideración relevante es el tema de la distribución agraria en México. Como se sabe, el énfasis puesto en la redistribución de las tierras por Emiliano Zapata y sus seguidores durante la Revolución mexicana, resultó en pocos cambios para los estados del sureste mexicano. La reforma agraria que se logró en el norte y centro del país, se llevó a cabo de manera bastante limitada en la región, incluso después de aquella época. Los políticos del estado de Chiapas en particular, muchos de ellos provenientes o descendientes de la elite constituida por quienes fueron los grandes terratenientes del estado, promovieron la colonización de extensiones de tierra virgen en la Selva, para evitar tener que redistribuir las que tenían explotadas. Ciertamente, dicho fenómeno se ha frenado drásticamente al «descubrir» en la etapa más reciente que dichas tierras contaban con abundantes recursos naturales como agua, petróleo o biodiversidad. Para mientras, la política de «colonización» tuvo como efecto entre otras cosas la deforestación masiva de la zona, con un aumento de la erosión de las tierras y de las emisiones de carbón. Además, desde el siglo pasado, la construcción de instalaciones de extracción de petróleo o de represas hidroeléctricas también han cambiado el destino de grandes franjas de tierras anteriormente destinadas al cultivo. Todo eso ha afectado directamente a una amplia mayoría de la población indígena y campesina de la zona.

Cabe también mencionar que las preferencias alimentarias mexicanas y los modelos económicos de «desarrollo» implementado pueden haber tenido y seguir teniendo un impacto en el hambre del que padece gran parte de la población actualmente. Datos del 2002 indican que cada mexicano consume cerca de 59 kilos de carne al año. Eso es mucho menor que los índices que arrojan países como Estados Unidos (124) o España (118), pero es considerablemente mayor a los promedios observados en Marruecos (20), India (5), o Bangladesh (3)⁹. Se estima que se requieren 15 kilos de granos para producir un kilo de carne. En junio pasado, las Naciones Unidos apelaron a un cambio hacia modos de alimentación sin carne o productos lácteos, tomando en cuenta las implicaciones que el modo actual está teniendo tanto para el hambre como para el cambio climático a escala mundial. En el caso de Chiapas, la implementación de un modelo de desarrollo de ganadería expansiva en la Selva en los 80s tuvo impactos negativos tanto para la seguridad alimentaria local como por la deforestación y erosión de suelos que ella implicó.

Políticas mexicanas e intereses internacionales

Hombre de Maíz , Foro Social Mundial en México, enero de 2008 © SIPAZ

Ciertamente, y en esta misma clave, otro factor no menor en la situación actual de hambre ha tenido que ver con las políticas económicas y agrarias que se han implementado en México en general después de los 80s. Desde 1988, la opción asumida por el gobierno de Salinas de Gortari de competitividad y apertura comercial hacia lo internacional trajo consigo importantes cambios en el sector agrícola: disminuyeron los apoyos y se descuidó particularmente el sector de granos, base de la alimentación de la mayor parte de la población. Disminuyó la producción y el empleo en el campo. Comunidades indígenas y campesinas que anteriormente lograban producir por lo menos para su autoconsumo, han ido perdiendo esta capacidad. Desde estos ámbitos, muchos agricultores nunca pudieron pretender enfrentarse a economías como las de Estados Unidos o Canadá.

Ciertamente, después de 1994, la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, con Estados Unidos y Canadá) ha generado serios problemas para la producción agrícola a lo largo del país, implicando una pérdida de soberanía alimentaria y contribuyendo al fenómeno de la migración masiva desde las zonas rurales, tanto a nivel interno (hacia las grandes ciudades mexicanas) como hacia fuera (principalmente los Estados Unidos).

Tal vez, de manera más general, debería de decirse que la existencia del hambre de manera tan masiva en el México actual, así como en las sociedades humanas de manera más amplia, encuentra en su raíz el modelo actualmente predominante de organización económica: la del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada y la acumulación de la riqueza. El desafortunado resultado de este modelo es, como el reconocido filósofo norteamericano Noam Chomsky lo resume, que los intereses por las ganancias económicas se ubican por encima de los de la gente, provocando la exclusión de amplias franjas de la población. No cabe duda que «genera ganancias», pero con ello no se resuelve un rasgo omnipresente: el de la inequidad y la repartición de dicha riqueza. Según el estudio del CONEVAL ya mencionado, el 10% más rico de la población representa casi el 39% del ingreso nacional total, mientras el ingreso del 10% más pobre no llega siquiera al 2%, situación que prácticamente no se ha modificado desde la primera de estas encuestas realizada en la década de los cincuenta del siglo pasado.

Perspectivas a futuro