Actividades de SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2010)
31/03/2010
Gabriela Knaul, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Jueces © CENCOS
ACTUALIDAD: ¿Avances, estancamiento o deterioro?
30/12/2010

ENFOQUE: GUERRERO – Represión a organizaciones de derechos humanos en el marco de la militarización

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Guerrero es uno de los estados donde más violencia se ha desatado a raíz de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el Presidente Felipe Calderón al inicio de su sexenio, aunque es menor a los niveles que se viven en el norte del país. El despliegue de las tropas castrenses ha resultado en un aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército, con cifras notoriamente elevadas a partir de 2008. La presencia de militares en Guerrero, junto con otros factores, ha dificultado la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, sea por asesinatos, amenazas anónimas, actos de intimidación en su contra, o bien por la omisión de las autoridades en protegerlos. Sin embargo, existen procesos de construcción de alternativas desde la sociedad civil organizada, entre otros de parte de los pueblos indígenas de la región.

Guerrero: Historia de militarización

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Durante los años 60 y 70 del siglo pasado, se desató una ofensiva militar contra focos de guerrilla, particularmente en el estado de Guerrero y el centro del país. Dándose un contexto de “guerra sucia”, más de 500 guerrerenses fueron detenidos, “desaparecidos” y -se supone- ejecutados extrajudicialmente por sus supuestas relaciones con los grupos armados. Después del levantamiento zapatista en Chiapas, y por los antecedentes organizativos en Guerrero, el Ejército se volvió a posicionar en el estado, con una nueva ola de violencia que culminó con las masacres de Aguas Blancas en 1995 y de El Charco en 1998. En ambas masacres ciudadanos fueron torturados, heridos y asesinados por sus supuestos vínculos con grupos armados. A raíz de la masacre de Aguas Blancas surgió el Ejército del Pueblo Revolucionario (EPR). Tres años después, en 1998, comenzó a actuar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Estos hechos históricos son antecentes que siguen poniendo a las organizaciones sociales y de base de Guerrero en la mira de los gobiernos estatales y federales.

Narcotráfico: causas o pretexto para mayor militarización

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Militares en Guerrero © Tlachinollan

En su Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, el gobierno de Guerrero presenta una situación de pobreza y marginación alarmante: “Guerrero ocupa los últimos lugares en cuanto a desarrollo humano, bienestar social y económico, así como en salud y cobertura de saneamiento, mientras que ocupa los primeros lugares en marginación, pobreza y analfabetismo”. La pobreza es una de las raíces del aumento de actividades vinculadas al narcotráfico: por falta de otro tipo de ingresos, una parte de la población se involucra en actividades del crimen organizado, que abarcan desde la siembra de enervantes hasta su distribución.

Según el Ejército (35° Zona Militar), Guerrero sigue siendo el primer productor de enervantes (fundamentalmente amapola), del país. Los narcotraficantes son responsables de un alto grado de violencia, sobre todo en las zonas de Tierra Caliente y Costa Grande. Luchas de poder entre los diferentes cárteles de la droga han implicado ejecuciones, atentados y balaceras. Guerrero se encuentra en el segundo lugar de los estados con más narcoejecuciones por día, después de Chihuahua: en 2009 se contaron 881 ejecuciones relacionadas al narcotráfico, representando un promedio de 2.4 ejecuciones por día.

Sin minimizar la gravedad de la narcoviolencia en este y otros estados, la llamada “guerra contra el narcotráfico” también parece dirigida a controlar las zonas donde se presume la presencia de guerrillas, y/o donde se dan procesos de organización social en defensa de derechos: numerosas comunidades indígenas y campesinas se ven afectadas por incursiones militares y allanamientos de casas. Por ejemplo, en junio del 2009, en Puerto de las Ollas, en la Sierra de Coyuca de Catalán, hasta 500 militares entraron en la comunidad en búsqueda de integrantes del ERPI. Los militares destrozaron viviendas y golpearon personas por lo que muchas se vieron obligadas a huir.

Aumento de denuncias en contra del Ejército

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM), la presencia de miles de militares en el estado de Guerrero, ha resultado en un aumento de un 300% de quejas contra de militares, entre diciembre de 2008 y el primer trimestre de 2010. En Guerrero, en el período de 2005 a 2010, la CODDEHUM recibió 243 quejas en contra del ejército, de las cuales 155 fueron recibidas durante 2009 y 38 en el primer trimestre de 2010. La mayoría de las quejas tienen que ver con allanamiento de morada (144), ejercicio indebido de la función pública (98), detención arbitraria (97), y homicidios (2). Sin embargo, Juan Alarcón, presidente de la CODDEHUM, enfatiza que muchas personas no presentan quejas por miedo a posibles represalias, por lo que el número de quejas no refleja la verdadera cantidad de violaciones cometidas por el ejército. Las estadísticas reflejan el aumento de las violaciones desde la intensificación de la ‘guerra contra el narcotráfico’, puesto que en 2008, el número de quejas (35) se multiplicó fuertemente en comparación con el año anterior (3).

Violaciones por el ejército: Casos de violencia sexual ante la CoIDH

Inés Fernández y Valentina Rosendo durante el 16° aniversario de Tlachinollan, Julio de 2010 © SIPAZ

Inés Fernández y Valentina Rosendo durante el 16° aniversario de Tlachinollan, Julio de 2010 © SIPAZ

En febrero y marzo de 2002, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, mujeres indígenas me’phaa, fueron violadas sexualmente por miembros del 41° Batallón de Infantería, en los municipios de Acatepec y Ayutla de los Libres, respectivamente. Frente a los malos tratos y a las respuestas insatisfactorias por parte de las autoridades mexicanas, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus casos fueron aceptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009.

Durante las audiencias de los casos de Inés y Valentina ante la CoIDH, respectivamente en abril y mayo de 2010, el Estado mexicano afirmó que no hubo elementos suficientes para acreditar la violación sexual. La estrategia de defensa de los abogados de Inés y Valentina, se enfoca en el daño colectivo que causó la violencia sexual de los militares a las comunidades, puesto que la violencia vivida por las mujeres es percibida como un golpe a la colectividad. Se espera la sentencia de la Corte Interamericana acerca de los dos casos a finales del presente año.

Riesgo y hostigamiento a defensores de DDHH

"No a las violaciones de los Derechos de los Pueblos, CECOP", Aguacaliente, Acapulco © SIPAZ

“No a las violaciones de los Derechos de los Pueblos, CECOP”, Aguacaliente, Acapulco © SIPAZ

Es en este complejo contexto de militarización, represión e impunidad, que las y los defensores de los derechos humanos tienen que llevar a cabo su trabajo. Tal vez por esta razón es que existen pocas organizaciones de derechos humanos en Guerrero. La única organización internacional vinculada a la materia (con presencia permanente), es Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), que acompaña a defensores/as de derechos humanos amenazados/as. Entre las organizaciones locales de derechos humanos, se encuentran el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (en adelante: Tlachinollan) y la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos (Red Guerrerense), de la que Tlachinollan forma parte. Las dificultades mencionadas, afectan tanto a las organizaciones de este tipo como a las de índole social.

Una práctica común de hostigamiento al trabajo de defensores de derechos humanos, consiste en el envío de amenazas a teléfonos celulares. Los integrantes del Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) recibieron varias amenazas anónimas durante el mes de diciembre del 2009, las que provenían de sus propios números de celulares. Amenazas hacia integrantes de Tlachinollan, como a personas a quienes acompañan, han resultado en el cierre temporal de su oficina en Ayutla de los Libres desde marzo del 2009. Con sede en esta misma ciudad, una organización de base que desde hace varios años ha sido objeto de amenazas y agresiones es la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Vario/as de sus líderes han recibido amenazas de muerte por teléfono y cartas anónimas. En febrero de 2009, dos integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) que trabajan en la misma zona fueron secuestrados, torturados y asesinados por hombres armados. Sus viudas, Margarita Martín y Guadalupe Castro, han recibido varias amenazas por demandar justicia, incluso intentaron asesinar a Margarita Martín en junio de 2009. Otro modo de limitar la labor de defensores de derechos humanos por parte del gobierno, se expresa en el reducido presupuesto otorgado a la CODDEHUM, lo que -de acuerdo a sus integrantes- condiciona muy desfavorablemente la capacidad del organismo para el cumplimiento de sus objetivos.

Todas las organizaciones mencionadas han denunciado el aumento de la militarización y de las violaciones de derechos humanos por parte de militares. La denuncia de violación sexual por parte de militares en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, ha implicado hostigamientos y violencia, incluso el asesinato del hermano de Inés, Lorenzo Fernández, en febrero de 2008, y el intento de secuestro de la hija de Valentina, en diciembre de 2009. Por todos estos hechos, la Corte Interamericana ha otorgado medidas cautelares para 107 defensores de derechos humanos, integrantes de la OPIM, OFPM y Tlachinollan, en abril de 2009, obligando al Estado mexicano a garantizar su seguridad.

Negligencia u omisión del poder judicial

 

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Militares en Guerrero © Tlachinollan

Varios factores contribuyen a que muchos casos de violaciones de derechos humanos queden impunes. La Red Guerrerense, por ejemplo, menciona que las autoridades de justicia simplemente tardan mucho en investigar casos (cuando ‘lo hacen‘), o en brindar medidas de seguridad. También se ha señalado que las autoridades deliberadamente “pierden” datos o se niegan a tomarlos en cuenta. En el caso de Raúl Hernández Abundio, preso de conciencia reconocido por Amnistía Internacional por supuesto homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió 50 años de prisión en su contra, mientras la defensa refutó todas las pruebas que existían. El caso de los asesinatos de dos integrantes de la OFPM en febrero del 2009 queda aún sin resolver. También se ha señalado la falta de voluntad de las autoridades para vincular los casos con la represión vivida por las diferentes organizaciones.

 

Otra situación que sigue contribuyendo fuertemente a que casos de violación de derechos humanos por parte de militares queden impunes, es la existencia del Fuero Militar en México, implicando que violaciones de derechos humanos cometidas por militares se mantengan en la jurisdicción militar. En 2009, el Examen Periódico Universal (EPU) promovido por la ONU cuestionó la existencia de dicho Fuero.

Caciquismo – represión a procesos sociales

Aparte de la represión histórica por parte del Ejército mexicano, en Guerrero persiste el poder de “caciques” que tratan de reprimir los procesos que se oponen a sus intereses. Rogaciano Alba Álvarez en la Sierra de Petatlán, por ejemplo, fue señalado como autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido en 2001. En febrero de 2010, Alba Álvarez fue detenido por vínculos con el narcotráfico. Varias fuentes siguen mencionando que el ex gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996), mantiene influencia en la política estatal: durante el gobierno de Figueroa se registró un alto número de asesinatos de campesinos y una fuerte militarización en Guerrero. Por otro lado, en el municipio de Xochistlahuaca, hubo varias manifestaciones y denuncias durante los últimos años, en contra de la ex alcaldesa y actual diputada priísta Aceadeth Rocha Ramírez: integrantes de organizaciones sociales de la zona han sido golpeados, amenazados y detenidos por llevar a cabo acciones públicas en contra de su gestión.

Aún con los cambios de partidos políticos gobernando el estado de Guerrero, no se han podido ver avances en materia de derechos humanos; integrantes de organizaciones de derechos humanos, mencionan que las políticas del gobierno de Zeferino Torreblanca (PRD), son tan represivas como las de los gobiernos priistas anteriores, o incluso peores. Como muestran las cifras anteriormente mencionadas, Guerrero sigue viviendo una fuerte violencia a diario, con asesinatos, hostigamientos e incursiones militares. Tanto las incursiones de militares en las comunidades, como los asesinatos de integrantes de organizaciones sociales y las amenazas hacia las mismas, demuestran que la represión al pueblo organizado en Guerrero se mantiene. Con el gobierno de Torreblanca, las y los defensores de los derechos humanos siguen trabajando bajo alto riesgo, sin que el gobierno garantice su seguridad o la de sus familiares. Sin embargo, las organizaciones sociales continúan trabajando en pos de sus objetivos: desarrollando procesos de autonomía local, pidiendo justicia en casos de violencia de derechos humanos, y reivindicando el derecho a la tierra, a ser consultado como pueblo y a mantener la cultura basada en sus usos y costumbres.

Resistencia del pueblo en contra de la injusticia – casos actuales en Guerrero

La Parota – “La tierra no se vende”

 

"No a la Parota, CECOP" © SIPAZ

“No a la Parota, CECOP” © SIPAZ

Hacia finales del 2009 y principios de 2010, varias fuentes informaron que el proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota -cerca de Acapulco-, se iba a posponer hasta 2018, e incluso que estaba cancelado. La construcción de La Parota implicaría el desalojo de 25.000 campesinos y afectaría de manera indirecta a 75.000 personas más. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) es la organización de los 4 núcleos agrarios en contra de la iniciativa, y representan el 63% de la tierra que se vería afectada por el proyecto. La organización reivindica el derecho de ser consultado como pueblo y reitera que “la tierra no se vende”.

 

El 28 de abril, durante una asamblea convocada por autoridades comunales afines al gobierno, en La Concepción, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec aprobaron la expropiación de más de 1.300 hectáreas de tierras en favor de la construcción de la presa. La asamblea fue vigilada por 600 policías, quienes impidieron la entrada a los integrantes del CECOP. El CECOP anunció que rechazaba el resultado de la asamblea y demandó su nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA). El 1 de julio, el TUA otorgó medidas cautelares, mismas que impiden iniciar trabajos relacionados con dicho proyecto hidroeléctrico hasta que haya una decisión definitiva.

La Policía Comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

 

Integrantes de la CRAC © SIPAZ

Integrantes de la CRAC © SIPAZ

La Policía Comunitaria (PC) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), son un ejemplo de construcción de justicia comunitaria desde los pueblos indígenas de las regiones de la Montaña y de la Costa Chica. La PC emergió a raíz del alto grado de delincuencia en la zona. Posteriormente se desarrolló el sistema de justicia comunitaria formando la CRAC. El funcionamiento se basa en la reconciliación entre las partes en conflicto y la reeducación, ambas dirigidas a la reinserción del delincuente en la sociedad. Los representantes de la CRAC destacan que en 15 años de funcionamiento, la PC no ha matado a nadie, lo que contrasta con los datos de las corporaciones policíacas del Estado. Según los coordinadores mismos, el éxito de la CRAC se basa en la ausencia de corrupción dentro del sistema: los delincuentes tienen que cumplir con su castigo y no pueden pagar para evitarlo.

 

Las autoridades de la CRAC han tenido que enfrentar la persecución legal, pues existen 40 órdenes de aprehensión en contra de personas que en los 15 años han tenido cargos en ella, a pesar de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito y ratificado por el Estado mexicano, permite a los pueblos originarios organizarse de acuerdo a sus usos y costumbres.

La visión de los pueblos indígenas organizados detrás de la CRAC es todavía más integral acerca de sus derechos y cultura. Últimamente, instituciones gubernamentales han organizado varios foros consultivos sobre derechos y cultura indígena con el objetivo de impulsar iniciativas de leyes al respecto. La CRAC, sin embargo, en un comunicado del 12 de julio, afirmó que no fue consultada para dichos foros así que los considera como informativos en vez de consultivos. Está impulsando una serie de reuniones regionales sobre derechos y cultura indígena con el objetivo de proponer una consulta real que resultaría en iniciativas de leyes construidas desde el pueblo.

Radio Ñomndaa

La radio comunitaria “Radio Ñomndaa” es otro esfuerzo de organización de los pueblos originarios en el estado de Guerrero. Comentan representantes de la Coordinación General de Radio Ñomndaa que la radio es una herramienta para comunicarse en su idioma y la reivindican como derecho. El proyecto nació en diciembre de 2004, y desde entonces ha tenido que enfrentar actos de hostigamiento y criminalización de su trabajo, principalmente por la cacique local, Aceadeth Rocha. Radio Ñomndaa ha enfrentado varios intentos de desmantelamiento. Además la radio de los caciques en la región les quita espacio. Uno de los fundadores de la radio, David Valtierra, estuvo preso de noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. El caso de hostigamiento más reciente fue la detención del integrante Rodrigo Morales Valtierra, el 5 de enero pasado. Morales fue puesto en libertad el 8 de enero bajo una fianza de 6.000 pesos, después de una movilización de 250 personas en Ometepec. A pesar de los obstáculos que enfrenta, la radio comunitaria sigue transmitiendo, organizada en diferentes comités de base de las comunidades de la región y con comisiones técnicas