Del 29 de agosto al 7 de septiembre, dos representantes del Grupo de Trabajo (GT) sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pavel Sulyandziga (Rusia) y Dante Pesce (Chile), realizaron una visita oficial que incluyó los  estados de México, Jalisco, Oaxaca y Sonora. Sin embargo, la afectación de los derechos humanos por parte de empresas no sólo ocurre en estos 4 estados: El Congreso Nacional Indígena (CNI) en su comunicado “Que retiemble en sus centros la tierra”, denunció 27 ejemplos de abusos que ilustran “la tempestad y ofensiva capitalista que no cesa sino que se vuelve cada día más agresiva y se ha convertido en una amenaza civilizatoria”. La visita suscitó una serie de interrogantes sobre el papel del GT y sus posibles impactos.

Reunión del GT con organizaciones en Guadalajara, estado de Jalisco © IMDEC

El GT se conformó en 2011 para implementar 31 Principios Rectores -reunidos en 3 pilares – aprobados por México y otros 192 países del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El primer pilar es la obligación del Estado de proteger los derechos humanos a través de su marco regulatorio y sus políticas públicas. El segundo pilar es la responsabilidad de las empresas de identificar dónde, en sus actividades, existen potenciales efectos negativos y de tomar medidas preventivas para evitarlos. El tercer pilar sirve para reparación de los daños ocasionados.

El gobierno mexicano ha definido como un objetivo principal de su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) «garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación». En ese marco y bajo fuerte presión de parte de organizaciones civiles para cumplir con lo definido, se invitó al GT.

Violación del marco normativo para garantizar el respeto de los derechos de los pueblos

Tanto a nivel nacional como internacional, existen normas que establecen el derecho a la consulta y a la debida diligencia. El convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por México, señala que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La debida diligencia consiste en realizar una evaluación previa acerca del impacto o las consecuencias negativas, reales o potenciales, que las actividades de las empresas pueden provocar. En particular, la Ley Ambiental de Protección de la Tierra determina que para cada obra nueva es obligatorio presentar una evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, numerosos son los proyectos que se inician sin cumplir ese requisito.

En el informe México: empresas y derechos humanos, realizado por una coalición de más de 100 actores, se indica que las principales violaciones de derechos humanos vinculadas a empresas están relacionadas con un ejercicio inadecuado, incluso nulo, de esos procesos en el diseño e implementación de proyectos a gran escala. Se trata principalmente de proyectos de minería, energía, infraestructura y turismo. Por otro lado, organizaciones civiles han acusado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de “simular transparencia”.

Aumento masivo de las violaciones a derechos humanos de defensores comunitarios

Evento en contra de la minería en Chicomuselo, Chiapas © SIPAZ, 2012

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) registró una alza de 990% en los ataques a personas defensoras del medio ambiente en menos de cinco años que incluyen amenazas personales, telefónicas o electrónicas, agresiones físicas, enjuiciamiento arbitrario, detenciones ilegales durante manifestaciones o en la vía pública, asesinatos, difamación, así como el uso indebido de la fuerza pública. Son muchos los ejemplos que se pueden dar.

Actualmente, en México existen 31 parques eólicos instalados, 12 de ellos en el municipio de Juchitán. Para las comunidades indígenas de la zona, el proceso de consulta (2015) del Proyecto del parque eólico en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca fue defectuoso, puesto que la Secretaría de Energía ya había dado un permiso de generación de energía a Eólica del Sur desde enero de 2014 y ya se habían instalado molinos de viento en la región. Según Proyecto de Derechos económicos, sociales y culturales ProDESC, no hubo consentimiento real dado que se dio una participación de menos del 1% de la población afectada. Un amparo permitió detener el proyecto, pero en agosto de 2016, tras una revisión, se reanudó. La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) está buscando la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún “conscientes del riesgo que implica la defensa de nuestros derechos”. Se han registrado al menos treinta agresiones contra opositores al proyecto: “Quienes nos oponemos al despojo de nuestro territorio enfrentamos amenazas, insultos, agresiones físicas, así como a sus familiares, intentos de secuestro, persecuciones, difamaciones, hostigamientos, disparos al aire afuera de casas de compañeros y compañeras”. La Articulación de los Pueblos Originarios del Istmo en Defensa del Territorio ha denunciado daños colaterales del parque eólico: afectaciones a la salud con un aumento en casos de sordera, taquicardia, dolores de cabeza y desmayos, malformaciones en la producción de ganado y escasez de peces, siendo la pesca la principal fuente de subsistencia en la zona.

Evento en contra de la minería en Chicomuselo, Chiapas © SIPAZ, 2012

Por su parte, la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, Estado de México se ha organizado en contra de la construcción de una carretera en sus tierras. Tras presentar una petición ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la CIDH, ambas instituciones solicitaron al Estado de México que adopte medidas cautelares. A pesar de estas medidas y de contar con una orden de amparo, se inició la obra, con la aprobación de autoridades estatales y federales. En abril, cientos de policías irrumpieron en la comunidad para resguardar el ingreso de maquinaria que tumbó la casa del líder Otomi Armando García. “Fue sin aviso (…). Todas nuestras pertenencias se quedaron bajo los escombros. O sea, no tenemos nada. Y eso es lo triste, que te sacan de tu casa, prácticamente como si fueras un delincuente”. Otras cinco viviendas fueron derribadas y se han reportado varios casos de intimidación contra opositores. Cabe mencionar que el grupo Higa, de origen australiana, encargado de la construcción ignoró la invitación del GT a conversar durante su visita.

De los proyectos con efectos sociales más violentos se destaca el de la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde que se impulsó, se han registrado casos de muerte, así como de criminalización y de judicialización de los opositores. En un artículo de Contra Línea se recuerda que en el primer impulso de esta obra, con Vicente Fox al frente del gobierno federal y Peña Nieto como gobernador mexiquense, “el 3 y 4 de mayo de 2006 se llevó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, que dejó dos muertos (…); 209 detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres, varias de las cuales fueron agredidas física y sexualmente. “

En las estrategias para debilitar y desmantelar las iniciativas de defensa de la Tierra y del Territorio, se destacan las campañas de desprestigio y descrédito de quienes las protagonizan. En Chiapas, en septiembre, las y los ejidatarios de Chicoasen organizados en contra de la construcción de la represa Chicoasen II (ampliación) denunciaron que buscan inculparlos por delitos no cometidos con fin de detenerlos y “aniquilar la oposición”. En 2015, su abogado fue encarcelado por el presunto delito de motín. Indicaron que el gobernador Manuel Velasco Cuello “por engaños y de manera forzada ha impuesto este mega proyecto, sin tomar en cuenta las graves violaciones a nuestros derechos de garantía y paz jurídica y como forma de imponer ejercen actos de amenazas, engaños, encarcelamiento injustificado, represalias y criminalización.”

La Parota no se hace. El Pueblo ya dijo que no © SIPAZ, Archivo

En Guerrero, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) cumplió trece años de resistencia en contra de un proyecto que prevé la construcción de una mega presa sobre el río Papagayo para suministrar en electricidad la zona hotelera de Acapulco. Implicará la inundación de miles de hectáreas de comunidades ejidales, el desalojo de 47 comunidades y 19 ejidos y la desertificación de las tierras de quienes viven río abajo (más de 80 mil campesinos). A lo largo de 13 años, tanto el CECOP como las organizaciones que lo han acompañado han sufrido amenazas y agresiones. Su vocero, Marco Antonio Suástegui Muñoz, fue encarcelado por 15 meses, entre 2014 y 2015.

Otro ejemplo: en 2009, Mariano Abarca Roblero, quien encabezaba un movimiento contra la explotación minera que realiza la empresa canadiense Black Fire en Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado. Sus familiares han denunciado directamente a Black Fire argumentando que había recibido amenazas de muerte de trabajadores de la compañía. Chiapas Paralelo notificó que “además de estar involucrada en el asesinato, la empresa canadiense violó leyes ambientales, amenazó, golpeó e intento sobornar a Mariano Abarca por medio de sus representantes”. La familia de Mariano y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) siguen exigiendo justicia.

“Victorias” aisladas que no llegan a cambios estructurales

Grupo de Trabajo en Xochicuautla, Estado de México, septiembre de 2016 © Tania Romero

La comunidad indígena Me’phaa de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, Guerrero, logró frenar la entrada de dos empresas mineras que tenían concesiones de 168 mil hectáreas en sus territorios. Logró obtener un amparo en 2014 mediante una “sentencia inédita”, según Desinformémonos, la cual consideró que sus derechos “fueron violados por el gobierno federal, luego de que éste entregó concesiones mineras a compañías transnacionales sin que primero consultara a sus habitantes”.

La comunidad luego orientó su lucha hacia la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Minera en sí, lo que no se ha logrado a la fecha. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que se impidió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudiara dicha inconstitucionalidad, apuntando a que “las compañías transnacionales, la Cámara Minera y la Secretaría de Economía buscaron evitar el análisis de la Ley Minera ante la SCJN (…) optaron por operar la cancelación de los títulos concesorios”.

Violaciones de derechos laborales

Reunión del GT con organizaciones en Guadalajara, estado de Jalisco © IMDEC

Aunque la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos de parte de empresas están vinculados al despojo de Tierra y Territorio, los empleados se enfrentan también a graves violaciones de sus derechos laborales. El GT destacó la situación precaria de los trabajadores temporales, la informalidad, la falta de acceso a la seguridad social, los salarios bajos y un salario mínimo que se encuentra en un nivel por debajo de la canasta básica.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero enfrentan los mayores problemas de informalidad laboral: los ingresos económicos y la vinculación con las instituciones de salud, de pensiones o de prestaciones sociales son muy bajos. Una de las consecuencias es la imposibilidad para jóvenes de estudiar. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), “más del 50% de los jóvenes mexicanos no completan el ciclo superior de la educación secundaria, el porcentaje más elevado de los 34 países de la OCDE”.

En 2015, México ratificó la Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo establecida a 15 años. Sin embargo, no se está respetando: unos 2,48 millones de niños y niñas en México participan en una actividad económica, de los cuales más de 1 millón (41,1%) son menores de 15 y 900 mil (36%) no asisten a la escuela.

Fuertes discriminaciones en el ámbito laboral

Grupo de Trabajo en Xochicuautla, Estado de México, septiembre de 2016 © Tania Romero

Las y los trabajadores se enfrentan a numerosos tipos de abusos a sus derechos: discriminación, acoso, machismo, homofobia, injusticias en remuneraciones, puestos y prestaciones. En su informe intitulado Desigualdad Extrema en México, Oxfam afirma que « lejos de ser los únicos determinantes de las relaciones de poder desiguales, el género y la identidad étnica son categorías sociales importantes que constituyen discriminación y privilegio. » Da como ejemplo la brecha salarial entre “los trabajadores -de habla indígena- en el sector agrícola ganan menos de la mitad de lo que un trabajador -de habla no indígena- gana en un día “. El GT revela la “dramática situación” de los jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes del sur hacia el norte de México, destacando que más de 800.000 de ellos no reciben ninguna remuneración, mientras que otros 750.000 sólo ganan el salario mínimo o menos.

A pesar de la existencia de un Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad y una Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad (2011), parece que se hace poco esfuerzo para su contratación.

En cuestión de género, la discriminación en el empleo es un problema grave. Entre 2011 y 2016, la Comisión Nacional para la prevención de la discriminación (CONAPRED) recibió 1.726 denuncias presentadas por mujeres, entre las cuales 73% se refieren a actos de discriminación laboral. El 20% de las mujeres indicó haber sido sometida a acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que el 15% por ciento había sido obligado por sus empleadores a presentar pruebas de embarazo. La discriminación que sufren las mujeres también se refleja en el bajo número de mujeres en posiciones de decisión, tanto en el sector público como privado.

Un sistema de regulación laboral incumplido

Según Animal Político “en México, a pesar de que existe una regulación muy rígida de mercados laborales las leyes no se cumplen». Desarrollar un sistema de justicia más eficaz y eficiente que haga cumplir la ley sería el primer paso para percibir un cambio en materia laboral. En algunas de las juntas locales se ha encontrado que el 30% de los trabajadores que se consideran injustamente despedidos no demandan por la incertidumbre del resultado y la duración del proceso. Además, resulta difícil llevar a cabo un control eficaz debido a que un 57. 2% de la población activa trabaja en el sector informal.

La hipocresía de la responsabilidad social de empresa (RSE)

Reunión del GT con organizaciones en Guadalajara, estado de Jalisco © IMDEC

Varias son las grandes empresas nacionales y multinacionales establecidas en México que se honran de tener prácticas empresariales socialmente responsables. Sin embargo, la RSE suele confundirse con la filantropía, reduciendo las actividades “socialmente responsables” a aspectos meramente asistenciales, dejando de lado, entre otras cosas, el respeto a derechos laborales de las y los trabajadores. Las Empresas que se promocionan como líderes en responsabilidad social como Bimbo, Televisa o Coca-Cola, por realizar actividades como reforestación o apertura de escuelas, son también las que reciben la mayoría de denuncias por violaciones a derechos humanos y sociales.

Sindicalismo en México: un obstáculo a la protección

De acuerdo con Sin Embargo, sólo el 16%, de la población asalariada pertenece a una organización sindical y, de estas agrupaciones, la mayor parte son “fantasmas”; es decir, que existen sólo en el papel y no representan las demandas de los trabajadores. “Es una tragedia, una crisis humanitaria laboral, porque no hay nadie que defienda a los trabajadores, están solos, las centrales sindicales no los defienden ni las juntas locales son un buen respaldo, por su tardanza, por la corrupción, el rezago” afirma Saúl Escobar Toledo, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y autor de la análisis “Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo”.

En cuanto a los sindicatos independientes, sólo unos 400.000 trabajadores son afiliados. El GT fue alertado sobre las restricciones a la libertad sindical de los trabajadores, y sobre los obstáculos al ejercicio de la libertad de asociación ante las amenazas de despido que reciben quienes crean sindicatos independientes. En 2012, el gobierno de Enrique Peña Nieto propuso una nueva reforma laboral. El sindicalismo se manifestó en contra de la misma. No obstante, la revista Proceso indicó que su protesta no es para apoyar los derechos de los trabajadores, sino para no perder sus privilegios como sindicatos, particularmente los llamados “contratos de protección”, el “tripartismo” en los juicios laborales (que les da mucho poder en las pugnas contractuales) y la existencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, donde han tejido una red de corrupción.

Recomendaciones del Grupo de trabajo

Reunión del GT con organizaciones en Guadalajara, estado de Jalisco © IMDEC

El GT observó la ausencia de un marco coherente para la debida diligencia y la inadecuada implementación de las leyes y reglamentos; un problema que se agrava por la complejidad de la superposición de competencias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Resaltó la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones de control de la contaminación ambiental producida por las empresas. También destacó la necesidad de diseñar e implementar mecanismos efectivos de consulta con todos los actores, fortaleciendo una cultura de diálogo social. En un país multicultural como México, considera que este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas. Notó pruebas de censura y sanción contra periodistas que han expuesto conflictos de interés y corrupción, casos que quedan en la impunidad. Por ello, consideró que existe una real necesidad de restablecer la confianza en el sistema jurídico.

Llamó a todas las empresas a hacer un esfuerzo mayor para “mantener los estándares de derechos humanos y evitar que se busque beneficiarse de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas.” Señaló que al nivel internacional falta aún establecer un marco normativo extraterritorial que permite a los pueblos indígenas afectados por actividades de empresas extranjeras poder acudir a mecanismos de acceso a la justicia en los países de origen de dichas empresas.

Lamentablemente, pese a todas las recomendaciones y esfuerzos que se podrían realizar, en caso de que gobiernos y empresas transgreden los Principios Rectores, ningún mecanismo de sanción existe, lo que abre la puerta a más abusos e impunidad.