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02/01/2006
Andrés Manuel López Obrador © www.lopez-obrador.com.mx
ANALISIS: México-Chiapas, rumbo a las elecciones
28/04/2006

ENFOQUE: Celebrando 10 años al servicio del pueblo – La Policía Comunitaria en Guerrero

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Sábado 15 de octubre de 2005, Pueblo Hidalgo, Montaña, Guerrero

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200 policías desfilan al ritmo de las bandas, bajo la mirada severa y los largos bigotes de Emiliano Zapata (un mural inmenso colocado desde el techo), frente a un público de 500 personas: representantes de comunidades, de organizaciones indígenas, sociales y no gubernamentales. Después de los honores a la bandera, todos entonan el himno nacional mexicano, primero en tlapaneco (una de las 4 lenguas indígenas que se hablan en el estado), luego en español.

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Podría ser cualquier evento oficial… Pero éste tiene otro significado. Esos policías no son de los ‘oficiales‘. Estos 200 hombres uniformados son ‘policías comunitarios’. Además de sus trabajos, garantizan la seguridad de su pueblo, de manera gratuita, como un servicio y un deber.

Cuando los delincuentes dictaban su ley

Todo empezó en 1992. En la región Costa-Montaña de Guerrero, se multiplicaban los asaltos, robos, secuestros, violaciones sexuales, abigeato y actividades vinculadas al narcotráfico. Todos los ingredientes estaban reunidos para que se fortalecieran bandas delictivas: el nivel de pobreza extrema, la caída de los precios de los productos agrícolas, el creciente cultivo y tráfico de enervantes, el mal estado -hasta la ausencia- de vías de comunicación, entre otros. La población vivía con un miedo constante y consideraba que la policía oficial no lograba contener los delincuentes, y hasta se hacía cómplice de ellos en ciertos casos.

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Frente a esta situación, la Parroquia de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, convocó a las autoridades comunitarias y religiosas para analizar las condiciones y necesidades de los pueblos de la región. Se juntaron también organizaciones cafetaleras, de producción de maíz y el ‘Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular’ (inicialmente creado para coordinar las manifestaciones contra la celebración de los 500 años de la conquista española).

De discusión en discusión, 36 comunidades se juntaron y se organizaron para fundar la ‘Policía Comunitaria’ el 15 de octubre de 1995. Los policías comunitarios, todos voluntarios, empezaron por vigilar los caminos y acompañar las camionetas para prevenir asaltos. Cuando detenían a un delincuente, lo remitían a las instancias oficiales. Pero notaron que los detenidos que tenían dinero podían comprar su libertad, y los que sí permanecían un tiempo en la cárcel, solían reincidir.

De la seguridad a la reeducación

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En 1997, frente a este balance, las comunidades decidieron que había que ampliar el proyecto de la Policía Comunitaria a la impartición de justicia: se creó el ‘Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria’ (SSJRC).

Independientemente de las etnias, los partidos políticos, las religiones o los intereses económicos, la SSJRC tiene tres principios básicos:

  • Investigar antes que proceder;
  • Conciliar antes que dictar sentencia;
  • Reeducar antes que castigar.
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Este sistema de justicia presenta muchas semejanzas con él de los ‘Caracoles‘ zapatistas en Chiapas: “Nosotros pensamos y creemos que hay otra forma de aplicar la justicia. No buscamos en el libro qué artículo se violó, (…) que es lo que hace la justicia oficial. No hay dinero de por medio. (…) Lo primero es la investigación, ir a ver los hechos, trabajamos mucho la conciliación, la mediación, estar neutrales. Hacer la justicia sin el dinero del poder. (…) Se trabaja mucho como norma los usos y costumbres. Si alguien robó, hay que ver por qué robó, porque todos están necesitados “ (Junta de Buen Gobierno de Morelia – entrevista SIPAZ, marzo 2005).

El SSJRC plantea que el delincuente no es la persona a ‘eliminar‘ para que la comunidad pueda ‘vivir en paz‘. Cuando se comete un delito, todos son víctimas, no sólo el agraviado, sino también el delincuente (porque perdió lo más importante en la cosmovisión indígena: su honor, su palabra, lo que le hace hombre), así como la comunidad (porque ‘no se dio cuenta que esta persona andaba en un mal camino’ y ‘no logró ponerlo otra vez en la buena dirección’). En esta visión, la justicia y la seguridad son responsabilidad de todos y se trata de buscar maneras de restaurar la relación dañada, de restablecer el tejido social.

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Cuando los policías detienen a un delincuente, lo llevan a la instancia comunitaria correspondiente quien decide la sanción adecuada. El delincuente no tiene derecho a un abogado, menos si trabaja gratuitamente, para asegurar que todos sean iguales delante de la justicia, no importando si tienen dinero o no. Puede estar defendido por su familia, o asegurar él mismo su defensa. Se va a privilegiar siempre la conciliación entre la víctima y el agresor, así como la reparación del daño. No hay cárceles, porque se considera que éstas no sirven ni para reeducar al delincuente, ni para hacer algo positivo a favor de las comunidades. Según la gravedad del delito, el delincuente tiene que efectuar trabajos comunitarios, recibiendo alimentación del pueblo, sin cobrar. Construyen carreteras, puentes, edificios públicos… “Si aquí acordamos que los reeducados hicieran trabajo para la comunidad, no es con la visión de tener esclavos, sino de que deben recuperar el principio del trabajo, de su formación que de alguna forma no obtuvieron”, dijo el comandante regional Bruno Plácido Valerio (La Jornada – 28/09/2005). Además, los delincuentes reciben ‘pláticas’ de los ancianos (guardianes de la historia y de la experiencia comunitaria). Si un delincuente reincide, se duplica su tiempo de trabajo comunitario.

Una justicia que se construye desde abajo

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Hoy en día, el SSJRC se aplica en 63 comunidades (mixtecas, tlapanecas, nahuas y mestizas) de 6 municipios de la Costa-Montaña, representando a unas 100.000 personas. Cada comunidad cuenta con su comandante y sus policías comunitarios, nombrados en asamblea por 3 años. Existen 612 policías comunitarios encargados de vigilar los caminos y de detener a los delincuentes. De los 63 comandantes comunitarios, 6 son elegidos comandantes regionales e integran el ‘Comité Ejecutivo’ de la Policía Comunitaria por un año. Es la reproducción a nivel regional de las instancias comunitarias.

Cuando los policías comunitarios detienen a un delincuente, es el agraviado quien decide si quiere que su caso sea llevado por el Ministerio Público o por este sistema de justicia comunitaria. La mayoría optan por esta segunda opción, entre otros motivos, porque atienden más rápidamente los casos.

La justicia está administrada por varias instancias según el delito. Si se trata de faltas leves (pleitos de borrachos, robos menores, problemas intra-familiares…), las atiende el comisario de la comunidad donde se cometieron. Para los delitos graves (asalto con violencia, tráfico de enervantes, violación, homicidios…), se creó la ‘Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias’ (CRAC), órgano compuesto por 6 comisarios regionales que fungen como jueces. Los comisarios van turnando cada año, para evitar la concentración de poder en unas pocas personas. Los delitos de extrema gravedad son de competencia de la ‘Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias’, conformada por todas las autoridades de seguridad y justicia de las 63 comunidades. Esta instancia también trata otros asuntos como la relación con los gobiernos municipales, estatal y federal, el nombramiento de los integrantes de la CRAC y del Comité Ejecutivo, así como la aprobación o modificación de los reglamentos internos.

La represión sufrida en esos 10 años

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En esos 10 años, el balance del SSJRC es altamente positivo: se logró reducir de 90% a 95% la delincuencia en la región. Según lo anunciaron durante el aniversario, de las 1484 demandas atendidas de 1997 a 2005:

  • 1203 han sido resueltas mediante actas de conciliación o bajo proceso de reeducación;
  • 247 quedan pendientes;
  • 34 delincuentes están prófugos.

Estos resultados han venido generando mucha curiosidad e interés en los últimos años, más que todo cuando se comparan con el sistema de justicia mexicano que padece de muchos límites: “La existencia de un problema de fondo en el sistema de justicia penal en México se ve reflejado en el dato corroborado por los informes de 2002 de la mayoría de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que registran a las procuradurías generales de justicia respectivas, así como las autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violaciones a los derechos humanos.” (Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México – 2003)

Las comunidades reivindican la legalidad del SSJRC de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México en 1990, donde se reconoce el derecho de libre autodeterminación de los pueblos indígenas, así como según los artículos 2, 4, 115 y 139 de la Constitución Mexicana, y la ley orgánica municipal de Guerrero. Añaden que ese sistema está legitimado por los mismos pueblos. Pero esos argumentos no parecen convencer al gobierno estatal, que ha oscilado entre tolerancia y represión en esos 10 años. Al principio, cuando se trataba sólo de policías que entregaban a los delincuentes al sistema de justicia oficial, se veía con buenos ojos. El Gobierno de Guerrero regaló armas al SSJRC en 1997, y el Ejército Mexicano capacitó a los policías de 1995 a 1997.

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Pero cuando la organización decidió impartir la justicia, es decir, construir un sistema paralelo sin recurrir al estado, la represión incrementó: aprehensión de comisarios acusándoles de privación ilegal de la libertad, desarme periódico de policías comunitarios por parte del Ejército desde 1996, fabricación de delito y detención del Párroco de Santa Cruz del Rincón, asesor, y de Bruno Plácido Valerio en 2000, y amenazas a otros integrantes. Hasta la fecha, las propuestas de regularización de la Policía Comunitaria por parte del gobierno del estado han sido sistemáticamente rechazadas.

Los límites del Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria

“En esos 10 años hemos avanzado mucho, y tropezado mucho también”, dijo el comisario Cirino Placido Valerio (11 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan‘ el 3/06/2005). Hoy en día, este modelo alternativo de seguridad y justicia se enfrenta a ciertos límites. Los pueblos tienen como prioridad encontrar alternativas de subsistencia. Muchos migran al norte del país o a los Estados Unidos, sobre todo los jóvenes. Algunos empiezan a cuestionar la ausencia de salario para los policías. Se acordó que la comunidad tenía que apoyar más a sus policías.

En algunos lugares se vuelve más difícil encontrar a voluntarios para servir como policías, porque los hombres no pueden o porque se desaniman frente a los riesgos (ya se cobraron 5 vidas, entre policías y comandantes). Hay comunidades que se implican menos, ancianos que dejaron de hacer pláticas con los delincuentes. “Ya no hay participación de corazón y de coraje”, subraya Gelasio Barrera, comandante regional. (La Jornada – 28/09/2005)

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Otra dificultad es la búsqueda de fondos para poder cubrir los gastos operativos (gasolina, mantenimiento de las camionetas, radios, etc.) manteniendo la independencia frente a los partidos políticos y aparatos de gobierno. Se creó una asociación civil para poder recibir fondos de instancias públicas y privadas.

Otro de los retos tiene que ver con el lugar dado a las mujeres en el SSJRC. En 1998, se invitaron a 5 mujeres a apoyar a la CRAC para atender mejor los casos en los que las agraviadas o las delincuentes eran mujeres. Pero la discriminación interna de los hombres desalentó a varias de ellas a seguir participando. En el marco del décimo aniversario, la CRAC volvió a invitar a las mujeres a participar, no sólo en esta instancia regional, sino en cada comunidad. Las mujeres respondieron presentes: “El objetivo de nuestra participación será una Policía Comunitaria que contemple nuestra mirada y escuche nuestras voces, al fin, la lucha es colectiva y en esta colectividad nosotras somos la otra mitad que busca, junto con nuestros compañeros, una mejor calidad de vida donde se respeten nuestros derechos como pueblos indígenas.”

Otra de las críticas al SSJRC es la diferencia entre la interpretación positiva de los derechos humanos y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para el SSJRC existe el delito de ‘brujería‘ que no está reconocido por el derecho positivo. Cabe resaltar que los sistemas normativos no están fijos. La CRAC retoma los usos y costumbres para discutirlos y adaptarlos a la realidad que viven ahora en las comunidades: “Los pueblos indígenas (…) han vuelto sus ojos, sus sentimientos y su inteligencia hacia su propio manantial cultural y jurídico, y han sabido readecuar y dinamizar sus sistemas normativos para poder vivir como pueblos indígenas y como ciudadanos mexicanos del tercer milenio. (…) Se recrea la costumbre para adaptarla a un molde occidental con fundamento constitucional y legislación internacional.(X Informe de Tlachinollan)

A 10 años, balance y nuevos retos

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El aniversario de la Policía Comunitaria sirvió de pretexto para analizar el camino recorrido, reconocer los errores, y fijarse retos de ahí en adelante. “Algo que tiene raíces y nace desde abajo, que tiene vida y legitimidad tiene futuro, no es algo artificial, hemos tenido tropiezos, pero también grandes resultados, cada día nos estamos mejorando. La policía no tiene prisa por crecer; hay mucha demanda para sumarse, pero eso lo decide el pueblo en asamblea, no es una decisión de autoridad”, comentó Cirino Plácido Valerio. Se acordó pensar en la seguridad y en la justicia dentro de un marco más global, abarcando la defensa del territorio, la búsqueda de la soberanía alimentaría, la implementación del comercio justo y la participación activa de la mujer en todos estos ámbitos, o sea, ir pensando en la construcción popular de un nuevo proyecto de nación. Se hizo referencia a los zapatistas en varios momentos, se reivindicó la necesidad de aplicar los Acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, de compartir más todas las experiencias de libre determinación de los pueblos y de apoyar La Otra Campaña propuesta por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). Se exhortó a seguir retomando las propias formas de organización de los pueblos al margen de los partidos, a buscar entre los pueblos mismos la solución a los problemas políticos, agrarios y educativos, a recuperar como comunidades la capacidad organizativa a nivel regional. Se subrayó la importancia de la educación y de la recuperación de la memoria histórica para ir formando a los jóvenes.

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Los retos son grandes y el camino largo. En muchas partes de la República, el sistema comunitario de los pueblos indígenas es más difícil de sostener. Pero al mismo tiempo que se notan rupturas en el tejido de las comunidades, también surgen nuevos modelos y propuestas de los pueblos mismos. “Si bien las políticas públicas de corte asistencial – individual, el libre comercio, la migración, el narcotráfico y la cultura de consumo están causando estragos en la identidad, subsistencia y organización tradicional de los pueblos indígenas, también es cierto que procesos inversos como el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria están sirviendo de contrapeso. Ante esta situación podemos suponer que la identidad, cultura y organización de muchos pueblos y comunidades indígenas puede quebrarse, degradarse e incluso desaparecer. Sin embargo, también podemos suponer que muchos pueblos y comunidades no sólo van a sobrevivir, sino que van a salir fortalecidos, con estructuras auto-gestivas de organización y articulación en diversos ámbitos y niveles, convirtiéndose en tejedores de su propio destino.” (XI Informe de Tlachinollan)

En Guerrero como en Chiapas, los sistemas alternativos de vida que se construyen desde abajo buscan cada vez más integridad para poder permanecer y desarrollarse, abarcando tanto el sustento como la justicia, la educación o la salud. Además, ven la necesidad de articularse a nivel ya no sólo local, sino también regional, estatal, nacional e internacional. Cada modelo de autonomía tiene su historia y sus especificidades y no es reproductible en otro lugar. Se trata más bien de dar a conocer esas alternativas para aprender unas de otras e ir así consolidándose, como distintas respuestas creativas de los pueblos para resistir.