DS 4 – Salud
28/03/2012
DS 6 – Recursos naturales: un estado rico con una población mayoritariamente pobre
28/03/2012

DS 5 – Tierra

La tierra: choque de visiones

El concepto de tierra es distinto según los pueblos indígenas y la población mestiza. Los pueblos indígenas siguen considerando la tierra como algo integral (la madre tierra), sagrada y colectiva, que no se puede vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal de la tierra:

  • Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra, y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo, se tiene que tomar en la asamblea de ejidatarios en su totalidad.
  • Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia, los beneficios de la misma se distribuyen entre todos.

En Chiapas, el 59,5% de la superficie total de las tierras están bajo esos regímenes:

  • 2.182.892 hectáreas son tierras ejidales (54,9%)
  • 184.184 hectáreas son tierras comunales (4,6%)

Fuente: INEGI 2010

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Legislación sobre la tierra: fragmentación, privatización y fuente de conflictividad

Chiapas es un estado donde la reforma agraria implementada tras la Revolución Mexicana no llegó a efectuarse. Por mucho tiempo, la tierra quedó en manos de unos pocos terratenientes. Este hecho convirtió la tierra en uno de los principales factores de conflictividad social, que se ha profundizado con el tiempo. La búsqueda de tierras generó sobre todo a partir de los 50’s, un complejo proceso de migración hacia la Selva Lacandona. A esto hay que añadir que en los años 70 el gobierno estatal decidió otorgar a unas pocas familias de la etnia lacandona más de 600 mil hectáreas de la Selva sin haber satisfecho las necesidades de la restante y creciente población indígena y campesina. Esto es uno de los factores por los cuales la Selva hoy en día sigue siendo uno de los escenarios de mayor conflictividad.

En el año 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución permitiendo que la tierra comunal y ejidal pueda ser sujeta a la compra-venta libre (antes estaba prohibido, protegiendo la tierra comunal y ejidal). Dicha reforma hizo explotar la movilización social en todo el país, y su derogación fue una de las principales demandas del levantamiento armado de 1994. De esta reforma nacieron el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales) y el PROCECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales).

Muchas organizaciones civiles han denunciado el PROCEDE y el PROCECOM por las divisiones que ha generado en las comunidades y en los ejidos, y por propiciar el acaparamiento y la venta de las tierras colectivas. Por ejemplo, cuando los ejidos aceptan el PROCEDE, los campesinos pueden obtener créditos, pero en cambio tienen que dejar en garantía sus tierras, y si luego no logran cumplir con el crédito, pierden sus tierras. Por otro lado, cuando entran al PROCEDE, tienen que empezar a pagar el impuesto predial tanto por la parcela como por el solar. Por eso, el PROCEDE está visto por mucha gente como un mecanismo neoliberal contra la comunidad campesina a través de la privatización de la tierra.

Fuentes: YORAIL MAYA 4, junio de 2002

También se critica mucho la forma en que se “proponía” dicho programa. En un principio, en 1993, se presentaba como un programa voluntario. Se ha denunciado que la Procuraduría Agraria trataba de imponer el PROCEDE en todos los núcleos agrarios, a través de presión y chantaje con los comisariados comunales y ejidales, para que sean ellos quienes se encarguen de informar a la gente y de convencerla de los beneficios de este programa. De esta manera parece que los campesinos decidieron libremente la privatización de sus tierras y asumieron las consecuencias. En varios lugares, el programa estuvo presentado como una condición para quienes quieren beneficiarse de los demás programas de apoyo al campo, como PROCAMPO.

En diciembre de 2006, el gobierno cerró formalmente el programa PROCEDE. En Chiapas se llegaron a registrar más de 2 millón 880 hectáreas. Todavía existe la posibilidad de inscribirse en el Registro Agrario Nacional para continuar la medición, certificación y titulación de los derechos a la tierra a través del Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR).

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Conflictos agrarios

A finales de 2011, la Secretaria de la Reforma Agraria identificaba 60 conflictos agrarios en Chiapas. Esta cifra parece muy baja cuando, según la Procuraduría Agraria (PA) en Chiapas, más de 14 mil conflictos se han solucionado por la vía conciliatoria y de representación legal desde el 2006 hasta octubre del 2011, plazo en el que se han regularizado 3 millones 330 mil hectáreas sobre un estimado de 4 millones 450 mil (un 60%).

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Focos rojos

Según la Comisión de la Reforma Agraria del Congreso del Estado, los principales focos rojos son:

  • la comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules, donde faltan por resolver siete casos con una superficie de tres mil 358 hectáreas.
  • 115 núcleos agrarios que se encuentran en poder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con una superficie de 355 mil 769 hectáreas.
  • al menos 12 poblados con 34 mil 634 hectáreas, con problemas de límites con comuneros de los municipios de San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca.
  • los Bienes Comunales de San Miguel Utrilla o Santa Martha del municipio de Chenalhó disputados por habitantes de San Pedro Chalchihuitán, con superficie de 199 mil hectáreas.
  • En los municipios indígenas de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza prevalece la disputa sobre 713 mil hectáreas.

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Causas más recurrentes de la conflictividad agraria

Los conflictos agrarios surgen:

  • Por falta de tierras cuando ya se ha agotado la “frontera agraria”, fenómeno en el que incide el crecimiento poblacional, la falta de espacios para el aprovechamiento agropecuario y el aumento de las manchas urbanas con sus asentamientos irregulares;
  • Por ambigüedades y vacíos jurídicos respecto a los derechos y títulos agrarios desde hace décadas e incluso siglos;
  • Por planes sobrepuestos producto de la entrega de documentos alterados por las autoridades agrarias;
  • Por desacuerdos acerca de los límites territoriales, incluyendo límites interestatales (caso de Chimalapas con el vecino estado de Oaxaca);
  • Por la invasión de superficies ejidales o particulares.
  • Por respuestas inadecuadas o negligentes de las autoridades en la resolución de dichos conflictos.
  • Por conflictos al interior y entre grupos u organizaciones sociales e indígenas (según la Comisión de la Reforma Agraria del Congreso del Estado, más de 700 organizaciones interactúan en Chiapas).

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“Tierras recuperadas”

Mención a parte ameritan las llamadas “tierras recuperadas” por parte de los zapatistas después del levantamiento de 1994. Las tierras tomadas después del levantamiento son considerados ‘territorio zapatista’ por sus integrantes y las consideran como propiedad colectiva que no puede ser “negociada”. Para consolidar su control sobre estas tierras, el EZLN ha promovido una política de población de los predios tomados, mediante la construcción de asentamientos conocidos como ‘nuevos centros’.

Mientras el gobierno federal ofrece legalidad, el reparto agrario zapatista es una invitación a luchar por la tierra y sumarse a las demandas básicas zapatistas. Lo que les asegura la tenencia no es un documento sino la unidad de la organización. Los integrantes tienen un incentivo para mantener la unidad, ya que de otra forma perderían el acceso a la tierra“.

Fuente: Richard Stahler-Sholk, Reconfiguración de espacios en un movimiento social: Las comunidades autónomas zapatistas en la zona Selva Tseltal

De 1995 a la fecha, se han denunciado en forma reiterada hostigamiento y agresiones contra comunidades zapatistas fundamentalmente por parte de grupos indígenas y campesinos vinculados a grupos de poder locales o al gobierno del estado, los que pretenden desgastar la resistencia a través de agresiones de mayor o menor gravedad que pueden derivar en violencia o no (ocupación de “tierras recuperadas“, robos o destrucción de cosecha, etc). Las organizaciones implicadas han ido cambiando, pero pareciera que la estrategia de confrontar a grupos indígenas entre sí ha sido una constante en todo este proceso. En las más mencionadas, se encuentran: en la zona de las Cañadas, la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), la ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo); en la zona Norte: Desarrollo, Paz y Justicia, la Unión Regional Campesina Indígena (URCI), y la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF). En varios de estas organizaciones se ha cuestionado su corte paramilitar y/o el hecho de que pudieran integrar en sus filas a “grupos de choque”.

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Ciudades rurales sustentables

El programa de Ciudades Rurales Sustentables es un eje fundamental del Plan de Desarrollo Chiapas 2006-2012. Oficialmente el programa tiene dos objetivos principales: lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio otorgando servicios a poblaciones marginadas y/o ubicadas en zona de riesgo; y permitir la reconversión productiva, incluyendo la creación de proyectos productivos que permitirían la creación de empleos dignos y remunerados, principalmente a través del desarrollo de instalaciones de procesamiento fuera de las parcelas agrícolas. Como punto de partida, se considera que una de las principales dificultades en la lucha contra la pobreza en las zonas rurales ha sido la dispersión de la población que impide la provisión de servicios como agua y electricidad, así como su acceso a infraestructuras de salud y educación. Por esta razón, el programa se propone concentrar a la gente para facilitar su dotación en servicios básicos.

Fuente: Gobierno del estado de Chiapas

A finales de 2011, Chiapas contaba con dos Ciudades Rurales habitadas: Nuevo Juan de Grijalva, donde fueron reubicados los damnificados del deslave de 2007, y Santiago el Pinar (en los Altos de Chiapas, uno de los más pobres del país). Tres ciudades rurales estaban en construcción : la Ciudad Rural de Ixhuatán en la municipalidad del mismo nombre, la de Jaltenango en la municipalidad de Ángel Albino Corso y la de Emiliano Zapata, en la municipalidad de Tecpatán. Otras tres ciudades se encontraban en etapa de planificación: la Ciudad Rural de Copainala, la de Soconusco en la municipalidad de Acapetahua y la de Jitotol.

Cabe mencionar que el programa de Ciudades Rurales Sustentables ha sido objeto de mucha criticas desde su creación. Se critica que las poblaciones “beneficiarias” no fueron consultadas en la elaboración del proyecto. Se cuestiona que las Ciudades Rurales separan el campesino de sus tierras, es decir de su modo de subsistencia, de su autonomía y de su cultura. Separados de sus tierras, los campesinos no encontraron alternativas viables de trabajo : la mayoría de los proyectos de producción están parados o no permiten a los trabajadores ganar lo suficiente para vivir, en parte, por falta de clientela. Eso explica que la mayoría de los que viven en las ciudades rurales siguen regresando a sus tierras para cultivarlas. Los servicios otorgados en las dos ciudades rurales ya habitadas no responden a las expectativas que habían generado. En Santiago el Pinar por ejemplo las casas son insalubres, en su mayoría no disponen de agua entubada, de sistema de drenaje y de electricidad. A la vez en Santiago el Pinar y en San Juan de Grijalva las casas no toman en cuenta las especificidades culturales de sus pobladores: las casas son muy pequeñas para familias generalmente numerosas, no se proporcionó un espacio para que las familias puedan cocinar sus tortillas, criar animales o cosechar, etc.

Diversas organizaciones denunciaron también el objetivo contra-insurgente detrás de la Ciudad Rural de Santiago el Pinar ubicada en una zona con fuerte presencia Zapatista (cerca del Caracol de Oventik); y, de manera general, que pretende obtener un mayor control y posibilidades de explotación del territorio al liberar extensiones de tierras que pueden ser utilizadas con otros fines.

Fuentes: Red por la Paz 2011, CIEPAC 2010

También vale la pena mencionar que a finales de mayo de 2011, habitantes de la Ciudad Rural Sustentable (CRS) Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, denunciaron persecución y hostigamiento policíaco por manifestarse pacíficamente para demandar al gobierno el cumplimiento de sus compromisos luego del desastre por el taponamiento del Río Grijlava en 2007. Ocho miembros de la comunidad y su abogado habían sido encarcelados en abril. Luego de más de 3 meses de permanecer detenidos, fueron liberados en junio. Cabe mencionar que días previos se publicaron en distintos medios, una serie de notas críticas referidas a la situación de estos presos y de los demás damnificados, así como críticas al proyecto de las Ciudades Rurales Sustentables.

Fuente: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)