PROYECTO DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLITICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS DE CHIAPAS 2006.

LA ZONA DEL STAN: FOCO ROJO SOCIAL Y ELECTORAL

Las Organizaciones No Gubernamentales que integramos de forma conjunta el Proyecto de Observación y Vigilancia de los Derechos Políticos y Civiles de los Pueblos de Chiapas 2006, hemos venido observando cada vez con mayor preocupación, la situación vulnerable a nivel político y social, así como el tenso clima pre-electoral que prevalece en la amplia zona afectada por el huracán Stan.

A ocho meses de que ese terrible fenómeno natural asolara la Sierra y Costa de Chiapas, dejando alrededor de de 700 mil damnificados en los 41 municipios oficialmente declarados como zona de desastre, cada vez son más frecuentes y violentos los brotes y manifestaciones de inconformidad, producto de los lentos avances gubernamentales, tanto en el proceso de reconstrucción de la infraestructura social (caminos rurales, puentes, clínicas, escuelas), como en el reparto equitativo y oportuno de apoyos oficiales (vivienda, créditos, rehabilitación de cafetales) pero sobre todo, en la tardanza y lentitud para el desazolve de los cauces de los ríos, que, bajando de la Sierra Madre, cruzan diversos poblados y zonas urbanas y suburbanas pobres de ciudades como Tapachula, Motozintla, Huixtla y Tonalá.

En ese sentido, un monitoreo sistemático de la prensa escrita estatal, realizado en el marco de nuestro proyecto¹, nos dice que en el periodo enero-mayo del 2006, en las regiones Costa y Sierra se presentaron 131 conflictos sociales, que significaron casi el 40% de todos los conflictos sociales que surgieron en la entidad, habiéndose incrementado estos eventos un 50% en el último mes de mayo. 63% de estos conflictos fueron a causa de demandas de apoyos y programas, por parte de los damnificados por el huracán Stan (bien sea por la inexistencia de estos apoyos o bien por los retrasos con que se están otorgando, especialmente en los casos de desazolve de los ríos; mantenimiento de caminos y reconstrucción de puentes; construcción y entrega de viviendas y apoyos al sector agrícola). Otro 27% se ha generado por problemas relativos a la corrupción, entre los que destacan el reparto selectivo y favoritista de los apoyos y programas gubernamentales y/o por el desvío de recursos públicos; el resto, han sido básicamente  por conflictos agrarios y por acceso a recursos naturales (ver gráficas anexas).

La situación de los damnificados raya hoy en la desesperación, debido al adelanto del período de lluvias (iniciado el 15 de abril pasado) y al arranque de una nueva temporada de huracanes, en la que se prevé la llegada a las costas de México, de al menos, 7 de estos fenómenos con magnitud 4-5, es decir con vientos de entre  210 y 249 km/h. De hecho, la presencia de las primeras tormentas tropicales en esta zona ha provocado ya nuevos desalojos temporales de colonias populares, la incomunicación de zonas rurales y el desplome de 4 puentes provisionales en la carretera costera, principal y estratégica vía de comunicación a nivel regional.

A esta justa inquietud e inconformidad de barrios y comunidades -cuya vida e integridad se encuentran en un claro riesgo, siéndoles violado este elemental derecho- los gobiernos federal, estatal y municipales (de todos los partidos políticos) han venido respondiendo con una reiterada y preocupante violación de los derechos humanos políticos y civiles de las numerosas familias afectadas, llegándose al extremo de utilizar la represión policíaca y la persecución política en contra de la población civil.

En ese sentido, la violación de los derechos de la población se inició en el ámbito federal, desde el momento mismo en que el Ejecutivo asignó de manera fluida, cuantiosos recursos aplicados en forma de subsidios y créditos blandos a la iniciativa privada en la zona hotelera y turística de la denominada Rivera Maya en Quintana Roo, afectada por el huracán Wilma -que entró las costas de la península de Yucatán una semana después del paso del Stan- mientras le regateaba esos mismos recursos a la población pobre de Chiapas.

La pérdida total y hoy aún no recuperadas, de cosechas, tierras laborales, viviendas, escuelas, centros de salud y empleos, en esos cuarenta y un  municipios, ha elevado sustancialmente los procesos de migración a los Estados Unidos, así como los fenómenos de delincuencia común, significando esto una persistente violación a los derechos económicos, sociales y culturales de la población afectada (derechos al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda).

En tanto, el retraso gubernamental, federal y estatal en lo que corresponde a la rehabilitación de obras de infraestructura y comunicación hará muy difícil -y en algunos casos imposible –que centenares de comunidades hoy aisladas, puedan ejercer el sufragio, violando el Estado el derecho al voto de todos estos pobladores.
A nivel municipal, en el marco de nuestro proceso de observación, hemos comenzado a recibir reportes y a verificarlo a través del monitoreo de prensa local escrita, del uso con fines electorales, de los recursos de ayuda y reconstrucción, así como de programas oficiales por parte de todos los partidos políticos que encabezan los diferentes ayuntamientos, jugando con las necesidades básicas de los pueblos damnificados, y violando con ello el derecho ciudadano de votar libremente, sin ser objeto de coacción, condicionamiento ó compra (específicamente, por ejemplo, ha ocurrido ya con recursos del llamado Plan de Reconstrucción y de CONCAFË, ambos a cargo del gobierno estatal, sobre el que, que en el periodo monitoreado, se detectaron seis denuncias públicas en los municipios de Huixtla y Tapachula).

Aunado a todo esto, son más preocupantes las constantes movilizaciones sociales expresadas en marchas, plantones, tomas de ayuntamientos y de oficinas públicas, que se están presentando en toda esta amplia zona (las cuales alcanzan en los cuatro primeros meses del año –según nuestro monitoreo- un número de 28) y la cada vez más violenta respuesta del gobierno del estado, cuyos primeros casos se dieron con los operativos represivos realizados los días 8, 10 y 16 de mayo, en los municipios de Escuintla y Motozintla, Chiapas.

En una sociedad que se dice democrática y respetuosa de un estado de derecho, mismo que necesariamente incluye el pleno respeto a los derechos humanos, políticos y civiles de la población, resulta inaceptable que a la justa inconformidad social y humana desesperación, como la que está expresando hoy la población damnificada, se le responda con violencia y persecución, pues con ello, sólo se entrará en una escalada de mayor violencia social.
De ahí que como organizaciones civiles, de carácter nacional e internacional,  preocupados por la situación de los derechos humanos que prevalece en la zona, expresemos nuestra mayor preocupación por las recientes declaraciones del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, en el sentido de que “no permitiré que las manifestaciones de damnificados –como la ocurrida en Motozintla- transgredan el estado de derecho”. sosteniendo categóricamente que “las protestas de afectados por el Stan son manipuladas por intereses políticos" (periódico La Jornada, mayo 18, 2006). 

Exhortamos a los tres niveles de gobierno a dar una respuesta pronta y efectiva a las justas demandas de las miles de familias damnificadas, respetando sus derechos humanos, políticos y civiles, y anteponiendo el diálogo y la negociación al uso de la fuerza, evitando con todo ello que esta zona, que consideramos hoy como un foco rojo, se convierta una zona de explosividad social.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, junio 10, 2006

Atentamente

PROYECTO DE OBSERVACION Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLITICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS DE CHIAPAS 2006.

Alianza Cívica Chiapas
Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFC)
Peace Watch Suiza
Propaz Suiza 
Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)

NOTAS:

Se monitorearon los diarios estatales 4 Poder y Expreso de Chiapas, durante el periodo del 1 de enero al 31 de mayo 2006 (volver)

2.- TABLA CON NÚMERO DE CONFLICTOS EN LA ZONA DE DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN STAN

Gráfica Regional Procentual de los Conflictos Monitoreados

Porcentaje calculado en relación a los 336 conflictos monitoreados

GRAFICA PORCENTUAL DE LOS CONFLICTOS MONITOREADOS EN LA ZONA DE DAMNIFICADOS POR EL HURACÁN STAN (SIERRA Y COSTA) POR TIPO DE CONFLICTO

Porcentaje calculado en relación a los 131 conflictos monitoreados en la zona Stan

GRÁFICA PORCENTUAL POR ACTORES Y SU INCIDENCIA EN LOS CONFLICTOS SOCIALES DE LA ZONA STAN

Porcentaje calculado en relación a las 282 incidencias de los actores sociales en los conflictos monitoreados