PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006

INFORME MENSUAL

del período comprendido entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre

SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.

Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y  con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.

Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de noviembre y diciembre. El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx

RESUMEN EJECUTIVO

El 1 de diciembre culminó el proceso electoral federal con la toma de protesta ante el Congreso, de Felipe Calderón como Presidente. Esta tensa ceremonia se llevó a cabo de forma relampagueante, ante una legislatura polarizada y en un ambiente militarizado. Horas antes, en una nocturna ceremonia privada y también bajo resguardo militar, Fox había entregado formalmente la presidencia a Calderón.

Luego de su fugaz presencia en el Palacio Legislativo y ya como presidente, Calderón envió su primer mensaje político ante 8,000 invitados de la clase política y empresarial, principalmente, en un acto realizado bajo otro impresionante operativo de seguridad castrense.

En su mensaje, Calderón anunció un decreto de austeridad que implicó reducir un 10% las percepciones de todos los altos funcionarios del Gobierno Federal, excepción hecha de las fuerzas armadas y de seguridad); reformas electorales; un programa de seguridad pública; ampliación del seguro médico a niños, así como del programa Oportunidades, del seguro popular y de becas escolares. Varios de estos planteamientos habían sido hechos con mayor profundidad, por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por lo que analistas críticos señalaron que Calderón buscaba arrebatarle banderas a éste.

Sin embargo, los nombramientos hechos por Calderón para conformar su gabinete, hicieron que diversos columnistas, politólogos y organismos civiles, advirtieran que este nuevo gobierno pretendería, un continuismo neoliberal en lo económico, un conservadurismo y asistencialismo en lo social y mano dura en cuanto la política interna. Muestra de ello serían los nombramientos de Agustín Carstens -secretario de Hacienda y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional-; José Ángel Montoya en Salud o Alberto Cárdenas en Agricultura, ambos panistas del ala más conservadora; y Francisco Ramírez Acuña como secretario de Gobernación, igualmente panista del ala más conservadora, señalado por sus porciones represivas durante su gestión como presidente municipal de Guadalajara y como gobernador de Jalisco.

Estas señales del enfoque que pretendería mantener el gobierno de Calderón, se reiteraron con el proyecto de presupuesto federal que envió al Congreso. En él, se plantea recortar recursos para la Educación, la Cultura, la Ciencia y Tecnología, la Agricultura y el Medio Ambiente; elevando en cambio, lo asignado para el Ejército, la Armada, las fuerzas policiales, y el pago de deuda interna y externa,  y del rescate bancario.

AMLO mientras tanto, realizó dos nuevas concentraciones masivas, ambas en el zócalo de la ciudad de México. La primera, el 20 de noviembre, en la que fue “investido” como “presidente legítimo”. La otra, el día 1 de diciembre, la cual se convirtió en una marcha pacífica que pretendió llegar a las puertas del Auditorio Nacional (donde Calderón celebraba su acto político). Esta marcha fue bloqueada por fuerzas del orden, disolviéndose sin que se presentaran confrontaciones violentas.

Días antes, AMLO había nombrado su “gabinete legítimo”, el cual se avocó a elaborar un proyecto de presupuesto federal alternativo y una iniciativa de Ley de Precios Competitivos (antimonopolios), propuestas que fueron llevadas al Congreso por parte de las fracciones parlamentarias del Frente Amplio Progresista (FAP) (Partido de la Revolución Democrática-PRD-: Partido del Trabajo-PT; y Convergencia).

En Oaxaca, finalmente se ejecutó un operativo abiertamente represivo, por parte de la Policía Federal preventiva (PFP). Esto ocurrió el 25 de noviembre, luego de concluida una megamarcha convocada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Provocadores infiltrados, azuzando a jóvenes radicales, llevaron a cabo actos violentos y quemas de edificios –algunos de ellos históricos- , lo que desembocó en un enfrentamiento y en una  represión indiscriminada. El saldo fue de un número indeterminado de heridos; 31 desaparecidos y 203 detenidos (142 de ellos trasladados de inmediato a un penal del estado de Nayarit, señalados como “de alta peligrosidad”).

A raíz de estos hechos, se desata un clima de persecución, detenciones arbitrarias, torturas y terror tal, que voceros de la iglesia católica e intelectuales locales, denunciaron la existencia de “un estado de excepción de facto “y de “un riesgo real de guerra civil en la entidad”.

Desde el gobierno federal se ordena entonces, la ejecución de más de 200 órdenes de aprehensión, en contra de toda la dirigencia de la APPO, deteniéndose el 4 de diciembre a Flavio Sosa –el líder más connotado a nivel mediático- y a otros tres dirigentes oaxaqueños, cuando se encontraban en la Ciudad de México, a la espera de una reunión de diálogo- con la SEGOB, concertada previamente.

Pese a todo, el movimiento popular oaxaqueño supera el miedo y vuelve a salir a las calles el 10 de diciembre, con una nueva megamarcha, en la que se reitera la demanda central respecto de la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, y se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos oaxaqueños.

Por su parte, la Otra Campaña termina su gira nacional el día 30 de noviembre, luego de recorrer –según sus propias palabras- 47,890 kms por todas las entidades del país.

Como cierre de esta gira, la Comisión Sexta del EZLN emite un comunicado, en el que, luego de reiterar su apoyo al pueblo de Oaxaca y de invocar a una “movilización mundial por Oaxaca, para el día 22 de diciembre”, hace un balance de lo visto y escuchado en su largo recorrido. En él, establecen que, en México, “después del siglo XX arriba sigue el siglo XIX”, pues las condiciones sociales, económicas y políticas del pueblo pobre y de abajo, son similares a las prevalecientes durante la dictadura de Porfirio Diíaz (1877 -1910).

Termina el comunicado zapatista con una apuesta, en el sentido de que, “mientras los que vieron hacia arriba vuelven a lo cotidiano y preguntan por el 2012 (próximas elecciones presidenciales), abajo,  La Otra seguirá peguntando quién y qué es el Programa Nacional de lucha y entonces, el calendario de arriba será roto y seguirá otro de abajo y a la izquierda”

En Chiapas, tomó posesión como gobernador Juan Sabines Guerrero (JSG). A pesar de haberse vivido un proceso electoral semejante al federal, en la entidad no se presentó ningún conflicto postelectoral, ni contratiempos en la ceremonia oficial en la que JSG asumió la gubernatura.

Sin embargo –según analistas locales- el poco margen de maniobra propio que tiene JSG, se refleja en su gabinete, dado que -según se señala- en él, su antecesor -y señalado como su “padrino político”– Pablo Salazar (PSM) logró colocar, a nivel de titulares, a 13 funcionarios identificados como sus incondicionales (algunos de ellos en posiciones políticas claves, como las Secretarías de Gobierno, de Administración y de Desarrollo social,  y la Coordinación de Asesores).

Por otro lado, también se señala que JSG tuvo que recompensar con puestos de primer nivel en su gabinete, a connotados integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo apoyaron, como el exgobernador Roberto Albores, a cuyo hijo le dio Sabines la Secretaría de Fomento Económico; y al excandidato a gobernador y exsenador, Sami David, a quien le creó el cargo de Director de la Corporación de Proyectos Estratégicos. Ambas instancias tendrían que ver directamente con obras e inversiones para el  revivido Plan Puebla Panamá.

Otros dos hechos -estos relativos al EZLN- ocurridos en este periodo, fueron relevantes en el contexto estatal. Uno, fue la mención explícita de reconocimiento y agradecimiento hacia los zapatistas, hecho por PSM en su sexto  y último informe de gobierno.  El otro, un comunicado emitido por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) –vinculada con grupos civiles armados, de corte paramilitar- dirigido a Sebastián Guillén “Marcos”, mediante el cual la OPDDIC rompe el diálogo con el EZLN, acusándolo de encubrir delincuentes y de beneficiar a grandes empresarios y a extranjeros. En este mismo comunicado la OPDDIC amenaza con que “tomará las medidas necesarias para recuperar tierras en manos de bases zapatistas, que legalmente les pertenecen”.

En cuanto a conflictos sociales y violaciones de derechos en la entidad, el más grave de ellos ocurrió en el poblado Viejo Velasco en la Selva Lacandona, donde el 13 de noviembre, se perpetró un ataque armado de tipo paramilitar, realizado por integrantes de la llamada “Comunidad Lacandona”, en contra de 17 familias indígenas acusadas de “invasoras de tierras”.

Esta masacre -violatoria de los derechos a la vida, a la integridad, al territorio, a la propiedad, a la salud, a la alimentación y a la vivienda de las familias atacadas- tuvo un saldo de 4 muertos, entre ellos una mujer con embarazo de 6 meses; 4 desaparecidos , presuntamente ejecutados;  y 38 personas desplazadas.

La magnitud de la violación de los derechos y la responsabilidad del Estado mexicano en ello, se dimensiona considerando que desde 5 meses antes, ONG´s defensoras de derechos humanos e indígenas, habían advertido públicamente la inminencia de este ataque y habían solicitado –inútilmente- a los gobiernos federal y estatal, el otorgamiento de garantías de seguridad para las familias indígenas amenazadas.

Otros dos conflictos sociales relativamente graves ocurrieron en Chiapas; uno en San Juan Chamula (Región Altos) en donde se dio un enfrentamiento entre 2 grupos de indígenas priístas por disputas por el control del municipio, que obligó a renunciar al edil y al nombramiento popular de un Consejo Municipal, desconocido por el Congreso del Estado. El otro, en la Región Centro (Pujiltic-La Angostura) en donde campesinos productores de caña de de azúcar, de  4 municipios se movilizaron tomando las instalaciones de un ingenio azucarero, protestando por las prácticas monopólicas ejercidas por un cacique local.

Durante Noviembre,  el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció otros 3 actos de intimidación, consistentes en espionaje y vigilancia de sus instalaciones y de sus vehículos. En diciembre, se recibió en este Centro, un agresivo comunicado, suscrito por una llamada “Fundación Lacandona, AC” y por la OPDIC (escrito así), en el  que se amenaza al propio Frayba, al Centro de Defensa de la Libertad Indígena Xinich y, particularmente, al coordinador general de Maderas del Pueblo y coordinador operativo de este proyecto, a quien se le acusa de “asesino”.

Finalmente, los hechos de represión indiscriminada ejercidos en Oaxaca, sumados, tanto a los anteriores operativos semejantes ejercidos desde el poder en Lázaro Cárdenas, Michoacán (abril, 2006) y Atenco, estado de México (mayo, 2006), como a los nombramientos efectuados por Calderón, y al aumento presupuestal para las fuerzas armadas y de seguridad - todo ello en el contexto de una sociedad políticamente fracturada, y económica y socialmente deteriorada- prefiguran un difícil escenario, en materia de conflictividad social y de Derechos Humanos, en el sexenio que inicia.