PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006

INFORME MENSUAL

del 7 de octubre al 2 de noviembre de 2006

SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.

Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y  con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.

Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de octubre. El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx

El contexto político nacional en octubre, se centró en el conflicto sociopolítico oaxaqueño, el cual continuó en ascenso, en cuanto su representatividad y combatividad,  bajo la exigencia central de la remoción del gobernador Ulises Ruiz Ortiz (URO).

Este movimiento, integrado en la Asamblea Estatal de los Pueblos de Oaxaca (APPO)  se enfrentó, a lo largo del último mes, a: provocaciones; intimidaciones de Estado; agresiones armadas y asesinatos; acuerdos cupulares entre el gobierno federal y sectores políticos y empresariales locales; maniobras divisionistas; cerrazón, alianzas y enroques de la clase política partidista; y a la fuerza misma del Estado, representada por el operativo represivo instrumentado a partir del 29 de octubre, utilizando más de 4000 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) apoyados por helicópteros militares y tanquetas antimotines. Operativo que fue repelido y obligado a replegarse, por miles de ciudadanos movilizados el día dos de noviembre.

La magnitud del operativo y las previas e impunes acciones de grupos parapolicíacos, cuyos resultados se reflejan en 15 personas asesinadas -desde el inicio del conflicto al momento de cerrar este informe- obligaron a diversos organismos y redes de defensores de Derechos Humanos -de carácter oficial, no gubernamental, nacional e internacional- a manifestar su preocupación y a demandar al Estado mexicano el cese de estas acciones.

Pese a todo ello, el movimiento oaxaqueño ha logrado -luego de poco más de 150 días- incrementar sus niveles de participación, representatividad y combatividad, debido -según analistas- a su horizontalidad; liderazgo colectivo; deslinde de partidos; neutralización de provocadores; uso intensivo de radios comunitarios y difusión por internet; autodisciplina y una masiva y permanente práctica de resistencia civil, mayoritariamente  pacífica.

Con sus acciones y resultados, este movimiento ha obligado a reposicionarse y a manifestarse en su apoyo, a actores tales como: López Obrador (AMLO); la Convención Nacional Democrática (CND); el Subcomandante Marcos; la Otra Campaña; el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; y a grupos guerrilleros con presencia histórica estatal, a los cuales ha logrado contener.

Incluso, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca ha podido conjuntar a todas esas fuerzas políticas (y a otras más) en la constitución de un Frente Nacional contra la Represión en Oaxaca, y a la construcción de una incipiente Asamblea Popular de los Pueblos de México, en la coyuntura de la ya próxima toma de posesión de Felipe Calderón (1 de diciembre).

Otros hechos que marcaron el contexto nacional fueron: las elecciones estatales de Tabasco -calificadas por la oposición y analistas políticos, como las más fraudulentas de los últimos tiempos en México- en la que ganó la gubernatura el candidato priísta; la elección final de 5 de los 6 jueces electorales federales, luego de negociaciones y repartos de cuotas entre PRI, PAN y PRD; y la auto asignación de un millonario bono de retiro entre los magistrados electorales salientes.

En este período, AMLO reinició de actividades, en su carácter de "presidente legitimo", y en la perspectiva de su próxima toma de posesión como  tal (20 de noviembre; hecho que obligó al presidente Fox a anunciar la cancelación -ese día 20- del tradicional desfile deportivo oficial, a realizarse en el zócalo da la Ciudad de México. Se dio también,  la aprobación final, por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) del Frente Amplio Progresista (FAP) integrado por lo que fuera la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT) (Partido de la Revolución Democrática -PRD-; Partido del Trabajo -PT- y Partido Convergencia) y la presentación pública de la Agenda política  de este Frente.

Felipe Calderón realizó durante el mes de octubre, una gira internacional por Centro y Sudamérica, anunciando la posible reavivación del fallido Plan Puebla Panamá. Asimismo, anunció públicamente la elaboración de un Plan de Desarrollo transexenal, denominado "México 20-30", e integró a su círculo de colaboradores cercanos, a Agustín Carstens, experto en macroeconomía y quien fungía como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Calderón cerró el mes reuniéndose con los principales grupos de poder del país: banqueros,  constructores, "hombres de negocios" de empresas transnacionales y representantes de organismos financieros multilaterales.

Durante estos últimos 30 días, los cárteles del narcotráfico  efectuaron impunemente,  al menos 92 ajustes de cuentas, en 13 entidades del país, sobresaliendo por su violencia, los ocurridos en Guerrero y Michoacán.

En cuanto a la Otra Campaña, en octubre se reabrieron las Juntas de Buen Gobierno (JBG); se reanudó la gira nacional del Delegado Zero; se anunciaron fechas y lugares para la realización de reuniones preparatorias y del Encuentro Intergaláctico; y se continuó el proceso de consulta entre adherentes, acerca de los 6 puntos relativos a la Otra, propuestos por Marcos.

Durante su gira por el noroeste del país, las actividades de Delegado Zero se centraron prioritariamente, en reuniones y actos con Pueblos Indígenas de los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte y Chihuahua. La constante escuchada, fue la denuncia indígena por el despojo de sus territorios y de sus recursos naturales, sobre todo mediante la imposición de megaproyectos turísticos y la tala de madera.

La Comisión Sexta del EZLN se reunió también con pescadores, jornaleros agrícolas y obreros (as) de maquiladoras, quienes denunciaron las infrahumanas condiciones de sobreexplotación a que son sometidos (as).

A partir de la segunda parte de esta porción de la gira, la lucha del pueblo oaxaqueño fue una constante en el discurso de Marcos, quien desde Chihuahua lanzó la convocatoria a las bases zapatistas y a adherentes de la Otra, a bloquear carreteras y caminos el 1 de noviembre, en apoyo al pueblo de Oaxaca.

De tal forma que ese día 1 se movilizaron aproximadamente 4,000 bases zapatistas, quienes bloquearon 18 puntos carreteros en Chiapas.

También en octubre se dieron una serie de informes y resoluciones respecto a las violaciones de derechos humanos ocurridas en el operativo represivo instrumentado en Atenco, el 3 de mayo pasado.

De esta forma, se hicieron públicos los informes de Amnistía Internacional (AI); de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODDH) (presentado ante el Parlamento europeo);de  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH;(que incluyó recomendaciones formales a diversas instancias de gobierno); y declaraciones de la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ocupada por México). Aunque en diferentes tonos y con diferentes enfoques, en todos estos informes y declaraciones, la constante fue el señalar la profunda violación de derechos ocurrida y la impunidad prevaleciente.

En Chiapas, mientras tanto, la atención política giró en torno a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a la impugnada elección para gobernador.

Continuando con el paralelismo a lo ocurrido con la elección federal, el TEPJF ordenó únicamente la revisión parcial del total de casillas impugnadas; desechó la petición de nulidad genérica –es decir, del total- de la elección, presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y declaró finalmente a Juan Sabines -candidato de la CPBT- como gobernador electo.

Días antes de este Dictamen, y como señal de hacia dónde apuntaría el mismo, Calderón había enviado a Sabines una carta personal, en la que lo reconocía como gobernador electo y le ofrecía su estrecha colaboración.

Como contrapartida, una vez confirmado oficialmente su triunfo, Sabines visitó personalmente a Calderón, invitándolo a su toma de posesión, declarándose gobernador "sin partido" y desechando el acudir a la toma de posesión como presidente legítimo, de AMLO.

Otros hechos significativos para Chiapas, fueron la aprobación de la muy cuestionada Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LETAIP) que estuvo acompañada de una reforma constitucional que extendió el período de los 118 ediles y 40 diputados, de 3 a 4 años.

Ambas legislaciones fueron calificadas por analistas políticos locales, como un logro más del gobernador Pablo Salazar (PSM) para garantizarse continuismo e impunidad.

En cuanto a conflictos estatales, sobresale nuevamente la zona del Stan, donde el informe oficial del gobernador PSM -al cumplirse un año de ocurrido el desastre- fue contradicho por representantes comunitarios y organizaciones sociales de la Sierra, quienes hicieron público su "Otro informe sobre la reconstrucción". En la Costa, mientras tanto, representantes de damnificados iniciaban una huelga de hambre por el incumplimiento de promesas en materia de vivienda.

En los Altos, no se presentó ningún nuevo conflicto social grave, ocurriendo -en cambio- una tromba que provocó la muerte de 12 indígenas.

En la Selva ocurrió un delicado conflicto (Lacanjá Tzeltal) por el intento gubernamental de reiniciar una obra de drenaje que daña la salud de varios poblados y los ecosistemas de la Reservas de Biosfera de Montes Azules y Lacantún.

En la Selva norte, además de denuncias por intentos gubernamentales de imposición del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE); se dio la recuperación del predio Chuyipá (Tumbalá) por parte de bases zapatistas del poblado Los Ch'oles, quienes se encuentran en riesgo de ser desalojados nuevamente.

En el Norte de Chiapas (Pueblo Nuevo Solistahuacán) se revivió un añejo conflicto, agrario, intermunicipal, interreligioso e interpartidista, que involucró el secuestro de un periodista, a manos de supuestos pistoleros al servicio de un diputado federal.

En la zona Centro, la conflictividad agraria de la comunidad de Nicolás Ruiz se distendió parcialmente, mientras en el municipio de Venustiano Carranza se incrementaron las presiones sociales para que se finiquiten y se hagan públicos los resultados de la auditoria ejercida a la gestión del presidente municipal perredista.

Continuaron, a nivel de distintas regiones del estado, las denuncias e inconformidades contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En ese marco, el Delegado Zero anunció desde Mexicali, B. C., "acuerdos para una huelga general de pagos en todo el país". Por su parte, diputados federales de todos los partidos, solicitaron a Fox "revisar las tarifas eléctricas; cancelar las órdenes de aprehensión existentes sobre activistas que luchan contra el elevado pago de luz y liberar a campesinos chiapanecos, presos por tal motivo".

Por su parte, la “Mesa de Atención para Desplazados" que ha venido siendo acompañada por el CDH Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el incumplimiento de promesas gubernamentales en materia de justicia y resarcimiento de daños.

Finalmente, luego de 3 meses de no presentarse un hecho de esta naturaleza, en el mes de octubre ocurrió el allanamiento por desconocidos, de las oficinas del CDH Frayba, con fines intimidatorios. Con esto suman en Chiapas 20 los casos de agresiones y ataques contra activistas y defensores de derechos humanos, en lo que va del año.

Con este panorama, podemos señalar que los derechos violados en este período fueron:

• Derechos a la integridad, a la vida, al territorio, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y al trabajo (caso comunidad Los Ch'oles, Tumbalá);
• Derechos integrales (caso damnificados Stan, documentados por "El otro informe de la reconstrucción");
• Derecho humano al agua y derechos a la salud, a la alimentación, a la consulta y a la decisión previamente informada (caso Lacanjá Tzeltal);
• Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en su conjunto (caso de las comunidades afectadas por la CFE);
• Derecho al Territorio, al control comunitario de recursos naturales; al reconocimiento y respeto de prácticas culturales e instituciones tradicionales (caso de comunidades bajo imposición del PROCEDE, tal como fue denunciado en este mes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 11 organizaciones sociales y civiles chiapanecas);
• Derecho a la libre expresión y a la información (caso del periodista secuestrado en Pueblo Nuevo); y
• Derecho a la información pública de la ciudadanía en su conjunto (caso de la recién aprobada Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública);

Finalmente, como proyecto de Observación y Vigilancia de los Derechos Políticos y Civiles, manifestamos nuestra preocupación e indignación por el nivel de violación de los derechos humanos, políticos y civiles, que está padeciendo actualmente un amplio sector del pueblo de Oaxaca.