PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006

INFORME MENSUAL

del 6 al 30 de septiembre de 2006

SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.

Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y  con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.

Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de septiembre. El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx

RESUMEN EJECUTIVO

En el mes de septiembre, el contexto nacional se vio copado por las reacciones a la calificación de la elección presidencial, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF/TRIFE); por el consecuente reposicionamiento de los principales actores políticos, y  por el acenso de la movilización popular de Oaxaca y los rumores de inminente represión federal sobre ella.

López Obrador (AMLO) y la Coalición Por el Bien de Todos (CPBT) ratificaron el desconocimiento al resultado electoral oficial, y se avocaron a organizar la llamada Convención Nacional Democrática (CND).

En relación a ésta, los dos escenarios riesgosos previstos para el 15 de septiembre (el Grito de Independencia) y el 16 (el Desfile militar) se resolvieron políticamente.

Fox decidió trasladar la ceremonia del Grito a Dolores Hidalgo, Guanajuato, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad, acordándose  que en el Zócalo de la Ciudad de México el evento fuera realizado por Alejandro Encinas, en su calidad de Jefe de Gobierno, con la presencia del Secretario de  Gobernación Federal.

En cuanto al Desfile, desde tras días antes, AMLO determinó levantar los campamentos de resistencia que bloqueaban las principales avenidas, y recorrer el horario de la CND para permitir el paso de los militares.

El 16 en la tarde se llevó a cabo, de forma apresurada, la CND, con la presencia de más de un millón de Delegados registrados, de todo el país, quienes proclamaron presidente legitimo a AMLO y aprobaron un Plan de 6 puntos:

1. Desconocer a Calderón y evitar la usurpación.
2. Dar posesión a AMLO como presidente, el 20 de noviembre.
3. Autorizar a AMLO a conformar su gabinete.
4. Desarrollar acciones de resistencia en el corto plazo: jornadas contra la privatización de energéticos (27 de septiembre); jornadas en defensa de la educación pública, la libertad democrática y contra la discriminación (2 al 12 de octubre) e impedir la toma de posesión de Calderón (1 de diciembre).
5. Mantener la CND,  con reuniones periódicas (próxima: el 21 de marzo de 2007).
6. Integrar tres comisiones de coordinación,  encabezadas por personajes políticamente divergentes de "Política Nacional"; de "Resistencia Civil" y de "Organización del Plebiscito y el constituyente".

La CND provocó diversas tomas de posición desde la izquierda, la mayoría de apoyo y entusiasmo, otras de adhesión crítica y otras más, de cuestionamiento y rechazo.

Desde el 17 de septiembre, AMLO se trasladó a Tabasco, con el fin de apoyar los últimos días de campaña del candidato a gobernador de la CPBT,  radicalizando su discurso, lo que le valió la ruptura con Carlos Slim (empresario mexicano, el tercer hombre más rico del mundo) con quien había mantenido una discreta alianza estratégica.

Mientras, el Partido Acción Nacional (PAN), Fox y Calderón, se vieron reiteradamente cercados y hostigados por seguidores de AMLO, en diferentes actos públicos y reuniones en las que se presentaron. Son ejemplos de esto, la ceremonia del Grito en el caso de Fox, y la forma casi clandestina como se vio obligado Calderón, a recoger en el TEPJF, su constancia como presidente electo.

Inmediatamente después de ser declarado presidente Calderón, se realizan de forma muy discreta, dos importantes reuniones de corporaciones multinacionales, con empresarios mexicanos, personajes cercanos al salinismo, como Pedro Aspe y Luis Téllez, quienes fueran, Secretario de Hacienda y Subsecretario de Agricultura en aquel período, así como asesores de Calderón (de quienes -se dice- serán futuros integrantes de su gabinete).

En estas 2 reuniones -el 2° Foro de América del Norte", realizada del 12 al 14 de septiembre, en Canadá; y el "FORBES CEO Forum México", llevada a cabo en la Ciudad de México- se discutieron las llamadas reformas estructurales (fiscal, laboral y energética) así como los mecanismos para asegurar el abastecimiento seguro de este último recurso a Estados Unidos.

El Partido Revolucionario Institucional por su parte, se avocó durante septiembre a consolidar su papel de partido "bisagra", centrando sus negociaciones con el PAN, con el fin de repartirse con éste las más importantes comisiones legislativas, y acordar el sostenimiento de Ulises Ruiz en la gobernatura de Oaxaca. Su principal protagonista -Emilio Gamboa, Coordinador de la bancada y presidente de la Comisión de Coordinación Política- se vio envuelto en un fuerte escándalo, al hacerse pública la grabación telefónica de una conversación que sostuvo en abril de 2004, con el empresario Kamel Nacif, vinculado a una red de pederastia.

Otros hechos trascendentes ocurridos en septiembre, fueron:

1. La denuncia de Porfirio Muñoz Ledo, asesor de AMLO, en el sentido  de que Fox se reunió con los 7 magistrados del TEPJF, previo a la calificación de la elección, con el fin de presionarlos;  
2. El inicio del proceso de relevo y selección, de 6 de los 7 magistrados que conformaran el TEPJF;
3.  La controversia constitucional, resuelta en la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de las candidaturas ciudadanas en Yucatán; y
4. La transformación de la CPBT, en Frente Amplio Progresista (FAP) registrado cono tal, ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

En Oaxaca, el movimiento social continuó en ascenso, generando con su ejemplo, el surgimiento de Asambleas Populares en Guerrero y Michoacán, y obligando a connotados actores políticos a pronunciarse públicamente alrededor del tema.

AMLO, por ejemplo, se manifestó públicamente por la renuncia de Ulises Ruiz, retando a Calderón a demostrar su independencia respecto del PRI y responsabilizándolo en caso de una represión.

Calderón, en contraposición, se declaró opuesto a la renuncia de Ulises Ruiz, rechazando “la presión y el chantaje” ejercido por la Asamblea Popular de los Pueblosde Oaxaca, al mismo tiempo que exigió a la administración de Fox,  resolver este  conflicto, antes de asumir la presidencia.

Marcos y el EZLN, en un largo comunicado emitido este mes, hacen más explícito su apoyo y reconocimiento a la APPO señalando que no le brindan un apoyo más directo, para que no se le acuse a este movimiento social, de tener ligas con grupos armados.

En lo que toca a las negociaciones de la APPO y la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB) éstas tuvieron, a lo largo del mes, altibajos y desencuentros, dado que el gobierno federal nunca dio respuesta satisfactoria a la exigencia central de remover a Ulises Ruiz. Aunque legalmente, es atribución jurídica del Senado de la República el desaparecer los poderes en la entidad, la APPO señala que la SEGOB no ha efectuado los cabildeos necesarios para lograr la remoción del gobernador

Ante esta negativa, la APPO inició entonces una masiva caravana a la Ciudad de México, con el fin de exigir al Senado la desaparición de poderes, frente a lo cual, el gobierno federal endureció su discurso, movilizando a la entidad, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y,  a fin de mes, a elementos del ejército y, sobre todo, de la marina, incrementándose los rumores acerca de una inminente represión en la entidad.

Sobre la situación política en Oaxaca, habría que señalar:

1. La caída del PRI en la últimas elecciones federales, en Oaxaca, hace inaceptable para este partido, la desaparición de poderes o la renuncia de Ulises Ruiz, pues ello implicaría una nueva elección para gobernador que, seguramente,  ganaría el PRD, lo que  capitalizaría AMLO.
2. Otra opción sería, que Ulises Ruiz solicitara licencia al cargo, para que el Congreso local (mayoritariamente priísta) eligiera un gobernador sustituto.
3. En el eje Guerrero-Oaxaca-Chiapas (sumándose Tabasco) se concentra la mayor cantidad de recursos naturales estratégicos y, a la vez, los mayores niveles de marginación e injusticia. Estas entidades concentran también, una larga historia de lucha social (pacífica y armada) y un alto grado de aceptación hacia AMLO.
4. Mientras AMLO y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaban a la APPO, los gobernadores perredistas (Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur y Guerrero) firmaron una carta en apoyo a Ulises Ruiz, y la bancada del PRD en el Congreso local aprobó una reforma constitucional que favorece totalmente al PRI.

A nivel nacional, el narco continuó su impune accionar: un monitoreo superficial realizado por este proyecto, exhibió que, en estos 25 días, sucedieron 42 sangrientos ajustes de cuentas (asesinatos), 12 de las cuales fueron contra mandos de diversas corporaciones policíacas, federales y estatales.

En lo que toca a Chiapas, la atención política electoral se centró en la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE) respecto de las elecciones a gobernador.

Continuando con el "paralelismo inverso" ocurrido en relación a  la elección federal, la Resolución del Tribunal estatal ratificó el triunfo del candidato oficial (CPBT) Juan Sabines, justificando esto con un dictamen, cuyos "argumentos" fueron semejantes a los expuestos por el TEPJF para el caso presidencial. Aquí también hubo denuncias públicas, respecto a presiones ejercidas contra los magistrados estatales, en este caso por parte del gobernador Pablo Salazar (PSM). El PRI impugnó de inmediato esta resolución ante el TEPJF.

A nivel legislativo local, durante todo septiembre el PRI se negó a aprobar una iniciativa de Ley estatal de Acceso a la Información, presentada por PSM y avalada por la CPBT, argumentando que, en vez de garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Información, el contenido de esta iniciativa buscaba brindarle impunidad al gobierno saliente.

Dos actores políticos opuestos, resurgieron estos días en el panorama estatal:

1. Roberto Albores, ex gobernador priísta, quien fue definitivamente expulsado del PRI,  acusado de traición por apoyar al candidato del PRD (Sabines); y
2. El subcomandante Marcos, quien regresó a Chiapas para acompañar a siete  comandantes del EZLN a la Ciudad de México.

Por su parte, la Otra Campaña se reposicionó y fijó una nueva agenda futura, luego de 3 meses de mantener un bajo perfil y una  limitada actividad pública.

El EZLN anunció el reinicio de la gira nacional del Delegado Zero, para visitar, entre el 8 de octubre y el 30 de noviembre, los 11 estados faltantes, sin abandonar el apoyo al Frente Popular de Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, para lo cual, 3 comandantes del EZLN se quedaron en la Ciudad de México.

Sin embargo, lo más trascendente en relación a la Otra, fue la difusión pública de un largo y polémico documento titulado “Los zapatistas y la Otra: los peatones de la historia”, emitido en 5 entregas por parte del Delegado Zero, a nombre de la Comisión Sexta del EZLN, y en el cual hacen una recapitulación histórica, un crítico análisis político coyuntural y una redefinición de agenda.

 En este documento, Marcos expone los antecedentes que llevaron al EZLN al rompimiento con la "clase política; la forma y motivos que los condujo a la concepción y elaboración de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; el deslinde con lo que llama "la clase media y el perredismo ilustrado" (intelectuales) y su decisión -como EZLN- de construir algo nuevo con l@s de abajo,  con base en  una clara iniciativa anti-sistémica y anti-capitalista.

Continúa el documento exponiendo sus diferencias y críticas hacia el PRD, AMLO y con  la que llama "supuesta izquierda", señalando que el proyecto de de López Obrador era tan neoliberal como el de Calderón, pero "administrando la crisis y controlando el descontento social".

Señala 3 posturas identificadas en  la Otra, respecto a las movilizaciones proAMLO:

1. La “deshonesta y oportunista”, que plantea montarse en ese movimiento, para  convertirse en "su vanguardia";
2. La "honesta", que propone integrarse al movimiento proAMLO, para acercarse a "l@s de abajo" y no quedar aislados; y
3. La “realmente existente”, que establece que esa, “no es nuestra pista".

Plantea que la clase empresarial de veras creyó que AMLO era de izquierda, y que fue esto,  sumado a los negocios del poder (privatización energética y de PEMEX) y del narco, y a su estrechez de miras, lo que motivó que apoyaran a Calderón y al fraude.

Vuelve a criticar el hecho de que AMLO se ha rodeado de personajes que ocuparon importantes cargos durante el período del presidente Salinas de Gortari, y que esos son quienes hoy encabezan  la Convención Nacional Democrática (CND) marcando por ello su escepticismo hacia esta movilización.

Ratifica su apoyo a Oaxaca y reivindica la rebeldía de indígenas, jóvenes, trabajador@s sexuales y de maquilas, mujeres y organizaciones de izquierda anticapitalista.

Concluye proponiendo 6 puntos de urgente decisión y definición al interior de la Otra: características; estructura; política de alianzas; lugar de las diferencias; convocados y no; tareas comunes.

Igualmente, propone formas para la discusión interna y la realización de una nueva consulta universal sobre estos puntos, señalando para ello una agenda que va de octubre de 2006 a febrero de 2007.

A nivel de conflictividad social, en Chiapas resurgieron las movilizaciones y denuncias de parte de los damnificados del Stan, motivo de incumplimientos oficiales e interrupción de obras, así como -en algunos casos- por la incidencia de José Antonio Aguilar Bodegas, excandidato del PRI a gobernador, originario de la región y quien se dice víctima de fraude. Esta movilización pretendió ser contrarrestada mediante una nueva campaña de  publicidad oficial.

En relación al Stan, se presentó además, una nueva controversia entre el gobierno del estado y el federal, respecto a la aplicación de los recursos para la reconstrucción y al manejo público de cifras oficiales, en cuanto avances y resultados.

En los Altos, continuaron presentándose conflictos no vinculados a la situación electoral, sino de carácter estructural (interreligiosos/interpartidistas) surgiendo además, dos nuevos y delicados diferendos, en relación a recursos naturales estratégicos: biodiversidad y agua (Huitepec y Shuljá).

En la selva se presentaron actos aislados de provocación, en contra de una de las cuatro comunidades ubicadas en el límite Noroeste de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, amenazadas de desalojo.

En la zona centro del estado, la comunidad de Nicolás Ruiz reinició su lucha agraria por el reconocimiento oficial definitivo de su territorio comunal, previéndose un posible escalamiento del conflicto, debido a la falta de respuesta gubernamental. Mientras, en el municipio Venustiano Carranza, se  reiniciaron los reclamos sociales por la corrupción del presidente municipal.

Finalmente, a fines de  septiembre se realizó la Primer Reunión estatal contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la cual,  las comunidades participantes intercambiaron experiencias y comenzaron a delinear una estrategia conjunta de resistencia y lucha.

En este período, en materia de los derechos violados en Chiapas, para los casos de Huitepec y Selva, se encuentran los derechos al territorio, al control de los recursos naturales y a no ser discriminados.

En el segundo caso (selva) se violan también derechos a la integridad y a la vida, así como a la alimentación, salud y vivienda (DESC).

A la comunidad de Nicolás Ruiz se le están violando los derechos al territorio; al reconocimiento de sus tradicionales prácticas culturales e institucionales, y a su identidad indígena.

En este mes se reiteró la denuncia del CDH Fray Bartolomé de Las Casas, acerca de uso de la tortura en cárceles estatales,  y, en ese marco, se da  la sospechosa muerte de otro recluso en manos de policías y custodios. Se suman con ello 3 fallecimientos en esas condiciones en los últimos dos meses, lo que es un reflejo del sistema carcelario en Chiapas.

Finalmente, a un año del Huracán Stan, la situación de la población damnificada es de una reiterada violación de sus derechos humanos, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, lo cual –como bien señala un reciente informe del CDH Fray Matías de Córdova- se   traduce en  una verdadera dignidad devastada, por el sentimiento de abandono, desesperación e incertidumbre frente al futuro, que priva en amplios sectores e esta población, en particular en comunidades asentadas en la zona de la Sierra.