PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006
INFORME MENSUAL
del 1º de agosto al 5 de septiembre de 2006
SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.
Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.
Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de agosto (incluyendo también los primeros días de septiembre). El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx
El contexto político nacional estuvo en agosto, y hasta la primer semana de septiembre, copado por la expectativa generada en torno a las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF/TRIFE)).
A lo largo de 36 días hubo sobre el TEPJF, dos presiones: una visible, expresada en las movilizaciones y acciones de resistencia civil, a favor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y otra, invisible, ejercida por los grupos de poder, mismos que en su momento, instrumentaron una intensa campaña mediática para inducir el "voto del miedo" a favor de Felipe Calderón.
El Partido de Acción Nacional (PAN) y Calderón, se centraron durante estos días, a tejer alianzas políticas con gobernadores y congresistas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a efectuar reuniones con sectores empresariales, haciendo llamados públicos a "la unidad nacional" y a formar "un gobierno de coalición".
Por su parte, el TEPJF rechazó de entrada el conteo total, voto por voto, ordenando sólo la apertura del 9% de los paquetes electorales (casi 12 mil casillas) siendo aquellas en que según los magistrados, se detectaron las mayores "inconsistencias".
Este recuento se realizó en 146 Distritos -la mayoría panistas- entre el 9 y el 27 de agosto. A lo largo del mismo, y conforme hubo señales de que la tendencia del TEPJF era la de ratificar el triunfo de Calderón, AMLO fue endureciendo su discurso. El 13 de agosto, invocando el Artículo 39° Constitucional, llama a sus seguidores, a mantenerse en plantón luego de la calificación presidencial y a realizar, el 16 de septiembre (aniversario de la Independencia Nacional) una Convención Nacional Democrática, para elegir un presidente legitimo e impulsar 5 acciones trasformadoras del país: combate a la pobreza y a la desigualdad; impedir la privatización de energéticos y recursos naturales; hacer valer el derecho a la información; combatir la corrupción y renovar las instituciones públicas.
Al mismo tiempo, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto Federal Electoral (IFE) rechazaron solicitudes ciudadanas de acceso y revisión del total de la votación.
Conforme se acercaba el 6° y último Informe del presidente Fox, se fue dando un proceso de militarización de toda la zona que rodea el Palacio Legislativo que inició el 15 de agosto, con una acción represiva ejercida contra integrantes y congresistas de la Coalición por el Bien de Todos que intentaban instalar un plantón en la puerta del Congreso y culminó el día 1° de septiembre, con la ilegal instalación de un cerco militar y de un virtual estado de sitio, en un radio de 9 kms. alrededor del Palacio de San Lázaro, con la presencia de 8 mil elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Estado Mayor Presidencial (EMP), apoyados con tanquetas y francotiradores.
Al mismo tiempo, surgieron versiones públicas de la existencia de "grupos de disuasión", que se estarían entrenando en bases militares, para ser utilizados en acciones de represión selectiva dirigidas contra dirigentes de la resistencia civil.
A mediados de agosto, se hace público un video en el que el empresario argentino Carlos Ahumada, declara que fue por instrucciones del expresidente Carlos Salinas, que en 2004 –en el marco de la campaña por el desafuero de AMLO- le entregó al senador panista Diego Fernández de Cevallos, videos que contenían imágenes de corrupción de políticos cercanos a AMLO, asegurando que la intención de Salinas y Cevallos, apoyados por Fox, era "sacar a AMLO de la carrera presidencial".
El día 20, el TEPJF desahoga los 375 juicios de inconformidad electoral, desechando, "por improcedencia jurídica", la inmensa mayoría de ellos, y determinado que el resultado oficial del recuento del 9% de casillas, únicamente arrojó la anulación de 81,080 votos a Calderón y 76,897 a AMLO, lo que redujo la ventaja del primero en 4,183 sufragios únicamente.
Esto generó el rechazo total de la Coalición para el Bien de Todos y de AMLO, quienes, basándose en el artículo 75°, fracción k) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral exigían la total anulación de las 8,428 casillas (72% de los paquetes recontados por el TEPJF) en las que se encontraron votos de más (la mayoría a favor de Calderón) ó votos de menos (desaparecidos). De haber procedido esta anulación, la ventaja de Felipe Calderón se hubiera revertido, resultando ganador AMLO por poco más de medio millón de votos
El día del Informe Presidencial llegó, en medio de un ambiente de polarización política, sucediendo que una sorpresiva toma de la tribuna, por congresistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) impidió a Fox dar su mensaje político en el Congreso, quien tuvo que conformarse con la entrega de su informe por escrito, realizada en el vestíbulo del Palacio Legislativo. Momentos después, se transmitió en cadena nacional, un mensaje presidencial, videograbado con anticipación, que se centró en ataques a AMLO y al movimiento social que lo apoya.
Finalmente, el 5 de septiembre, el TEPJF declaró por unanimidad, presidente electo a Felipe Calderón, desechando todas las denuncias electorales presentadas por la Coalición para el Bien de Todos, incluyendo las relativas a la ingerencia de Fox a favor de Calderón, así como la relativa a la difusión ilegal de mensajes del sector empresarial, que impactaron negativamente en la campaña de AMLO, las cuales el Tribunal dio por acreditadas, pero señalando que "no se podía determinar el impacto electoral -si es que lo hubo- de ambas acciones".
De inmediato, Calderón hizo un llamado al "diálogo y a la unidad", mientras AMLO señalaba que "no reconoceremos a un Ejecutivo falto de legitimidad".
La disyuntiva actual se encuentra en el hecho de que, el próximo día 15 se tendrá que realizar la ceremonia oficial del "grito de Independencia", y el 16, el tradicional desfile militar, ambos actos presididos por Fox, y ambos a realizarse en el Zócalo capitalino, lugar ocupado por los miles de manifestantes que apoyan a AMLO.
Mientras, en Oaxaca, la movilización social, expresada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ha venido incrementándose, creando un clima de "ingobernabilidad institucional" y obligando al gobernador Ulises Ruiz, a “ejercer" su cargo y el de su gabinete, en una virtual clandestinidad.
Como respuesta, se ha desatado desde el ámbito estatal, una guerra sucia en contra de la APPO, con acciones de de provocación y represión selectiva, desatadas en contra de sus dirigentes y en contra de del periódico "Noticias", el medio escrito de mayor circulación a nivel estatal.
Sorpresivamente, el gobierno federal no ha respondido a las solicitudes que el gobernador ha hecho para que intervenga la PFP -esperando quizá el desenlace oficial de la calificación presidencial y, a la vez, utilizando el caso Oaxaca como elemento de negociación con el PRI- estableciendo, en cambio, una Mesa de negociación a través de la Secretaría de Gobernación, y reconociendo a la APPO como interlocutor directo.
En este contexto oaxaqueño y de denuncia de fraude electoral, reaparecen públicamente, cada vez con mayor presencia, grupos guerrilleros que habían permanecido en "tregua política" (Ejército Popular Revolucionario –EPR-, Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo –FARP-, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente -ERPI) uno de los cuales, de reciente formación (Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo- TDR-EP) realiza a plena luz del día, acciones de propaganda en la carretera federal que va de Oaxaca a Tuxtepec. Este hecho fue calificado públicamente por las FARP como una acción paramilitar orquestada por Ulises Ruíz para tener pretexto de militarizar toda la región denominada Sierra Juárez .
Al mismo tiempo, los cárteles del narcotráfico continúan con sus impunes acciones delincuenciales y con sus cada vez más sangrientos enfrentamientos por el control de territorios, sin que el gobierno federal intervenga, y sin que la clase política nacional parezca preocuparse por ello.
En resumen, pensamos que, dado el contexto nacional narrado, el escenario futuro presenta altos riesgos de una ruptura de la paz social, por posibles estallidos de violencia popular, teniendo como respuesta el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado, como última medida para autogarantizarse un mínimo de gobernabilidad.
La Otra Campaña, por su parte, mantuvo un bajo perfil político y mediático, viéndose rebasada políticamente, tanto por el movimiento de resistencia civil a favor de AMLO -tan cuestionado en su momento por el Delegado Zero- como por el movimiento popular oaxaqueño. Sin embargo, la realidad socioeconómica y política del país, han ratificado la vigencia de los planteamientos de fondo, contenidos en las 1a. y 6a. Declaraciones de la Selva Lacandona.
En lo que corresponde al proceso electoral chiapaneco, éste estuvo plagado, en su conjunto, de irregularidades y de violaciones de los derechos políticos de los pueblos, por parte de todos los partidos, y por la intervención directa del gobernador Pablo Salazar, a favor de uno de los candidatos.
Ya ha sido señalada, la "esquizofrenia política" de diversos actores partidistas, y el paralelismo inverso ocurrido en Chiapas, en relación a lo observado en el proceso federal. De esta forma, el candidato oficial, Juan Sabines (Coalición por el Bien de Todos) es declarado electo por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) por un margen muy estrecho (0.55%) y con un nivel de abstencionismo de 55%, además de ver objetado su triunfo por 391 impugnaciones presentadas por la Alianza por Chiapas (Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México-PRI/PVEM) y por sus aliados, Partido Nueva Alianza (PANAL) y PAN. Impugnaciones que deberán resolver en primer instancia, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y posteriormente, el TEPJF, quien podría llegar a anular la elección.
Sin embargo, se especula que la resolución final de esta elección, será decidida por negociaciones políticas cupulares, realizadas a espaldas de los electores, entre PRI, PAN, PRD y PANAL, y contando con la participación de actores como Elba Esther Gordillo y el propio Pablo Salazar.
En tanto, en la región del Stan (zona donde en la elección estatal ganó mayoritariamente el PRI) revive "espontáneamente" un movimiento separatista, que, montándose en una reivindicación histórica, amenaza con que "o se reconoce el triunfo de Aguilar Bodegas” –quien es originario de Tapachula- “o iniciarán gestiones y movilizaciones para hacer del Soconusco el estado 33 de la Federación”.
En cuanto a los conflictos sociales y derechos violados en Chiapas, en agosto se profundiza la violación del derecho al voto libre, sobre todo en la zona del Stan, conforme se acerca la jornada electoral, cesando sintomáticamente, la intensa difusión oficial de acciones de reconstrucción, apenas concluido el proceso eleccionario.
En esta misma zona, una nueva e intensa campaña civil de difusión y acopio, hace patentes, tanto la frágil y desesperada situación que padecen aún los damnificados en las áreas de la Sierra, como la violación de su derecho a la integridad y a la vida, como sus derechos económicos, sociales y culturales.
En la zona de los Altos (Zinacantán, Mitzitón, San Juan Chamula) reviven conflictos de carácter estructural (religiosos y por imposición arbitraria de usos y costumbres) ahora mezclados con disputas interpartidistas (PRI-PRD).
En las Cañadas de la Selva, continúan las amenazas de desalojo sobre 4 comunidades, ubicadas en las inmediaciones de la Reserva de Biosfera Montes Azules; situación que se ve momentáneamente distendida por la visita de una Misión internacional de observación civil.
En la misma zona, revive y se agudiza el conflicto de origen agrario, existente entre simpatizantes del EZLN, aliados con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) -alguna vez señalada por el propio EZLN como "contrainsurgente"- contra miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
En la zona Norte, se da un violento operativo policiaco de desalojo, en contra de 30 familias zapatistas de la comunidad de los Ch’oles, municipio autónomo El Trabajo (Tumbalá), acusadas de despojo en propiedad privada. Y mientras en Tila/Yajalón se presentan nuevas denuncias y movilizaciones comunitarias, en contra de las acciones de corte y suspensión de la energía eléctrica por parte de la CFE, en el municipio de Salto de Agua se da un enfrentamiento armado entre dos comunidades, a causa de un conflicto agrario e interpartidista (PRI-PRD).
En este período se dio también, una fuerte denuncia pública acerca de la sistemática violación de los derechos de los detenidos, ejercida por parte de fuerzas policiacas y parapoliciacas, mismas que incluyen acciones de intimidación, tortura y hasta asesinato.
Son de llamar la atención, en los ámbitos electoral y de derechos políticos, dos situaciones presentes en Chiapas:
- Cómo en muy diversas zonas del estado, monitoreadas por este proyecto, el uso electoral de recursos públicos se considera por la población, como algo "normal", formando parte ya de los "usos y costumbres", y no como una violación de derechos. Y
- la forma cómo, en zonas y comunidades que en el período 1995-2000 fueron victimas de la acción de grupos paramilitares, se ejerció en este proceso electoral local, un "voto del miedo" a favor del PRD, inducido por el rumor de que, en caso de ganar Aguilar Bodegas (PRI) los paramilitares serían inmediatamente reactivados.
Finalmente, es de señalar que, para quienes conformamos este Proyecto de Observación de Derechos Políticos y Civiles, tanto el proceso electoral federal como el estatal -por la forma en que se desarrollaron y por su desenlace- constituyeron un retroceso para la transición democrática de México y de Chiapas, siendo ambas elecciones, escenario y pretexto para la violación de los elementales derechos al voto libre, a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, profundizándose con todo esto, el descrédito del sistema de partidos y de la democracia representativa, y poniendo en riesgo la frágil paz social del país.
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