PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006
INFORME MENSUAL JULIO 2006
SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.
Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.
Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de julio. El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx.
PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006
INFORME MENSUAL JUlIO 2006
A nivel nacional, el mes de julio el contexto político ha estado ocupado por los resultados de las elecciones presidenciales.
A lo largo de todo el proceso se observó el uso de añejas prácticas electorales por parte de todos los partidos, así como la intervención abierta de Vicente Fox y de diversas instancias del ejecutivo para favorecer a Felipe Calderón, dejando la sensación de haberse presentado una elección de Estado.
A ello se le sumó la costosa y agresiva campaña televisiva en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) financiada por la elite empresarial y por algunas compañías multinacionales, promoviendo un voto del miedo a favor de Felipe Calderón, así como el descubrimiento del acceso y del uso cibernético que el cuñado del candidato panista, pudo haber hecho del Padrón Electoral y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Si bien en la jornada del 2 de julio no hubo incidentes mayores, la abstención fue 5% mayor a la que se dio en el año 2000, y al final de la misma se presentaron hechos confusos y conductas contradictorias de parte del Instituto Federal Electoral, IFE) alentando suspicacias y temores entre amplios sectores de la opinión pública y políticas del país.
Sobresalen en esto, las inconsistencias y el comportamiento estadístico poco común en los resultados públicos del PREP; el ocultamiento de la existencia de más de once mil casillas no computadas y la indefinición de un ganador electoral al final del día.
Esto hizo que tanto Calderón -quién según el PREP resultó ganador por un punto porcentual de diferencia- como AMLO se autoproclamaran ganadores.
Al día siguiente, luego de la denuncia y presión ejercidas por AMLO, se computaron las 11 mil casillas declaradas con inconsistencias, con lo que la ventaja de Calderón se redujo a poco más de medio punto.
En los día posteriores, el IFE efectuó el computo distrital, cuyos resultados públicos volvieron a presentar un extraño comportamiento estadístico, resultando nuevamente ganador de este nuevo conteo, Felipe Calderón, con una ventaja de apenas 0.58% sobre AMLO.
Con esos resultados, y pese a que la ley establece que es atribución exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) el calificar la elección presidencial y declarar un ganador, Luís Carlos Ugalde, presidente del IFE, el día 7 de julio declaro públicamente vencedor a Felipe Calderón, siendo entonces felicitado por Fox y por los gobiernos de Estados Unidos, Finlandia y Canadá.
De inmediato, la Coalición por el Bien de Todos (PRD/PT/CPNVERGENCIA) impugnó legalmente la elección, sometiendo ante el TRIFE 225 recursos que abarcaron irregularidades en más de 52 mil casillas. La exigencia central de AMLO y sus seguidores es la de abrir todos los paquetes electorales y contar voto por voto.
A partir de eso, Calderón y AMLO se han autonombrado presidentes electos; el primero basándose en cifras y declaraciones del IFE, y el segundo, denunciando un fraude electoral en su contra.
Para fortalecer su posición, Calderón ha hecho alianzas estratégicas con sectores sociales priístas, partidos minoritarios (Partido Nueva Alianza y Alianza Socialdemócrata y Campesino) y, sobre todo, con la profesora Elba Esther Gordillo -recientemente expulsada del PRI- quien operó abierta e ilegalmente a favor del Partido Acción Nacional y de su candidato.
AMLO, por su parte recurrió a masivas movilizaciones sociales en la Ciudad de México, realizando "Asambleas informativas" los días 8, 16 y 30 de julio, la última de las cuales se declaró en "Asamblea Permanente", estableciendo un plantón y bloqueos de importantes avenidas de la capital de la República.
Bajo este contexto, los siete jueces que integran el TRIFE tendrán que calificar -por mayoría simple y de forma inatacable- la elección presidencial y declarar al ganador, a más tardar el próximo 6 de septiembre.
Sobre esto se prefiguran 4 posibles escenarios:
- Que el TRIFE avale los resultados del IFE y dé como ganador a Felipe Calderón, lo que propiciará una imprevisible reacción popular.
- Que el TRIFE abra todos los paquetes y recuente voto por voto, resultando ganador AMLO, lo que traería una reacción de los grupos de poder económico;
- Que el TRIFE abra sólo aquellos paquetes de distritos impugnados que cumplan con los requisitos legales, pudiendo así confirmarse el triunfo de Calderón, quien será considerado por amplios sectores como "ilegitimo y espurio"; y
- Que el TRIFE aplique la causal de "Nulidad abstracta" y declare nulas las elecciones presidenciales, lo que implicaría la elección por el Congreso de un presidente interino, en cuyo periodo -de 12 a 18 meses- se realizarían nuevas elecciones.
Independientemente de todo lo anterior, resaltan 6 aspectos fundamentales:
- El proceso electoral evidenció que México está profundamente polarizado, con un norte y occidente –industrial y urbano- panistas, y un centro y, sobre todo sur -pobre y con zonas rurales- mayoritariamente a favor de AMLO, lo cual prefigura escenarios de conflictividad social a mediano plazo.
- Un amplio sector social de estratos medios y pobres votaron a favor de la derecha (PAN, e incluso, PRI).
- Quien resulte declarado presidente electo, lo será por sólo la quinta parte del electorado, el voto más minoritario con que haya llegado al gobierno un mandatario mexicano.
- Si AMLO fuera declarado ganador, tendría que gobernar con un Congreso de la Unión, mayoritariamente en contra, dado que la suma de diputados federales y senadores del PAN, PRI, PVEM y PANAL, alcanzan casi el 70%.
- El gran perdedor de la elección fue el PRI; sin embargo, a nivel del Congreso este partido juega el papel de "fiel de la balanza".
- La credibilidad y confianza alcanzado por el IFE, han quedado severamente cuestionados por este proceso.
Sin embargo, mientras la atención de la opinión pública y política se centra en el desenlace de la elección presidencial, en julio se desarrollaron dos graves y contradictorios conflictos sociales, de trascendencia nacional:
- El conflicto magisterial en el estado de Oaxaca, que ha devenido en un amplio movimiento popular que exige la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz, y cuya magnitud ha puesto en riesgo la gobernabilidad en la entidad; y
- La abierta e impune acción de mafias del narco, cuyas acciones retan cada vez más al Estado y parecen enviar un mensaje político acerca de su poder.
En lo que toca a Chiapas, el contexto político local se ha visto fuertemente influenciado por los resultados de la elección presidencial, siendo que, por primera vez en la historia, el PRI ha resultado perdedor en dicho proceso político, quedando Roberto Madrazo abajo de AMLO por casi 125 mil votos.
Sin embargo, en la entidad se dio una elección "cruzada", pues a nivel de senadores, el PRI fue el ganador, mientras las 12 diputaciones federales las compartieron PRI/PVEM (6) y PRD /PT/Convergencia (6). Asimismo, debe señalarse que Chiapas ocupó el cuarto lugar nacional en cuanto a índice de abstencionismo (50.94%).
Estos resultados y la indefinición en lo que toca a la elección presidencial al parecer conllevaron al gobernador Pablo Salazar (PSM) a definir su abierto apoyo a favor de Juan Sabines (Coalición por el Bien de Todos).
De esta forma, el apoyo del gobierno estatal a Juan Sabines ha sido tal, que los otros 4 contendientes a la gobernatura (PRI, PAN, PANAL y PASDyC) han denunciado de forma conjunta que se están enfrentando a una elección de Estado.
En este ilegal uso electoral de recursos públicos sobresale la región del Stan, donde este mes de julio se han disparado la liberación de los recursos y la realización de obras, acompañado de una intensa campaña de difusión oficial, vinculando recursos y obras a u supuesto "continuismo" que significaría la elección de Juan Sabines.
Todo esto orilló a la propia secretaria federal de Desarrollo Social -presionada por bases panistas- a deslindarse y denunciar este uso electoral de recursos por parte del gobierno estatal, lo cual nos ha sido confirmado por reportes recibidos de observadores comunitarios.
En tanto, la Otra Campaña, continuó bajo una suspensión indefinida, sólo interrumpida por declaraciones públicas del Delegado Zero, acerca del fraude electoral sufrido por AMLO, "operado -según sus palabras- desde Los Pinos y el comando central del PAN".
Al mismo tiempo, los otros 3 grupos guerrilleros de mayor presencia en el sur-sureste de México (Ejercito Popular Revolucionario -EPR-; Ejercito Popular Revolucionario Indígena -ERPI-; y las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo -FRAP-) emitieron comunicados denunciando de forma beligerante el fraude electoral.
En cuanto conflictos sociales y derechos violados en Chiapas, en julio es nuevamente en la zona del Stan (Costa-Sierra) donde por la cercanía de la elección estatal, se presenta una flagrante violación a los derechos políticos de los damnificados, coaccionándose y manipulándose su derecho a un voto libre.
Continuaron asimismo las movilizaciones indígenas en la región Altos (Simojovel y Chenalhó) y el Centro de la entidad(Nicolás Ruiz) en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de altas tarifas y los cortes indiscrimados de energía eléctrica, violatorios de los Derechos Económicos Sociales y culturales (DESC) de los pueblos.
En San Cristóbal de Las Casas se presentó un nuevo acto de intimidación y amenazas contra un activista defensor de los Derechos Humanos, acumulándose ya en lo que va de el año, 17 de este tipo de actos, todos ellos impunes.
En la Selva surgió una nueva amenaza de desalojo violento, en contra de 4 comunidades indígenas asentadas en el límite de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, el cual, de concretarse, además de violar el derecho a la integridad y la vida, violaría también los derechos de los pueblos contenidos en el Convenio 169 de la OIT y en los DESC.
En la zona Istmo/Chimalapas resurgió el añejo conflicto agrario e interestatal entre núcleos agrarios chiapanecos y comunidades indígenas de Oaxaca, mismo que está siendo utilizado electoralmente por el PRI. En tanto, en la zona de Palenque/Catazajá/Tabasco, mafias del narco continúan desarrollando violentas e impunes acciones y enfrentamientos por el control del territorio.
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