PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006

INFORME MENSUAL JUNIO 2006

SIPAZ, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Alianza Cívica, PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de Paz en Chiapas) y Peace Watch Suiza, ha venido desarrollando un proyecto de observación y monitoreo en Chiapas sobre el respeto de los derechos políticos y civiles de los pueblos durante el proceso electoral y de la otra Campaña que se prolongará hasta diciembre.

Se trata de vigilar y denunciar cualquier violación a los Derechos políticos y civiles de los pueblos indígenas y comunidades, contenidos y establecidos en la Constitución Política Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de la ONU, firmado por el gobierno mexicano, así como cualquier intento de desestabilización social grave, y  con esto tratar de prevenir ó evitar que se acrecienten situaciones de violencia contra los pueblos.

Les compartimos a continuación el resumen ejecutivo correspondiente al mes de junio. El informe completo estará accesible en español en la página Web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas: http://www.frayba.org.mx

PROYECTO DE OBSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES DE LOS PUEBLOS EN CHIAPAS 2006

INFORME MENSUAL JUNIO 2006
(periodo comprendido entre el 1º. Y 30 de junio)
PROPAZ, CDH FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS , SIPAZ, ALIANZA CIVICA CHIAPAS, PEACE WATCH

Este mes de junio, la cercanía con las elecciones federales hizo que el contexto político nacional se tornara más complejo, profundizándose la polarización pública entre los dos candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Partido de la Revolución Democrática/Partido del Trabajo/convergencia-PRD/PT/Convergencia) y Felipe Calderón (Partido de Acción Nacional-PAN) polarización que se basó en descalificaciones personales.

Durante el segundo debate de los candidatos presidenciales que se dio el día 6 de junio -primero en el que participó AMLO- éste denunció tráfico de influencias y evasión fiscal de Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Calderón. Investigaciones periodísticas posteriores, sacaron a la luz que esta persona, a través de empresas de servicios informáticos de su propiedad, había tenido acceso directo y completo, tanto a padrones de beneficiarios de los principales programas federales de apoyo social, como al Padrón Electoral y al Programa de Resultados Electorales Preliminares  (PREP). Eso hizo que diversos sectores políticos, intelectuales y periodísticos comenzaran a denunciar la posibilidad de un fraude electoral cibernético en la inminente elección presidencial, y que, al mismo tiempo, se fortalecieran las denuncias públicas acerca de que el partido en el gobierno estaba realizando una verdadera elección de Estado, hecho señalado –entre otros- por los resultados de un monitoreo social realizado en 22 entidades del país realizado por 25 ONGs encabezadas por Alianza Cívica, A. C. y Global Exchange (EUA).

Al mismo tiempo que la mayoría de encuestas reportaba un repunte de AMLO, en las que llegó en junio a superar a Calderón por 3 puntos, se desarrolló una intensa campaña en contra de éste, misma que varios analistas calificaron de “guerra sucia”, basada lo mismo en extraños “atentados” contra la esposa del empresario argentino Carlos Ahumada, inmediatamente después de que éste había amenazado con dar a conocer nuevos videos que exhibían a allegados de López Obrador; que en una intensa campaña televisiva nacional patrocinada por el Consejo Coordinador Empresarial, mediante la cual se estigmatizaba a AMLO y se inducía un “voto del miedo” a favor de Calderón.

A lo anterior se sumó una abierta  inducción del voto a favor del mismo candidato del PAN, por parte de varios connotados miembros de la jerarquía de la iglesia católica, y el uso electoral que, a través de spots televisivos y en mítines electorales, el presidente Fox y dicho candidato, pretendieron hacer de la selección mexicana de fútbol que participaba en el Campeonato Mundial de Alemania.

Las tibias respuestas brindadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) y sobre todo, de su presidente Luis Carlos Ugalde, hicieron que diversos sectores de la opinión pública y política del país, dudaran de la imparcialidad de este instituto.  Hubo incluso analistas que recordaron la forma poco aseada en la que el PRI y el PAN habían negociado en octubre de 2003, para imponer unilateralmente, el nombramiento como nuevos consejeros “ciudadanos”, de personas vinculadas con estos dos partidos.

Un conflicto político local  que se desarrolló en junio y que tuvo repercusión nacional,  fue el movimiento magisterial de Oaxaca, que movilizó a más de 40 mil maestros en un plantón que recibió las adhesiones de amplios sectores sociales del estado y que, habiéndose iniciado por demandas gremiales, incorporó a ellas, la exigencia de la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz, personaje considerado como represor, muy cercano a Roberto Madrazo, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional/Partido Verde Ecologista de México (PRI/PVEM).

Un operativo policíaco de desalojo fue exitosamente resistido y rechazado por el masivo plantón de maestros, quienes luego de ello, y de romper pláticas con la Secretaría de Gobernación, amenazaron con boicotear las elecciones federales.

A nivel estatal sobresalió la incidencia directa de las campañas federales a la presidencia, con motivo de las giras que los tres principales candidatos presidenciales efectuaron en Chiapas.

El primero de ellos fue Roberto Madrazo, quien el día 1 de junio logró concentrar 10 mil indígenas en la plaza de Ocosingo (punto geoestratégico para el EZLN) contando en este acto con la participación protagónica de Pedro Chulín, candidato a diputado federal suplente y fundador del extinto grupo paramilitar MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) y del actual grupo civil armado llamado Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). Posteriormente, en un acto político realizado en Comitán –bastión del exgobernador y ex precandidato a gobernador, Roberto Albores, cuyo mandato se caracterizó por los altos niveles de corrupción y represión- Madrazo logró imponer hegemónicamente a su grupo dentro del priísmo tradicional chiapaneco, incorporando a la campaña del candidato oficial del PRI,  José Antonio Aguilar Bodegas, a dos operadores políticos exaliados de Albores, quienes cuentan con una historia represora y antizapatista  (Mario Culebro y Mario Lescieur Talavera).

AMLO (PRD/PT/Convergencia) también a principios de junio realizó una intensa gira que abarcó 12 ciudades de la entidad (incluyendo San Cristóbal, Palenque y Ocosingo) cerrando su campaña el día 18 en la capital Tuxtla Gutiérrez, brindando ahí todo su apoyo a los expriístas, Rubén Velásquez (candidato a Senador) y Juan Sabines (candidato a gobernador).

Calderón (PAN) cerró campaña en el Teatro de la Ciudad, en San Cristóbal de Las Casas, ante más de mil indígenas de los Altos, ante quienes rechazó “todo tipo de violencia como medio para alcanzar la justicia que –según dijo- merece Chiapas”.

A nivel del estado también  llamó la atención la firma, por parte de Juan Sabines, de la llamada “Declaración de Comitán” (pretendido Plan de Desarrollo Estatal, señalado como  neobileral y contrainsurgente) elaborado por Roberto Albores, quien con esto se suma de facto a las filas del PRD, en apoyo a la candidatura de Sabines.

La Otra Campaña por su parte, pareció haber caído en un impasse que, algunos analistas críticos llegaron a considerar como un desgaste, debido a las decisiones del Delegado Zero, tanto de posponer indefinidamente la gira nacional y el levantamiento de la Alerta Roja, como y sobre todo, de realizar una movilización nacional el día de la elección federal (2 de julio).

Así, mientras los procesos judiciales establecidos contra todos los integrantes del Frente del Pueblo por la Defensa de la Tierra (FPDT) y adherentes de la Otra detenidos,  y la integración de averiguaciones previas por la violación sexual de mujeres, son objeto de un sinnúmero de retrasos, obstáculos y regateos. En cambio, únicamente 23 policías de bajo rango son consignados por un solo cargo, no grave, por lo que son liberados inmediatamente bajo fianza

A  nivel internacional, la Otra Campaña, sí ha tenido mayores repercusiones en su exigencia de libertad a los presos y justicia a la violación de derechos en Atenco. Así, por un lado, prestigiados organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, efectuaron intensas investigaciones y denuncias internacionales al respecto. Por otro, la Comisión Civil de Observación Internacional de los Derechos Humanos (CCOIDH) emitió un informe preliminar –la versión final será presentado ante el Parlamento Europeo y ante Comisión de Derechos Humanos de la ONU- cuyas conclusiones señalan la violación de los derechos más elementales ejercida contra población civil de Atenco, considerando por ello, que todos los altos mandos policíacos, encabezados por el vicealmirante Wilfrido Robledo, deben ser cesados, y en contraparte, liberados todos los detenidos, con base en el principio de presunción de inocencia.

En cuanto a conflictos sociales y derechos violados en Chiapas, en junio repite una vez más la zona del Stan como la de mayor incidencia en estos aspectos, consignándose que, además de todos los derechos humanos, políticos y civiles que se han venido denunciando en los informes anteriores, se les ha violado también a la población damnificado, derechos contenidos en los “Principios Rectores para Desplazados Internos” de la ONU, el cual aplica y les otorga dicho estatus, a desplazados por desastres naturales y no sólo por guerras. Es de señalarse que, a raíz de las cada vez más fuertes movilizaciones de inconformidad de la población, sumado a la amplia difusión estatal, nacional e internacional que se le ha venido dando al caso en los últimos dos meses, y sin duda, a la cercanía de las elecciones presidenciales, los gobiernos federal y estatal, aceleraron la liberación cuantiosa de recursos y la realización de  acciones, tanto para la reconstrucción de infraestructura social, como para el desazolve de ríos, lo que hizo disminuir en este período las movilizaciones de protesta.

Sobresalen igualmente en este mes, las violaciones a los derechos económicos y sociales de pueblos enteros, efectuadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al llevar a cabo cortes masivos indiscriminados, contra municipios y comunidades de las regiones Altos y Centro. Por otra parte, resalta el hecho de que diversas organizaciones sociales indígenas de Los Altos, Selva Cañadas y Selva Norte, se han manifestado a favor de la abstención, por su decepción hacia todos los partidos. Mientras, en San Cristóbal de Las Casas se dan otros dos nuevos actos de intimidación y hostigamiento contra activistas y difusores de derechos humanos.

Es de llamar la atención cómo el incremento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico, que continuó presentándose en junio en la zona de Palenque/Catazajá, ha hecho que, en círculos policíacos federales, se hable ya de la existencia de un “Cártel de Palenque”.

Finalmente, diferentes hechos y datos ocurridos y  dados a la luz pública en este mes, brindan  elementos que apuntan a caracterizar la inminente elección federal como una inequitativa  elección de Estado, apoyada en actos que podrían llegar a considerarse como una ilegal campaña, ejercida desde el poder, en contra del principal candidato opositor al partido en el gobierno, se estaría violando uno de los Principios básicos que sustentan los derechos civiles y políticos de los pueblos y de los ciudadanos de de México, contenidos en el Pacto de la ONU: el derecho fundamental a ejercer el voto, sin ser objetos –directa o indirectamente- de ningún tipo de coerción, inducción o intimidación.