DESALOJOS EN “MONTES AZULES”

La conservación de la biodiversidad ¿con o contra los pueblos?

Apuntes históricos para entender el presente y pensar el futuro.

La Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA) tiene una superficie de 331,200 hectáreas, y está ubicada en el corazón de la Selva Lacandona (ver mapa). Esta reserva se creó en 1978, superponiéndose (en un 75%) a la denominada “Zona Lacandona” (614,321 hectáreas.), un territorio propiedad de los lacandones. Este grupo étnico asentado en la Selva Lacandona no tiene relación cultural ni social con los habitantes autóctonos de la selva, denominados con ese mismo nombre, y que fueron aniquilados en la primera mitad del siglo XVIII. Los actuales son descendientes de indígenas mayas que llegaron desde el Petén y Campeche en el siglo XVII, denominados también –caribes-.

A pesar de ello, el gobierno de Luís Echeverría, por medio de un decreto presidencial en el año 1972 concedió a 66 familias lacandonas más de 600,000 hectáreas, sin tener en cuenta a los 26 poblados tzeltales y ch’oles asentados en la misma región desde los años 50 y 60 como consecuencia del reparto agrario. Es decir, el propio gobierno había venido impulsando la ocupación de tierras para satisfacer las demandas agrarias de las comunidades, evitando que los terratenientes se vieran afectados por el reparto agrario.

Las imparables solicitudes de tierra llevaron a gobiernos posteriores a legalizar ejidos no lacandones ubicados tanto dentro de la zona lacandona como dentro de la RIBMA.

Desde posiciones gubernamentales, antropológicas y hasta turísticas se reforzó la imagen de los lacandones como descendientes de los originarios habitantes de la Selva y por tanto, con legitimidad para ser ‘propietarios verdaderos’ de la misma. Y a través de esta ‘mitificación’ el gobierno se aseguró el apoyo de los lacandones durante décadas. De hecho, en 1974 se creó por decreto presidencial la Compañía Forestal de la Lacandona, S.A. (COFOLASA) con el objetivo de controlar la explotación forestal, frenando el avance de las empresas privadas madereras.

Por tanto, este paraíso natural está habitado desde hace décadas. Pueblos indígenas han cohabitado junto a la flora y la fauna del lugar, y han desarrollado técnicas para su aprovechamiento medicinal. Esto les convierte también en un elemento de disputa, porque ellos tienen el conocimiento tradicional sobre la diversidad natural que les rodea.

En el año 1994 aparece un factor geopolítico y social nuevo: surgen los municipios autónomos (ver mapa en CIEPAC), territorios controlados y gobernados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Precisamente, en la Selva Lacandona se asientan los bastiones más organizados del EZLN. La guerra de baja intensidad implementada mediante la militarización de la región y la formación de grupos paramilitares, llevó a muchas comunidades a desplazarse hacia el territorio de la RIBMA y de la Zona Lacandona.

Chiapas: Una tierra privilegiada y......codiciada

La posición geoestratégica de Chiapas lo ha convertido en un territorio con una gran cantidad de recursos naturales: minerales, hidrocarburos, genéticos e hidrológicos. Como señalaba el historiador Andrés Aubry (La Jornada, 30/3/02), durante el proceso geológico que dio lugar a la actual conformación de nuestro planeta, “Chiapas se convierte en la bisagra que articula las dos Américas, su posición ístmica lo permea a los vientos de dos océanos con intercambios benéficos, y su situación geográfica le da una posición estratégica (ecológica y bióticamente hablando) entre hemisferios. Así se explica la diversidad prodigiosa de los recursos del corredor biológico ahora conformado: como tiene una ubicación céntrica en el planeta, próxima al Ecuador, los vientos dominantes (los alisios) convergen hacia Chiapas soplando desde el noreste (naciendo en las Azores) hacia Palenque, y desde el sureste (naciendo en Amazonia y Colombia) hacia Tapachula, pero se atoran al chocar contra sus montañas, creando la humedad necesaria a sus selvas que hacen de esponja para almacenar su riqueza acuífera; son el mejor caldo de cultivo biótico para la diversidad vegetal que invita a una fauna variada”.

En este mismo sentido, miembros del Consejo de Organizaciones de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales de Chiapas - COMPITCH (organización que defiende la biodiversidad existente en los territorios indios, y en 2001 logró la cancelación de un proyecto de biopiratería), afirman que en este territorio pueden encontrarse variedades naturales que en cualquier otro lugar del planeta sólo existen en estado fósil. Los lagos existentes en la RIBMA proceden del mar, son ‘pedazos’ de océano, y por tanto, también contienen toda la riqueza bacteriológica propia de los fondos marinos.

La madera de la Selva Lacandona, explotada durante décadas, ha dejado de ser el recurso más codiciado. En plena era del desarrollo bacteriológico, la biodiversidad se vuelve el recurso en el que ponen los ojos las grandes multinacionales de la biotecnología.

Desde los argumentos del ‘conservacionismo ambiental’ se reclama el desalojo de los pueblos que habitan reservas naturales, como en el caso de Montes Azules, afirmando el carácter de “bienes de la humanidad” de los recursos naturales y acusándoles de destruir “nuestros bosques” debido a la tala y a la tradicional forma de trabajar la tierra con la técnica de la ‘tumba, roza y quema’.

Para la organización Maderas del Pueblo del Sureste, el caso de la reserva Montes Azules es un ejemplo del fracaso de la política “conservacionista” de las áreas naturales en México que, a su vez, enmascara numerosos intereses económicos particulares.

El Titular de la Procuraduría Federal de Protección Ambiente (PROFEPA), Ignacio Campillo García, declaró que el Ejército mexicano combatirá el crimen organizado y brindará seguridad a posibles inversionistas. El funcionario señaló que existen nueve zonas de “alta ingobernabilidad”, y afirmó que, mientras ésta no se elimine, no podrá llegar la inversión privada a estas zonas. Entre ellas, mencionó a “Chimalapas” (en los estados de Oaxaca y Chiapas) y “Montes Azules” (Chiapas), considerándolas “regiones de mayor prioridad para reinstaurar en ellas el orden y el estado de derecho” (El Universal, 25/12/01)

Las organizaciones como Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones- Independiente y Democrática (ARIC-ID), el EZLN o Xi’nich proponen otro tipo de manejo de los recursos naturales, y otra forma de coexistir con la diversidad natural, para no seguir destruyendo el medio ambiente que nutre la vida.

Precisamente, los miembros de la ARIC-ID (organización a la que pertenecen algunas de las comunidades amenazadas de desalojo) se pronunciaron en noviembre de 2001, rechazando ser catalogados de “invasores agrarios” o de “destructores”; allí informaron del Acuerdo adoptado desde mayo del 2001 en el Foro por la defensa de la vida, la tierra y los recursos naturales en el que se comprometían a “no tumbar, no quemar, dejar de usar agroquímicos y convertirnos en guardianes de la Reserva”.

En el pronunciamiento la ARIC-ID también apuesta por el diálogo y la negociación, y se muestra dispuesta a “buscar una solución agraria y ecológica definitiva, en beneficio de la conservación de las montañas de los Montes Azules, pero respetando plenamente nuestros derechos indígenas y con nuestra participación directa” (Comunicado de la ARIC-ID, el 30 de noviembre de 2001)

La sombra del “desarrollo” neoliberal

A los proyectos de bio-prospección que amenazan la reserva de Montes Azules, se debe añadir que parte de la región se verá afectada por el denominado Plan Puebla-Panamá (PPP). Este plan multisectorial abarca la región comprendida entre el estado de Puebla (México) y Panamá, es decir, todo el sur de México y toda Centroamérica. Apunta a crear las condiciones necesarias de infraestructura para implantar otro proyecto económico más ambicioso, que convertiría a todo el continente americano en una zona de libre comercio según el modelo de la globalización neoliberal: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). (consultar www.ciepac.org)

Para los gobiernos estatal y federal , el PPP es sínónimo de desarrollo y de modernidad, y será la solución a la situación de pobreza y marginación en que se encuentran Chiapas y los otros estados del sur mexicano.

En opinión del politólogo norteamericano James Petras, este plan significaría una mayor subordinación nacional a los intereses de los Estados Unidos y de sus socios capitalistas de Asia, Europa y Canadá, gracias a la mano de obra barata mexicana y centroamericana (La Jornada, 9/05/02)

Para el Subcomandante Marcos, el objetivo de este proyecto sería extender el concepto geoestratégico de America Central desde la frontera sur de Panamá hasta la ciudad de Puebla y el istmo de Tehuantepec. Considera que es una forma de poner bajo control una zona de migración, para poder dosificar el acceso de los pobres a los países del Norte desarrollado ( en este caso, los USA).

A los intereses económicos actuales se unen, por tanto, décadas de colonización y deforestación acompañadas por una política oficial contradictoria y populista, en ocasiones contraproducente. El gobierno pensaba que con la creación de la reserva y del latifundio lacandón se pararían los asentamientos, sin darse cuenta de la imprudencia de esta decisión que, por el contrario, aumentó las disputas de tierra entre los mismos habitantes del “Desierto de la Soledad” (como denominaban los monteros al actual territorio de la Selva Lacandona durante el siglo XIX).

Crónica de los desalojos anunciados

El 25 de marzo de 2002, las autoridades del municipio autónomo zapatista “Ricardo Flores Magón” denunciaban la intención del gobierno federal y del estatal de desalojar y reubicar parte de sus comunidades asentadas en el territorio de la RIBMA (ver www.enlacecivil.org.mx)

La decisión gubernamental está motivada por las demandas penales interpuestas por los lacandones contra el resto de las comunidades que consideran dentro de su territorio. Ante ello Más de treinta comunidades afectadas solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. Esta organización ha señalado que la denuncia lacandona está apoyada por multinacionales como Conservation International, McDonald’s, Exxon, Ford, Intel y el Grupo Pulsar ( Proceso Sur, Nº 56)

Este conflicto dio origen a la creación, en septiembre de 2001, de la "Mesa ambiental para dirimir la denuncia de despojo y daños ecológicos y la posible reubicación-indemnización convenida con los asentamientos”, presidida por el gobernador de Chiapas. Esta mesa interinstitucional establecida para coordinar al gobierno estatal y federal, anunció durante el año 2002 el desalojo y la reubicación de algunas comunidades.

En diciembre del pasado año se produjo el primer desalojo “pacífico y negociado” de cinco familias pertenecientes a la comunidad Lucio Cabañas. Tras el mismo, las familias fueron llevadas a un albergue de Comitán. El 9 de mayo anunciaron e invitaron a las ONGs a tomar posesión de las tierras ofrecidas por el gobierno. Finalmente, no se llevó a cabo la reubicación. Cansados de esperar han decidido abandonar Comitán y desplazarse a la región de Marqués de Comillas donde residen algunos de sus familiares.

No obstante, la movilización pública y la solidaridad a nivel nacional e internacional frenó la operación de desalojo del resto de los poblados en los meses siguientes.

Ante este primer operativo, el EZLN afirmó que no permitiría el desalojo de ningún poblado ubicado en Montes Azules: “Hemos hablado con los representantes de esos poblados zapatistas y con las autoridades de los municipios autónomos que les corresponden. Ellos nos han comunicado su decisión de mantenerse ahí, aún a costa de su propia vida, mientras no se solucionen las demandas zapatistas (Comunicado del EZLN del 29/12/03, publicado en La Jornada, 30/12/03. También en: www.ezln.org).

La tensión en la zona aumentó en abril del 2003 cuando autoridades lacandonas de Lacanjá-Chansayab, acompañadas por ch’oles de Frontera Corozal y tzeltales de Nueva Palestina llegaron a las comunidades zapatistas Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro (al sur de la RIBMA), armados y acompañados de funcionarios de la PROFEPA, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP) y de la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), amenazando con desalojar a sus habitantes y arguyendo que ellos son los “legítimos” propietarios de la Selva. ( LaJornada, 14/04/03. Sobre los distintos intentos de desalojo en las comunidades de Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro puede consultarse http://chiapas.mediosindependientes.org)

Cabe recordar que Frontera Corozal y Nueva Palestina están conformadas por ch’oles y tzeltales que habitaban el territorio decretado en 1972 como “Zona Lacandona” antes de su constitución como tal. El creciente descontento de las mismas hizo que el gobierno reconociera sus derechos sobre los bienes comunales ya reconocidos a los lacandones en 1979. Por ello, también se consideran ‘verdaderos propietarios’ de la Selva junto a los lacandones. Las autoridades de Frontera Corozal han amenazado a parteras de la misma comunidad que se muestran contrarias al desalojo.

Posteriormente al incidente se organizó una caravana de observación civil para conocer in situ la situación. En la actualidad, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha establecido dos campamentos permanentes de observadores en ambas comunidades zapatistas.

La Red de Defensores reafirmó su convicción de que "sólo una salida negociada y pacífica y la voluntad de los gobiernos federal y estatal pueden resolver el conflicto con pleno respeto a los derechos humanos e indígenas de los involucrados". (Boletín de Prensa del 13/04/03.)

Por su parte, la ARIC-ID se pronunció en Ocosingo contra los desalojos en Montes Azules y las amenazas contra sus dirigentes, y expresó su rechazo a los "agentes de empresas nacionales y trasnacionales que quieren patentar la riqueza biológica de la selva" (La Jornada, 14/04/03.)

Durante el Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización celebrado en San Cristóbal de Las Casas (del 6 al 9 de mayo) dos representantes de las comunidades de Nuevo San Rafael y Nuevo San Isidro, fueron invitados a participar en una mesa para explicar la situación en la que se encuentran. Ello les permitió desenmascarar los intereses económicos y contrainsurgentes que se encuentran disfrazados por el discurso ambientalista defendido por los lacandones y los comuneros de Frontera Corozal y Nueva Palestina, así como por el discurso conservacionista internacional.

Ese mismo día, el gobierno estatal y dirigentes lacandones pactaron una tregua para no realizar desalojos de comunidades en la RIBMA. Las autoridades estatales se comprometieron a beneficiar a los integrantes de la etnia con diversos apoyos económicos y de desarrollo, entre ellos su participación en el Programa de Manejo de la Reserva Lacantún, mientras que los lacandones suspenderán sus intentos de expulsar de la región a otros grupos indígenas. (La Jornada, 08/05/03. )

Perspectivas inciertas

Es necesario no considerar la Selva Lacandona sólo como un espacio natural a proteger y salvaguardar, sino también como el refugio de supervivencia, durante décadas, de comunidades indígenas que migraron hacia ella en búsqueda de tierras, o en años más recientes, huyendo de la violencia paramilitar desatada en otras zonas chiapanecas. Por ello, la Selva se ha convertido en lugar de encuentro entre la diversidad de etnias chiapanecas, y a su vez, de surgimiento de proyectos políticos-sociales como el neozapatismo.

Es imprescindible tener en cuenta este factor en un país como México, en el que una gran parte de la población rural subsiste gracias al campo, y sin olvidar la importancia cultural que el territorio representa para los pueblos indígenas.

Este conflicto en Montes Azules lleva a replantearse las causas estructurales que provocaron el levantamiento de las comunidades zapatistas en 1994, y más allá, las demandas por las cuales hoy en día se mantienen en resistencia frente a los gobiernos federal y estatal. De hecho, no debemos olvidar que gran parte de las comunidades que pretenden desalojarse de la RIBMA son bases de apoyo zapatistas; por ello muchos analistas coinciden en señalar que los desalojos anunciados tienen, además de los intereses económicos mencionados, un fin claramente contrainsurgente, lo que explicaría en buena medida la fuerte presencia militar en la región.

Reconociendo la complejidad de la realidad sociopolítica de la Selva Lacandona, la solución a este conflicto demanda, ante todo, el respeto de los derechos humanos reconocidos en textos internacionales, que son condición necesaria para reconstruir la paz en la región, así como para evitar una radicalización de las posturas de los actores implicados, que pudiera llevar a un desenlace violento. Y para ello debemos evitar la simplificación de este conflicto como una rivalidad interétnica.

En ese sentido, la opción del desalojo, aun por razones ambientalistas, no es respetuosa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT (Convenio internacional sobre los “Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” ratificado por México en 1989, y en vigor desde 1991).

En dicho texto se establece que los pueblos indios “deberán tener derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural” (art.7). Se establece también el derecho a la propiedad y posesión de las tierras (que incluye “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos ocupan y utilizan de cualquier manera”), y el derecho a los recursos naturales existentes en ellas. Aun en los casos en los que la propiedad de éstos corresponda al Estado, se prevé la obligación de consultar a los pueblos originarios para indagar si sus intereses pueden verse afectados; y en todo caso, tienen derecho a participar de los beneficios que reporten esas actividades (arts. 14 y 15). El documento prohibe que los pueblos indios sean desplazados de las tierras que ocupan, estableciendo que si excepcionalmente ello fuera necesario, se requeriría el consentimiento libre y con conocimiento de causa de los pueblos afectados (art.16). Este Convenio inspiró los incumplidos Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas.

SIPAZ considera necesario tomar medidas para proteger y preservar los recursos naturales (ya se trate de los bosques, de la biodiversidad, del agua o de los hidrocarburos); pero por lo mismo, ningún discurso conservacionista debe ser usado para enmascarar intereses privados que buscan apropiarse de esos ‘bienes de la humanidad’ con fines mercantilistas.

Más aun, cuando esos recursos se encuentran en territorios habitados por pueblos indígenas, debe respetarse la autonomía de dichos pueblos, así como permitir y favorecer la recuperación de técnicas que les faciliten la preservación y coexistencia con la riqueza natural en la que habitan.

En un contexto de conflicto de larga duración como el que se vive en Chiapas, es necesario promover un diálogo serio y profundo sobre la participación de los pueblos indígenas en la protección y usufructo de las riquezas naturales. Por el contrario, la privatización de las mismas conllevaría una mayor injusticia social, un aumento de los desplazamientos internos, y un recrudecimiento de los conflictos interétnicos, cuya radicalización puede quedar fuera del control de los gobiernos estatal y federal.

El respeto a la diversidad biológica debe ir de la mano del respeto a la diversidad cultural, como único camino hacia una paz justa y sustentable. Por eso es insoslayable reconocer los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, plasmados en el mencionado Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés, cuyo cumplimiento continúan reclamando.

BIBLIOGRAFÍA

- AUBRY, Andrés, “El PPP (una información geográfica del país no divulgada)”

- DE VOS, Jan “El Lacandón: una introducción histórica” en VIQUERA, Juan Pedro y RUZ, Mario Humberto (ed.) Chiapas: los rumbos de otra historia, México, UNAM, CIESAS, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, 1998, PP.331 a 361.

- MADERAS DEL PUEBLO DEL SURESTE, A.C. “ El Caso de la Reserva Montes Azules en la Selva Lacandona. Un ejemplo del reiterado fracaso de la política “conservacionista” de las áreas naturales en México y de los intereses creados que se esconden detrás de ello (Apunte cuasi sintético)”,

- RAMONET, Ignacio. Marcos. La dignidad rebelde. Cybermonde, s.l., Valencia, 2001, pp.55 y 57