| San Salvador Atenco un año después:
Impunidad para las autoridades y criminalización de la protesta social
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 sucedió un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y cuerpos de policía en el municipio de Atenco, estado de México, que dejó el siguiente saldo: detención de 207 personas, muerte de dos civiles, decenas de heridos (tanto entre los manifestantes como entre los policías), 5 extranjer@s expulsad@s del país, torturas, cateos ilegales de domicilios y abusos sexuales a al menos 27 mujeres. Las numerosas y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el operativo policial provocaron preocupación y rechazo tanto en México como en la comunidad internacional, y protagonizaron la vida política del país durante semanas.
Un año después, siguen los motivos para la preocupación. Pese a que incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y varios jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han reconocido violaciones a los derechos humanos, la impunidad entre las autoridades responsables y los agentes de policía implicados es casi absoluta: sólo 21 agentes han sido procesados, y únicamente por delitos menores. Diversos procedimientos internos han concluido con meras sanciones administrativas(1). Las investigaciones sobre las muertes de los jóvenes Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea no presentan mayores avances: nadie ha sido procesado por su homicidio. Primeros indicios respecto a las numerosas violaciones y abusos sexuales cometidos durante el traslado de las personas detenidas desde el lugar de detención hasta los penales, existe una sola condena por “actos libidinosos”(2). La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) ha criticado la impunidad existente por los numerosos delitos sexuales cometidos por agentes de la autoridad(3).
Al mismo tiempo, y aunque Amnistía Internacional y la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) denuncien serias irregularidades en el proceso, Ignacio del Valle Medina, Felipe Alvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, fueron sentenciados el 5 de mayo a 67 años y seis meses de prisión cada uno(4), al encontrarlos responsables de secuestro equiparado de funcionarios. Esta sentencia ha sido considerada como desmedida por diversos actores, que la interpretan como un paso más en la criminalización de la protesta social por parte del Estado mexicano. A finales de abril, la Fundación Don Sergio Méndez Arceo y más de 40 ONGs habían concedido el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” a Ignacio del Valle y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en reconocimiento a su “justa lucha” y con el fin de denunciar las torturas que ha sufrido y su injusto encarcelamiento.
Por otro lado, de las 207 personas detenidas en mayo de 2006 165 enfrentan todavía procesos penales y 24 siguen en prisión preventiva, pese a haber cumplido ya un año en prisión sin sentencia, máximo fijado por la Constitución mexicana. Una de estas personas presas es Magdalena Garcia Duran, indígena mazahua, cuya detención es “motivada políticamente y totalmente injustificada” según denuncia Amnistía Internacional, que la considera por tanto “presa de conciencia”.
SIPAZ se suma a la preocupación expresada ya por los organismos de derechos humanos ante la extrema gravedad de los hechos, que parecen confirmar la perpetuidad de la impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos en México y la tendencia a criminalizar la lucha social.
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NOTAS:
- Suspensiones temporales de empleo y salario
- Delito sexual menor que el de “violación”; ésta incluiría conductas más graves como la penetración o la introducción de cualquier objeto por vía anal o vaginal
- Ver comunicado de prensa de la Organización Mundial Contra la Tortura
- El procurador de justicia del Estado de México, Abel Villicaña Estrada, anunció el 8 de mayo que recurrirá la sentencia por no ajustarse a la peligrosidad de los procesados. Pedirá una pena de 90 años, 45 por cada uno de los secuestros
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