El 1º de enero de 1994, el EZLN declara la guerra al gobierno federal y a su ejército y llega a ocupar varias cabeceras del estado de Chiapas, entre ellas San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano y Ocosingo. Sus principales demandas eran "trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz" (Primera declaración de la Selva Lacandona). Explica que optó por la vía armada frente a los pocos resultados de las protestas pacíficas.

Después de 12 días de guerra cuyo balance de muertos varía entre 145 (versión gubernamental) y 1000 (versión zapatista), el gobierno decreta un cese del fuego unilateral bajo la presión de la sociedad civil nacional e internacional, y se entabla un primer diálogo con el EZLN en la Catedral de San Cristóbal de Las Casas, bajo la mediación de su obispo, Samuel Ruiz. Como prueba de su buena voluntad, el gobierno libera a los presos zapatistas y el EZLN entrega su único rehén, el General Absalón Domínguez, ex-gobernador de Chiapas.

En junio, después de un amplio proceso de consulta con sus bases, el EZLN rechaza las propuestas del gobierno nacidas del diálogo de la Catedral (por el 98% de los votantes) por no responder a sus demandas. Decide mantener el cese al fuego y abrir un diálogo con la sociedad civil. A través de la Segunda Declaración de la Selva Lacandona, convoca a la Convención Nacional Democrática, que se realiza en agosto con la participación de 6000 representantes de organizaciones populares de todo México.

Por otro lado, el gobierno federal no parece dispuesto a dialogar más a fondo con un movimiento rebelde cuya influencia busca minimizar o ignorar. Para obligar el gobierno a tomarlos en serio, el 19 de diciembre, los zapatistas rompen el cerco impuesto por el ejército federal y toman sin derramamiento de sangre 38 cabeceras municipales, declarándolas municipios autónomos y rebeldes. El conflicto de Chiapas se ve como una piedra en el zapato del gobierno tanto más cuanto que estamos en un año electoral (para la presidencia de la República) y la situación económica es cada vez más alarmante. Al finalizar el año, en medio de rumores y temores de inestabilidad, estalla en México una de las crisis financieras más graves de su historia reciente.

En enero, se realiza una reunión entre la Comandancia general zapatista y el entonces Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Se fija la fecha de la siguiente reunión: el 9 de febrero.

En lugar de los representantes gubernamentales, llega el ejército mexicano en una amplia ofensiva militar. Sin embargo, no logran encontrar a los altos mandos zapatistas que pretendían arrestar. Para algunos, eso es un error de cálculo por parte del gobierno al seguir considerando al EZLN como un movimiento de indígenas manipulados y que desaparecería al descabezarlo. Los zapatistas no responden a la provocación. Sin embargo, el ejército mexicano logra instalarse en un gran número de comunidades.

En marzo, el Congreso aprueba la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas". Dicho texto plantea la reanudación de los diálogos de paz, la suspensión de los operativos militares en contra del EZLN y la suspensión de las ordenes de aprensión lanzadas en contra de sus supuestos líderes. Una Comisión integrada por legisladores de todos los partidos representados en el Congreso, la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) es conformada para facilitar las negociaciones.

Se realiza un primer encuentro entre los zapatistas, la CONAI y la delegación gubernamental en el ejido de San Miguel, municipio de Ocosingo. La negociación se prolongará durante meses, con múltiples interrupciones, en un poblado de Los Altos de Chiapas, San Andrés Larráinzar, que los zapatistas rebautizaron con el nombre de Sacamch'en de los Pobres. Las negociaciones debían realizarse en seis mesas de trabajo: Mesa 1: Derechos y Culturas Indígenas, Mesa 2: Democracia y Justicia, Mesa 3: Bienestar y Desarrollo, Mesa 4: Conciliación en Chiapas, Mesa 5: Derechos de la Mujer, Mesa 6: Cese de hostilidades.

En agosto y septiembre, el EZLN lanza una consulta nacional e internacional para definir el destino de su lucha. Más de un millón de personas responden, la mayoría apoyando la transformación del EZLN en una fuerza política de nuevo tipo. Desde los primeros días que siguieron el alzamiento, los zapatistas han empezado un diálogo abierto con la sociedad civil a todos los niveles, lo cual ha sido y sigue siendo una de sus mayores fortalezas y protección.

A principios de enero, el EZLN anuncia la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), nueva fuerza política no partidaria, independiente y pacífica (Cuarta Declaración de la Selva Lacandona). También, un Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN atrae a más de 300 representantes indígenas de por lo menos 35 pueblos indios. Los participantes acuerdan convocar a la conformación del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El 16 de febrero, se firman los Acuerdos de San Andrés que contienen los resultados de las negociaciones sobre el tema de Derechos y Cultura Indígena (Mesa 1). En marzo, se abre la segunda mesa sobre Democracia y Justicia. La delegación gubernamental casi no participa. Quiere evitar que el tema cobre una amplitud nacional o constitucional como en el caso de la mesa anterior. Mientras tanto la represión aumenta en todo el estado: arresto de presuntos zapatistas, acciones de grupos paramilitares (Chinchulines y Paz y Justicia), militarización persistente, dificultando aún más las negociaciones.

En septiembre, el EZLN decide retirarse de las negociaciones hasta tanto no se cumplan las condiciones estimadas necesarias para la credibilidad del proceso: liberación de todos los presuntos zapatistas, una comisión gubernamental con capacidad de decisión política y que respete a la delegación zapatista, la instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER), propuestas serias y concretas para la Mesa de ‘Democracia y Justicia’, y el fin del clima de persecución militar y policíaca contra las comunidades indígenas.

En noviembre, las partes acuerdan que la COCOPA preparará una iniciativa de ley para integrar los acuerdos ya firmados en la Constitución. El entendimiento es que las partes aceptarán la iniciativa por completo, sin ninguna observación o corrección, o la rechazarán. En diciembre de 1996, el EZLN acepta la iniciativa; el gobierno a cambio plantea modificaciones que cambian de manera sustantiva la propuesta de la COCOPA.

En enero, el EZLN acusa al gobierno de haber roto el procedimiento al presentar una contrapropuesta. Se niega a reiniciar las negociaciones antes de que se cumplan sus condiciones. Durante todo el año, el EZLN organiza grandes manifestaciones para presionar al gobierno a que implemente los Acuerdos de San Andrés, la más espectacular siendo la marcha de los 1111 zapatistas a la Ciudad de México. Dichas manifestaciones no tienen éxito: el gobierno parece haber optado por dejar "pudrir" la situación. La conflictividad tiene cada vez más características de una guerra de baja intensidad en la cual este último buscaría:

• confundir a la opinión pública a nivel nacional e internacional (discursos de paz, trabajo social del Ejército, limitación de los enfrentamientos de ejército a ejército, rumores, usos de los medios masivos de comunicación, limitación de las posibilidades de observación internacional, etc.);
• mantener un cordón informativo, militar y paramilitar de las comunidades disidentes;
• atemorizar a la población civil, posibles bases de apoyo del EZLN a través de acciones selectivas y "ejemplares" y apostar a que eso impedirá un mayor "contagio" de la insurgencia a otras partes de la sociedad y del país;
• "dividir para reinar" y polarizar a nivel inter e intra comunitario, o a través de acciones de represión e intimidaciones en contra de las organizaciones sociales

El gobierno parece apostar a que el EZLN va a perder su legitimidad en esta guerra prolongada de desgaste que tiene dimensiones políticas, militares, económicas, jurídicas e informativas. Paralelamente, la CONAI y la diócesis de San Cristóbal son objetos de campañas de difamación y críticas.

Una onda de violencia se desencadena en todo el estado: de la zona Norte (múltiples acciones del grupo Paz y Justicia y un atentado en contra de los obispos de San Cristóbal) a Chenalhó, culminando en Acteal con la masacre de 45 personas. Aumenta significadamente el número de desplazados: alrededor de 4000 en la zona Norte y más o menos 10.000 en los Altos.

En 1998, se exacerba aún más el desfase entre los discursos de paz y las políticas de fuerza implementadas por el gobierno. El proceso de paz parece definitivamente estancado cuando se multiplican propuestas de reforma constitucional sobre Derechos y Cultura Indígena: una del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el partido en aquel entonces en el poder con una iniciativa que respaldará el Presidente Zedillo y otra del Partido de Acción Nacional (PAN). De esa manera, las posibilidades de que el texto de la COCOPA (texto aceptado por el EZLN) sea considerado por el Congreso de la Unión se alejan. Frente a este estancamiento, la CONAI se disuelve (junio) . El Obispo Samuel Ruiz explica que se tomó esta decisión ante los ataques gubernamentales contra él, la Diócesis de San Cristóbal y la CONAI. La COCOPA difícilmente logra suplir sus funciones y tampoco jugar un papel muy significativo cuando es una estructura a veces limitada o paralizada por intereses partidarios.

Mientras tanto, la militarización sigue siendo muy alta: la CONAI y las organizaciones de derechos humanos hablan de más de 70.000 soldados, la tercera parte de las fuerzas armadas mexicanas (la cifra puede haber sido menor sin quitarle su desproporción al hecho). Se multiplican los operativos policiaco-militares de gran amplitud en contra de los municipios autónomos zapatistas (Flores Magón en abril, Tierra y Libertad en mayo, Nicolás Ruiz y San Juan de la Libertad en junio). El pretexto para entrar, si bien tiene un fundamento legal, llevó a la detención de decenas de personas (lo cual es contrario a la Ley para el Diálogo). Los zapatistas respondieron en forma violenta nada más en un caso (San Juan de la Libertad, municipio de El Bosque), con un saldo de 8 muertos.

A nivel del estado, el nuevo gobernador, Albores Guillen lanza una gran ofensiva para restablecer "el Estado de Derecho" a través de diferentes campañas: Acuerdo estatal para la Reconciliación en Chiapas, plan de remunicipalización y ley de 'Amnistía y Desarme de los Grupos Civiles en el Estado de Chiapas'. Dichas iniciativas son criticadas severamente por la oposición ya que no toman en cuenta al EZLN y pueden llegar a provocar más divisiones.

Frente a estas ofensivas jurídicas, militares y legales, el EZLN se queda silencioso durante varios meses antes de lanzarse en un nuevo esfuerzo de mayor diálogo con la sociedad civil. Anuncia una consulta nacional sobre la iniciativa de ley indígena que hizo la COCOPA con base a los acuerdos de San Andrés. Busca así romper con el cerco en el cual quiere mantenerle el gobierno que, desde el principio del conflicto, ha intentado "chiapanequizar" el problema.

Esta tendencia a regionalizar al máximo el conflicto se refuerza en 1999. El gobierno parece pretender resolver las causas del mismo al promover el desarrollo económico (ver 1994)... sin dialogar con los zapatistas. En un mismo afán, el gobernador, Roberto Albores Guillen, presenta su iniciativa de ley sobre Derechos y Cultura Indígena al Congreso del estado. La iniciativa es fuertemente criticada por partidos de oposición y organizaciones sociales ya que pasa por alto los Acuerdos de San Andrés y todo el proceso de consulta que permitió llegar a su elaboración. Pero mientras tanto, deja la impresión en algunos de que sí se está cumpliendo.

En marzo, el EZLN demuestra que sigue siendo un actor con el que hay que contar a través de la consulta nacional 'por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio' organizada conjuntamente con la sociedad civil. Participan más de 2,5 millones de ciudadanos mexicanos.

En respuesta, en la primavera, se lanzan varias campañas desde el gobierno de Chiapas para desacreditar a los zapatistas y sus simpatizantes: las primeras planas hicieron alarde de algunas entregas de armas de supuestos zapatistas. Resulta que ya no lo eran o nunca lo habían sido y que dichas entregas se dieron a cambio de apoyos económicos gubernamentales.

Las autoridades estatales y federales pretextan la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes y la protección de los habitantes que así lo pidieron para aumentar las incursiones militares y policíacas en las comunidades zapatistas.

Pero tanto a nivel nacional como internacional, y a pesar de sus palabras de buena voluntad, el gobierno ya no logra convencer. Lo más llamativo es la frecuencia de visitas de representantes de la ONU de cada vez más alto perfil, haciendo comentarios que retoman el tema de Chiapas o la impunidad de los grupos paramilitares.

El 30 de diciembre, el Vaticano anuncia el traslado del obispo coadyutor de San Cristóbal, Raúl Vera a Saltillo, en el Norte del país. El Obispo Samuel Ruiz había presentado su renuncia en noviembre, pero todavía no había sido aceptada. El traslado de Vera, que estaba por suceder a Ruiz y seguir con su línea diocesana, y la incertidumbre resultante, generan temores en los círculos cercanos, respecto al posible efecto sobre las perspectivas de paz.

Todo análisis sobre el año 2000 tiene que entenderse en un contexto electoral tanto a nivel estatal como federal. Las esperanzas de lograr avances significativos hacia la paz antes de que se terminara el periodo del presidente Zedillo parecían escasas de antemano. Las elecciones representan durante varios meses un elemento de incertidumbre e inestabilidad, especialmente en el explosivo contexto de Chiapas.

Las elecciones federales del 2 de julio marcan un cambio histórico para México. Luego de 71 años de gobierno sin interrupción, el PRI pierde la presidencia ante el líder de centro-derecha, Vicente Fox. A diferencia de lo previsto, no se dan muchas quejas por fraudes (aunque sí en las zonas rurales) y tanto el Presidente Zedillo como el candidato del PRI reconocen su victoria apenas unas horas después del anuncio de los resultados. El partido representado por Fox también obtiene el mayor número de escaños en la Cámara de diputados.

Semanas después, Pablo Salazar, candidato de una coalición de partidos de la oposición, es elegido gobernador de Chiapas el 20 de agosto, otro inesperado revés para el PRI que también dominó la política chiapaneca por décadas.

Los meses antes de la toma de posesión de los nuevos gobiernos (diciembre) resultan ser tiempos de latencia y transición , entre expectativas, debates y definiciones. En Chiapas, la tensión sube en más de una ocasión, en particular en octubre, a raíz de la detención de 11 personas de la Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF), una escisión de ‘Desarrollo, Paz y Justicia’, uno de los grupos acusados de ser paramilitares.

A partir de la toma de posesión del Presidente Fox en diciembre, se observa un cambio significativo en comparación con la administración anterior: coloca el tema de Chiapas en los primeros lugares de la agenda nacional y ordena el retiro de 53 retenes militares.

Después de meses de silencio y sin haber participado en las elecciones, los zapatistas realizan una conferencia de prensa reconociendo que los nuevos gobiernos podrían ser una nueva oportunidad para la paz. Piden tres señales para reanudar el diálogo: el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la liberación de los presos zapatistas y el cierre de siete bases militares ubicadas en el área de mayor influencia zapatista. Anuncian una Marcha a México D.F. para defender la propuesta de reforma constitucional redactada por la COCOPA en base a los Acuerdos de San Andrés.

Fox responde: presenta la iniciativa de ley de la COCOPA el 5 de diciembre y cierra paulatinamente varias posiciones militares. Este esfuerzo es correspondido por Pablo Salazar en Chiapas al liberar decenas de presos zapatistas.

En los primeros meses del año, el gobierno de Fox sigue cumpliendo con algunas de las señales pedidas por los zapatistas para reanudar el dialogo: liberación de presos zapatistas y retiro de algunas posiciones militares. En abril, el Ejército se repliega de las comunidades de Guadalupe Tepeyac, La Garrucha y Río Euseba, cumpliendo así con una de las tres condiciones.

A finales de febrero, los zapatistas realizan su Marcha al DF para defender ante el Congreso de la Unión la reforma sobre derechos indígenas elaborada por la COCOPA en 1996. Después de recoger un multitudinario apoyo popular en los doce estados por donde pasó la Marcha, el EZLN habla en la Cámara de Diputados en un momento esperanzador para el proceso de diálogo. Sin embargo, en abril, el Congreso de la Unión aprueba una ley sobre derechos y cultura indígena que el EZLN considera como una traición por no retomar partes importantes de los Acuerdos de San Andrés y de la ley COCOPA. La reforma aprobada, aunque representa un avance, restringe significativamente el concepto de autonomía indígena: no considera a las comunidades y pueblos indios como entidades de derecho público, ni reconoce sus derechos al territorio, al uso y disfrute de los recursos naturales, así como la asociación de comunidades y municipios. Después de este fracaso, el EZLN se repliega en el silencio de la Selva.

Los congresos estatales con mayor población indígena del país (Morelos, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Oaxaca) rechazan la ley indígena. Las organizaciones y comunidades indígenas, por su parte, presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 330 recursos constitucionales contra la reforma aprobada, y varias reclamaciones ante la OIT. A pesar de la polémica, dicha ley es promulgada en agosto.

En una gira por Europa, el presidente Fox declara: todo está en paz y tranquilidad en Chiapas . Menciona en este sentido el retorno de los desplazados. Ciertamente, entre agosto y diciembre, se realizan varios retornos de la Organización Civil Las Abejas. Sin embargo, Las Abejas afirman que su retorno fue forzado porque las condiciones de vida eran intolerables y se les había cortado la ayuda humanitaria. Denuncian que los grupos paramilitares siguen armados y que varios culpables de la masacre de Acteal siguen libres.

EL EZLN por otro lado se encuentra en resistencia , ejerciendo la autonomía por la vía de los hechos y rechazando toda asistencia de los gobiernos estatal y federal. Esto genera permanentes conflictos entre las bases zapatistas y otras organizaciones indígenas -antes aliadas- que aceptan los programas sociales y económicos gubernamentales.

Al final del año, el PRI vuelve a obtener la mayoría en el Congreso local y en los ayuntamientos.

En marzo se presenta el Plan oficial para el desarrollo de los pueblos indígenas, que deja de lado aspectos claves de la ley COCOPA y en cambio anuncia la implementación de programas gubernamentales. Los zapatistas y la mayoría de las organizaciones indígenas rechazan estas iniciativas, apostando a la construcción de la autonomía por la vía de los hechos, desde las bases de sus comunidades.

Hasta el final del año, el EZLN permanece en silencio, en protesta por la aprobación de la reforma constitucional sobre derechos indígenas. Tres procesos paralelos hubieran podido modificar ese escenario nuevamente estancado:

• A mediados de febrero, 168 diputados volvieron a presentar la ley COCOPA en el Congreso federal, "para reparar el error de haber aprobado (...) una reforma que no respondió a las demandas de los pueblos indígenas". Esta iniciativa no prosperó por la composición del poder Legislativo (sin cambios desde la aprobación de la ley y hasta mediados del 2003).
• En marzo, la OIT admitió las reclamaciones presentadas por sindicatos y organizaciones sociales contra la ley aprobada, y si bien una resolución desfavorable a la reforma no tendría carácter coercitivo, podría cuestionar aún más su legitimidad, además de constituir una sanción moral. Dicho proceso sigue pendiente.
• Finalmente, la expectativa más alta se tenía respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las más de 300 controversias constitucionales presentadas en contra de la ley. Se pronunció en septiembre, validando dicha ley.

A lo largo del año, la resistencia zapatista y la construcción de la autonomía se siguen dando en medio de tensiones inevitables con las autoridades locales oficiales, y con las organizaciones antes aliadas y hoy en disputa por el control territorial y político. Entre julio y agosto, Chiapas registra una preocupante escalada de violencia y varios dirigentes zapatistas civiles son asesinados en municipios autónomos ubicados en la zona Selva. Desde mediados de 2002, otro eje de tensión es la amenaza de desalojo violento de las comunidades asentadas en la Biosfera de los Montes Azules.

El primero de enero, más de 20 mil indígenas “toman” la ciudad de San Cristóbal. El EZLN rompe el silencio, condenando a los tres principales partidos políticos por haber traicionado el espíritu de los Acuerdos de San Andrés con la ley indígena aprobada. En los meses siguientes, da a conocer un “Calendario de la Resistencia”, 12 documentos en los que el subcomandante Marcos realiza una radiografía de las luchas que se dan en el resto de México (retomando la misma ruta que siguió la Marcha del Color de la Tierra).

En mayo, después de meses de tensión por las amenazas de desalojo, el gobierno del estado de Chiapas y dirigentes lacandones pactan una tregua para no realizar desalojos de comunidades en la reserva de la biosfera de Montes Azules. Si bien después de eso, no se registran hechos violentos, discursos contradictorios por parte de las distintas instancias gubernamentales contribuyen a mantener una alta tensión en la zona.

En julio, se registran hechos violentos durante las elecciones legislativas en zonas indígenas de Chiapas, principalmente en San Juan Cancuc, Zinacantán y Chenalhó. A nivel federal, se registra el mayor abstencionismo en la historia reciente del país.

Paralelamente, el EZLN anuncia una serie de cambios que se refieren a su funcionamiento interno y a su relación con la sociedad civil nacional e internacional (siete documentos que conforman la “Treceava Estela”). Para instaurar la autonomía establecida en los Acuerdos de San Andrés, en un acto celebrado en Oventik del 8 al 10 de agosto, la comandancia del EZLN anuncia la desaparición de los Aguascalientes, la creación de los caracoles y de las Juntas de Buen Gobierno. Cada una de las 5 Juntas de Buen Gobierno está formada por uno o dos delegados de cada uno de los Consejos Autónomos de dicha zona, abarcando así los 30 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. El proyecto zapatista aparece más que nunca como de resistencia más que militar y adopta una actitud proactiva de desobediencia civil al proponerse asumir de manera cada vez más explícita funciones de gobierno.

El EZLN anuncia también el retiro de los retenes así como de los cobros en carreteras y caminos bajo su control como gesto de buena voluntad hacia las comunidades no zapatistas. Sin embargo, el EZLN seguirá trabajando en la defensa de los municipios autónomos.

La creación de las JBG abre una etapa de recomposición de las relaciones tanto hacia dentro como hacia fuera de los territorios zapatistas. A pesar del mensaje conciliador hacia los no zapatistas, este reposicionamiento genera inconformidad por parte de algunos actores sociales, en particular en aspectos de definición territorial y de administración de la justicia, por la pluralidad existente en territorios “zapatistas”.

A nivel nacional, representantes del Congreso Nacional Indígena se comprometen a continuar el ejemplo de los zapatistas, promoviendo la autonomía indígena en todo el país, y defendiendo en la práctica los derechos de los pueblos indios.

Frente a este reposicionamiento, el discurso del gobierno oficial parece haberse dirigido a entender que las Juntas de Buen Gobierno pueden enmarcarse en la Constitución, gracias a la última reforma constitucional indígena que permite las autonomías indígenas.

A 20 años de la fundación del EZLN y casi 10 años del levantamiento armado de enero del ’94 en Chiapas, las perspectivas de reanudación de un proceso de negociación parecen cada vez más remotas cuando cada una de las partes se mueve en función de estrategias, tiempos e intereses claramente diferenciados.

Once años después del levantamiento armado zapatista, cabe reconocer que fuera de Chiapas, muchos piensan que el conflicto en este Estado se resolvió o se disolvió tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, las causas que le dieron origen permanecen pero ahora en un contexto de guerra ‘integral de desgaste’, en la que no existe una confrontación directa, sino estrategias militares, políticas y económicas que pretenden mermar la resistencia zapatista y que continúan generando conflictos a nivel comunitario.

El décimo aniversario del levantamiento zapatista marcó el inicio del año. La celebración dio lugar a diferentes análisis sobre lo caminado por los zapatistas durante esta década. En este sentido, se destacó la importancia de los neozapatistas en el derrocamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 71 años en el poder y en el fortalecimiento del movimiento indígena a nivel nacional. También se reafirmó el impacto de su lucha en el nacimiento del movimiento altermundialista, contrario al neoliberalismo y enfocado a la construcción de nuevas alternativas.

En la zona de conflicto, las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas han trabajado como gobiernos autónomos, creando un nuevo eslabón de carácter regional. Cabe destacar su labor en la mediación y resolución de conflictos comunitarios no sólo entre zapatistas, sino también entre no zapatistas. La conflictividad intra e inter comunitaria bajó significadamente, aunque la tensión se mantiene en particular por la constante presencia militar en la zona. El Centro de Análisis Políticos, Sociales y Económicos (CAPISE) publicó el Informe: "La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero" en el que se ubican 91 instalaciones militares, a la vez que se analiza el impacto de la presencia militar en el respeto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El mayor número de conflictos comunitarios se sigue dando alrededor de los servicios públicos como el agua, la luz o las obras, así como por la decisión de los zapatistas de mantener su propia organización autónoma paralela a la gubernamental. Durante todo el año, la resistencia contra el pago de la luz eléctrica ha generado uno de los mayores movimientos de desobediencia civil (no zapatista), a pesar del programa ‘Tarifa Vida Mejor’, a través del cual, el gobierno estatal pretendía poner fin a la resistencia. Por el contrario, aumentó el número de conflictos entre la población y la Comisión Federal de Electricidad, que ejecutó constantes cortes de luz y siguió subiendo las tarifas eléctricas.

En el mes de abril, en el municipio de Zinacantán (región de Los Altos), los zapatistas de la zona sufrieron la mayor agresión violenta padecida desde 1994. Miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cortaron el agua a zapatistas de la comunidad de Jechvó, como represalia por no haber contribuido con la cooperación económica ligada a cargos tradicionales en que los ‘zapatistas autónomos’ ya no participan. La violencia tuvo como saldo decenas de heridos y 125 familias desplazadas, que tras algunas semanas regresaron a sus hogares, aunque se mantenga la división entre ambos grupos.

La Reserva de la Biosfera Montes Azules representó un constante ‘foco rojo’ y una fuente de polémica. Se mantuvo la política conservacionista del gobierno, y su plan de desalojo de comunidades cuyo asentamiento es considerado ‘irregular’ (en su mayoría del EZLN y de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática-Unión de Uniones). ONG’s como Maderas del Pueblo del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han exigido en todo momento un análisis integral de la problemática medioambiental de la reserva sin olvidar los factores socio-económicos que llevaron a gente a habitarla en un primer momento.

En el octubre el EZLN anunció la ‘reconcentración’ de varias de sus comunidades asentadas en Montes Azules. Representa un reposicionamiento de las bases de apoyo zapatistas, dada la dispersión y lejanía de dichas comunidades con alguno de los Caracoles Zapatistas para beneficiar su organización y defensa.

Se inició la ejecución del "Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible de la Selva Lacandona" (PRODESIS), cofinanciado por el gobierno del estado (con 16 millones de Euros) y por la Unión Europea (15 millones). Destinado a las microrregiones que bordean Montes Azules, es presentado como un instrumento para erradicar la pobreza a través de la capacitación de los actores de la región, así como a través de la planificación e implementación de proyectos de desarrollo. El PRODESIS ha sido duramente cuestionado por ONG’s al representar un modelo conservacionista ejecutado desde arriba, sin la consulta previa de sus destinatarios.

A nivel estatal, se produjeron graves retrocesos en el respeto a las garantías individuales y al cumplimiento de los derechos humanos. En febrero se aprobó la denominada ‘Ley Mordaza’, que incrementó duramente las sanciones penales correspondientes a los delitos contra el honor, restringiendo la libertad de expresión e información. A esto se añadieron otras reformas legislativas que apuntan a mayor control social provocando un cierre de espacios de participación y de canales para protestas o para hacer denuncias, como la ley antimaras, la ley de bioterrorismo, la ley de fiscalización, etc. Por otro lado, se destituyó de su cargo al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, peligrando la autonomía de este organismo encargado de verificar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional, en su informe 2004, afirmó que los esfuerzos del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos son insuficientes. En diciembre, publicó el informe especial “Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetua la impunidad”, denunciando las detenciones arbitrarias y las torturas sufridas por manifestantes contrarios a la Cumbre de América Latina y de la Unión Europea celebrada en mayo en Guadalajara.

En septiembre, el Presidente Vicente Fox presentó su informe de gobierno anual, en medio de fuertes protestas por parte de la oposición en el Congreso y de movilizaciones de varios sectores sociales en las calles. De forma paralela, y con motivo del primer año de funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno, el EZLN emitió una serie de comunicados titulados “Leer un video”. Este informe de los gobiernos autónomos respondió a las críticas recibidas, y reconoció dos fallos importantes: la escasa participación de las mujeres en las Juntas y la influencia que la estructura político-militar zapatista sigue teniendo sobre la organización de los gobiernos autónomos civiles. Así mismo dio cuenta de los avances en cuestiones de salud, educación, alimentación, tierra, vivienda y de formas de autogobierno.

En octubre, se realizaron elecciones municipales en Chiapas. Las JBG zapatistas cumplieron con su promesa de respetar los trabajos de los órganos electorales. Con esta decisión se confirmó la opción de no confrontación del movimiento zapatista. Tras el proceso electoral se dio una recomposición del mapa político caracterizado por un desibujamiento de los partidos políticos a raíz del constante flujo de los mismos candidatos desde un partido al otro y por las polémicas alianzas a las que pueden haber llegado. El debilitamiento de la democracia partidista y el desprestigio de las autoridades ha sido creciente también a nivel nacional. La agenda de toda la clase política ya está enfocada en un contexto de disputa por las próximas elecciones presidenciales (2006). Frente a las luchas partidistas, en noviembre, fuerzas sociales impulsaron el Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia, con el objetivo de unir resistencias en contra del proyecto neoliberal.

En enero de 2005, en el marco de una visita a Chiapas, el Presidente Vicente Fox afirmó que el EZLN era un tema que “prácticamente está quedando ya en el pasado y todo el mundo está viendo adelante”. Estas palabras demostraron que el EZLN ya no era el mayor problema del gobierno, más ocupado por el contexto pre-electoral, el creciente poder del narcotráfico y pendientes legislativos más prioritarios para su administración.

En enero también, ante la toma de posesión de las nuevas autoridades municipales, se llevaron a cabo manifestaciones, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en Oxchuc, Tila, Sabanilla entre otros municipios. En Tila (zona Norte), el PRI como la Alianza PRD-PT declararon su victoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial terminó dando la victoria al PRI. El 15 de febrero, el plantón instalado por los opositores frente al palacio municipal fue desalojado violentamente con la participación de al menos 800 elementos policíacos. 54 personas fueron detenidas. El párroco de Tila advirtió que la tensión se había reavivado de por sí en la región por los problemas postelectorales y la reactivación del grupo acusado de paramilitar ‘Paz y Justicia’.

En febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo pública une queja sobre violaciones de derechos humanos en la zona Norte que había presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2004. Denunció la persistente impunidad, caldo de cultivo de nuevos conflictos: no se han desmantelado ni desarmado las estructuras paramilitares, no se han sancionado a los responsables materiales e intelectuales, no se han reparado los daños a las victimas. En días posteriores al desalojo en Tila, calificó de “tardía e insuficiente” la detención de Samuel Sánchez Sánchez, fundador y dirigente de ‘Paz y Justicia’.

A nivel nacional, el 7 de abril la Cámara de Diputados decidió retirar la inmunidad del jefe del Gobierno del Distrito Federal de México, Andrés Manuel López Obrador y separarlo de su cargo, para que éste pudiese quedar sujeto a un proceso penal por un supuesto desacato. Se consideró una acción política para dejar a López Obrador, líder del PRD y favorito en las encuestas, fuera de las próximas elecciones presidenciales. También se cuestionó el papel desempeñado en este proceso por el Vicente Fox, su partido, el PAN y por el PRI. A finales de abril y frente a la masiva presión popular, ya no procedió.

El 20 de junio, el EZLN decretó una Alerta Roja, lo cual significó el cierre de las estructuras autónomas civiles (Caracoles) y el acuartelamiento de los insurgentes zapatistas. Paralelamente declararon la ruptura de los contactos existentes entre la estructura civil zapatista y las instituciones gubernamentales del estado de Chiapas.

Poco antes de la Alerta Roja, se dieron inusuales reagrupaciones de bases militares y policíacas en Chiapas, un hecho sin precedente desde 2001. El mismo 20 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que había realizado un operativo en el que se destruyeron 44 plantíos de marihuana en territorio zapatista. Pronto se evidenció que dicho operativo se había realizado fuera de la “zona de conflicto”, en municipios que no tienen presencia zapatista. La Secretaria de Gobernación tuvo que desmentir la vinculación.

Llegaron varios otros comunicados después de la Alerta Roja (que se levantó hasta el 11 de julio):

• Anunciando la reestructuración política y militar interna del EZLN;
• Aclarando que la Alerta Roja había sido una “medida preventiva” para proteger una consulta interna (en referencia a la ofensiva militar para detener a los comandantes zapatistas durante a otra consulta zapatista en febrero de 1995);
• Informando que tras la consulta de las asambleas comunitarias el EZLN había decidido emprender “una nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional” que explicaría a través de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona (“Sexta”).

La “Sexta” propone la creación de un nuevo “frente amplio” que será impulsado a través de un recorrido nacional que buscará forjar alianzas con grupos políticos y sociales, indígenas, obreros, campesinos, estudiantiles y populares. Se trata de crear conjuntamente “un programa nacional de lucha, pero un programa que sea claramente de izquierda, o sea, anticapitalista” y de caminar hacia una nueva Constitución. También propone organizar un encuentro intergaláctico como el que se llevó a cabo en La Realidad en 1996.

Mientras los principales partidos estaban en elecciones internas para definir sus candidatos para las elecciones presidenciales, el EZLN lanzó la ‘Otra Campaña’. Rompió su relación con dichos partidos. Después de lo que los zapatistas llaman la “traición” legislativa en 2001, cuando el congreso aprobó una reforma constitucional que difiere de los Acuerdos de San Andrés, considera que no hay nada que negociar con “los de arriba”, las instituciones y los partidos políticos. Este posicionamiento de la Sexta con relación a los partidos generó polémica y en algunos casos rupturas. Según el EZLN, la posición de votar por el “menos peor” no es opción. Sin embargo, la Sexta no es un llamado al abstencionismo.

Frente a la crisis de la democracia representativa, y en ruptura con la institucionalidad, el zapatismo propone, más que una estrategia, una metodología basada en la escucha, construida desde abajo por los de abajo y para los de abajo: la Otra Campaña. Se organizaron varias reuniones entre el EZLN y la sociedad civil en Chiapas en agosto y septiembre para preparar la salida de la Otra Campaña a través del país. En la primera sesión plenaria, llegaron 2069 personas en el Caracol de La Garrucha.

El 2 de julio tuvieron lugar elecciones presidenciales en México. El escaso margen de diferencia entre los dos punteros no permitió declarar un ganador en la noche electoral. Finalmente, el Instituto Federal Electoral (IFE) declaró ganador a Felipe Calderón (PAN) frente a Andrés Manuel López Obrador (Coalición por el Bien de Todos) por un estrechísimo margen y en medio de acusaciones de fraude. Se presentaron impugnaciones, finalmente desestimadas, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

López Obrador convocó multitudinarias movilizaciones que paralizaron la ciudad de México durante meses, culminando en la Convención Nacional Democrática (CND) que lo nombró “presidente legítimo” ante la presencia de cientos de miles de personas en septiembre.

Después de una campaña caracterizada por diversas irregularidades, el 20 de agosto, Juan Sabines Guerrero (representando a la Coalición por el Bien de Todos pese a ser alcalde de la capital de Chiapas por el PRI hasta pocos días antes del comienzo de la campaña) ganó las elecciones a gobernador también por un margen muy estrecho.

El 1º de enero, arrancó la gira nacional de la Otra Campaña encabezada por el “Delegado Zero” (Subcomandante Marcos). En mayo, miles de agentes de policía desalojaron en San Salvador Atenco, Estado de México, a un grupo de floricultores que se manifestaban contra los planes de construir un supermercado en el terreno que utilizaban para la venta de flores. Se desató un violento enfrentamiento que provocó la muerte de dos personas y la detención de cientos de personas. La policía fue acusada, entre otras violaciones de derechos humanos, de abusar sexualmente de decenas de mujeres. Frente a estos actos, el Subcomandante Marcos declaró una Alerta Roja en Chiapas  y el recorrido de La Otra Campaña fue suspendido hasta octubre.

En marzo, el secretario de Gobernación declaró que ya no existe un estado de excepción en Chiapas por el conflicto armado. Aseguró que el Ejército mexicano atiende únicamente las necesidades de Chiapas por ser un estado fronterizo. Las ONGs locales por su parte reportan la presencia de 70 campamentos militares permanentes tan sólo en el territorio indígena de Chiapas.

Continúan los conflictos principalmente con un perfil agrario. En la comunidad Choles de Tumbala, 30 familias zapatistas fueron desalojadas en agosto. En noviembre, 17 familias de Viejo Velasco (Selva Lacandona) fueron agredidas por cientos de campesinos de la Comunidad Lacandona. 4 personas fueron asesinadas y 4 desaparecidas, presuntamente ejecutadas. A lo largo de 2006, la violencia también se expresó a través de por lo menos 20 casos de amenazas y hostigamiento contra activistas y defensores de derechos humanos en Chiapas.

En Oaxaca, el movimiento magisterial movilizó a más de 40 mil maestros en un plantón, que, aunque inició por demandas gremiales, terminó incorporando a múltiples organizaciones y movimientos sociales del estado y priorizando la exigencia de la renuncia del gobernador priísta Ulises Ruiz. La movilización se conformó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO. Se denunciaron numerosas violaciones de derechos humanos contra el movimiento por parte de fuerzas policíacas estatales y federales, entre ellas varios homicidios y desapariciones, además de numerosas detenciones irregulares.

En el mes de Diciembre, hacia fines del año, el subcomandante Marcos da a conocer un comunicado titulado “Sentir el rojo; el calendario y la geografía de la guerra”, donde denuncia la ola de agresiones cernida sobre los territorios zapatistas en los últimos meses, subrayando: "es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional y es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional, ha sido insignificante o nula". Además, alertó: "Nosotros trataremos de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña, y, al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras".

A lo largo del año, el EZLN mantuvo abiertos varios canales de comunicación con la sociedad civil nacional e internacional. Tres delegaciones de comandantes, comandantas y el propio subcomandante Marcos recorrieron el norte del país desde enero hasta principios de junio. En septiembre, el EZLN anunció la suspensión del recorrido de la Comisión Sexta hacia el sur y centro del país, previsto para los meses de septiembre a diciembre, con el fin de concentrarse en la defensa de sus comunidades. Ciertamente, mientras muchos actores políticos y las primeras planas de los periódicos locales se centraban en el tema de las elecciones municipales de octubre, un creciente número de situaciones de hostigamiento, violencia y desalojo pasaron casi desapercibidos y como hechos aparentemente aislados.

Además de la Otra Campaña, el EZLN realizó tres Encuentros de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo: en año Nuevo de 2007 en el Caracol de Oventic; en julio, en tres de los cinco Caracoles; y a finales de 2007 y principios 2008, en el Caracol de La Garrucha (que también constituyó el Primer Encuentro de Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo). Otro evento clave fue el Encuentro de Pueblos Indígenas de América realizado en octubre en la comunidad Yaqui de Vicam (Sonora). Asistieron 570 delegados indígenas representando a 66 pueblos procedentes de 12 países americanos. Una semana antes de este Encuentro, la delegación zapatista fue detenida en un puesto de revisión militar y de agentes judiciales en Mazatlán, Sinaloa. Después de este hecho, los comandantes zapatistas regresaron a Chiapas, dejando al subcomandante Marcos como el único representante del EZLN durante el evento.

Fuera de los medios alternativos, se mantuvo un vacío mediático alrededor de las acciones llevadas a cabo por los zapatistas o de la represión a la que fueron sujetos. El gobierno federal pareció seguir con la línea de su antecesor en el sentido de minimizar o, de plano, dejar de considerar que existiera un conflicto en Chiapas. Ilustración de ello es que en abril, Luís H. Álvarez, titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y ex-Comisionado gubernamental para la Paz en Chiapas señaló que el "EZLN ya no es un interlocutor para el gobierno de Felipe Calderón”, ya que, según él, no representa a las comunidades indígenas, ni está integrado por ellas.

Aunque no se hayan resuelto las causas de fondo de las inconformidades sociales expresadas en 2006, en particular en el contexto postelectoral, el nuevo gobierno de Felipe Calderón logró actuar dentro de un aparente regreso a la “normalidad democrática”, sosteniendo una estrategia de “mano firme”, utilizando a las fuerzas armadas para su implementación. No obstante, los grandes operativos contra el crimen organizado y el narcotráfico no parecieron lograr su cometido: no pasó un día sin que se reportara una ejecución, una emboscada o un tiroteo.

La tendencia a la militarización se vio respaldada y profundizada a través de distintos acuerdos internacionales firmados en 2007: México, Estados Unidos y Canadá siguieron avanzando en el proyecto de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, un tratado de libre comercio profundizado, ya que añade aspectos de seguridad a los existentes sobre desarrollo y comercio). Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y México negociaron la implementación de otro acuerdo, apuntando a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. La idea finalmente se concretó en marzo de 2007, durante la visita del presidente estadounidense George W. Bush a la ciudad mexicana de Mérida (de ahí nacería el nombre de “Iniciativa Mérida”).

En el curso de este año se reanudó la actividad pública de varios grupos armados: a principios de julio, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con presencia reconocida en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se responsabilizó por la detonación de ocho cargas explosivas en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicados en Guanajuato y Querétaro. Manifestaron que las mismas forman parte de una campaña de hostigamiento al gobierno de Felipe Calderón, y reclamaron que dos de sus integrantes desparecidos en mayo, en Oaxaca, fueran presentados vivos por las autoridades.

También en julio, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB, grupo armado que reivindicó las bombas contra las sedes del Tribunal Electoral y del Partido Revolucionario Institucional, en México DF -noviembre de 2006-) llamó a sus propios militantes a que estén atentos “para actuar militarmente”. Otro grupo armado,las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), también advirtieron que se encontraban “discutiendo para decidir lo que nadie quiere, pero la vorágine nos arrastra hacia allá”. Analistas señalaron reiteradamente que el cierre de canales de diálogo y negociación podría arrinconar a los movimientos sociales a radicalizar sus modos de lucha.

A nivel nacional, 2008 fue marcado por un alza generalizada de precios en los productos básicos, gasolina y electricidad. Por otro lado se dio la apertura total del capítulo agropecuario que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1994), lo que agravó aún más la situación. Dicho capítulo liberó de impuestos a las importaciones de granos básicos como frijol y maíz, así como de lácteos y oleaginosas, por lo que fue considerado por sectores campesinos mexicanos, la oposición y varios académicos como “el tiro de gracia” al campo mexicano. Se calcula que 7 millones de personas se sumaron a la franja de población mexicana en situación de pobreza extrema, lo que representa casi un 20% del total.

Mientras el descontento social crecía, se mantuvo una tendencia a la “mano dura” por parte del gobierno federal así como el proceso de militarización del país vinculado a la guerra declarada al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Sin embargo, y a pesar de tener a 45.000 militares desplegados a diario no se logró reducir el nivel de violencia atribuida a las redes delictivas (se calculan, por lo menos, 5400 muertos en el año). En contrapartida, sí aumentó el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, así como se vio una tendencia creciente a la criminalización de la protesta social. En este sentido, en marzo, la aprobación de una reforma penal fue cuestionada por los flancos que deja abiertos hacia la legalización de dicha criminalización (esto se ve, por ejemplo, en la figura del arraigo).

El proyecto de reforma energética presentado por Felipe Calderón en abril, también originó grandes polémicas y movilizó a amplios sectores.

Esta iniciativa pretendía revitalizar el sector petrolero (principal fuente de ingresos de México), otorgando mayores recursos a la petrolera estatal Pemex.  El Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) realizaron acciones de resistencia civil pacífica, para evitar lo que consideran como un intento de privatización de Pemex, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República.

En este panorama nacional poco alentador y marcado por otras prioridades por parte de varios movimientos sociales, apenas si fue nota periodística el cierre de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en abril, por “razones de austeridad y considerar innecesaria su existencia”. En febrero, sin embargo, el grupo Paz con Democracia (integrado por varias personalidades e intelectuales mexicanos), hablaba de una “nueva escalada guerrera en Chiapas” y denunciaba “Los episodios de rapiña, quema de casas, muertes, amenazas de muerte, desalojo de predios, se suceden unos a otros. Se trata de despojar a las comunidades rebeldes de sus tierras y territorios”.

A partir de la segunda mitad de mayo, y como no ocurría desde finales de los 90, se multiplicaron los operativos policíacos y militares en las regiones indígenas de Chiapas. En especial (pero no exclusivamente), en comunidades zapatistas de la Selva y la zona Norte. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció “una lógica de contrainsurgencia”  donde operan “en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales” y que “les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones”.

Jorge Lofredo, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, al presentar “Corte de Caja”, libro que consiste en una amplia entrevista al subcomandante Marcos, rescataba una de sus aseveraciones:"Estamos como en 1993, pero al revés. (...) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque”. Enfatizó en la misma presentación: “Aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo”.

De manera más general, la conflictividad social en el estado tuvo que ver con la resistencia a las altas tarifas de la luz, así como con proyectos sociales y en particular, económicos: de transporte (como la anunciada autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque), turísticos (“parques temáticos” en Palenque y las cascadas de Agua Azul) y de desarrollo (áreas naturales protegidas como Huitepec o la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, o la minería entre otros). Cabe mencionar que el 28 de junio, culminó la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que reafirmó los objetivos del Plan Puebla Panamá, redenominado “Proyecto Mesoamérica”.

Otro proceso organizativo llamativo por originarse dentro de las cárceles tuvo lugar entre marzo y abril, cuando 48 presos encerrados en tres cárceles de Chiapas realizaron una huelga de hambre para denunciar sus detenciones arbitrarias por desarrollar actividades políticas y/o sociales. Dichas detenciones fueron promovidas en base a acusaciones falsas y en clara violación a sus derechos judiciales. Varios de ellos (en San Cristóbal de Las Casas) se integraron en “La Voz de Los Llanos”, mientras que otros se organizaron en “La Voz del Amate” (en la cárcel de Cintalapa), ambos grupos pertenecientes a La Otra Campaña, convocada por el EZLN. Esta protesta concluyó con la liberación de centenares de presos.

Otro proceso no vinculado a grupos u organizaciones de oposición se dio el 3 de octubre: un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos (4 de ellos ejecutados, según los testimonios de los pobladores), 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria. Desde septiembre, los ejidatarios mantenían tomadas las ruinas mayas de Chincultik, ubicadas frente a su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara dicho sitio arqueológico. Luego de estos hechos, en los que la Secretaría de Gobierno de Chiapas llegó a reconocer que no existía orden alguna de desalojo, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad un protocolo de desalojos con el fin de regular el uso de la fuerza pública para estos casos.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), consideró a  este episodio como un ejemplo de política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos, y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también manifestó por su parte que: “Existe un gran riesgo de que la masacre de Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos de más bajo rango”.

En septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la realización del primer Festival Mundial por la Digna Rabia, que se celebró la última semana de diciembre y los primeros días de enero de 2009 en el Distrito Federal y Chiapas. El comunicado explicó: “El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases políticas tradicionales se ha ido convirtiendo en rabia. En veces esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos caminos de siempre y se topa o con la desilusión que inmoviliza o con la fuerza arbitraria que avasalla. Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, otros. Y el “no” que levantan ya no sólo resiste, también empieza a proponer, a proponerse”.

En 2009, México llegó a ocupar la primera plana de los periódicos a nivel internacional tanto por la situación de violencia vinculada a la delincuencia organizada, como por la epidemia de la influenza AH1N1. A nivel interno, sin embargo, la cobertura mediática sobre estos dos puntos no lograron opacar una agudización de la situación de pobreza, ni la multiplicación de quejas contra la presencia del Ejército en las calles.

Por otro lado, puede resultar llamativo el hecho que tantos mexicanos hayan llegado a dudar de la misma existencia del virus AH1N1 debido, en buena medida, a la falta de credibilidad de las instituciones. Esta brecha de descreimiento se reflejó en muchos planos, uno de ellos es el electoral: El 5 de julio, se realizaron elecciones para ocupar más de 1.500 cargos públicos en el país. La abstención alcanzó el 55,19% y el voto nulo el 5,40%. El voto nulo había generado un significativo movimiento previo a los comicios. Aún tomando en cuenta la baja participación real, tras casi 12 años de haber perdido el control de la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que se había mantenido en el poder por más de 70 años hasta el 2000) fue el gran ganador de la jornada. De un total de 500, alcanzó una representación de 237 diputados.

Nuevamente desde una perspectiva mediática nacional o internacional, Chiapas quedó lejos de los reflectores. En junio, se realizó el primer Encuentro Americano Contra la Impunidad en el caracol zapatista de Morelia. La impunidad fue denunciada reiteradamente como hecho del pasado y presente en América Latina.

En Chiapas, el caso más sonado -y en todo caso paradigmático-, tuvo que ver con el hecho que entre agosto y noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a 35 indígenas sentenciados por la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Altos) en 1997. La SCJN tomó su decisión argumentando que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR. Cabe subrayar que la SCJN no determinó que los excarcelados fueran inocentes. Por ello, se ha cuestionado la resolución por no tomar en cuenta el contexto en el que ocurrió la masacre de Acteal y la guerra que sigue en curso en Chiapas.

En agosto, salieron a la luz pública documentos oficiales estadounidenses desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), indicando el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra las bases zapatistas en los '90s. A finales de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que contaba con elementos que implicarían a varios altos funcionarios federales y estatales en conductas de omisión y de negligencia sobre el caso Acteal.

Otra dimensión de la decisión de la SCJN no menos preocupante es el impacto que ha tenido en Chenalhó y varias otras regiones de Chiapas donde se leyó como mensaje de impunidad, abriendo la posibilidad de que se reanudaran acciones de corte paramilitar. Demostrando cierto realismo político, el gobierno de Chiapas ha buscado prevenir el regreso de los excarcelados a Chenalhó para evitar confrontaciones, ofreciéndoles tierras, vivienda y trabajo.

Por lo demás aunque poco se habla en medios de la vigencia del conflicto armado no resuelto, a lo largo del año, se reportaron múltiples cateos e incursiones militares afectando a zapatistas y no zapatistas en el Centro (alrededores de Venustiano Carranza), la Selva Fronteriza, y los Altos.

Por otro lado, se siguió denunciando hostigamiento contra comunidades zapatistas fundamentalmente por agresiones de grupos indígenas y campesinos vinculados a grupos de poder locales o al gobierno del estado, los que pretenden desgastar la resistencia a través de agresiones de mayor o menor gravedad que pueden derivar en violencia o no (ocupación de “tierras recuperadas”, robos o destrucción de cosecha, etc). Las siglas de las organizaciones implicadas cambian, la estrategia de confrontar a grupos indígenas entre sí ha sido una constante en todo este proceso.

De manera más general, la mayoría de los conflictos sociales en 2009 derivan del tema territorial: la resistencia a la explotación minera en ocho municipios, o a la construcción de la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (Mitzitón, por ejemplo), la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul (caso de Bachajón), la lucha contra las altas tarifas de la luz eléctrica, etc. Cabe subrayar que varios de estos procesos organizativos son adherentes a la Otra Campaña convocada por los zapatistas a finales de 2005.

En los rasgos más preocupantes, se ha podido observar una creciente criminalización de la lucha social no afín al gobierno estatal, que incluye a organizaciones independientes, defensores de derechos humanos y a la Iglesia católica local, dándose un paralelismo que retrotrae al Estado de los años '90.

En noviembre, el periódico La Jornada había publicó fragmentos del informe  “Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza”, elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que pretende documentar la existencia de una “red subversiva” que  estaría planificando actos de desestabilización para el 2010, y cuyo eje sería el párroco católico de Venustiano Carranza, Jesús Landín. Dicho informe parece “justificar” tanto los hostigamientos denunciados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la diócesis y otros actores sociales, como las acciones policíacas y militares en Venustiano Carranza y municipios cercanos.

Frente a los rumores de posibles estallidos sociales en 2010, se dio un aparente cambio de estrategia gubernamental buscando adelantarse a lo que pudiera darse. A finales de noviembre, diputados del congreso de Chiapas intentaron aprobar una iniciativa para el reconocimiento legal de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas (JBG), que al decir de los legisladores había sido solicitada por las comunidades zapatistas, hecho que desmintieron las JBG al día siguiente. El 29 de diciembre, el Congreso local aprobó la “Ley de los Derechos Indígenas para el Estado de Chiapas”, con el objetivo de “reconocer los Acuerdos de San Andrés”. Analistas y organizaciones cuestionaron el carácter discursivo y mediático de esta iniciativa al quedar acotado el reconocimiento de los derechos indígenas, “siempre y cuando no contravengan los preceptos de las constituciones estatal y federal o derechos de terceros”.

Por primera vez en 16 años, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no celebró -por lo menos públicamente-, el aniversario del levantamiento armado del 1º de enero de 1994. Este día los Caracoles se cerraron generando cierta especulación y fomentando rumores respecto a los planes de los zapatistas para el tan simbólico 2010 (a 200 años de la Independencia y 100 años de la Revolución Mexicana).

Si bien se habla en forma creciente de “guerra en México” tanto fuera como dentro del país ya no es en referencia al conflicto armado no resuelto en Chiapas, sino por los saldos sangrientos de la violencia prevaleciente luego de la declaración de guerra de Felipe Calderón al narcotráfico desde el inicio de su sexenio. Se habla de aproximadamente 30 mil muertos en este plazo, 10 mil tan sólo en 2010, una cantidad no menor de ellos siendo civiles.

Desde la esfera mediática, si bien en Chiapas no hay tanta omnipresencia del crimen organizado  como en el norte de la República, lo que se pudo observar fue una amplia gama de inconformidad social con las políticas gubernamentales, misma que fue obviada con frecuencia en las noticias al grado de llegar a hablar de “cerco mediático”. El gobierno del estado a cambio, ha logrado una fuerte presencia en los medios locales y nacionales. Al darle espacio a las voces de inconformidad, el trabajo periodístico pareció resultar incómodo a las autoridades, como lo denunciaron en julio los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en Chiapas de la revista Proceso y del diario capitalino La Jornada, respectivamente: denunciaron una campaña de calumnias organizada en su contra, en la cual señalaron, participaron activamente medios dependientes del gobierno estatal . En noviembre, también fue detenido el periodista Héctor Bautista, detención que fue considerada como un atentado contra la  libertad de expresión, y como parte de una  campaña de intimidación y represión por parte del gobierno de Chiapas.

La poca presencia en medios de conflictos político-sociales en Chiapas pareció seguir respondiendo a una lógica de criminalización y arrinconamiento del EZLN, de la protesta social y de los defensores de derechos humanos en este estado, tergiversando versiones y hechos, introduciendo tintes religiosos o desdibujando otros intereses, entre otros. Un ejemplo de ello ocurrió en marzo, cuando el diario Reforma publicó un artículo en el que un presunto ex integrante del EZLN “reveló” una supuesta relación entre el EZLN y la organización separatista vasca ETA.

A pesar de rumores y expectativas por el simbolismo del año, y a pesar de ataques mediáticos de este tipo, el 2010 fue marcado por el silencio mantenido por parte de la comandancia zapatista y por la ausencia de eventos públicos en territorios zapatistas en fechas claves del movimiento. A cambio, se siguieron difundiendo denuncias de las distintas Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en la mayoría de los casos por cuestiones territoriales. Se pudo notar en las mismas una subida de tono (planteamiento en clave de defensa cueste lo que cueste) y a saldos más altos, incluyendo muertos como por ejemplo en  Bolon Ajaw (municipio de Tumbalá), en febrero o en El Pozo (municipio de San Juan Cancuc), en junio. El 9 septiembre, unos 170 bases de apoyo zapatistas huyeron de su comunidad San Marcos Avilés en el municipio oficial de Chilón frente a las amenazas y agresiones de miembros de grupos contrarios a la edificación de una escuela autónoma en la localidad. Retornaron a su comunidad el 12 de octubre a pesar de mantenerse la tensión. A lo largo del año, adherentes a la Otra Campaña también siguieron denunciando amenazas, provocaciones y agresiones (Mitzitón, San Sebastián Bachajón por ejemplo).

De manera general, y aunque el gobierno estatal sigue buscando tener la imagen de una administración comprometida con los Objetivos del Milenio, postulados por la Organización de Naciones Unidas, se siguieron presentando conflictos comunitarios, cuyo origen solieron ser por la aplicación de proyectos económicos gubernamentales, o por las divisiones generadas desde las diferencias políticas entre los grupos en resistencia y las partes afines a la estructura oficial, o bien por las elecciones municipales que se llevaron a cabo en julio.

Otro eje de preocupación siguió siendo la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos a través, entre otros, de vigilancia, hostigamientos, amenazas y allanamientos. Uno de los ejemplos de esta tendencia ocurrió el 25 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando Margarita Martínez fue privada arbitrariamente de su libertad, por personas no identificadas. La golpearon y amenazaron insistiendo en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios chiapanecos. Estos hechos ocurrieron a menos de 35 horas de la reconstrucción de los hechos por el allanamiento de su domicilio en Comitán de Domínguez en 2009. El 24 de noviembre, en una nueva agresión en su contra, Margarita Martínez fue interceptada por dos sujetos desconocidos que la amenazaron de muerte, además de exigirle que trasmitiera amenazas en contra del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC).

En esta tendencia, cabe subrayar que las agresiones han sido cada vez más hacia actores intermedios, mismos que pudieron servir de “colchón” en varios momentos del conflicto: iglesias (como por ejemplo, en el caso del párroco del municipio de Chicomuselo que fue amenazado de muerte por acompañar a comunidades que se oponen a la explotación minera); u ONG (como el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la ciudad de Tonalá, quien enfrenta una averiguación previa por el delito de “ataques a las vías de comunicación” por presenciar como observador de derechos humanos una manifestación del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa en abril de este mismo año).

Ciertamente, a nivel nacional, México empezó a recibir severos cuestionamientos en cuanto a derechos humanos ya no nada más por parte de ONG, sino por parte de países o organismos multilaterales como la OEA (Organización de los Estados Americanos), la ONU (Organización de las Naciones Unidos) o como por parte de EEUU o del Parlamento Europeo. En noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó públicamente la actualización de su informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, misma en la que señaló que los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan la lista de agresiones. De manera general, ciertamente se notó un fuerte deterioro cuyo caso más emblemático en 2010, ocurrió en Oaxaca, el 27 de abril, cuando una caravana de observación de Derechos Humanos fue atacada en la comunidad La Sabana. En la agresión murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador internacional finlandés Jyri Jaakkola.

En contraste, a finales de junio, después de cuatro años, terminó una larga etapa de lucha política y cabildeo de parte de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, obteniendo la libertad doce presos de esta organización que habían sido encarcelados a raíz de un enfrentamiento con policías municipales, estatales y federales en mayo del 2006.