GUERRERO: FECHAS CLAVES
En esta cronología no pretendemos cubrir toda la historia de Guerrero, sino más bien dar unos elementos claves para poder entender los acontecimientos más recientes. Desde la década de los 60’s, el estado de Guerrero se caracterizó por grandes índices de miseria, de descomposición social, de crimen organizado, de corrupción, de represión y de impunidad. Se vulneró constantemente el estado de derecho y se cometieron crímenes de Estado que siguen sin castigo. Decidimos tomar este parteaguas de los años 60’s y la llamada “Guerra Sucia” y enfocarnos en las problemáticas, consecuencias y respuestas por parte de la población a lo largo de los distintos gobiernos dominados por el Partido de la Revolución Institucional (PRI) hasta el 2005.
1/04/1957 => 4/01/1961: GOBIERNO DE RAÚL CABALLERO ABURTO (PRI)
 En los 60’s, se vive en Guerrero una situación de violencia estructural. Caciquismos añejos, abusos, corrupción, crímenes, violaciones, miseria, insalubridad, inequitativa distribución de la riqueza, estos son algunos de los factores que a diario debe de combatir la población campesina e indígena de Guerrero.
En 1959, el maestro Genaro Vázquez Rojas funda la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) para luchar contra los bajos precios que pagan las empresas norteamericanas al comprar la copra (médula del coco de la que se extrae aceite) y otros productos agrícolas. Poco después, Genaro Vázquez Rojas crea la Central Campesina Independiente (organización agraria a nivel nacional) y la Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR). 
4/01/1961 => 31/03/1963: GOBIERNO DE ARTURO MARTÍNEZ ADAME (PRI)
1/04/1963 => 31/03/1969: GOBIERNO DE RAYMUNDO ABARCA ALARCÓN (PRI)
El 11 de noviembre de 1966, Genaro Vázquez Rojas es detenido por la policía de Guerrero, a las puertas de la Central Campesina Independiente, en la ciudad de México y conducido a Chilpancingo, capital de Guerrero. Lo acusan de organizar al movimiento estudiantil en contra del gobierno.
 Otro maestro, Lucio Cabañas Barrientos, trata de organizar políticamente al pueblo en Atoyac, Costa Grande, a través del Partido de los Pobres (PDLP), una forma de organización estudiantil y campesina en lucha contra los propietarios de tierras que explotan a los campesinos.
En sus clases, el maestro rural exhorta a sus alumnos a la instalación de un nuevo régimen, en el que no tuvieran cabida los ricos y en el que se expropiaron las fábricas para cederlas a los trabajadores. Propone, además, reformas financieras, judiciales, educativas y sociales enfocadas al bienestar de los trabajadores, campesinos y mujeres, y el cambio de la política de dependencia de México hacia Estados Unidos. Todo esto provoca su expulsión del estado a una escuela de Durango durante un tiempo, antes de regresar gracias a la presión de sus alumnos.
El 18 de mayo de 1967, padres de familia y parte del personal de una escuela de Atoyac, encabezados por Lucio Cabañas, organizan una manifestación para exigir el retiro de algunos maestros que dividen la escuela. Los manifestantes deciden ocupar la escuela. El gobierno reprime muy fuertemente la manifestación: la Policía Judicial del estado junto con algunos sicarios al servicio de los caciques de la región disparan contra los manifestantes, dejando un saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Desde ese día, Lucio Cabañas Barrientos sube a la sierra para combatir al gobierno.
Los años siguientes, Lucio Cabañas Barrientos opera en la Costa Guerrerense, sus Brigadas Campesinas Justicieras atacan a batallones del Ejército Mexicano y unidades de la policía, robando bancos y secuestrando hacendados, ganaderos y comerciantes, manifestándose siempre contra el gobierno local. Se convierte en uno de los principales enemigos del gobierno, y por eso el Ejercito Mexicano no deja de buscarlo.
El 22 de abril de 1968, Genaro Vázquez Rojas es liberado de la cárcel por un comando armado integrado por sus compañeros. A partir de esta fecha sigue luchando desde la clandestinidad y con las armas.
1/04/1969 => 20/04/1971: GOBIERNO DE CARITINO MALDONADO PEREZ (PRI)
El gobernador muere el 17 de abril de 1971, por lo que Roberto Rodríguez Marcado ocupa su cargo por ínterin durante 3 días, hasta el 20 de abril.
20/04/1971 => 31/01/1975: GOBIERNO DE ISRAEL NOGUEDA OTERO (PRI)
El 2 de febrero de 1972, Genaro Vázquez Rojas muere en un accidente automovilístico como consecuencia del acoso en la carretera México-Morelia. Tenía 35 años.
 El 30 de mayo de 1974, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos secuestra al senador priísta y candidato a gobernador Rubén Figueroa Figueroa para presionar al gobierno. Lo liberan 100 días después, el 8 de septiembre, tras la entrega de 50 millones de pesos.
Poco después, Lucio Cabañas Barrientos y sus hombres se refugian en el municipio de Tecpan de Galeana. El entonces secretario de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz lanza contra él más de cinco mil soldados. Un primer enfrentamiento con los soldados tiene lugar el 11 de octubre de 1974 en el cerro Achotla, del cual Lucio logra escapar con tres heridas en la pierna izquierda. El Ejército Mexicano lo pierde de vista durante varias semanas. El 30 de noviembre, gracias a un delator, los soldados encuentran de nuevo a los rebeldes. Lucio tiene 17 bajas, pero logra escaparse otra vez, con 3 de sus milicianos.
Sin embargo, el comandante de la XXVII Zona Militar, el General Eliseo Jiménez Ruiz, toma como rehenes a 4 chicas de 16 a 20 años en el pueblo de Guayabito y amenaza con torturarlas, violarlas y matarlas si nadie le informa sobre el paradero del guerrillero. Al día siguiente el comisario municipal de Guayabito revela al general el lugar donde se encontraba Lucio.
El 2 de diciembre, tropas de las Fuerzas de Tarea rodean a Lucio en El Ototal y ahí le dan muerte de un disparo en el rostro y otros en la espalda.
En total, durante la ‘Guerra Sucia’ de los 60’s y 70’s, son más de 400 los desaparecidos en la región de Atoyac, la mayoría por militares, de un total de 1.300 desapariciones ocurridas en todo el país. Muchos desaparecidos no tenían ningún vínculo con los grupos armados. El gobierno justifica la presencia del Ejército en el estado para salvaguardar la ejecución de su ‘proyecto social’ (de desarrollo) mientras facilita el movimiento y la permanencia de tropas en las zonas marginadas. La política de represión física implantada por el Estado mexicano en el curso de los años sesenta, los setenta y ochenta, en contra de activistas opositores al régimen permanece como herida abierta en la sociedad mexicana porque los responsables de los crímenes de lesa humanidad se mantienen en total impunidad.
El Partido de los Pobres creado por Lucio Cabañas Barrientos sobrevivirá hasta 1989, y después se fusionara con otros grupos clandestinos, que en 1995 derivaron en el Ejército Popular Revolucionario (EPR), el Ejército del Pueblo Insurgente (ERPI) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Del 1ro de febrero al 31 de marzo de 1975, Javier Olea Muñoz es el gobernador provisional del estado.
1/04/1975 => 31/03/1981: GOBIERNO DE RUBEN FIGUEROA FIGUEROA (PRI)
 El senador secuestrado por el Partido de los Pobres, Rubén Figueroa Figueroa, es elegido gobernador del estado de Guerrero. El gobernador mantiene vínculos estrechos con Miguel Nazar Haro, quien en 1976 funge como titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), organismo que ha sido señalado por sus métodos inhumanos de trabajo policiaco, responsable de desapariciones forzadas, genocidios y torturas. Nazar Haro es considerado el fundador del grupo paramilitar denominado Brigada Blanca o Brigada Especial, grupo integrado por militares y agentes de varias corporaciones que combate a la guerrilla en México a través de detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones a lo largo de los setentas y principios de los ochentas. En el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la ‘Guerra Sucia’, Nazar Haro aparece como una de las figuras más implacables para combatir a la guerrilla. Los organismos de derechos humanos y de familiares de desaparecidos los implican en la desaparición de 1.200 personas en México. Nazar Haro junto con el general Mario Arturo Acosta Chaparro (Director de Policía y Tránsito en el estado, así como integrante de la DFS y en la Brigada Blanca) son los principales acusados de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones sumarias en el estado de Guerrero.
 En 1979, el Partido Comunista Mexicano (PCM) gana la presidencia de Alcozauca de Guerrero, municipio indígena marginado de la Montaña, con el Profesor Othón Salazar. Es el primer municipio gobernado por la oposición en todo México, hecho legendario en una coyuntura de constante persecución a los opositores al gobierno. Los comunistas se dan a la tarea de organizar a los pueblos de la Montaña, convocando la constitución del Consejo de Pueblos de la Montaña (CPM). Se habla de la Montaña Roja. Hoy en día, Alcozauca lleva más de 35 años con un gobierno de oposición, primero con el PCM y luego con el Partido de la Revolución Democrática – PRD.
1/04/1981 => 31/03/1987: GOBIERNO DE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO - PRI
1/04/1987 => 31/03/1993: GOBIERNO DE JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU - PRI
En 1989, el PRD se constituye en el estado de Guerrero mediante 10 asambleas distritales en las que confluyen varias organizaciones y partidos de oposición. A partir de esta fecha, los votos para este partido van a ir creciendo y el PRD va a conquistar cada vez más municipios.
A principios de los noventas se va fortaleciendo el movimiento indígena en Guerrero. El 21 de octubre de 1990 se constituye el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), reuniendo un sector amplio de autoridades de los pueblos de la región, comisarios municipales y comisarios de bienes comunales y ejidales. Sus dirigentes recorren los pueblos indígenas del estado y solicitan el apoyo de diversos sectores de la sociedad mexicana.
En septiembre de 1991nace el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (CG500ARI) con el propósito de coordinar la campaña continental de contra-celebración de los 500 años de la conquista. Se trata de crear Consejos Indígenas en varios estados de la República, pero solo en Guerrero el consejo siguió después de la contra-celebración.
Los integrantes del CPNAB se acercan al CG500ARI para organizar juntos un movimiento de resistencia civil contra el proyecto de creación de la presa hidroeléctrica de San Juan Tetetlcingo, que inundaría con sus aguas embalsadas, las tierras y las casas, y que generaría un impacto contraproducente contra la cultura, el medio ambiente y la vida de más de 22 pueblos nahuas del Alto Balsas que representan 56000 personas. Emprenden varias acciones, como huelgas de hambre, marchas y plantones hacia Chilpancingo y México y llamadas a la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional.
En 1992, la Parroquia de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec (Montaña) convoca a las comunidades para realizar un primer encuentro de análisis acerca de las necesidades y condiciones de los pueblos indígenas de la Costa-Montaña. Durante un año, se reúnen comisarios municipales, cantores, catequistas, sacristanes, comisarios de bienes comunales y ejidales. De ahí saldrá, tres años después, la creación de la Policía Comunitaria. El padre Mario Campos Hernández, sacerdote de Santa Cruz el Rincón, es uno de los impulsores del proyecto.
Del 2 al 12 de octubre de 1992 se organiza la ‘Marcha Por la Dignidad y la Resistencia de los Pueblos Indígenas’ desde Chilpancingo (capital de Guerrero) hasta el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco de diversas movilizaciones contra los festejos al V Centenario del llamado ‘Encuentro de Dos Mundos’, y para festejar los 500 años de Resistencia de los Pueblos Indígenas. El 13 de octubre de 1992, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari firma un documento en el cual se asienta la suspensión del Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo. Es una victoria para el movimiento de resistencia organizado por el CPNAB y el CG500ARI.
 Durante el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, de 1987 a 1993, son asesinados 200 perredistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara una recomendación por violaciones a la dignidad de la persona por cuerpos de seguridad civil y militar durante este gobierno, señalando en particular el General Heriberto Salinas Altés, comandante de la Novena Región Militar con sede en Acapulco en aquel entonces.
Los últimos días del gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y los primeros días de Rubén Figueroa Alcocer son particularmente violentos. El 9 de febrero de 1993, 24 campesinos son asesinados con armas de alto poder cerca de la comunidad de Huautla, en la Montaña. El gobierno dice que el asesinato masivo se debe a rencillas familiares vinculadas a asuntos de narcotráfico. 4 meses después, el 5 de junio, 170 policías judiciales entran en la comunidad de Yolotla, de unos 300 habitantes, para aprender a los presuntos responsables de la matanza del 9 de febrero. Provocan un enfrentamiento que dura más de 6 horas, con un saldo de 2 campesinos muertos, varios hombres y mujeres golpeados y heridos de bala, casas quemadas y saqueadas, y 14 detenidos. 10 campesinos son condenados a 30 años de cárcel, a pesar de haber demostrado que no habían estado en el lugar de los hechos.
1/04/1993 => 12/03/1996: GOBIERNO DE RUBEN FIGUEROA ALCOCER - PRI
 Con Rubén Figueroa Alcocer crecen los asesinatos por motivos políticos. Las elecciones municipales en octubre 1993 son particularmente violentas, con un saldo de 6 muertos y 4 desaparecidos. Todas las víctimas tenían vínculos fuertes con el PRD. En todos los casos, el gobierno presenta a las víctimas como delincuentes, guerrilleros, narcotraficantes, o justifica los asesinados con argumentos personales o problemas familiares.
A principios de 1994, como consecuencia del levantamiento armado en Chiapas, se militariza el estado: instalan varios retenes de la Policía Judicial Estatal y Federal en búsqueda de células guerrilleras, así como sobrevuelo de helicópteros. El CG500ARI organiza marchas de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 28 de septiembre de 1994 asesinan al ex-gobernador José Francisco Ruiz Massieu. Por este homicidio será sentenciado Raúl Carlos Salinas de Gortari, hermano del ex-presidente y cuñado de la víctima.
 Los esfuerzos de organización del movimiento indígena en el estado han sufrido múltiples obstáculos en el camino. En 1994, el padre Mario Campos Hernández, vinculado a lo que será la Policía Comunitaria, es atacado en un camino del rumbo. El Ministerio Público determina que se trataba de "una banda que atacaba en los caminos", pero la gente de la comunidad afirma que ha sido el mismo Comisariado de Santa Cruz del Rincón el que pagó a los "asaltantes".
El 28 de junio de 1995 ocurre la Matanza de Aguas Blancas, en la Costa Grande. Campesinos pertenecientes a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en su viaje rumbo a Atoyac para hacer una manifestación son atacados en el camino por agentes de diversos cuerpos policíacos. Mueren 17 campesinos y 21 son heridos graves. Los policías colocan armas de fuego entre los muertos para argumentar que había sido fruto de un enfrentamiento.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga los hechos y concluye que los campesinos no llevaban armas de fuego y que no se trató de une enfrentamiento sino de una matanza. Señala como responsables administrativos de la matanza y de la desviación de la indagatoria a 20 funcionarios del gobierno del estado, comenzando por el secretario general de gobierno, Rubén Robles Catalán, y el procurador General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar. Poco después, el Fiscal Especial encargado del caso exonera al gobernador y a sus más cercanos colaboradores, cubriendo las apariencias con la consignación de 20 policías y 23 funcionarios.
El 15 de octubre de 1995 crean la Policía Comunitaria. 52 comunidades de los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte y Metlatónoc, en la Montaña de Guerrero, se organizan para crear su propia policía ejerciendo los derechos de autogobierno reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en respuesta a la violencia creciente y a la corrupción de la policía oficial. En los años siguientes ponen en marcha su propio sistema de administración y procuración de la justicia, de acuerdo a sus propios sistemas normativos.
Tras la constante presión social, el 12 de marzo de 1996, Rubén Figueroa Alcocer renuncia a su cargo a la mitad de su mandato, con el argumento de ‘facilitar la investigación del caso de Aguas Blancas’ por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
12/03/1996 => 31/03/1999: GOBIERNO DE ANGEL AGUIRRE RIVERO - PRI
 Angel Aguirre Rivero reemplaza a Rubén Figueroa Alcocer como gobernador de Guerrero. El 12 de abril de 1996, la SCJN presenta su informe, en el cual concluye con la responsabilidad, entre otros, del ex-gobernador, del ex-secretario de gobierno y del ex-procurador general de justicia. Sin embargo, ni la Procuraduría General de Justicia (PGR) ni el Tribunal Superior de Justicia (TSP) tomaron en cuenta las recomendaciones de la SCJN. El 14 de junio, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PJEG) determina que el ex-gobernador y sus principales colaboradores “no participaron en forma directa, indirecta o inductivamente en la comisión de los delitos”.
 El 29 de junio de 1996 surge un grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la conmemoración de la matanza de Aguas Blancas. Unos cien hombres y mujeres armados y encapuchados dan a conocer su ‘Manifiesto de Aguas Blancas’ donde denuncian que la “violencia institucionalizada” sigue igual que en los tiempos cuando Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas quienes tomaron las armas en contra de la explotación y de la opresión: “Frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el Estado de derecho”. Una de sus principales demandas es la justicia. El mismo 28, en la noche, se da un enfrentamiento armado entre un grupo del EPR y policías judiciales del estado en Zumpango del Río. Tres policías son heridos.
El EPR participó en varias acciones de fuego en Guerrero. Difundió su movimiento a través de visitas a las comunidades, entablando un dialogo directo con los habitantes. El gobierno federal respondió a la aparición del EPR con la persecución a miembros de las organizaciones sociales (en particular contra los integrantes de la OCSS y del PRD). Decidió combatir al EPR con el Ejército, cambiando los principales mandos militares en Guerrero para poner otra vez generales que habían estado en la persecución de la guerrilla en los años 70’s. La militarización aumentó visiblemente.
El 22 de diciembre de 1996, tropas del Ejército desarman a dos grupos de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán.
El 25 de febrero de 1997, miembros de la Policía Judicial del Estado desaparecen a dos indígenas que detenían en Tlacoachistlahuaca, Costa Chica. Representantes de organismos de derechos humanos forman una ‘Brigada de Observadores de Paz’.
En abril de 1997, indígenas Nahuas de la comunidad de Atlixtac, en la Montaña, acusan a militares del 50 Batallón de Infantería de una ejecución extrajudicial, intimidación, detención arbitraria, alteración de la vida comunitaria y cerco militar.
A finales de mayo de 1997 se dan dos enfrentamientos entre el Ejército federal y el EPR, los de mayor magnitud hasta entonces: uno en la carretera de Chilapa, en la Montaña, donde mueren dos guerrilleros y dos militares y 20 soldados son heridos; otro en la Sierra de Atoyac, donde el combate dura más de 7 horas y se salda con dos guerrilleros y tres militares muertos y varios heridos. Frente a esta violencia, las organizaciones sociales y políticas piden diálogo y la búsqueda de la paz.
El 3 de diciembre de 1997, integrantes del Ejército violan a dos mujeres indígenas tlapanecas en el Paraje de Tlacolcingo, municipio de Atlixtac. Un mes después, en otra comunidad del mismo municipio, 6 indígenas son detenidos por elementos del Ejército, llevados a un sembradío de amapola (enervante) y tomarles fotos, con el objetivo de mostrarlos como narcotraficantes.
El 8 de enero de 1998, un grupo del EPR se deslinda para crear el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un movimiento que quieren más cercano a las bases en cuanto a la toma de decisiones. El ERPI representa el sector más importante de los militantes y cuadros ‘eperristas’ asentados en Guerrero. Realiza acciones militares y actividades políticas. Es el grupo armado con más cercanía ideológica al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El 22 de febrero de 1998, en la Costa Grande, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) organizan el ‘Paro de la madera’. Bloquean durante un mes todos los caminos hacía la sierra par detener la extracción ilegal de la madera en aquella región, un negocio conjunto de la empresa transnacional Boise Cascade con las autoridades y los caciques de la zona. Boise Cascade abandona la región meses después, argumentando “situaciones de negocios difíciles”.
El 7 de junio de 1998, apenas dos años después de Aguas Blancas, se produce la Masacre de El Charco en la Costa Chica. El día anterior se habían reunido unos campesinos mixtecos de las comunidades cercanas en una asamblea para organizarse, en la cual participaron integrantes del ERPI. Como se hacía tarde decidieron quedarse a dormir en la escuela de la comunidad. En la madrugada, miembros del 27 Batallón de Infantería ejecutaron a 11 personas y detuvieron a 22, acusándoles de pertenecer al EPR. Los presos fueron torturados y trasladados ilegalmente a las instalaciones militares. De los 22 detenidos, 5 eran menores de edad y 2 eran estudiantes (Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez). El Ejército difundió la versión según la cual los ‘eperristas’ atacaron a las tropas y los soldados “respondieron a la agresión”. Miembros de las organizaciones sociales como la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) e integrantes del PRD contestaron inmediatamente esta versión, y hablaron de masacre.
 El 10 de junio, el ERPI difunde su primer comunicado público donde reconoce que una de sus unidades ha sido atacada por sorpresa por tropas del Ejército. Responde con dos ataques armados, uno contra el Ejército el 22 de junio (la Novena Región Militar habla de tres soldados muertos, mientras el ERPI dice haber “aniquilado la sección”), y otro contra la Policía Judicial del Estado el 4 de julio (2 policías muertos y un herido).
El 7 de febrero de 1999, el priista René Juarez Cisneros gana las elecciones a gobernador. El 22 de febrero de 1999, 25 mil personas marchan en Acapulco sosteniendo que hubo fraude en las elecciones a gobernador y pidiendo que se revisen los comicios.
1/04/1999 => 31/03/2005: GOBIERNO DE RENE JUÁREZ CISNEROS - PRI
El 14 de abril de 1999, organizaciones campesinas y sociales, la dirigencia estatal del PRD y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODDEHUM) se manifiestan a favor de la reapertura del caso de la masacre de Aguas Blancas.
Los 20 y 21 de abril, militares matan a dos indígenas mixtecos (uno de ellos, niño) y violan a dos mujeres mixtecas en Barrio Nuevo San José, y matan a otro indígena en una comunidad vecina, en el municipio de Tlacoachistlahuaca, Costa Chica.
 El 2 de mayo de 1999, los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Costa Grande) son detenidos de manera ilegal, torturados, trasladados a instalaciones militares y procesados tras la fabricación de expedientes delictivos por parte del Ejército Mexicano. Otro campesino, Salomé Sánchez Ortiz, es ejecutado. Un año después, la CNDH emite la recomendación 8/2000 donde señala que se violaron los derechos humanos de los ecologistas, porque el Ejército Mexicano los torturó, les sembró armas y enervantes, los mantuvo ilegalmente en su poder por lo menos durante dos días y medio.
El 3 de mayo de 1999, la Organización Indígena de los Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT) de Ayutla (Costa Chica) presenta una queja ante los servicios estatales de salud por esterilización forzada de hombres y mujeres indígenas mediante engaño (promesas y amenazas de quitarles las ayudas económicas sin no se sometían a la operación).
El 23 de septiembre de 1999, el ERPI ataca a un convoy militar cerca de Ayutla, 3 soldados son heridos.
El 26 de marzo de 2000, militares del 49 Batallón de Infantería desarman a miembros de la Policía Comunitaria en Pueblo Hidalgo, municipio de San Luis Acatlán. Es el principio de una serie de hostigamientos hacia la Policía Comunitaria. El 9 de julio, el Padre Mario Campos Hernández, asesor de la organización, es detenido por la Policía Judicial del Estado bajo la acusación de ‘allanamiento de morada’. Ante la presión para su liberación por la población de las comunidades donde trabaja, se retiran las acusaciones.
 El 3 de agosto de 2000, en Xochistlahuaca (Costa Chica), el Consejo de la Nación Amuzga es víctima de intimidaciones, amenazas y agresiones por parte de priistas, por protestar en contra de la presidenta municipal Aceadeth Rocha que no respeta el sistema de usos y costumbres.
En agosto del 2000, a pesar de la recomendación de la CNDH y de la presión internacional, el ecologista Rodolfo Montiel es condenado a seis años y 8 meses de prisión por los delitos de siembra de marihuana, portación de arma sin licencia y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Teodoro Cabrera está condenado a diez años de prisión por el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
El 16 de septiembre de 2000, el Padre Mario Campos Hernández está atacado por un grupo de personas armadas. El párroco denuncia este hecho así como las demás intimidaciones y amenazas de muerte, atribuyéndolas a su lucha a favor de la gente marginada, trabajo que ha afectado los intereses políticos y económicos de los caciques priísta de la región. Dos días después, unos agentes de la Policía Judicial del Estado de Guerrero (PJEG) detienen a Bruno Plácido Valerio, asesor de la Policía Comunitaria, acusándolo de la violación de 4 mujeres mixtecas. El hecho es desmentido por las mismas agraviadas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena denuncian una campaña en contra de la policía comunitaria y exigen la inmediata liberación de Bruno Plácido Valerio. El 20 de octubre detienen a Agustín Barrera Cosme, comandante general de la Policía Comunitaria. Al no encontrar pruebas en su contra, es liberado tiempo después.
El 8 de enero de 2001, los indígenas amuzgos que tomaban el Palacio Municipal de Xochistlahuaca para exigir la renuncia de la presidenta son desalojados con violencia.
En febrero de 2001, la organización no-gubernamental Brigadas Internacionales de Paz (Peace Brigade International - PBI) empieza a acompañar a defensores de derechos humanos amenazados en el estado. Es la primera ONG con presencia permanente en Guerrero.
El 5 de marzo de 2001, el gobierno mexicano acepta la recomendación de la CIDH que propone la reapertura del caso de Aguas Blancas en la cual se debe hacer una investigación seria, imparcial y efectiva de los hechos e investigar la presunta participación de Rubén Figueroa Alcocer y sus principales colaboradores, quienes fueron exonerados en la primera investigación.
El 8 de marzo de 2001 llega la marcha zapatista a Iguala. Es recibida por 7000 asistentes. El 13 de junio de 2001, varias organizaciones indígenas se movilizan para pedir al Congreso Estatal rechazar la ley indígena propuesta por el Congreso Federal. Bloquean el congreso durante dos días. Varios líderes indígenas acaban con órdenes de aprehensión por haber participado en este bloqueo.
En octubre de 2001, organizaciones internacionales presentan el caso de los campesinos ecologistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 9 de noviembre, liberan a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera por una orden del Presidente Fox frente a la gran presión nacional e internacional, argumentando “razones humanitarias”. Este acuerdo de amnistía no reconoce su inocencia, ni aclara las responsabilidades de los autores intelectuales y materiales de los hechos.
 El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena tlapaneca, es interrogada, amenazada, golpeada y violada por miembros del 41 Batallón de Infantería en Barranca Bejuco, Montaña.
El 14 de marzo de 2002, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODDEHUM) emite la recomendación 019/2002 sobre 9 casos recientes de desaparición forzada: señala responsables a 21 elementos de la Policía Judicial, entre ellos varios comandantes y directores estatales de la Policía Judicial del Estado.
El 23 de marzo de 2002, 4 mil indígenas de la Costa-Montaña y 700 policías comunitarios marchan en apoyo a la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, a 4 días de que se termine el plazo impuesto por el gobierno estatal y el Ejército para que desaparezca la Policía Comunitaria.
 El 25 de marzo de 2002, otra mujer indígena, Inés Fernández Ortega, tlapaneca, es violada por miembros del 41 Batallón de Infantería en Barranca Tecuani, Costa Chica.
El 31 de mayo de 2002, después de 4 años de encarcelamiento, los presos políticos Erika Zamora y Efrén Cortés, detenidos durante la Masacre de El Charco, son liberados. Estuvieron presos acusados de ser miembros del EPR.
En noviembre de 2002, indígenas amuzgos de Xochistlahuaca crean un municipio autónomo. Ante la pérdida absoluta de confianza en las instituciones gubernamentales y los partidos políticos y la convicción de que por los canales institucionales jamás podrán resolver sus necesidades primarias y los conflictos que hoy fragmentan sus comunidades, deciden retomar la forma de gobierno de sus antepasados y apostarle a un proyecto de gobierno autónomo sin ninguna relación con los partidos políticos ni las autoridades del estado de Guerrero.
El 13 de mayo de 2003, militantes de las organizaciones priistas Antorcha Campesina y Liga Agraria revolucionaria del sur Emiliano Zapata (LARSEZ) se enfrentan violentamente por motivos políticos en Zapotitlán Tablas, con un saldo de 4 muertos, 42 heridos y 9 desaparecidos.
El 5 de junio de 2003, asesinan a 4 indígenas en Barranca Guadalupe, Montaña. Según un dirigente de la Organización de los Pueblos indígenas Me’phaa (OPIM), las personas asesinadas tenían vínculos con un grupo de paramilitares.
El 14 de enero de 2004, policías municipales de Zapotitlán Tablas (Montaña) torturan y matan a Sócrates Tolentino González Genaro, de 18 años. Aprovechan que la madre de la víctima es indígena y no sabe leer para hacerle firmar una carta que reconoce que su hijo se suicidó.
 En mayo de 2004 se levantan 15 órdenes de aprehensión en contra de líderes e integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) por la muerte del hijo del cacique maderero Bernardino Bautista Valle ocurrida el 30 de mayo de 1998. Existen varias irregularidades en el proceso penal que permiten decir que se trata de un acto más dentro de la política de hostigamiento hacía la OCESP. El 3 de noviembre, detienen a Felipe Arreaga Sánchez, uno de los líderes de la OCESP que tiene una orden de aprehensión. A pesar de pruebas contundentes sobre su inocencia, sigue encarcelado en el penal de Zihuatanejo. (ver Acción Urgente)
El 2 de diciembre y los días siguientes, Marco Antonio Suástegui Muñoz, un miembro destacado del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), grupo que se opone a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota en el municipio de Acapulco, recibe amenazas de muerte.
Los 3 y 4 de diciembre de 2004, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan convoca al foro “Contra el silencio y el olvido: la voz de los pueblos indígenas de México”, que da lugar a la redacción de una agenda estatal para el desarrollo integral y la autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero.
 El 9 de diciembre de 2004, Obtilia Eugenio Manuel, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco, AC (OPIT) y traductora de Inés Fernández Ortega (violada por militares en 2002) recibe amenazas de muerte hacía ella y su familia, por su discurso en el foro organizado en los días anteriores. Un mes después, a petición de varios organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendará al Estado Mexicano de tomar medidas cautelares para la defensora de derechos humanos y su familia.
El 20 de diciembre de 2004, el municipio autónomo de Xochistlahuaca inaugura la radio comunitaria Radio Ñomndaa (La palabra del agua), primera estación radiofónica en lengua amuzga, para el municipio y todas las comunidades alrededor. Un mes después, las autoridades tradicionales denuncian intimidaciones y acciones represivas en contra de su radio comunitaria.
El 6 de febrero de 2005, el candidato del PRD Zeferino Torreblanca Galindo gana por un 55% de votos las elecciones para gobernador de Guerrero, contra un 42% para el candidato del PRI y un 1% para el PAN. Es el fin de 80 años de dominio priista en el estado.
1/04/2005: GOBIERNO DE ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO - PRD
En abril, el nuevo gobernador Zeferino Torreblanca
Galindo, nombra al ex-militar Heriberto Salinas Altés
en la Secretaría de Seguridad Pública. Dicho general
había sido comandante de la Novena Región Militar en
la época de mayor represión contra perredistas en el
gobierno de Ruiz Massieu (1987-1993) y está señalado
por una recomendación de la CIDH.
Las organizaciones civiles expresan su desacuerdo con
el nombramiento de un militar en el gabinete, y
recuerdan que la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y la Organización de los Estados Americanos
(OEA) recomendaron a México no incorporar efectivos
del Ejército en mandos públicos y desmilitarizar a los
pueblos.
El 6 de julio de 2005, José Rubén Robles Catalán, ex secretario de Gobierno durante la administración del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, pierde la vida en un atentado en Acapulco. José Rubén Robles Catalán era señalado como uno de los principales responsables de la masacre de Aguas Blancas. El día siguiente, el Comando Popular Revolucionario La Patria es Primero, grupo armado desconocido, reivindica el atentado contra Robles Catalán. Advierte que “ha juzgado y condenado a la pena máxima a los responsables intelectuales de la masacre de Aguas Blancas”. Amenaza con matar a los 3 otros responsables de la matanza (el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, el ex procurador de Justicia Antonio Alcocer Salazar y el ex director de la Policía Judicial Héctor Vicario Castrejón) si el nuevo gobierno no hace justicia en el caso de Aguas Blancas.
El 9 de agosto, organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos entregaron el premio Chico Mendes a Felipe Arreaga, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, directamente en el Penal de Zihuatanejo. El 15 de septiembre después de más de 10 meses de encarcelamiento, fue liberado. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan “esta decisión confirma que ha sido perseguido debido a su lucha ambiental”.
El 23 de agosto se realizó una asamblea comunitaria en San Marcos para aprobar o no el proyecto de La Parota y después, el 27 de noviembre, otra en Dos Arroyos, donde se denunciaron irregularidades como la compra de votos o el hecho que se impidiera el paso a ejidatarios catalogados como opositores. Además, los policías preventivos estatales y municipales tomaron la comisaría y, según testimonios, se dedicaron a provocar a los opositores. Por último se llevó a cabo otra asamblea ejidal en los Huajes el 27 de diciembre. La asamblea se realizó fuera del ejido afectado y en presencia de la Fuerza Pública. Se denunció que la convocatoria era ilegal, y que los votos eran insuficientes.
En septiembre de 2005, Miguel Ángel Mesino Mesino, ex preso político vinculado al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y hermano de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, fue asesinado a balazos en el centro de Atoyac. La OCSS fue conocida fuera de Guerrero después de la matanza de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, cuando policías mataron a 17 campesinos y otros 14 resultaron heridos, la mayoría militantes de la OCSS.
2006
El 19 de enero, el Tribunal Unitario Agrario en Acapulco, Guerrero, resolvió anular la Asamblea de San Marcos de fecha 23 de agosto del 2005, por encontrar evidentes irregularidades en la misma, entre las cuales destaca que en realidad no se convocó para dicha Asamblea, lo que corresponde una violación a la Ley Agraria. El 1 de marzo, se interpusieron demandas de nulidad al Tribunal Unitario Agrario (TUA) por las asambleas ejidales de Dos Arroyos, La Palma y Los Huajes que avalaban la expropiación de sus tierras a causa del Proyecto Hidroeléctrico de La Parota.
En abril, La Otra Campaña encabezada por el Delegado Zero visitó Guerrero. La caravana visitó lugares históricos de la lucha y resistencia guerrerense. El subcomandante Marcos ofreció el apoyo de las comunidades zapatistas y del EZLN al movimiento contra La Parota.
El 9 de mayo, el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galinda, encabezó una marcha con varios comuneros a favor del proyecto hidroeléctrico La Parota. Alrededor de 2000 personas, la mayoría de ellos miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), respondieron con otra marcha el 14 de mayo, para mostrar que no son minoría y para denunciar que el gobernador no tiene una postura neutral en el asunto del proyecto.
El campesino ecologista Felipe Arreaga denunció que el 29 de mayo fue víctima de abusos por parte de efectivos del Ejército que mantenían un retén de revisión en la comunidad de La Botella, en la Sierra de Petatlán. El 5 de junio, el presidente Vicente Fox le entregó el Premio al Mérito Ecológico en Chihuahua.
Abuso de autoridad, violación de los derechos laborales, la detención arbitraria de personas y la negación del derecho a la educación fueron las violaciones a los derechos humanos más recurrentes de acuerdo al 12 informe del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan presentado por el centro en principios de junio.
Entre el 10 yel 13 de agosto, el Relator Especial para los Derechos Humanos de los pueblos indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, visitó Guerrero. Indicó que el gobierno tiene “la obligación de cumplir con la protección de los derechos humanos de los pobladores que están en contra del proyecto de La Parota”. También recabó testimonios de indígenas que han denunciado violaciones a sus derechos humanos. Los casos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales cometidas por militares, despojo de tierra y carencia de servicios públicos.
El 27 de septiembre, los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el marco de la construcción de La Parota fueron suspendidos por orden del juzgado tercero de distrito, con sede en Acapulco, igual como los trámites para expropiar las tierras en los núcleos agrarios de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos, que junto con Cacahuatepec representan 67 por ciento de la superficie en que se proyecta la instalación de la hidroeléctrica.
El 1 de octubre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), con sede en Acapulco, declaró válida la asamblea comunitaria de Los Huajes –en la que comuneros dieron su anuencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras y permitir la construcción de La Parota– al considerar que los opositores cayeron en “contradicciones” al rendir sus declaraciones. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan afirmó que hubo “incongruencia y parcialidad” en las conclusiones del Tribunal Unitario Agrario y que actuó “por presiones políticas, más que por criterios jurídicos”. El 17 de octubre sin embargo el mismo Tribunal falló por tercera ocasión en favor de comuneros del núcleo agrario de Dos Arroyos, opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota.
En octubre, autoridades y habitantes de Barranca de Guadalupe municipio de Ayutla y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa denunciaron que las tropas entraron su comunidad, que establecieron un campamento en una parcela, que destruyeron la manguera que abastece de agua al pueblo y que cortaron y comieron elotes. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan denunció por su parte un recrudecimiento de la militarización en los pueblos indígenas de La Montaña y la Costa Chica. Las denuncias de indígenas me’phaa sobre la presencia de tropas, los daños que causaron, el acoso y las amenazas de las que fueron víctimas en las comunidades de Progreso y Barranca de Guadalupe, municipio de Ayutla, y las denuncias de la Policía Comunitaria sobre la ocupación militar en su territorio, destacadamente en San Luis Acatlán forman parte de dicha tendencia.
El 1º de octubre, al menos 30 organizaciones sociales y gremiales constituyeron la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG).
El 25 de octubre, opositores a la presa La Parota y simpatizantes del proyecto estuvieron a punto de enfrentarse a golpes en El Limón, en la carretera que conduce al poblado de San José Cacahuatepec, a causa de un plantón instalado por el segundo grupo.
De 155 asesinatos violentos en contra de mujeres que han ocurrido en Guerrero durante los últimos tres años, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) sólo ha iniciado 24 averiguaciones previas y en su proceso la mayoría reciben un trato “discriminatorio”, informó la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos humanos, en noviembre. Señaló que en Guerrero se han registrado 863 homicidios de niñas y mujeres adultas entre el 2001 y el 2006, mil 431 violaciones sexuales, 416 muertes por parto y mil 503 casos de violencia intrafamiliar.
El 6 de diciembre, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó en su primera gira por Guerrero que “más allá de colores y de partidos”, hay un solo México “que está hundido en la pobreza y la marginación, y que reclama a los actores políticos “que nos pongamos a trabajar”. Fue acompañado durante la gira por el gobernador Torreblanca (PRD). Reconoció “la responsabilidad, la hospitalidad y la congruencia del gobernador del estado Zeferino Torreblanca”, a quien le garantizó: “Contará usted conmigo, señor gobernador, indiscutiblemente en este gobierno”.
Calderón Hinojosa encabezó el inicio de la Estrategia para el Desarrollo Integral y Económico Municipal, que será un programa de recursos extraordinarios dirigido a los municipios más marginados del país. Al mismo tiempo, los recortes de recursos para Guerrero que aparecen en el proyecto de presupuesto de egresos para el 2007 enviado por el presidente Felipe Calderón fueron rechazados por unanimidad por los diputados del Congreso del estado el 7 de diciembre, al considerar que no sólo detendrían el desarrollo del estado, sino que pondrían en riesgo la misma estabilidad política de la entidad. Calderón propone una disminución del 25 por ciento al Programa de Apoyo a la Entidades Federativas (PAFEF), lo que traería una reducción drástica de los recursos para Guerrero.
En diciembre, opositores a La Parota y Tlachinollan denunciaron que el gobernador Zeferino Torreblanca aprobó la construcción de las carreteras Dos Arroyos-Agua de Perro y Tunzingo a la cortina de la presa con recursos de la CFE, en lugares donde el Tribunal Unitario Agrario le prohibió la entrada. Señalaron que con eso el gobernador y la paraestatal violan la ley y propician un enfrentamiento entre los pobladores. El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, negó estas afirmaciones.
El secretario general de Gobierno informó el 11 de diciembre que el Ejército, la Marina, la Policía del Estado y la Policía Investigadora Ministerial (PIM) han estado patrullando la región de Tierra Caliente y la Costa Grande, para evitar que al ejecutarse la Operación Conjunta Michoacán en esa entidad vecina, se refugien los narcotraficantes en Guerrero.
2007
El 6 de enero, David Salgado Aranda, originario del municipio de Tlapa, murió atropellado por un tractor cuando recogía tomates en un campo de la empresa Agrícola Paredes, junto el resto de su familia. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la empresa se ha negado a indemnizar a la familia. Esta muerte volvió a levantar el tema del trabajo infantil en México y también llamó la atención de la opinión pública sobre las condiciones en las que trabajan miles de jornaleros en el país.
El 8 de enero, ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), comenzaron un bloqueo de los accesos principales a la minera canadiense instalada en sus tierras para exigir un mejor precio por la renta de las mismas y para asegurarse que la empresa cumpla con las obras públicas que prometió al pueblo.
Los tres detenidos en el penal de Acapulco acusados del asesinato del diputado local José Jorge Bajos Valverde (PAN) fueron “torturados”, concluyen los exámenes practicados por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Codehum). Tlachinollan señaló que estas denuncias se añaden a la lista de los más de 10 casos de tortura documentados en la entidad entre 1997 y 2002. Todos siguen impunes.
El 25 de enero, un centenar de policías estatales y preventivos municipales de Zumpango desalojaron a golpes a los inconformes en el bloqueo en Carrizalillo. Durante cuatro horas unos 70 ejidatarios, entre ellos mujeres y niños fueron privados de su libertad. Dos mujeres resultaron heridas.
En febrero, se juntaron 7 mil 600 miembros del Ejército, Marina, de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación en el programa federal “Operación Conjunta Guerrero” contra el narcotráfico.
Pese a estar en marcha el “Operativo Conjunto Guerrero”, el 5 de febrero, cuatro policías, un agente del Ministerio Público y dos secretarias fueron ejecutados en dos ataques a las instalaciones de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Un día después de que la minera canadiense Luismin llamó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Zeferino Torreblanca a hacer valer el Estado de derecho ante el
bloqueo que mantienen ejidatarios de El Carrizalillo en los accesos principales de la mina en este poblado, el Ejército mexicano instaló el 22 de febrero un retén a menos de 3 kilómetros del lugar donde se encuentra la protesta.
El 23 de febrero, el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante al referirse a la muerte de David Salgado (niño jornalero) afirmó que el gobierno de México se ha mostrado indiferente ante el trabajo infantil que prevalece en los campos agrícolas.
El 20 de marzo, organismos civiles de derechos humanos y activistas de México y de 16 países más llamaron al presidente Felipe Calderón, al gobernador Zeferino Torreblanca y al secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas, a que se abstengan de usar a la fuerza pública para desalojar el bloqueo en El Carrizalillo. Los inconformes, ahora organizados en la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo reforzaron su determinación de mantener el bloqueo a la minera Luismin hasta obtener una respuesta integral a sus demandas.
El 30 de marzo, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Acapulco anuló el acta de asamblea de agosto de 2005 donde los campesinos de Cacahuatepec autorizaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de sus tierras y falló a favor de los campesinos de los Bienes Comunales de Cachuatepec, opositores a La Parota.
El primero de abril, se logró un acuerdo entre la "Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo" y la empresa minera Luismin. Dicho acuerdo apunta a construir una relación más equitativa entre la empresa y los ejidatarios con un aumento de la renta por la tierra, la instalación del servicio de agua potable, la pavimentación del camino que conduce hasta el Carrizalillo y la construcción de un hospital comunitario. La empresa también se comprometió a retirar todas las acusaciones legales que interpuso en contra de los integrantes del movimiento de resistencia.
El periodista guerrerense Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, fue asesinado de tres impactos de bala el 7 de abril. La revista “Proceso” se refirió a los primeros meses de 2007 para los periodistas de México como a una “primavera de muerte”.
El centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebró su XIII aniversario con el Foro estatal “Por los Caminos de la Resistencia” el 15 y 16 de junio al que acudieron más de 400 personas de 17 organizaciones sociales y representantes de 40 comunidades para compartir sus formas de resistencia en la defensa del territorio, articular sus luchas y así lograr el respeto a sus derechos fundamentales como personas y pueblos.
Un conflicto agrario por 456 hectáreas de tierras entre los pueblos indígenas de Moyotepec y El Capulín se agudizó el 17 de junio cuando tres campesinos de Moyotepec fueron matados en un balaceo.
El 30 de junio, el esposo de Inés Fernández (indígena Me’Phaa, originaria de la comunidad Barranca Tecoani, violada por militares en 2002), Fortunato Prisciliano Sierra, fue golpeado y a la fecha sigue siendo amenazado por personas que en su comunidad son identificados como paramilitares al servicio del 48 Batallón de Infantería, con sede en Cruz Grande. Se trataría de las mismas personas que también han amenazado a Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´Phaa, para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado medidas cautelares. El 27 de agosto, Fortunato Prisciliano Sierra denunció haber sido maltratado por militares. Según el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, existe la presunción de que el Ejército y el gobierno mexicano pretenden intimidar a Fortunato Prisciliano para impedir o inhibir la presentación de la denuncia de su esposa ante la CIDH.
El 9 de agosto, David Valtierra, coordinador de la radio comunitaria Ñomndaa (La Palabra del agua) en Xochistlahuaca fue detenido por la Policía Ministerial en la ciudad de Ometepec. David Valtierra es conocido por su lucha a favor del municipio autónomo Sulja y a favor de la radio Ñomndaa que da voz a los indígenas Amuzgos. Había denunciado diversas acciones por parte de la alcaldesa Aceadeth Rocha en el municipio de Xochistlahuaca. Fue liberado bajo fianza el 10 de agosto.
En Temalacatzingo y Tlaquilcingo exigieron la salida del Ejército, de presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de sus poblados por temor a que sigan cometiendo graves violaciones a sus derechos humanos.
A partir del día 30 de agosto los pueblos opositores a la presa La Parota se declararon en resistencia permanente para impedir la construcción de la hidroeléctrica. La decisión fue basada en el hecho de en Cacahuatepec, se celebró una asamblea regida por usos y costumbres en la que de manera unánime el 12 de agosto, más de tres mil asistentes votaron a favor de que se cancele su construcción.
En agosto de 2007, Rocío Mesino Mesino, regidora del PRD en Atoyac presentó una denuncia de intento de homicidio contra ella por parte del alcalde Pedro Brito García, del mismo partido en Atoyac. Rocío Mesino, hermana de Miguel Angel Mesino Mesino que fue asesinado en septiembre de 2005, es una de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). El alcalde Brito García se deslindó de las acusaciones.
25 de agosto: Arturo Duque Alvarado fue detenido, acusado de ser miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por delitos de terrorismo y acopio de armas. En un comunicado del 10 de septiembre el ERPI declaró: “negamos rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o participe en cualquiera de las formas de organización de nuestro grupo, y que tan peligroso arsenal decomisado sea de nuestra propiedad”. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad denunció que Duque Alvarado fue torturado durante 15 días por la policía ministerial del estado, y luego trasladado a una casa de seguridad de la PGR en el Distrito Federal, donde estuvo arraigado, y después fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Fue liberado el 18 de diciembre luego de pagar fianza.
5 de septiembre: Poco antes de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que su esposa iba a declarar como víctima de violación por parte de integrantes del ejército en 2002, Fortunato Prisciliano Sierra denunció haber recibido amenazas, hostigamiento y agresiones por parte de personas al servicio del 48 Batallón del Ejército Mexicano. La Comisión pidió al gobierno mexicano medidas urgentes de protección para él y su familia.
28 de septiembre: El dirigente del Consejo Regional Para el Desarrollo del Pueblo Me phaá de la variante lingüística Bathaa, Cándido Félix Santiago, fue detenido en Tlapa por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por el delito de motín. Se le acusa de haber irrumpido en un desfile el 9 de agosto en el marco de la conmemoración del nacimiento de Vicente Guerrero que presidía el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Fue detenido nuevamente el 19 de octubre, por efectivos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), acusado de ataques a las vías de comunicación y liberado después de 20 horas de detención bajo una fianza.
8 de octubre: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que la paraestatal no dará marcha atrás en la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Acapulco, Guerrero.
13 de octubre: El fundador y actual consejero de la Policía Comunitaria y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Cirino Placido Valerio, fue detenido por agentes de la policía ministerial. La detención ocurrió solo dos días antes del aniversario de la policía comunitaria, el 15 de octubre. Cirino Placido recuperó su libertad este mismo día.
15 de octubre: El hermano del gobernador Zeferino Torreblanca, Alberto Torreblanca Galindo, demandó a cinco periodistas y al periódico El Sur por “daño moral”: habían divulgado que se benefició con contratos sin licitación para la ejecución de obras de la Secretaría de Educación estatal. El denunciante exige el pago de 10 millones de pesos a los reporteros y al rotativo como reparación del daño.
22 de octubre: Comisarios indígenas provenientes de 28 comunidades de los municipios tlapanecos de Atlamajaltcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa, se apoderaron de las instalaciones del Congreso del estado, y formaron un parlamento indígena en demanda de maestros bilingües para esas poblaciones y para la anulación de 17 órdenes de captura contra igual número de dirigentes. También exigieron el cese de la represión contra los luchadores sociales.
7 de noviembre: El 7 de noviembre la Jueaz Octava de Distrito en Acapulco rechazó un amparo promovido por habitantes de Cacahuatepec, opositores a la presa La Parota. Ante esta decisión, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan precisaron que en la resolución de la Juez no está implícita la autorización definitiva a la CFE para que pueda iniciar los trabajos de construcción de la presa: están vigentes resoluciones judiciales emitidas a favor del CECOP en torno a los juicios agrarios.
7 de noviembre: Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, y otras 15 personas que protestaban fueron detenidas por policías en el municipio de Chilapa. Manuel Olivares fue detenido cuando estaba documentando violaciones de derechos humanos durante la protesta. El 9 de noviembre todos fueron liberados bajo una fianza de 4 mil pesos cada uno y 10 mil pesos para Manuel Olivares.
14 de noviembre: Más de un centenar de agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE), además de elementos de Gobernación vestidos de civil, desalojaron a más de 800 estudiantes que realizaban una protesta social afuera del Congreso del Estado para apoyar a estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dicha escuela fue fundada hace más de 80 años y formó a 81 generaciones de maestros, entre ellos a Lucio Cabañas Barrientos y a Genaro Vázquez Rojas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reportó que hubo unos 250 heridos, incluyendo uno de gravedad.
30 de noviembre: Según reportan varias organizaciones de derechos humanos, una manifestación de egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, fue violentamente reprimido por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Policía Estatal de Guerrero, mientras se estaba manifestando al nivel de la caseta de La Venta.
2 de diciembre: El Ministerio Público Federal dictó el 2 de diciembre auto de formal prisión a 18 de los 57 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes ocuparon la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. Los estudiantes fueron acusados de motín, ataques a las vías de comunicación y “apropiación de bienes” por los autobuses que habían “secuestrado”.
7 de diciembre: El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobernador Zeferino Torreblanca, a valorar las demandas de los maestros egresados de la escuela normal de Ayotzinapa y a resolver las peticiones de los estudiantes.
4 de diciembre: El relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, y Miloon Kothari, relator especial sobre una vivienda adecuada realizaron una visita no oficial por las comunidades que podrían ser afectadas por la construcción de la hidroeléctrica La Parota y se entrevistaron con las autoridades de Guerrero y de la Comisión Federal de Electricidad. Miloon Kothari hizo un llamado urgente para que se respeten los derechos económicos y sociales de las comunidades.
10 de diciembre: El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero exigió la presentación de ocho personas que desaparecieron entre febrero y junio, y denunciaron que el gobierno de Zeferino Torreblanca se ha caracterizado por no respetar los derechos humanos.
11 de diciembre: Representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acordaron la revisión de 43 casos de luchadores sociales encarcelados.
2008
7 de enero: Pobladores de las comunidades Atoyaquillo y Pasto Real, entre ellos viudas, madres y sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas, se manifestaron frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Exigieron que se les explicara el motivo por el cual no ha concluido la investigación, iniciada en 2002 por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Sin embargo, el procurador no accedió a recibirlos y fueron atendidos por un funcionario de bajo perfil.
8 de enero: Siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el secretario de Salud estatal, Luis Barrera Ríos anunció que el gobierno de Guerrero indemnizará a los 14 indígenas mixtecos de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron esterilizados en 1998.
10 de enero: egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon los accesos al Congreso local, lo que provocó que se cancelara la primera sesión de 2008. Los ex normalistas demandaron a los diputados y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desistimiento de los autos de formal prisión que se les notificó a los 28 egresados que fueron detenidos durante el desalojo de la caseta de La Venta.
15 de enero: Unos 300 integrantes del Comité Comunitario en Defensa del Pueblo de Xochipala bloquearon los accesos a las minas Los Filos, El Bermejal y la Unidad Nukay –ubicadas en la comunidad Mezcala, municipio de Eduardo Neri–, propiedad de la empresa canadiense Luismin, para exigir el pago de dos millones 600 mil pesos de indemnización por daños ambientales en sus tierras, y en solidaridad con la huelga de los mineros de Cananea, Sonora
16 de enero: Catorce tlapanecos demandaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que cumpla la recomendación 066/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual pide al gobernante que los indemnice. Los indígenas fueron esterilizados con engaños entre el 15 de abril de 1998 y el 11 de julio de 2001 por una brigada de la Secretaría de Salud estatal.
22 de enero: Integrantes del Comité Comunitario en Defensa del Pueblo de Xochipala bloquearon los accesos a las minas Los Filos, El Bermejal y a la Unidad Nukay, en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en demanda de que la empresa canadiense Luismin les pague 2 millones 600 mil pesos de indemnización por daño ecológico a sus tierras. Fue la segunda vez en una semana.
31 de enero: La procuraduría de Guerrero fue acusado de detener ilegalmente desde hace un mes a la escolta de Rocío Mesino, regidora de este ayuntamiento y lideresa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Niega haberlo detenido o mantenerlo recluido.
6 de febrero: La Secretaría de la Función Pública (SFP) está por iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de funcionarios de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
7 de febrero: Durante la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a Guerrero, organizaciones sociales e indígenas presentaron una larga lista de denuncias, entre ellas que que el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo ha “criminalizado la lucha social”. Arbour les respondió que en Guerrero, “al igual que en otras partes, ha habido una larga historia de exclusión, de pobreza y de violación de derechos humanos”.
10 de febrero: Lorenzo Fernández Ortega, militante de la Organización del Pueblo Indígena Me’pháa (OPIM), secuestrado el 9 de febrero, fue encontrado muerto con señales de tortura en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Era hermano de Inés Fernández Ortega, violada por soldados del Ejército Mexicano en marzo de 2002.
11 de febrero: El comandante de la novena Región Militar, Sergio Magaña Mier, dio a conocer que la presencia mililtar – actuando por medio de retenes y cateos - en Guerrero continuará, preponderamente en las regiones de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con el objetivo de combatir cultivos de estupefacientes. Rechazó que estas actividades del Ejército Mexicano violen los derechos humanos de los indígenas.
13 de febrero: La ex jefa de nómina del gobierno estatal, Hortensia Galeana Ruiz, y su esposo, Aarón Morales Atkinson, fueron presentados ante la Procuraduría de Justicia de Guerrero como indiciados por robo calificado, desempeño irregular de la función pública y negociaciones ilícitas, derivados de un posible desvío de más de 7 millones de pesos.
28 de febrero: El subprocurador de Justicia de Guerrero, Jesús Alemán del Carmen, reconoció que hay una averiguación previa contra seis policías ministeriales acusados de torturar a los presuntos asesinos del periodista Amado Ramírez, para que se declararan culpables.
5 de marzo: Se creó el Frente Estatal contra la Represión y la Impunidad en el estado. Los grupos relacionados pretenden exigir al gobierno del estado abrir investigaciones en los casos de desaparecidos, y la reapertura de los casos relacionados con las masacres de El Charco y de Aguas Blancas.
12 de marzo: El gobierno de Guerrero aceptó la petición de la Organización de las Naciones Unidas para no realizar los trabajos del proyecto hidroeléctrico de La Parota, mientras se resuelve la división interna entre los ejidatarios.
14 de marzo: Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y para la vivienda adecuada, Miloon Khotari, recomendaron al gobierno federal suspender la construcción de la presa La Parota porque no se garantizó el respeto a las garantías de los afectados.
24 de marzo: Desde la Montaña de Guerrero, decenas de indígenas anunciaron su integración al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y advirtieron que “no vamos a esperar hasta 2010 para hacer la revolución en Guerrero; aquí en la Montaña ya la estamos haciendo. Desde aquí vamos a defender el petróleo y nuestros recursos naturales. Con acciones combativas vamos a exigir maestros, médicos y hospitales, ya no le creemos a ningún partido político, ni al gobernador Zeferino Torreblanca ni a Felipe Calderón”.
1 de abril: La Organización del Pueblo Indígena Me’phaá (OPIM-tlapaneco), denunció que elementos de la policía irrumpieron con violencia en el hogar del integrante Óscar Moreno, ubicado en la comunidad de Cruz Quemada, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, con el fin de llevárselo preso, pues se le pretendió involucrar en la emboscada ocurrida en la comunidad de El Salto, municipio de Ayutla de los Libres, donde perdieron la vida cinco personas, cuatro de ellas policías municipales.
2 de abril: Según Amnistía Internacional, Miguel Ángel Tornez Hernández fue detenido y torturado por la policía estatal judicial en la municipalidad de Ayutla de los Libres, como parte de la investigación del robo y asesinato de cuatro policías y un civil. Un día antes de su detención, varios miembros de su familia fueron detenidos y una de sus hermanas fue torturada.
3 de abril: Cerca de 20 organizaciones de derechos humanos presentaron ante el Tribunal Colegiado de Guerrero el escrito de la organización Amicus Curiae para apoyar el amparo en el caso de la presa La Parota que impidiría su construcción al argumentar que aquélla violaría las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente.
4 de abril: Miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’pháa (OPIM) denunciaron la existencia de grupos paramilitares en la Costa Chica de Guerrero. La OPIM les atribuye ejecuciones de opositores y más de 10 asaltos perpetrados en las semanas anteriores, al parecer con protección del Ejército Mexicano y del alcalde perredista de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos.
5 de abril: La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denuncia la presencia de grupos paramilitares en la Costa Grande, sobre todo en los municipios de Petatlán, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.
7 de abril: Familiares de Miguel Ángel Tornez Hernández presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero contra las policías Investigadora Ministerial, Estatal, Federal Preventiva (PFP) y el Ministerio Público (MP) por la “detención arbitraria y tortura” de que fueron objeto el primero de abril, después de que cuatro agentes municipales y un civil fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Ayutla de los Libres.
10 de abril: Fue detenido de manera ilegal Abad Flores Herrera, ex comisario y actual consejero de la Coordinación Regional de la Policía Comunitaria, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial. El hecho ocurrió en Marquelia.
15 de abril: Autoridades de la comunidad indígena me'phaa de Colombia de Guadalupe, en Malinaltepec, denunciaron que han sido intimidados durante los operativos del Ejército, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la policía del estado y la investigadora ministerial, bajo el pretexto de desmantelar una banda de secuestradores.
18 de abril: Cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) fueron detenidos en la localidad de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero. Fueron interrogados y acusados del asesinato de un hombre, cometido el 1 de enero. Además, se han dictado órdenes de detención contra otros 10 miembros destacados de la OPIM, incluido su presidente, Cuauhtémoc Ramírez.
28 de abril: La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) exigió al Ejército mexicano, a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que salgan de las comunidades de Ayutla y le advirtió al gobernador Zeferino Torreblanca, que la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa (OPIM) no está sola, sino que recibe "todo el apoyo de la Policía Comunitaria".
13 de mayo: Frente al palacio de gobierno de Chilpancingo, familiares y víctimas de la guerra sucia exigieron la presentación con vida de unas 80 personas de la Costa Grande desaparecidas en 1970 y 1974. El Secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, respondió a los manifestantes que se harían los trámites necesarios para atender su petición.
4 de junio: Cientos de integrantes del Frente de Ejidos, Comunidades y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero tomaronlas instalaciones de las secretarías de la Reforma Agraria, de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Agraria exigiendo una respuesta a sus demandas que incluyen obras de drenaje, agua potable, concesiones de transporte y solución a 10 conflictos agrarios.
7 de julio: Expertos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) iniciaron excavaciones en el ex cuartel militar ubicado en Atoyac de Álvarez (Costa Grande), donde se presume que fueron enterrados cuerpos de personas desaparecidas durante la guerra sucia. La decisión de llevar a cabo las excavaciones fue tomada bajo presión de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (AFADEM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Familiares de las victimas estuvieron presentes en el proceso.
10 de julio: Miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entraron en las oficinas de la Radio Ñomdaa, ubicada en la comunidad de Xochistlahuaca para desmantelar el equipo de transmisión. Los integrantes de la radio junto con varios miembros de la comunidad lograron expulsar a los agentes sin que se produjeran incidentes graves.
11 de julio: un juez federal concedió un amparo a la comunidad na´savi (mixteca) de Mini Numa, que pertenece al municipio de Metlatónoc (uno de los más pobres del país). Dicha comunidad había solicitado la protección de la justicia federal, el 9 de noviembre del año pasado, por la violación de su derecho a la salud. Desde hace tiempo, venían solicitando la construcción de un centro de salud, la asignación de un médico y la dotación de medicinas. En consecuencia directa de la falta de respuesta del gobierno, entre 2005 y 2007, se registró la muerte de 6 personas, entre ellos cuatro niños. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollán: “Es extraordinario que el juez en su análisis determinara que la autoridad estatal violó el artículo 4° constitucional que regula el derecho a la salud de toda persona y colectividad, y es todavía más importante que haya dejado claro al gobierno de Guerrero que no se puede alegar una escasez presupuestal, para dejar de cumplir con sus obligaciones constitucionales”. Tres comunidades de la Montaña (Los Llanos, Yuvinani y Atzompa) se sumaron a la lucha por el derecho a la salud emprendida por Mini Numa.
31 de julio: La Secretaría de Salud del gobierno estatal indemnizó a 14 indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, quienes fueron esterilizados en 1998 y 2001. El Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reiteró la necesidad de garantizar la llegada de un médico y de otros recursos al centro de salud que se instaló en la comunidad, así como la iniciación de un proceso administrativo en contra de los integrantes de la brigada de salud que presionaron a las victimas para esterilizarlos.
9 de agosto: en la comunidad de La Mesa, región de Tierra Caliente, un elemento de la policía investigadora ministerial murió y dos más resultaron heridos debido a un enfrentamiento entre policías y un grupo de individuos encabezados por Monje Solís, quien supuestamente estaría vinculado al ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
FUENTES :
- Contra el silencio y el olvido, Décimo Informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., junio 2004-mayo 2004.
- Violencia en Guerrero, Maribel Gutiérrez, La Jornada ediciones, noviembre de 1998
- Periódicos El Sur, La Jornada, Universal On Line
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