Actividades de SIPAZ (Abril – Junio de 2004)
30/06/2004
Pablo Salazar Mendiguchía © Expediente 2010
COYUNTURA: Elecciones en Chiapas, ¿quién ganó?
30/12/2004

COYUNTURA: México-Chiapas, informes de gobierno

Presidente Vicente Fox</br>© Diario REFORMA

Chiapas se encuentra actualmente en un contexto pre-electoral ya que el 3 de octubre se elegirán a 118 alcaldes municipales y 40 diputados estatales. A pesar de la profusión de pósters, eslóganes y actos proselitistas, el contexto nacional diluye parcialmente la relevancia de la recomposición de los grupos locales de poder que este proceso conlleva. Parece más bien que lo que está en juego anticipadamente son las próximas elecciones federales del 2006. Con esta fecha en mente, dos hechos se ofrecen como barómetro político: el informe de gobierno presentado por el presidente Fox en septiembre; y, una serie de comunicados del subcomandante Marcos publicados en agosto que representan el primer informe de las Juntas de Buen Gobierno a un año de su inicio.

Revuelta alrededor del informe presidencial

 

Presidente Vicente Fox</br>© Diario REFORMA

Presidente Vicente Fox © Diario REFORMA

El 1° de septiembre pasado, el presidente Fox presentó su cuarto informe de gobierno al Congreso de la Unión, en un recinto rodeados por policías y militares, con vallas metálicas de más de tres metros de altura. Afuera del edificio, contenidos por las fuerzas del orden, miles de campesinos, electricistas y sindicalistas realizaron protestas. Dentro de la Cámara de Diputados, también predominaron expresiones de descontento. La ceremonia fue interrumpida 23 veces por las protestas de legisladores de todos los partidos (salvo el Partido de Acción Nacional, PAN, el partido del presidente). Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD, principal partido de izquierda) expresaron su desacato al presidente dándole la espalda.

De ahí que lo más destacado por la prensa fue la tregua que Vicente Fox pidió para alcanzar acuerdos conjuntos: “El cambio político muestra aún carencias importantes. Una de las más evidentes es que la comunicación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo no ha sido tan fluida como demandan estos tiempos. (…) Es responsabilidad de todos los miembros de la clase política evitar que la sociedad se desilusione de la democracia; que piense que la lucha de tantos años fue en vano”.

Sin embargo, otros leyeron su mensaje “que nunca más una autoridad esté por encima de la ley” como una alusión directa a Andrés Manuel López Obrador, el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal. Del PRD, éste cuenta con una alta aceptación social como eventual candidato a la presidencia de la República. Existe una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para desaforar al mandatario capitalino para poder procesarlo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un mandato judicial que le ordenaba interrumpir los trabajos para la construcción de dos vialidades. Eso podría impedir su candidatura. Esta situación ha generado indignación popular, como se vio en una manifestación de cientos de miles de mexicanos en México DF el 29 de agosto. Varios diputados del PRD también protestaron contra este desafuero en el marco del IV informe presidencial.

Ciertamente, la falta de acuerdos políticos mínimos con la oposición en el Congreso de la Unión ha imposibilitado las reformas estructurales que se proponía el presidente. Pero también se le han abierto otros frentes dentro de su mismo partido y su propio gabinete al adelantarse el periodo de sucesión. Alfonso Durazo Montaño, ex vocero presidencial renunció a su cargo denunciando: “Si no hay legalidad, equidad, democracia y arbitraje presidencial imparcial, la disputa electoral de 2006 podría llegar a convertirse en una repetición de las viejas y nocivas rondas de desconfianza sobre los resultados electorales. Y si las elecciones no se resuelven en las urnas, se van a resolver en las calles.” Se desató un escándalo que derivó en la renuncia de Marta Sahagún en su intento por suceder a su esposo en el cargo presidencial.

En todos estos aspectos de política interna y otros de carácter internacional (relaciones con EEUU y Cuba en particular), aparecen contradicciones que hacen patente una situación de impasse de la cúpula política mexicana (poderes ejecutivo y legislativo).

En la población, lo que predomina es más bien la desilusión y la desconfianza hacia la clase política que ya se había notado en el alto abstencionismo electoral del 2003. La aparente estabilidad macro-económica no se refleja ni en los niveles de pobreza ni en el desempleo ni en las cuestiones básicas que son las que efectivamente preocupan a los mexicanos (por ejemplo el tema de la inseguridad). Tampoco se puede ocultar la profunda crisis social y política que explica la multiplicación de marchas de protesta en la ciudad de México.

Balance de las Juntas de Buen Gobierno a un año de funcionamiento

 

© SIPAZ

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En una extensa serie de comunicados titulados “Leer un vídeo”, el subcomandante Marcos dio a conocer un primer balance del funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) que debería ser complementado a mediados de septiembre por las mismas Juntas.

Aunque tuvieron poca repercusión en los medios masivos de comunicación vale la pena rescatarlos y adquieren mayor relevancia en el contexto que se acaba de describir. De hecho, en la primera parte de estos comunicados, Marcos describe el panorama político actual en estos términos: “Un rápido repaso por las principales imágenes de la “vida nacional” (…) provoca una sensación de caos, anacronía y sinrazón. El calendario vigente marca la mitad del año de 2004, pero la programación a ratos parece estar a mitad del siglo XIX, y a ratos a mitad el año 2006″. Cuestiona la corrupción y la antidemocracia de los partidos políticos, la tendencia a la derechización de las luchas partidarias, el papel de los medios de comunicación y los disfuncionamientos del sistema jurídico mexicano.

La segunda parte es la más autocrítica del balance del funcionamiento de las JBG. Descarta como “error” la espera a la que se ha sometido a algunos visitantes explicando: “se debe entender que estamos en un movimiento en rebeldía y resistencia. Si a esto agregamos varias generaciones víctimas de engaños y traiciones, se puede comprender la desconfianza natural (…). Lo que algunos ven como tendencias burocráticas en las JBG y los consejos autónomos son, en realidad, producto de la dinámica del acosado y perseguido”.

Tampoco reconoce como error la rotación de los comités en los ‘Caracoles‘. Explica: “Sabemos bien que este método dificulta la realización de algunos proyectos, pero a cambio tenemos una escuela de gobierno que, a la larga, dará frutos en una nueva forma de hacer política. Además, este ‘error’ nos ha permitido combatir la corrupción que pudiera presentarse en las autoridades. (…) Tomará tiempo, lo sé. Pero para quienes, como los zapatistas, hacen planes por décadas, unos años no es mucho tiempo”. También se está cuidando (“otro ‘error’, que no lo es”) el tema de la representatividad, de ahí, la negación a invitaciones o solicitudes de apoyo a otros movimientos.

Al fin y al cabo, Marcos reconoce principalmente dos fallas: la participación de las mujeres y la relación de la estructura político-militar zapatista con los gobiernos autónomos.

Respecto a las mujeres, escribe: “Si en los Comités Clandestinos Revolucionarios Indígenas de zona el porcentaje de participación femenina está entre 33 por ciento y 40 por ciento, en los consejos autónomos y Juntas de Buen Gobierno anda en menos de uno por ciento en promedio. (…) A pesar de que las mujeres zapatistas han tenido y tienen un papel fundamental en la resistencia, el respeto a sus derechos sigue siendo, en algunos de los casos, una mera declaración en papel. La violencia intrafamiliar ha disminuido, es cierto, pero más por las limitaciones del consumo de alcohol que por nueva cultura familiar y de género”.

En cuanto a la relación entre el aparato político-militar y los gobiernos autónomos, asume plenamente las limitaciones: “Originalmente, la idea que teníamos era que el EZLN debía acompañar y apoyar a los pueblos en la construcción de su autonomía. Sin embargo, el acompañamiento se convierte a veces en dirección, el consejo en orden… y el apoyo en estorbo. (…) El hecho de que el EZLN sea una organización política-militar y clandestina contamina todavía procesos que deben y tienen que ser democráticos”.

 

© SIPAZ

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En la tercera parte, comenta que el ‘Viejo Antonio’ le explicó una vez que los indígenas caminan encorvados “porque cargan sobre los hombros su corazón y el corazón de todos”. Agrega que “A los dos hombros que suelen tener el común de los seres humanos, los zapatistas han agregado un tercero: el de las ‘sociedades civiles’ “. Agradece este apoyo y resalta que ha sido hacia una causa “que a nosotros solos nos sigue quedando grande: la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos, es decir, de un mundo que cargue el corazón de todos”.

Este año, subraya que llegaron a los ‘Caracoles“personas y organizaciones de, por lo menos, 43 países, incluyendo (…) México”. También, reporta ingresos por casi 12 millones y medio de pesos y egresos por cerca de 10 millones, explicando como se repartieron entre los 5 caracoles y el porqué de esta repartición. Aunque los detalles los darán las mismas JBG, aclaró que nada fue usado para beneficio personal.

La cuarta parte se refiere a lo que Marcos llama “cuatro falacias”, argumentos que han venido usando grupos contrarios a los procesos autonómicos zapatistas. El primero tiene que ver con el hecho de que dichos procesos pudieran desintegrar o “balcanizar” el país. Marcos subraya que no ha sido así aunque el país se esté “en efecto, desintegrando, pero no por la autonomía indígena, sino por una auténtica guerra interna, por la destrucción despiadada de sus fundamentos: la soberanía sobre los recursos naturales, la política social y la economía nacional. (…) En suma, el gobierno federal ha renunciado a sus funciones y el Estado nacional se tambalea golpeado por los de arriba, no por los de abajo”.

Frente a esta situación, propone “refundar la nación. Con nuevo pacto social, nueva Constitución, nueva clase política y nueva forma de hacer política. En suma, haría falta un programa de lucha, construido desde abajo, con base en la agenda real nacional, no en la que promueven políticos y medios”.

Un segundo cuestionamiento hacia la construcción de la autonomía zapatista era el riesgo de llegar a tener un estado dentro de otro estado. Marcos responde diciendo: “Las JBG nacieron para atender a todos, a zapatistas, a no zapatistas, e incluso a antizapatistas.”. Afirma además: “Respetar es reconocer, y las Juntas de Buen Gobierno les reconocen existencia y jurisdicción al gobierno del estado y a los municipios oficiales y, en la mayoría de los casos, las autoridades oficiales municipales y el gobierno del estado reconocen la existencia y jurisdicción de la JBG. De igual forma, las Juntas de Buen Gobierno reconocen la existencia y legitimidad de otras organizaciones, respetan y demandan respeto”.

A diferencia de en épocas pasadas, y en contraste con lo que escribe sobre el Comisionado por la Paz del gobierno federal, Luis H. Alvarez, Marcos reconoce: “Sabiendo que las miras del zapatismo no son locales, sino federales, el gobierno de Chiapas eligió no ser parte del problema y tratar de ser parte de la solución”.

Un tercer riesgo que señalaban los críticos de la autonomía era la posibilidad de que proliferaran los conflictos. Marcos indica que al contrario se han ido disminuyendo y que se han buscado soluciones más que castigos. Reconoce jurisdiciones nuevamente para que la justicia estatal ejerza su acción. Cuestiona sin embargo: “En los casos que se han presentado hasta ahora, la justicia del gobierno de Chiapas ha brillado por su lentitud e ineficiencia. Parece que el aparato judicial chiapaneco sólo es expedito cuando se trata de penalizar a los enemigos políticos del gobierno estatal”.

 

© SIPAZ

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Una cuarta “falacia” según Marcos, se refería al tema de la impartición de justicia. Aclara: “El buen gobierno no busca otorgar impunidad a los que simpatizan con él, ni está hecho para penalizar a los contrarios en ideas y planteamientos. Las leyes que rigen en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas no sólo no contradicen las elementales de justicia que rigen en el sistema jurídico estatal y federal, sino que en muchos casos las completan”.

Agrega: “Los derechos colectivos (…) no sólo no contradicen los derechos individuales, sino que permiten que estos últimos se alcancen para todos, no sólo para unos cuantos”. Y concluye contundentemente este cuarto comunicado diciendo: “En tierras zapatistas no se está gestando la pulverización de la nación mexicana. Por el contrario, lo que aquí nace es una posibilidad de su reconstrucción”.

En la quinta parte, presenta algunos acuerdos internos por ejemplo para la conservación de los bosques, contra el narcotráfico o el tráfico de indocumentados. Vale la pena subrayar en esta parte, que aunque no comparten la opción electoral como vía hacia la construcción de la democracia, aclaran que no se opondrán a la jornada electoral del 3 de octubre en territorios zapatistas.

En la sexta parte, Marcos introduce “seis avances” asegurando que las condiciones de vida en los pueblos zapatistas “aunque distan todavía un buen trecho de ser las ideales, son mejores que las de las comunidades que reciben ‘apoyo’ federal”. Estos principales avances se dieron en cuestión de salud, educación, alimentación, tierra, vivienda y en las formas de autogobierno.

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Breves

MONTES AZULES

A principios de julio, 25 familias de la comunidad San Francisco El Caracol fueron reubicadas en un nuevo poblado denominado Santa Marta, municipio Marqués de Comillas. Según la versión oficial, “de las 523 hectáreas totales de Santa Marta, se utilizaron 13.46 para la construcción de 25 viviendas y una casa comunal, con los servicios de agua potable, energía eléctrica a través de celdas solares, letrinas; se establecieron vialidades mínimas y un camino de acceso. También, se les otorgaron apoyos de salud y de proyectos productivos, para garantizar los servicios y las oportunidades de desarrollo”.

Frente a lo costoso y aparatoso que resultó ser esta reubicación, algunos analistas consideran que lo que se pretendió fue crear una “comunidad modelo” en Santa Martha, para seguir negociando con las demás comunidades que hasta el momento no han aceptado la reubicación. En este sentido, nada está verdaderamente resuelto.

Además, a principios de septiembre, por primera vez con referencia a casos concretos dentro de la Reserva de la biósfera de Montes Azules, la Junta de Buen Gobierno de La Realidad se pronunció en contra de las amenazas de desalojo recibidas por los poblados Primero de Enero y Santa Cruz, pertenecientes al municipio autónomo Libertad de los Pueblos Mayas. Esta declaración ratifica la postura zapatista de lucha por el territorio en el caso de Montes Azules.

IMPUNIDAD EN CHENALHÓ

Dos hechos concretos marcaron un recrudecimiento de la tensión en este municipio de los Altos: en agosto, fue asesinado una base de apoyo de Polhó (un caso por esclarecer todavía). En septiembre, la Organización Civil “Las Abejas” denunció que niños habían encontrado 190 balas y declaró: “Es así, como se muestra con hechos la injusticia que vivimos día a día. Los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal en el año de 1997, aun siguen armados y, por esto, vivimos en la inseguridad”.

CRÍTICAS AL SISTEMA DE JUSTICIA EN CHIAPAS

Otros casos llaman la atención sobre las fallas del sistema de justicia en Chiapas. Un ejemplo de ello: entre enero y abril del presente año, cuatro personas fueron detenidas por el supuesto homicidio de un maestro de San Cristóbal de Las Casas, ocurrido en diciembre. Denuncias indican que tres de ellas han sido torturadas y la fabricación de pruebas para poder inculparlos. En agosto, los abogados defensores de los acusados y de uno de los testigos fueron detenidos, por “falsedad de declaraciones en grado de tentativa” (delito que no existe en el código penal). El Centro de Derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas aseveraba: “Desconocemos los intereses que pretenden inculpar injustamente a los detenidos, pero estas acciones son una clara intimidación a la defensa para ocultar la responsabilidad penal de las autoridades por los delitos de tortura y fabricación de pruebas, y mantener la acusación por homicidio en contra de los cuatro detenidos”. Para más información, ver también: http://www.frayba.org.mx/index.php

Por otro lado, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), Pedro Raúl López Hernández, fue destituido temporalmente por el Congreso Estatal de Chiapas (poder legislativo) el 17 de agosto pasado. El Congreso considera que el Presidente de la CEDH no había permitido la actuación del órgano Superior de Fiscalización (encargado de realizar auditorías en caso de posibles actos de malversación de fondos). El Presidente de la CEDH negó la actuación de dicho órgano argumentando el incumplimiento del procedimiento legal establecido para realizar auditorías en organismos públicos. Se teme por la falta de un proceso limpio y transparente de auditoría de la CEDH y más, por la posibilidad de impedir a través de él, el actuar autónomo de la CEDH en su trabajo de denuncia de violaciones de Derechos Humanos.

SEGUIMIENTO AL CASO GUADALAJARA

En un informe de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que las autoridades policiales de Jalisco incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de las personas que el pasado 28 de mayo manifestaron durante la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara.

La CNDH recomendó al gobernador de Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña, gire las instrucciones necesarias para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos implicados. Este ha venido insistiendo en que el informe “es parcial” y que “tenemos la conciencia tranquila por las acciones que tuvimos ante quienes vinieron a agredir a Guadalajara y a Jalisco”. A pesar de la presión creciente, ejercida por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, 17 jóvenes siguen en cárceles de Guadalajara, 49 salieron bajo fianza aunque sigan procesados.

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