Actividades de SIPAZ (Abril – Junio de 2005)
29/07/20052005
30/12/2005
Precandidaturas y campañas oficiales
Informe presidencial sin muchas expectativas ni impacto
A principios de septiembre, el presidente Vicente Fox presentó su quinto informe de gobierno a un año de finalizar su sexenio. Fue un acto más bien protocolar, corto y sin «datos duros». El presidente Fox centró su mensaje en dos ideas principales: la transición democrática y el llamado a la construcción de acuerdos. Este llamado, principalmente al Congreso, resulta paradójico ya que no se habían logrado muchos acuerdos significativos en los cinco años anteriores y que las luchas pre-electorales refuerzan los intereses partidarios, limitando las posibilidades de consensuar reformas de fondo.
El escaso impacto de este acto tiene que ver con el hecho de que todo el debate político partidario gira alrededor de la sucesión presidencial hacia el 2006. Ya están definidas las precandidaturas de los principales partidos y se han intensificado las confrontaciones internas.
PRI: pugnas entre precandidatos y por la renovación de sus dirigentes
Después de perder la Presidencia de la República en el 2000 (luego de 71 años en el poder), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha mantenido como la primera fuerza política mexicana a nivel municipal, estatal y en el Congreso. Las elecciones a gobernador del Estado de México, en julio pasado se anunciaban como posible barómetro de las preferencias electorales hacia el 2006. El candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, ganó a sus contendientes prácticamente al dos por uno.
Las precandidaturas en el PRI oponen a Roberto Madrazo y a Arturo Montiel. El primero es presidente nacional de este partido con un fuerte control sobre la estructura partidista e influencia en elecciones locales. El segundo es ex gobernador del Estado de México y líder de la corriente «Unidad Democrática», también conocida como Todos Unidos contra Madrazo (TUCOM). Sin embargo, las pugnas entre ambos se han mantenido en lo mediático y han quedado parcialmente opacadas al coincidir con la renovación de la dirigencia del partido agudizando las fracturas.
En agosto, en ausencia de Elba Esther Gordillo, la secretaria general anti madracista que por prelación debía asumir el cargo de presidente del PRI, se consumó la sucesión con el nombramiento de Mariano Palacios Alcocer. Elba Esther Gordillo promovió un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el fin de revocar este nombramiento. En medio de las tensiones, el TEPJF finalmente lo validó y Gordillo decidió dejar la secretaría general abriéndose a las posibilidades de convertirse en precandidata, de apoyar a otro o inclusive de sumarse a un partido distinto.
PAN: elección interna semi cerrada
En el caso del PAN (Partido de Acción Nacional), compiten Alberto Cárdenas Jiménez, Felipe Calderón Hinojosa y Santiago Creel Miranda. Este último es reconocido como el candidato de Vicente Fox (fue su Secretario de Gobernación hasta hace poco) y era inicialmente el favorito. En medio de un fuerte despliegue de recursos económicos y mediáticos, la competencia entre las tres corrientes que representan estos precandidatos podría derivar en un escenario de división, que debilitaría aún más a un partido de por sí desgastado por el ejercicio gubernamental.
La elección interna será semi cerrada con una primera vuelta en tres fases entre septiembre y octubre (por estados) y una segunda vuelta en noviembre con sufragio simultaneo de los militantes en todo el país. El 11 de septiembre, Felipe Calderón Hinojosa ganó la primera votación regional. Se considera que la delantera que tiene frente a Creel se debe en parte al voto de castigo de los panistas ante la crítica a la administración del presidente Fox
PRD y López Obrador
El 30 de julio, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de renunciar a su cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal (DF) se registró como precandidato presidencial. Con su alto nivel de popularidad, es el candidato casi asegurado del PRD. La polémica alrededor de su posible desafuero (que lo hubiera inhabilitado para las elecciones presidenciales; ver informes anteriores) terminó fortaleciéndole. Por otro lado, su política social más redistributiva como Jefe de Gobierno del DF le garantizó una amplia base popular. Ciertamente la misma política le ha llevado a recibir críticas por propiciar una relación clientelar con sus beneficiarios y por aumentar la deuda del D.F. de 28 mil 718 millones de pesos (2000) a 41 mil 440 millones de pesos (2005). [tipo de cambio: 1US$=10.7 pesos]
Otro ‘talón de Aquiles’ para López Obrador es que el cumplimiento de 24 de sus 50 compromisos electorales no depende del Presidente sino del Legislativo, teniendo en cuenta que resulta poco probable que el PRD logre una mayoría absoluta en el Congreso, haciendo la negociación indispensable.
Coalición Ciudadana Nacional: otro factor en la ecuación
A finales de septiembre, alrededor de 250 organizaciones sindicales, políticas, civiles y campesinas formalizaron la Coalición Ciudadana Nacional por la Transición Democrática con Justicia y Equidad. Hasta esta fecha se le había denominado Frente Amplio de Izquierda (o «Frentote«). En este proceso han venido participando líderes del PRD, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Convergencia. Cabe destacar que ha tenido en sus impulsores a Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico que fue tres veces candidato a la Presidencia de la República por el PRD y actualmente marginado en este partido.
Este espacio busca culminar la transición democrática -pasando por una necesaria Reforma del Estado- haciendo prevalecer un proyecto político antes que al candidato que lo encabece, sin subordinarse al mismo. No tiene muchas posibilidades de ganarle a AMLO la candidatura. Sin embargo, obliga a éste a debatir su programa de gobierno, a negociarlo. Si López Obrador ganara, este Frente podría convertirse tanto en un contrapeso como en un sustento organizacional para AMLO, un sustento que –independientemente de su popularidad- no tiene actualmente.
De la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a la Otra Campaña
En este marco, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estuvo transitando de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona al lanzamiento de la «Otra Campaña» (ver enfoque). El EZLN rompió su relación con los partidos políticos después de lo que llaman la «traición» legislativa en 2001: ese año el Congreso aprobó una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena que difiere de los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno federal y los zapatistas.
Hoy en día, el EZLN considera que no hay nada que negociar con los de «arriba«, con las instituciones y los partidos políticos que según ellos sólo juegan al poder por el poder con un derroche de recursos y sin contacto con las necesidades de la gente. Con la Sexta, confirman que ya no esperan nada del actual Gobierno, ni por cierto del próximo sea cual sea. Y sin embargo, lanzaron su nueva iniciativa justamente en un momento de transición de poder en México.
La nueva estrategia mantiene la «retaguardia» militar. Se propone seguir fortaleciendo la construcción de la autonomía en Chiapas pero además lanza una nueva propuesta de lucha «abajo y a la izquierda» a nivel nacional, una dimensión presente desde el inicio en su nombre («de Liberación Nacional»). Se plantea profundizar también otro nivel: el global.
Frente a la crisis de la democracia representativa y en ruptura con la institucionalidad, el zapatismo propone más que una estrategia, una metodología construida desde abajo, por los de abajo y para los de abajo: la Otra Campaña, que viene a disputar la iniciativa a la clase política hacia una transformación radical del Estado. Confronta directamente la lógica propia de las campa?as electorales (poder, medias, dinero). El proceso estuvo agarrando fuerza progresivamente. A principios de septiembre, ya se habían adherido a la Sexta 162 organizaciones sociales, 55 organizaciones políticas, 453 Organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos y colectivos, 103 organizaciones indígenas y 1625 individuos. En la sesión Plenaria, llegaron 2069 personas.
El posicionamiento de la Sexta en relación a los partidos políticos y a López Obrador generó particular polémica. La dirigencia nacional del PRD calificó el lenguaje del subcomandante Marcos como «excesivo» y negó ser traidor a la causa indígena (por el tema de la reforma de 2001). Para muchos pro AMLO este posicionamiento se puede ver anticlimático, corriendo el riesgo de dividir a la izquierda cuando se tiene una opción real de ganar la presidencia. Pero, para el EZLN, la posición de votar por el «menos peor» no es su opción. Sin embargo, a pesar de lo mencionado en algunos medios, la Sexta no es un llamado al abstencionismo: «La propuesta de la Sexta es aliarse con las organizaciones políticas sin registro, no dice que no luchen por lo poder, ni que en sus estrategias no esté la lucha electoral. Como la Otra Campaña entra en la campaña electoral, no queremos que se use ésta para el registro de candidato de los que tienen registro (EZLN)». La Sexta tampoco es una opción «prozapatista«, de incondicionalidad a su planteamiento político y organizativo.
Reacciones ante la Otra Campaña
A mediados de agosto, el precandidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón cuestionó: «La opción que (Marcos) hizo por la violencia es una opción que cancela la democracia. Yo prefiero la opción de los ciudadanos con nombre y apellido, que damos la cara, que participamos en política, y que construimos vida democrática, también con riesgos que incluso en el pasado llegaron a implicar pérdida del empleo o de la vida«. La Otra Campaña es sin embargo una iniciativa política y pacífica, como de hecho todas las iniciativas zapatistas después de los 12 días iniciales de guerra en 1994.
En el caso del Ejecutivo, Rubén Aguilar Valenzuela, vocero de la Presidencia, informó que celebraba la opción del EZLN por la vía política. Subrayó que la influencia que la actuación del EZLN pudiera generar en el próximo proceso electoral de 2006 será decisión del electorado. Sobre la intención del EZLN de recorrer el país manifestó su beneplácito y dijo que el gobierno de México dará las facilidades para que pueda desarrollar esa acción. El gobierno federal expresó su disposición de dialogar con el subcomandante Marcos en el lugar, hora y sobre los temas que quiera.
En el marco de la Sesión Plenaria de la Otra Campaña, el EZLN rechazó sin embargo sostener una reunión secreta con el Comisionado para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, quien había hecho la petición mediante una carta entregada al subcomandante Marcos en dicha reunión. Luis H. Álvarez, confirmó el envío de dicha carta cuyo objetivo era intercambiar puntos de vista acerca de la situación que prevalece en las comunidades indígenas.
En la tercera semana de septiembre, se reunieron el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, Luis H. Alvarez, y siete integrantes de la COCOPA (Comisión de Concordancia y Pacificación integrada por legisladores para coadyuvar en los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal) para analizar lo planteado en la Plenaria por la Comandancia del EZLN. Se reconoció la legalidad de la movilización zapatista. Aunque las voces públicas del lado oficial dan bienvenida a la iniciativa, se señalaron en las reuniones preparatorias represiones alrededor de la difusión de la Otra Campaña, por ejemplo en Oaxaca.
A mediados de agosto al preguntarle si el Ejército Mexicano había recibido instrucciones con respecto a una delegación zapatista en enero próximo, el comandante de la séptima región militar en Chiapas, Juan Morales Fuentes, afirmó que no representaba un riesgo para la estabilidad social. A finales de agosto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entregó un reporte a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), donde registró a ocho organizaciones armadas que operan en distintas regiones del país. Afirmó que sólo cinco «pueden afectar la paz social y la seguridad nacional»: el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y cuatro organizaciones que se derivaron de éste. Dentro de este grupo no se incluyó al EZLN.
Chiapas: más campañas y tensiones
En lo local, gran parte de la agenda política gira alrededor de las próximas elecciones por la gobernatura del estado, previstas justo después de las federales (agosto de 2006). A principios de septiembre, la Contraloría de la Legalidad Electoral inició procesos administrativos contra políticos que aspiran a ser candidatos: los diputados federales Emilio Zebadúa (PRD), Manuel Velasco (PVEM, Partido Verde Ecologista de México); y, los senadores Rutilio Escandón (PRD), y José Antonio Aguilar (PRI). Se les acusa de haber realizado actos proselitistas fuera de los tiempos legales. Varios medios sostuvieron sin embargo que con esta medida se busca favorecer al secretario de Gobierno, Rubén Velázquez, considerado como el candidato del actual gobernador, Pablo Salazar.
En las próximas elecciones estatales, muchos prevén un fuerte abstencionismo facilitando el regreso del PRI. Ganaría además tanto por su presencia y por la fortaleza de su estructura en el estado como frente a la dificultad en el polarizado contexto partidista nacional de conformar una coalición de otros partidos políticos, como la que llevó al actual gobernador al poder en el 2000 (representaba a 8 partidos).
En la zona Norte del estado, el ambiente marca un recrudecimiento de la tensión con fuertes rumores de la reactivación de «Desarrollo, Paz y Justicia» (DP&J), grupo acusado de ser paramilitar. En agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, volvió a denunciar el desplazamiento forzado de varias familias de la comunidad de Andrés Quintana Roo, municipio de Sabanilla, por agresiones y amenazas de personas vinculadas con DP&J. Los desplazamientos se dieron en junio, julio y agosto, llegando a sumar actualmente a un total de 20 familias o sea 117 personas. El gobierno del estado habla de «auto-desplazamiento». No obstante, el miedo en la zona es muy real y palpable, de igual modo en el municipio de Tila.
También en la zona Norte, en la comunidad Belisario Domínguez, municipio de Salto de Agua, el 6 de septiembre pasado, se dio un conflicto entre bases de apoyo zapatistas y el resto de la población con un saldo de varios heridos. Al origen de dicho conflicto, está nuevamente el tema de los servicios básicos, fuente de tensiones en comunidades divididas ya señalada en informes anteriores. Las familias zapatistas pretendieron impedir que los demás pobladores les interrumpieran el suministro eléctrico y no dejar entrar en la comunidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los demás se organizaron para ir a alcanzar fuera de la comunidad a cuatro empleados de la paraestatal para «intentar llegar a un arreglo con la CFE en cuanto a sus rezagos».
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Breves: Claroscuros en Guerrero
Liberación de Felipe Arreaga
El 15 de septiembre se reconoció la inocencia de Felipe Arreaga Sánchez, ecologista de Guerrero quien había permanecido preso injustamente por más de 10 meses (ver en SIPAZ). Sin embargo, todavía se sigue temiendo por su seguridad, la de su familia y la de otros defensores del medio ambiente y de derechos humanos en el estado. Además, sigue vigente la acusación por el mismo delito en contra de otros trece campesinos ecologistas. Entre ellos se encuentran líderes de la OCESP (Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, A.C.) como Rodolfo Montiel – también preso de conciencia en 1999 – y Albertano Peñaloza Domínguez – víctima de una emboscada en la cual murieron dos de sus hijos.
La Parota: se agudiza la represión
La construcción de la Presa hidroeléctrica ‘La Parota’, cerca de Acapulco, ha venido generando polarización social y creciente violencia. Los comuneros del Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (CECOP) han cuestionado fuertemente el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por propiciar la división entre comunidades, por no informar con veracidad e imparcialidad a los pobladores y por ofrecer dinero, obras y servicios a quienes acepten la realización del proyecto. Han acusado al Gobierno Estatal, por no buscar las condiciones para atender las demandas de los comuneros y privilegiar la inversión en el estado, usando a las corporaciones policíacas para intimidar a los opositores. El 23 de agosto, unos mil comuneros de Cacahuatepec que están a favor del proyecto de La Parota estuvieron convocados por la CFE a una reunión que duró 20 minutos y que se realizó rodeada por unos 500 policías. Se impidió el paso a los opositores a la reunión. Los presentes en la misma aprobaron mientras tanto el inicio de los trámites para la expropiación de las tierras en donde se construiría la presa. Se generó un enfrentamiento violento. El 18 de septiembre, Tómas Cruz Zamora fue asesinado luego de participar en la Asamblea del CECOP, en la que se esperaba la asistencia del gobernador (no llegó). Se teme mayor incremento de la violencia.
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