BOLETÍN URGENTE

San Cristóbal de Las Casas
21 de junio de 2016

REPRESIÓN MAGISTERIAL EN OAXACA

El 19 de junio en el estado de Oaxaca elementos policiales reprimieron de forma violenta a maestras, maestros y sociedad civil organizada en rechazo a la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tales hechos causaron la muerte de al menos 6 personas, la detención-desaparición de 22 y heridas de bala a otras 45 entre Nochixtlán y Hacienda Blanca. La atención médica no fue garantizada, ante lo que la población generó puestos de atención para tratar a las y los heridos. En la capital del estado, en los últimos días han estado llegando aviones de la Policía Federal y Gendarmería.

Este hecho es el más reciente en un contexto de escalada de violencia represiva en todas las entidades donde se ha manifestado el movimiento magisterial con apoyo de la sociedad civil (Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Michoacán, Guerrero, entre otros) en las últimas semanas. Todas estas movilizaciones han sido en exigencia de una mesa de diálogo con el gobierno federal acerca de la reforma, mismo que ha mantenido una postura dura de no querer modificarla y amenazando con el cese inmediato de quienes se mantienen en huelga.

Antecedentes:

En 2013, el gobierno federal aprobó la reforma educativa, incluida en el paquete de reformas impulsadas desde el “Pacto por México” -un acuerdo entre los principales partidos políticos planteando la construcción de una sociedad de derechos y libertades, crecimiento económico, seguridad, justicia, transparencia, combate a la corrupción y gobernabilidad democrática-. Desde su anuncio por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, la reforma de la educación causó inconformidad entre el magisterio. Fue presentada por el gobierno como una mejora del sistema educativo a partir de la evaluación de las y los docentes; también busca promover la autonomía de las familias de las y los estudiantes en la gestión de las escuelas, en la práctica implicando la asunción de los gastos de mantenimiento de las escuelas. Fue interpretada por un sector amplio del magisterio como una reforma laboral -más que de contenidos educativos- y que permitiera despidos selectivos de docentes, así como el inicio de la privatización de la educación en el país.

A raíz de ello, las y los profesores disidentes organizaron múltiples protestas en varios estados en busca de diálogo con el gobierno federal para la derogación de dicha reforma. Varias de las movilizaciones  fueron reprimidas por fuerzas policiales, causando la muerte de 3 docentes (uno de Chiapas y dos en Guerrero en 2015 y 2016).

Organizaciones de la sociedad civil de Oaxaca denunciaron la “criminalización del magisterio”, con ejemplos como “campañas mediáticas de difamación” o la detención de al menos 75 personas -entre las cuales figuran varios líderes magisteriales-, quienes se encuentran “en situación de prisión política”. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas valoró que varias de las detenciones fueron dirigidas contra defensoras y defensores de derechos humanos y se llevaron a cabo en condiciones de arbitrariedad. Además, parte de las y los detenidos fueron trasladados a centros penitenciarios de alta seguridad competentes a delitos graves del fuero federal.

Asimismo,  la sociedad civil oaxaqueña rechazó las decenas de órdenes de aprehensión emitidas hacia integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -conocida por exigir la cancelación de la reforma educativa y por ser parte destacada del movimiento social oaxaqueño-, buscando “desarticular el movimiento”. Ante todo ello, diversos relatores de las Naciones Unidas emitieron “llamados urgentes a las autoridades mexicanas” por las violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones sin órdenes de aprehensión ni de cateo y ante el uso de tortura.

Desde el 15 de mayo del año en curso, el magisterio opositor se declaró en paro de labores, cerrando buena parte de los centros educativos, con porcentajes superiores al 95% en los estados de Chiapas y Oaxaca. Sumado al paro, las y los docentes han organizado marchas, bloqueos carreteros, plantones, tomas simbólicas de ayuntamientos y de radiodifusoras, entre otras acciones, las cuales han contado con el creciente apoyo de madres y padres de familia, así como de la sociedad civil en general. Actualmente el magisterio mantiene un plantón en el zócalo de Oaxaca de Juárez, el cual está siendo custodiado mediante barricadas en el centro histórico de la ciudad y por bloqueos carreteros de puntos estratégicos para evitar la entrada de fuerzas policiales.

La Sociedad Civil de Oaxaca publicó una Acción Urgente divulgando la emisión de una Alerta Humanitaria “por ataque armado del Estado a la población civil”. En ella se solicita el cese a la fuerza y la represión contra el magisterio y la población, la instalación de una mesa de diálogo, la atención médica inmediata, el cese a la criminalización de las y los maestros, la cancelación de las órdenes de aprehensión, la liberación de las y los detenidos, así como el castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Desde el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), mostramos nuestra alta preocupación ante las violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones magisteriales, por lo que las y los invitamos a firmar la Acción Urgente del Espacio Civil de Oaxaca en la página de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT).

Asimismo, valoramos que la situación no nada más en Oaxaca sino también en Chiapas es de alta tensión, por lo que invitamos a la sociedad nacional e internacional a mantenerse al pendiente de los sucesos en este estado.