PARA SU INFORMACION

Del 27 al 31 de marzo, miembros de SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz) y de PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de la Paz) se reunieron con varias Embajadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e instancias gubernamentales para presentar la carta que les compartimos a continuación.

PROPAZ SUIZA - Chiapas / SIPAZ :

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 23 de marzo de 2006

A Embajadas en México

A Organismos Internacionales

• SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz, programa de observación internacional en Chiapas que representa a una coalición de alrededor de 50 organizaciones en América del Norte, América Latina y Europa);
• PROPAZ (Programa Suizo de Observación y Promoción de la Paz en Chiapas que integra las organizaciones Acción Cuaresmal, Cáritas Suiza, HEKS) ;
• Peace Watch Suiza;
• NOVIB-Holanda;
• Justicia y Paz Francophone, Bélgica;
• Pax-Christie Wallonie, Bélgica;
• OXFAM GRAN BRETAÑA;
• PTM-Mundubat, España;
• Proyecto de Acompañamiento, Quebec, Canadá;
• Movimiento Internacional para la Reconciliación, Austria;
• CAREA, Alemania;
• SweFOR, Suecia ;
• Chiapas Peace House, USA;
• NISGUA, EEUU;
• MarinInterFaith Task Force, EEUU;
• Racine Dominican Sisters, EEUU;
• Task Force on Latin America and the Caribbean U.S. Fellowship of Reconciliation, EEUU;
• Peacemakers, EEUU;
• The Peace Council and the International Committee for the Peace Council, EEUU;
• Illinois Maya Ministries, EEUU;
• Wellington Avenue United Church of Christ Chicago, EEUU;
• Chicago Metropolitan Sanctuary Alliance Chicago, Illinois, EEUU;
• Eco-Justice Collaborative, EEUU;
• Chicago Religious Leadership Network on Latin America, EEUU.

Queremos hacer de su conocimiento una serie de intimidaciones a activistas y defensores de los derechos humanos ocurridos en Chiapas, particularmente, en San Cristóbal de las Casas, en los últimos meses.

ANTECEDENTES

La situación que se vive en Chiapas es bastante compleja, marcada por una fuerte polarización social y con un riesgo permanente de estallidos violentos. Sigue existiendo un conflicto armado no resuelto que trae consigo una masiva presencia del ejército federal así como de distintas fuerzas policíacas y de grupos arma-dos, los cuales, aunque fueron más o menos contenidos durante este sexenio, nunca se desarmaron, man-teniéndose impunes a la fecha. Así también, está el crecimiento de bandas de delincuencia organizada como narcotraficantes, polleros y pandillas, muchos de los cuales tienen cada vez más una presencia agresiva y de intimidación en el estado.

Los procesos políticos que se desarrollan en el 2006 tienen gran importancia para el futuro del país y de Chiapas y agravan el ambiente de conflictividad: las campañas electorales federal y estatal para gobernador así como la Otra Campaña, promovida por el EZLN en el ámbito nacional y en forma paralela a las campañas electorales. Se confrontan varios proyectos de nación que se traducen en distintos procesos de articulación.

El momento político en el que se llevan adelante estos procesos en Chiapas es muy delicado. A pesar de los avances logrados en el país en materia de democracia formal, en este estado, se denuncia que existen toda-vía grupos de poder interesados en su desestabilización social con el fin de mantener o recuperar el control económico y político.

Al mismo tiempo, en varias regiones del estado existen viejos conflictos de muy variado origen (de tenencia de la tierra, religiosos, de revanchas políticas, o por el acceso y control de recursos naturales, como el agua o el bosque) que nunca han sido resueltos de fondo por ningún gobierno. Es posible que muchos de estos conflictos no resueltos sean revividos en la actual coyuntura política para dividir más a los pueblos, crear temor y miedo, y contribuir así a la desestabilización política y social.

En este contexto, organismos internacionales, no gubernamentales y organizaciones sociales han sufrido amenazas de diferente manera. Situación que consideramos grave por inhibir el proceso democrático y po-ner en riesgo la vigencia de los derechos humanos en el estado.

HECHOS

- En la noche del 20 Noviembre de 2005 en San Cristóbal de Las Casas, seis sujetos vestidos de negro agredieron en su domicilio a golpes y con navajas a Gustavo Jiménez Pérez, miembro de Alianza Cívica-Chiapas, organización que busca promover la participación ciudadana. Aunque los atacantes se llevaron algunos objetos, dejaron otros de mayor valor así como dinero en efectivo, lo que hace pensar que no era delincuencia común.

- El 5 de diciembre de 2005 cuatro miembros del Centro de Acción e Investigación Latinoamericana, AC. (CIAM), denunciaron haber sido retenidos de manera ilegal y con un trato amenazante por aproxi-madamente 45’ en un retén no permanente, de bases de operaciones mixtas, formado por agentes de tránsito, migración y seguridad pública (BOM). El hecho sucedió en la zona Altos de Chiapas, en el cruce de la carretera Chamulá –Zinacantán.

- En los meses de noviembre y diciembre, en diferentes fechas, María Georgina Bocanegra, ex colabo-radora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, reportó daños a su auto de ma-nera extraña y sin explicación: a principios de noviembre forzaron la portezuela, el 15 de noviembre, destrozaron el cristal del lado izquierdo, el 6 de diciembre cercenaron el espejo del lado izquierdo y el 7 de diciembre, robaron los tapones de las llantas.

- En tres ocasiones, entre noviembre y febrero la librería El Mono de Papel, sufrió intentos de robo, y en el último caso el 11 de febrero, golpes a uno de sus trabajadores.

- El 15 de diciembre, Miguel Ángel García Aguirre, coordinador de Maderas del Pueblo del Sureste, AC. (MPS), y Silvia Vázquez Díaz fundadora de MPS y miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denuncian que a las 21:30 horas tocaron a la puerta de la casa de sus vecinos dos sujetos desconocidos pretendiendo obtener información sobre la vida cotidiana de Silvia y queriendo rentar el patio de esta casa por una noche para esperar a Silvia. Ante la negativa los sujetos se fueron. El 21 de diciembre su vehículo estacionado enfrente de su casa amaneció con el parabrisas trasero to-talmente roto.

- El 21 enero de 2006, tres sujetos se hicieron presentes en la lavandería de la activista social, Marisa Kramsky en San Cristóbal de las Casas. Estos sujetos al solicitar la entrega de su ropa, sin revisarla, re-clamaron por su mal lavado, la amenazaron e intentaron golpearla, ordenando a uno de ellos ir por una pistola al auto. Al sacar ella su teléfono celular para pedir ayuda, los hombres salieron del local.

- El 2 de febrero, Mario M. Ruiz, colaborador de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria AC. (CORECO), fue hostigado por personas desconocidas quienes lo siguieron en una camioneta negra y lo amenazaron groseramente pidiéndole dejar sus actividades.

- El 9 de febrero, a las 4 de la madrugada, Marina Pagés se despertó al escuchar el timbre de la casa-oficina de SIPAZ (Servicio Internacional para la Paz), al levantarse reconoció que se estaba tocando en alto volumen el himno zapatista desde una camioneta color gris. El vehículo procedió hasta el lugar don-de se hospedaba otro miembro de SIPAZ, Hélene Cannie, también tocó su puerta varias veces, mientras otra persona dentro del carro, nuevamente ponía el himno zapatista.

- El 11 de febrero, el Banco HSBC de México, cierra “por así convenir a sus intereses” dos contratos de personas que trabajan en Enlace Civil AC y que recibían depósitos nacionales e internacionales para apoyar proyectos productivos, de educación y de salud en comunidades indígenas zapatistas.

- El 14 de febrero, se reactivó el expediente penal 100/2004 con una orden de aprehensión a Mario Álvarez Rodríguez, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el delito de despojo de tie-rras. Delito del que había sido absuelto por un juez de primera instancia. Denuncian también, el hosti-gamiento y acoso permanente a sus oficinas en Palenque.

- El 24 de febrero, Dámaso Villanueva Ramírez, miembro del Comité Ciudadano para la Defensa Popular (COCIDEP), fue detenido en San Cristóbal de las Casas por policías municipales quienes lo trasladaron al Centro de Readaptación Social N °5 de San Cristóbal. La demanda la realizó la Empresa Telefonía Pega-so, quien lo acusa de la destrucción de una de sus bases de telefonía celular el 26 de octubre de 2004 por un valor de $2,340.000.00 pesos mexicanos. Hechos que ocurrieron el mismo día en que Dámaso se encontraba en una reunión en el Palacio Municipal de San Cristóbal. El 2 de marzo Dámaso fue liberado al considerar el juez que no había suficientes pruebas.

- El 26 de febrero, Ernesto Ledesma, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas AC. (CAPISE) al llegar a su domicilio encontró roto el candado y forzada la puerta de entrada, en su interior pudo constatar que movieron fotografías de familiares y las pusieron encima de su cama. No hubo robo, lo que descarta el vandalismo.

- El 14 de marzo, entre las 9:00 y 11:00 de la mañana, desconocidos entraron a la casa de David Méndez, quién es defensor del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y de su esposa Norma Medina, directora de Cáritas de San Cristóbal AC. Destruyeron la cerradura y la puerta de acceso a su vivienda de donde se llevaron solo una computadora portátil, hurgaron pertenencias personales de David, de Norma y de sus pequeños hijos, los que dejaron esparcidos sobre las camas, dejando otros objetos de valor.

Los hechos mencionados, constituyen actos claramente intimidatorios y son de preocupación para los Organismos internacionales que suscriben este llamado.

ACCIONES RECOMENDADAS

- Informar a sus respectivos gobiernos, a la Comunidad Europea y a las sedes de los organismos interna-cionales sobre estas violaciones a defensores de derechos humanos y activistas sociales.

- Solicitar al gobierno mexicano se realicen las investigaciones pertinentes y se lleven a cabo las acciones judiciales correspondientes, para que no queden en la impunidad.

- Mantener especial atención sobre la situación en Chiapas y tomar acciones para prevenir hechos de mayor violencia.

- Solicitar garantías al gobierno mexicano para que los activistas continúen desarrollando su trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos en el marco de la “Declaración sobre el Derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, de la Organización de Naciones Unidas (ONU).