Entre febrero y abril, en varias cárceles de Chiapas y en una de Tabasco, comenzó una protesta histórica por parte de detenidos que se reivindicaban como presos políticos y pedían su liberación inmediata. La protesta, que tomó la forma de una huelga de hambre «indefinida» o de ayuno (hasta lograr la liberación), fue respaldada por los familiares de los detenidos y varias organizaciones sociales que, de distintas maneras, mostraron su adhesión. También llegaron expresiones de solidaridad, desde otros estados de la República y desde el exterior.

Plantón de familiares de presos políticos frente al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez

La protesta comenzó el 12 de febrero, cuando Zacario Hernández Hernández, integrante de la organización católica «Pueblo Creyente», detenido desde 2003 en el Centro de Readaptación Social (CERESO) 14 de Cintalapa (centro conocido como «El Amate»), inició una huelga de hambre indefinida para pedir su liberación. Otros dos detenidos por el mismo caso («Tres Cruces»), lo acompañaron en ayuno y oración. Posteriormente, el 25 de marzo, ambos se unieron a la huelga de hambre.

El 19 de febrero, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal se movilizó y convocó a una peregrinación para la liberación de los presos injustamente encarcelados, en la cual participaron varios miles de personas.

Entre el 25 y 26 de febrero, decidieron unirse a la huelga de hambre otros 13 detenidos del CERESO 14: siete de ellos integrantes de organización la «Voz del Amate» (adherente a la Otra Campaña), cuatro que se reivindicaron como militantes zapatistas y uno de la Central Independiente Obrera Agrícola y Campesina (CIOAC). Otros dos detenidos, uno de la «Voz del Amate» y uno de la CIOAC, se plegaron al ayuno.

Entre el 4 y el 10 de marzo, la protesta se expandió a otras cárceles del estado: en el CERESO 5 de San Cristóbal de Las Casas, se sumaron a la huelga de hambre nueve detenidos de la organización la «Voz de los Llanos» (también adherente a la Otra Campaña), y seis detenidos de la misma organización, así como una detenida de la Comunidad de Busilja, se unieron al ayuno. En el CERESO 17 de Playas de Catazajá (al Norte de Chiapas), ocho detenidos iniciaron su huelga de hambre, entre ellos militantes zapatistas y del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El 24 de marzo, se sumaron al ayuno y oración, dos detenidos de Cárcel Pública Municipal de Tacotalpa, Tabasco, originarios de la zona Norte de Chiapas, que se reivindican -y son reconocidos- como militantes zapatistas.

La mayoría de estas personas son indígenas, en gran parte tseltales o tsotstiles, algunos llevaban 10 años presos y todos denunciaron encontrarse arbitrariamente detenidos por sus actividades políticas y/o sociales, bajo acusaciones falsas y en clara violación a sus derechos y garantías judiciales. Un primer resultado de la protesta se dio con la liberación de Zacario Hernández Hernández, junto a otros cuatro detenidos en «El Amate». Cumplía su 35º día en huelga de hambre. El gobierno del estado declaró que «en Chiapas no hay perseguidos políticos y los que lo hayan sido en el pasado se les revisarán los expedientes para corroborar o descartar su presunta culpabilidad»⁽¹⁾. Posteriormente el mismo gobierno informó que se revisarían 360 expedientes de internos por parte de la Mesa Interinstitucional, basándose en la Ley de Sentencia Suspendida⁽²⁾.

Paralelamente a la protesta en las cárceles, el 24 de marzo, familiares y amigos de los detenidos en huelga de hambre instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, para exigir su liberación. Declararon que no dejarían el plantón hasta que todos salieran libres.

El día 31 de marzo de 2008, tras un evento mediático organizado dentro al Palacio de Gobierno, se excarceló a 137 personas de distintos reclusorios del estado. Treinta de ellas participaban en las huelgas de hambre y ayunos de los Centros de Readaptación Social 5, 14 y 17, quedando todavía 13 detenidos en huelga de hambre y dos en ayuno.

Los liberados declararon en un boletín de prensa: «somos presos políticos y de conciencia, porque el Gobierno con sus leyes injustas nos ha fabricado diferentes delitos, esto lo han hecho porque de por sí somos personas que nos organizamos para luchar por las necesidades justas de nuestros pueblos».

Tras una carta de Samuel Ruiz García, hecha pública el 4 de abril, en la cual el Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas expresaba su preocupación por el estado de salud de los huelguistas, los detenidos suspendieron su protesta y de igual forma se levantó el plantón. Como Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Samuel Ruiz afirmó que dicho Centro acompañaría el proceso de revisión de sus casos al que se comprometió el gobierno del estado.

El día 24 de abril, los chiapanecos Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez detenidos en la Cárcel Pública Municipal de Tacotalpa (Tabasco), que habían iniciado una huelga de hambre el día 21 del mismo mes, fueron trasladados a Chiapas y están actualmente detenidos en el CERESO 12 de Yajalón. El Gobierno de Chiapas se comprometió a revisar su caso que, desde el principio de su detención, el 9 de julio de 1996, apareció plagado de irregularidades

En una entrevista con SIPAZ, el abogado Diego Cadenas, Director de Defensa del Frayba, subrayó algunas graves carencias del sistema de justicia que permiten, entre otros abusos, detenciones arbitrarias y/o políticamente motivadas. Estas carencias incluyen: la necesidad que el encausado sea defendido por un licenciado en derecho y no por cualquier persona de confianza (posibilidad prevista por la Constitución); la falta de acceso a un intérprete para las personas cuyo primer idioma no es el español, como es el caso de la población indígena, y la necesidad de eliminar el «principio de inmediatez» (mayor valor probatorio de la primera declaración a pesar de que varios denuncian tortura en el momento de la misma)⁽³⁾.

De manera más general, como han señalado varias instancias de derechos humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la falta de independencia e imparcialidad del sistema judicial genera distorsiones, abusos y manipulaciones⁽⁴⁾. En este sentido, faltan todavía por parte del gobierno propuestas concretas de reformas estructurales para remediar estas graves carencias.

Notas:

1. Artículo del Cuarto Poder, 19/03/2008 (Volver…)
2. Artículo del Cuarto Poder, 22/03/2008 (Volver…)
3. La video entrevista a Diego Cadenas está disponible en el Blog de SIPAZ (Volver…)
4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre la situación de los derechos humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100,Doc. 7 rev. 1,24 de septiembre, 1998. párr. 367 (Volver…)