Actividades de SIPAZ (De Abril a Junio de 2006)
31/07/2006
2006
01/01/2007

ARTICULO: Conflicto en Oaxaca – Movilización popular y represión gubernamental

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© SIPAZEl domingo 29 de octubre, más de 4000 agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) ocuparon el centro histórico y varias calles de la ciudad de Oaxaca, luego de romper barricadas con unas 14 tanquetas antimotines que arrojaron agua a presión. Los saldos preliminares de las organizaciones sociales hablan de 4 muertos (incluyendo un menor de edad), decenas de heridos, alrededor de 50 detenidos y por lo menos la misma cantidad de casas cateadas. ¿Cómo se llegó a esta situación?

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La ciudad y el estado de Oaxaca se han mantenido en el centro de la agenda política de México desde el mes de junio, un hecho relativamente sorprendente siendo Oaxaca uno de los estados más rezagados a nivel económico y político. El 14 de junio, un plantón de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que ocupaba el centro histórico de la ciudad de Oaxaca fue violentamente reprimido, dejando un saldo de 4 muertos y 92 heridos (cifras hechas públicas por el sindicato, sin confirmación oficial). Como consecuencia de este acto, una disputa sindical que reivindicaba mejoras salariales para los maestros se convirtió rápidamente en un conflicto mucho más amplio, que implicaba ya a muy diversos sectores y movimientos de la sociedad oaxaqueña.

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Para entender esta transformación hay que tener en cuenta la creciente disconformidad que estaba provocando el gobierno priísta (PRI – Partido de la Revolución Institucional) de Ulises Ruiz desde su llegada al poder en 2004. Ganó las elecciones estatales de Oaxaca con un estrecho margen y bajo sospechas de fraude, y desde un comienzo, su gestión fue denunciada como autoritaria y poco respetuosa con los derechos humanos. Movimientos campesinos e indígenas fueron reprimidos violentamente y el periódico local Noticias, crítico con Ulises Ruiz, sufrió el secuestro de 31 de sus empleados en las mismas instalaciones del periódico durante un mes, además de recibir constantes amenazas. Otras acusaciones incluyeron el chantaje contra los presidentes municipales no priístas para que se unieran a la campaña del entonces candidato del PRI a la presidencia federal, Roberto Madrazo, bajo la amenaza de ser destituidos por el congreso del estado, dominado por este mismo partido. Por otro lado, no es ajena a esta reacción masiva la situación estructural de pobreza y marginación que el estado de Oaxaca ha sufrido durante siglos. Se trata de uno de los estados más pobres de la República junto a Chiapas y Guerrero, y el que cuenta con mayor población indígena.

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El rechazo al intento de desalojo de los maestros el 14 de Junio unió a numerosos movimientos disconformes en una sola reivindicación: la salida del gobernador Ulises Ruiz. Con ese fin, se instaló un masivo plantón en la ciudad de Oaxaca (ocupando calles, edificios públicos, emisoras de radio y televisión, etc.) y se creó la APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que estuvo funcionando a modo de un gobierno en resistencia, no permitiendo la entrada de las fuerzas de seguridad (ampliamente percibidas en Oaxaca como ejecutoras de acciones represivas poco respetuosas con los derechos humanos durante décadas) en las zonas ocupadas, legislando diversos aspectos de la vida la ciudad y ofreciendo información alternativa a la oficial en numerosas radios y a través de Internet. Esta unión de más de 300 organizaciones resulta sorprendente, pues a pesar de la habitual fuerza de las movilizaciones sociales en Oaxaca, las discrepancias internas suelen provocar su división. Paralelamente y al amparo de este proceso, movimientos populares (aglutinando partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos, etc.) de más de 20 municipios oaxaqueños tomaron sus ayuntamientos, provocando la salida de presidentes municipales afines a Ulises Ruiz y reivindicándose como únicos gobiernos legítimos.

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Para conocer más de cerca las violaciones de derechos humanos que se venían produciendo, especialmente en contra del movimiento popular, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Red Nacional ‘Todos los Derechos para Todos y Todas’ convocaron a una Misión de Observación Civil. SIPAZ participó en esta misión en el mes de septiembre, constatando graves violaciones de derechos humanos (homicidios, detenciones ilegales de líderes y consiguiente fabricación de delitos contra ellos, ataques a la libertad de expresión, amenazas que crean un clima generalizado de ansiedad, etc.) que parecen responder a una táctica premeditada del gobierno del estado para desmantelar al movimiento. Una versión preliminar del informe puede consultarse en la sección sobre Oaxaca del sitio web de SIPAZ.

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Durante los meses de la crisis, el gobierno estatal parece haber apostado por la recuperación del orden público por medio de la fuerza, pidiendo apoyo a los cuerpos federales de seguridad para desalojar el plantón. Sin embargo, en un primer momento, el gobierno federal, que contaba con el delicado antecedente de San Salvador Atenco el mes de mayo y necesitaba cuidar al máximo su imagen de cara a las elecciones federales de julio, apostó por el diálogo con el movimiento popular. Para ello se creó una mesa de negociación entre APPO, sindicato magisterial y Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal. Sin embargo, la negociación estuvo marcada por su falta de fluidez: APPO y magisterio reclamaban la salida de Ulises Ruiz como punto innegociable y Carlos Abascal (titular de la Secretaría de Gobernación) insistía en la incapacidad legal del gobierno para destituir a gobernadores.

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Este bloqueo estuvo motivado en parte por los resultados en las elecciones federales del 2 julio. El voto de castigo ejercido entonces en contra del PRI en Oaxaca, hace pensar que el convocar una nueva elección estatal probablemente implicaría una victoria del PRD. Otra opción sería que Ulises Ruiz solicitara licencia al cargo, para que el Congreso estatal (mayoritariamente priísta) elija un gobernador sustituto. También hay otros intereses en juego: las negociaciones entre PRI y PAN están marcadas por la estrecha mayoría lograda por el PAN en el congreso federal, provocando que necesite del PRI para gobernar con cierta solvencia. En septiembre, la APPO organizó una masiva caravana a la Ciudad de México, con el fin de exigir la desaparición de poderes al Senado – figura constitucional que supondría el nombramiento de un nuevo gobierno estatal.

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Ulises Ruiz ha rechazado apartarse del cargo, lo que ha mantenido atascado el conflicto y semiparalizada la actuación de los poderes públicos en Oaxaca, en un clima de “ingobernabilidad institucional“. Desde mediados de octubre, el ejército movilizó a sus unidades en el estado de forma espectacular, incluyendo fuerzas de tierra, mar y aire, provocando el miedo a un desalojo violento. Por otro lado, Gobernación insistió en establecer sucesivos ultimátum, amenazando con el uso de la fuerza si los maestros no regresaban a clases inmediatamente y la APPO no entregaba la ciudad de Oaxaca.

El viernes 27 de octubre, se dio una serie de hechos violentos en los cuales fueron asesinadas 4 personas (entre ellas un periodista norteamericano) y resultaron heridas varias más en distintas partes de la ciudad de Oaxaca. Según organizaciones de derechos humanos locales existen evidencias de la participación de policías locales así como de grupos organizados, entrenados y armados por el gobierno estatal para realizar acciones violentas en contra de movimientos opositores al gobierno local.

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En respuesta a esta situación el gobierno federal anunció el ingreso de fuerzas federales. El domingo 29, la Policía Federal Preventiva (PFP) inició desde temprana hora la entrada a la ciudad de Oaxaca y tomó el control de la plaza central durante la noche. A la par, se realizó una movilización pacífica que buscaba impedir el avance de la PFP. El día anterior, la APPO había hecho un llamado a sus bases a no caer en provocaciones. Actos de violencia fueron sin embargo reportados, con saldos divergentes según las fuentes: mientras la APPO habló de por lo menos 4 muertos, el gobierno federal ha venido diciendo que el saldo del operativo fue blanco.

El mismo domingo, en la ciudad de México, jóvenes encapuchados -de los cuales se deslindaron la propia APPO y el sindicato magisterial oaxaqueño- se enfrentaron con granaderos luego de bloquear la avenida y tomar dos autobuses para levantar las “primeras barricadas” en el Distrito Federal. Una hora después, la policía recuperó los vehículos y reabrió la circulación. Unos 20 detenidos fueron liberados a la mañana siguiente.

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El lunes 30, Ulises Ruiz reiteró su posición, afirmando que una eventual licencia al cargo “no es ni la discusión, ni la solución a la crisis política en el estado”. Posteriormente, el pleno de la Cámara de diputados aprobó —a excepción del PRI y del PVEM— un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Ulises Ruiz a pedir licencia o renunciar al cargo. Inmediatamente, el gobierno de Oaxaca interpuso una controversia constitucional contra dicho punto de acuerdo por exceder las facultades de esta Cámara. Cabe subrayar que el líder de la fracción del PRI (el partido de Ulises Ruiz) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, dejó abierta la posibilidad de que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, se separe de su cargo.

En la tarde del lunes, el Senado de la República que anteriormente había rechazado la desaparición de poderes en Oaxaca le pidió por unanimidad (incluido el PRI) al gobernador Ulises Ruiz que “reconsidere separarse del cargo para contribuir al restablecimiento de la gobernabilidad, la normalidad y la paz“. Invitó a todas las partes, sin excepción, a contribuir al retorno de la paz en la entidad.

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El lunes 30, estaban previstas marchas en Oaxaca y en muchas otras partes de la República. La entrada de la PFP marca un cambio en la situación del conflicto prolongado en Oaxaca sin garantizar su solución de fondo. Al contrario, varios analistas apuntan a que podría significar el inicio de una escalada de la violencia aún mayor. Mientras tanto, el miedo a episodios violentos a gran escala sigue patente.

  • (*) A pesar de lo novedoso de esta experiencia de gobierno popular y sus positivos avances en materia social, la Comuna de París fue finalmente reprimida, causando 30.000 muertos y 50.000 ejecutados. (Volver…)