ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de noviembre de 2012 a mediados de febrero de 2013)
24/02/2013
ENFOQUE: La insostenibilidad del modelo de minería extractiva
27/05/2013
A principios de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez como titular del Ejecutivo federal con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En el primer acercamiento de los dos mandatarios fueron tratados varios temas de la agenda bilateral, y surgieron propuestas de mecanismos de colaboración en asuntos económicos y de educación, lo que –posteriormente- fue interpretado como un intento de «desnarcotizar» la agenda.
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De manera general, si bien el gobierno federal anunció que va a haber cambios en la estrategia de seguridad y que se ha reducido el número de soldados en labores de seguridad pública, aún se mantiene el Ejército en las calles. En el marco de la lucha contra el crimen organizado, se generó una polémica sobre los asesinatos cometidos en el tiempo que lleva la administración de Peña Nieto. La Secretaría de Gobernación resaltó una disminución de homicidios comparado con el gobierno anterior, hecho que fue cuestionado por medios y organizaciones civiles. A finales de abril, de acuerdo con las cifras oficiales, se contabilizaron 5.296 homicidios en hechos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada desde el inicio del sexenio.
También a inicios de mayo, concluyó la visita a México del Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns. Al terminar su estancia, señaló la falta de una aplicación eficaz de las leyes existentes como fuente principal de la impunidad y desconfianza de la población hacia las autoridades. Heyns enfatizó que se deben resolver los casos del pasado, para poder romper con el ciclo de la violencia. También se pronunció sobre la creación de la Gendarmería Nacional, proyecto del gobierno federal, advirtiendo que por ahora se sabe muy poco de dicha iniciativa y que debería crearse una ley especial para su funcionamiento, bajo una dirección civil y con mecanismos de rendición de cuentas.
El Estado mexicano, que en octubre de este año será evaluado en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, también tendrá que presentarse este año ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por varios casos ocurridos en administraciones pasadas. Uno de ellos es el de más de 20 mujeres torturadas y violadas durante el operativo de fuerzas federales, estatales y municipales, en mayo de 2006, en San Salvador Atenco, Estado de México. Fueron consignados policías de rangos menores, sin embargo, no se fincaron responsabilidades de mandos superiores, aunque incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció las violaciones cometidas por las autoridades de los diferentes niveles. Un elemento particular del caso es que en ese momento, el actual Presidente de la República era gobernador del Estado de México.
El peligro que corren los periodistas en México sigue siendo alto. Datos presentados a finales de abril revelan que desde el año 2000 hasta la fecha, fueron asesinados 84 de ellos. Sólo en 12 casos fue dictada una sentencia contra los agresores. Además, desde 2005 hasta finales de abril del 2013, se han contado 20 desapariciones de periodistas y 39 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. Otro trabajo, cuya realización en los últimos años ha sido blanco de hostigamiento y agresiones, es el de los defensores de derechos humanos en general, con una multiplicación de casos contra defensores de migrantes. En marzo fueron amenazados de muerte supuestamente por parte del crimen organizado, Rubén Figueroa y Fray Tomás González, colaborador y director, respectivamente, del Hogar Refugio para Migrantes «La 72«, en Tenosique, Tabasco.
Reformas estructurales de Peña Nieto y oposición ante las mismas
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El gobierno de Enrique Peña Nieto ha avanzado en diferentes puntos de su agenda política, los cuales han sido cuestionados por partes de la sociedad, e incluso han causado protestas. Entre estos temas fijados en el «Pacto por México» entre los tres grandes partidos políticos, el Revolucionario Institucional (PRI), el de Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), firman la reforma laboral y la educativa, y están por negociarse la reforma financiera y la energética.
La «Cruzada Nacional contra el Hambre», iniciativa lanzada en enero por el gobierno de Peña Nieto en el municipio chiapaneco de Las Margaritas, volvió a reunir una parte del gabinete federal con funcionarios chiapanecos en Navenchauc, municipio de Zinacantán en abril. En su intervención, Enrique Peña Nieto le pidió a Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, «aguantar» las críticas de quienes «se preocupan por las elecciones». Un día antes, Robles Berlanga despidió al delegado de esa dependencia en Veracruz para que sea investigado por la presunta utilización de los recursos de la Cruzada a favor del PRI en las elecciones por darse en esta entidad. Estos hechos provocaron la temporal suspensión del Pacto por México. Pero después de acordar mecanismos que contravinieran el uso de programas gubernamentales para fines electorales, los tres partidos firmantes volvieron a lanzarlo públicamente en mayo.
Cuestionada por analistas como avance hacia la privatización de la educación pública y considerada «reforma laboral para los maestros», la reforma educativa, entre otros puntos, establece como obligatoria la evaluación periódica del desempeño de los maestros. A los pocos días de su votación, fue detenida la hasta entonces dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Ester Gordillo, quien en sexenios pasados había tenido la capacidad de negociar con el poder federal hasta en asuntos ajenos a la educación. Acusada de desviación de fondos y asociación delictuosa, se encuentra en la cárcel, mientras procede la vía jurídica para su juicio.
Mientras tanto, algunas secciones disidentes a la anterior y la nueva dirigencia nacional del gremio se han movilizado para que la reforma no se aplique. Destacaron en las movilizaciones los maestros del estado de Guerrero, agrupados en la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes han bloqueado en varias ocasiones la Autopista del Sol, que comunica la Ciudad de México con Acapulco. También han realizado marchas y manifestaciones en las que participaron diferentes sectores de la población local, entre ellos la Policía Comunitaria, lo que ha dado pie a la conformación del Movimiento Popular Guerrerense (MPG). El gobierno estatal, en diferentes momentos, entabló el diálogo con la CETEG, para una posible inclusión de sus propuestas en una ley estatal en la materia. Sin embargo, no ha podido cambiar el panorama de protestas, e incluso en algunas ocasiones, fue rebasado por la administración federal, que buscó la negociación directa con la CETEG para poner fin a los bloqueos.
Guerrero: entre movilizaciones magisteriales y problemas crónicos
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Si bien el tema más sensible y con mayor repercusión mediática fue la movilización magisterial y de otros sectores sociales en las últimas semanas, otras tendencias que reflejan problemáticas crónicas en el estado se mantuvieron en el plazo. En mayo, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, renunció al cargo por la crisis que enfrenta el gobierno estatal ante la agudización de los conflictos sociales, entre ellos las protestas del movimiento magisterial y la proliferación de grupos de autodefensa ciudadana.
En abril, fueron liberados los dos policías detenidos por el homicidio de dos estudiantes ocurrido en diciembre de 2011 en medio del violento operativo de la policía federal, estatal y municipal con el que se respondió a una protesta pacífica estudiantil, en Chilpancingo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que lleva el caso, consideró que esta liberación evidencia el alto índice de impunidad en Guerrero. También se hicieron públicas nuevas amenazas de muerte en contra de Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), con sede en Ayutla de los Libres. Ella y todos los integrantes de la OPIM cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2009.
Por otro lado, en febrero, en el poblado de Los Huajes, fue allanada por militares la vivienda del hijo de Julián Blanco, líder opositor a la presa La Parota. A raíz de ello, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) se declaró en alerta roja. Advirtió que si el Ejército mantenía su presencia en la zona, reactivaría los retenes que fueron instalados al inicio del movimiento. Subrayó que el gobierno federal ha etiquetado mil 500 millones de pesos para la reactivación del proyecto La Parota, y manifestó que no es una casualidad los abusos de los militares en el área, ya que aún existe interés por edificar la presa. Puntualizó que los campesinos seguirán en la lucha hasta que el proyecto de la presa sea cancelado definitivamente.
Oaxaca: Movilización magisterial y conflictividad por megaproyectos
A la par de la CETEG guerrerense, los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también se movilizaron. En abril, luego del desalojo que sufrieron los maestros del estado de Guerrero cuando bloquearon la autopista del Sol, llegaron 200 elementos de la policía federal a Oaxaca para evitar acciones de protesta radicales que pudieran realizar los maestros de la sección 22. Para inicios de mayo, y tras considerar como mínimas las respuestas a sus demandas, la gremial determinó trasladar el 30% de su membrecía a la capital del país, a fin de «reforzar la lucha en el plano nacional».
El 1° de mayo, en la ciudad de Oaxaca se realizó una marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, en la que se suscitaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía municipal. 34 personas fueron detenidas. El Comité para la Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH), informó que los policías efectuaron disparos al piso y al aire a corta distancia de los manifestantes. Además, exigió la liberación de Susana Ramírez Jiménez, integrante de CODIGO-DH, quien fue detenida cuando estaba documentando abusos de parte de la autoridad. Permaneció recluida en régimen de incomunicación y no la dejaron hablar con su abogado y su familia hasta 14 horas después de su detención. Se produjeron hostigamientos hacia CODIGO-DH, tanto antes como después de estos hechos: en abril fueron allanadas sus oficinas y en mayo, su coordinadora, Alba Cruz Ramos, también recibió amenazas de muerte. La organización vinculó estas agresiones a su trabajo de acompañamiento a defensores comunitarios, muchos de ellos enfrentando también intimidaciones por su labor.
La mayor tensión en este sentido se generó en el Istmo de Tehuantepec donde parte de la población se organizó en contra de la construcción de parques eólicos en la región. También ha sido notorio el hostigamiento a diversas radios comunitarias del Istmo. En mayo se llevó a cabo el Encuentro de Pueblos en Resistencia por la Defensa del Territorio en Juchitán de Zaragoza en donde se acordó detener los trabajos de construcción del parque eólico Bi Hioxio, de la empresa española Gas Natural Fenosa y realizar una campaña de no al voto en el Istmo, de cara a las elecciones estatales del próximo 7 de julio.
En mayo, el anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca de que Mareña Renovables ya no va a construir el parque eólico San Dionisio y que se realizaría en otra zona de la región fue recibido con cautela: se anunció que la ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo con el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón y el plantón a la salida de Juchitán contra la construcción del parque «Bii Hioxho», en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio y se oficialice por escrito.
En cuanto a minería, en marzo se cumplió un año del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, portavoz de la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Valle de Ocotlán (CPUVO), opositora a la minera de la empresa Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines Inc, ubicada San José del Progreso. En este marco, unas 200 personas realizaron una ceremonia frente a las instalaciones de la Minera. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al terminar la ceremonia todo el grupo fue retenido cuando integrantes de un grupo afín a la mina, a bordo de 5 camionetas, bloquearon todos los accesos y dispararon armas de fuego, con la intención de intimidar al grupo de organizaciones que se encontraban participando en el evento.
Chiapas: Auge de la conflictividad en distintas zonas del estado
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La conflictividad se agudizó en diferentes zonas del estado con saldos de varios heridos y muertos. En febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) alertó ante el «riesgo inminente» de que, en el ejido San Marcos Avilés, municipio de Chilón «por segunda ocasión se realice un desplazamiento forzado, hacia las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por parte de habitantes del mismo ejido, afiliados a distintos partidos políticos». En abril, la Red por la Paz Chiapas realizó una Misión Civil de Observación en esta comunidad en la que los partidistas amagaron con despojar a los observadores de sus vehículos. En días previos, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic también había denunciado las numerosas agresiones que las bases de apoyo han venido sufriendo en San Marcos Avilés desde julio de 2011.
El 24 de abril, Juan Vázquez Gómez, ex-Secretario general de los adherentes a La Otra Campaña en San Sebastián Bachajón, fue asesinado por individuos no identificados. El CDHFBC condenó el asesinato de Vázquez Guzmán «quien se destacó por su participación activa (…) ante el despojo gubernamental de Las Cascadas de Agua Azul». Recordó que poco antes los ejidatarios de San Sebastián «denunciaron públicamente que su Territorio es amenazado por la política oficial de despojo territorial señalando continuidad bajo el actual gobierno del estado».
El 5 de mayo, en Venustiano Carranza, se enfrentaron integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP) y la Organización Campesina Emiliano Zapata – Chiapas (OCEZ-Chiapas), con el saldo de varios heridos y dos muertos. Ambos grupos culparon al bando contrario de haber iniciado la confrontación. En septiembre pasado, comuneros disidentes a la OCEZ-CP, ahora integrados en la OCEZ Chiapas, ocuparon las oficinas y agredieron a integrantes de la Casa del Pueblo, quienes habían exigido aclarar el destino de cabezas de ganado perdidas en la anterior administración. La OCEZ-CP exigió la expulsión del grupo disidente e inició los trámites ante el Registro Agrario Nacional, mismo que no ha resuelto el caso.
Una persona murió y por lo menos seis resultaron lesionadas en el ejido Petalcingo, durante un enfrentamiento ocurrido también el 5 de mayo. Las diferencias entre los grupos antagónicos se profundizaron después de las elecciones municipales de julio pasado.
Procesos sociales y percepción de cierre de espacios
El 26 de febrero, campesinos e indígenas pertenecientes a 11 municipios de la Sierra y la Costa de Chiapas conformaron «Guardias Civiles de Autodefensa», con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras en la entidad. Señalaron que se vieron obligados a optar por esta vía ante la complacencia de las autoridades locales y federales con dichas empresas.
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Por otro lado, entre febrero y marzo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó una serie de comunicados partes del «Ellos y nosotros VII- L@s más pequeñ@s». Posteriormente, el subcomandante Moisés anunció para agosto próximo el inicio de «escuelitas zapatistas», donde los pueblos autónomos rebeldes enseñarán sus experiencias de gobierno colectivo. Declaró que hasta estas fechas los zapatistas no recibirán caravanas ni brigadas, ni concederán entrevistas.
En abril, diversos medios hicieron público el intento del gobierno estatal para cancelar la peregrinación que estaba por organizar el Pueblo Creyente a favor de la liberación del profesor Alberto Patishtán, ya que coincidía con la visita de Enrique Peña Nieto a Chiapas. El CDHFBC señaló que al gobierno «le urge que se cancele la peregrinación (…) porque quiere mostrar un escenario limpio de protesta social, y ésta será la primera movilización masiva a la capital del estado durante este gobierno». No obstante, la peregrinación se realizó con la participación de unas 8 mil personas. Cabe agregar que al hacerse públicas las presiones ejercidas, el propio gobernador, Manuel Velasco Coello, visitó a Patishtán en la cárcel y se comprometió a gestionar su libertad así como a una nueva revisión de los casos de los demás presos de las organizaciones la Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate.
Otro hecho llamativo que en cierto sentido se podría atribuir al gobierno anterior de no ser por tener a tantos funcionarios que no han sido removidos a la fecha en la transición, el abogado Horacio Culebro Borrayas, quien en abril demandó penalmente al ex gobernador Juan Sabines Guerrero y a 50 miembros de su gabinete, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte. Culebro Borrayas interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella por al menos una veintena de delitos penales, tales como, asociación delictuosa, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
El 11 de abril fueron decomisados los periódicos del Heraldo de Chiapas cuya portada ese día desplegaba el titular: «Chiapas, al borde del colapso por inexperiencia de Manuel Velasco». Se denunció que en Tuxtla Gutiérrez personas con corte de cabello estilo policía siguieron sigilosamente a los voceadores y repartidores para «comprarles» o arrebatarles los periódicos. Dos vendedores afirmaron que fueron «encañonados con pistola por presuntos policías que se encargaron de operar el decomiso de los periódicos». También en cuanto a libertad de expresión, a principios de abril, la organización Artículo 19 publicó un comunicado en el que señaló que la reforma aprobada el 7 de marzo, misma que incluye en el Código Penal de Chiapas un delito que sanciona la obtención de información sobre fuente policíaca y de justicia, tiende a «criminalizar el acceso a la información y libertad de expresión», lo que hace aún más riesgoso para periodistas hacer investigación de campo y para el ciudadano, ejercer su derecho de acceso a la información púbica.
Impunidad: el eterno pendiente
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16 personas acusadas por la masacre de Acteal (1997) fueron excarceladas en el plazo. Suman 73 indígenas dejados en libertad por estos hechos, no por inocentes sino por violaciones al debido proceso, quedando en prisión apenas seis personas. En un hecho que a cambio fue considerado como un resquicio de esperanza ante la impunidad, un Juzgado de la Ciudad de México dictaminó un amparo a favor de familiares de víctimas de la masacre. Con ello, se invalidaría la petición de inmunidad diplomática que solicitó el Gobierno mexicano en 2011, para evitar el procesamiento del ex presidente Ernesto Zedillo en un tribunal de Connecticut, Estados Unidos por su presunta responsabilidad en dicha matanza. En los casos de los presos excarcelados, el secretario de Gobierno, Noé Castañón anunció que así como se ha hecho con todos ellos, se haría un convenio para comprarles tierras y que no regresen a Chenalhó, con el fin de evitar problemas en la zona. Contraria a esta afirmación, en febrero, la Sociedad Civil Las Abejas denunció que «(l)os paramilitares que fueron excarcelados (…) junto con su familiares viven tranquilos mientras causan inquietud y miedo en las comunidades». Informaron de disparos a plena luz del día en diversas comunidades.
