Actividades de SIPAZ (Abril – Julio de 1998)
31/08/1998
Chiapas: una situación que sigue siendo explosiva…
29/12/1998

ANALISIS: Entre la memoria furiosa de la naturaleza y el olvido aparente del conflicto

Sumario

Chiapas: ¿Cuál vía a la Democracia?

Las desastrosas inundaciones causadas por las lluvias torrenciales de principios de septiembre causaron enormes estragos en el sur de Chiapas. Este drama humano que costó la vida a cientos de personas y dejó sin hogar a 100.000 otras se convirtió en el centro de la atención pública. Centenares de comunidades estuvieron totalmente incomunicadas durante varios días y otras desaparecieron completamente bajo gruesas capas de lodo. A mediados de octubre, docenas de comunidades permanecían incomunicadas y todavía no habían recibido ningún apoyo.

El gobierno y la sociedad civil mexicana se esforzaron en proveer una ayuda de emergencia a las víctimas de la catástrofe. Entretanto, se entabló una discusión en cuanto a la necesidad de aplazar las elecciones locales y estatales que debían llevarse a cabo el 4 de octubre.

Al final, dichas elecciones se realizaron, excepto en algunas de las zonas más gravemente golpeadas. Los resultados otorgaron una gran victoria al PRI (Partido Revolucionario Institucional, el partido en el poder): ganó 18 de los 21 distritos y 82 de los 102 municipios. El PRI incluso recuperó los municipios en la zona de conflicto que había perdido en las elecciones de 1995. Ahora, controlará todos los municipios constitucionales de los Altos, la Selva Lacandona y la zona Norte.

Se realizaron distintas denuncias por irregularidades en varios aspectos del proceso electoral, desde relativamente menores hasta graves alegaciones. Por ejemplo, en la zona Norte, donde uno puede ser asesinado por su afiliación política, responsables de casillas priístas fueron acusados de revisar las boletas después del voto, y de apuntar en una “lista negra” los nombres de los que votaban por el PRD (Partido Democrático, principal partido de oposición).

Uno de los aspectos más relevantes de esas elecciones ha sido un nivel de abstencionismo particularmente alto. En el conjunto, el promedio fue de un 54%. Pero, en las zonas de mayor influencia zapatista, alcanzó un 74%. Esta vez, el EZLN no impidió las elecciones como había intentado hacerlo en el pasado. Sin embargo, muchas comunidades zapatistas simplemente decidieron de no ir a votar. Por su parte, los partidos de oposición denunciaron las irregularidades del proceso electoral y han anunciado planes de protestas organizadas.

Al fin y al cabo, pocos elementos pueden dejarnos pensar que las recientes elecciones contribuyan a instalar un gobierno más representativo o a resolver un conflicto cada vez más tenso y polarizado, y que sigue estallando en esporádicas situaciones de violencia.

Después de romper el silencio que había mantenido durante cuatro meses, desde julio, el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) ha publicado una docena de comunicados. En la V Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN busca “resucitar” el texto de ley sobre Derechos y Cultura Indígena propuesto por la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) para cumplir los Acuerdos de San Andrés. El hecho de que el gobierno federal se negara a hacerlo ha constituido uno de los mayores obstáculos para reanudar los diálogos de paz. El EZLN ahora está trabajando junto con otros sectores de la sociedad civil en un nuevo esfuerzo para un amplio diálogo entre los dos. Además, en octubre, el EZLN envió un comunicado a la COCOPA, restableciendo un contacto público casi dos años después de su último encuentro. El EZLN sigue expresando una profunda desconfianza en cuanto a la voluntad de paz del gobierno federal.

No estando dispuesto a llevar a cabo la propuesta legislativa de la COCOPA, y en consecuencia, siendo incapaz de convencer al EZLN de regresar a la mesa de diálogo, el gobierno federal ha acordado dar menos atención al conflicto chiapaneco. Parece preferir administrar el actual estancamiento más bien que buscar alternativas. Los violentos ataques en contra de los municipios autónomos zapatistas no han continuado, pero la presencia militar y paramilitar en las zonas conflictivas sigue siendo muy alta.

Mientras tanto, la preocupación internacional por Chiapas y la situación de los derechos humanos en México se ha incrementado. Las declaraciones recientes de parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) criticaron la impunidad con la cual se cometen violaciones a derechos humanos en México y por lo mismo expresaron su preocupación. El gobierno mexicano descalificó esas declaraciones, argumentando que reflejaban una falta de comprensión de la situación. No obstante, constituyen golpes importantes para la credibilidad internacional de México en cuanto a derechos humanos. Una visita del Secretario General de la ONU y la invitación del gobierno mexicano para que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU visite México, han permitido mantener el interés internacional.

En los Estados Unidos, la noticia de que se estaba preparando una resolución no imperativa criticando la situación de los derechos humanos en México provocó un esfuerzo concertado de parte del gobierno mexicano para disuadir su presentación al Congreso. El gobierno mexicano habló de un “acto intervencionista inaceptable”. La propuesta finalmente fue introducida, pero no hubo una votación antes del receso del Congreso.

Algunos ven en la próxima visita del Papa en enero de 1999 una oportunidad para romper el estancamiento en Chiapas. Quizá así podría ser. Sin embargo una afirmación menos optimista sugeriría más bien que las posturas rígidas de los principales actores dejan poca esperanza para que se solucione el conflicto antes de que se termine este sexenio en el 2000.

La apertura del EZLN a la COCOPA representa un cambio total comparado con su postura anterior frente a dicha Comisión y da lugar para una mayor esperanza. La propuesta de diálogo entre Sociedad Civil y EZLN prevista para finales de noviembre abre un nuevo espacio público que podría generar alternativas frente al actual “impasse“. Queda por ver si el mensaje que se emita y el respaldo público que pueda generar, junto con los esfuerzos de la COCOPA, serán suficientes para reanudar un diálogo entre dos adversarios que desconfían profundamente el uno del otro.

ACCIONES RECOMENDADAS

  • Urgir a la administración de Zedillo a: desarmar a los grupos paramilitares;
  • reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos;
  • garantizar la seguridad de la delegación del EZLN y las condiciones para que se realice su encuentro con la sociedad civil del 20 al 22 de noviembre;
  • ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
  • Para los ciudadanos de la Unión Europea: pedir a sus respectivos gobiernos y parlamentos tomar en serio la ‘cláusula democrática’ del convenio comercial entre México y la Unión Europea
  • Exhortar a la COCOPA a realizar los mayores esfuerzos para mantener su unidad de propuesta y de acción y seguir su labor de coadyuvancia, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
  • Difundir información – como este reporte – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Por favor, escribir a:

E-mail: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 546 5350 / 546 7380

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 535 2726

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Actualidad

Chiapas: ¿Cuál vía a la Democracia?

En septiembre, las zonas costera y fronteriza de Chiapas se convirtieron en área de desastre por las fuertes lluvias, con centenares de muertos y desaparecidos en unos 40 municipios. Como consecuencia de los derrumbes y desbordamiento de los ríos, se destruyeron carreteras y puentes y algunas comunidades se cubrieron completamente de lodo. Este desastre vino a sumarse a la ya de por sí tensa situación generada en Los Altos, Selva y Norte de Chiapas por el conflicto todavía irresuelto entre el gobierno y el EZLN.

Después de la catástrofe se estableció una fuerte discusión sobre la viabilidad de llevar a cabo las elecciones el 4 de octubre. El gobierno estatal y el Consejo Estatal Electoral (CEE) opinaron que había condiciones para hacer los comicios y que la Constitución impediría aplazarlos. Empero el PRD y el senador chiapaneco priísta Pablo Salazar Mendiguchía propusieron posponer las elecciones hasta el mes de diciembre. Finalmente, el CEE decidió retrasar los comicios en tres distritos y ocho de los municipios afectados y tomar medidas interinas para cumplir con la Constitución estatal.

La jornada electoral se caracterizó por un gran abstencionismo (54 %) e irregularidades en todo el estado. El EZLN no impidió votar. Empero, muchas comunidades zapatistas decidieron no votar. En ese marco, el PRI recuperó los municipios en la zona de conflicto que había perdido en las elecciones locales de 1995. Para obtener mayor información sobre los resultados, vea otro artículo en esta misma página.

EZLN

Después de romper el silencio que mantuvo durante cuatro meses, el EZLN emitió doce comunicados desde mediados de julio hasta la jornada electoral. En varios documentos inculpó del fracaso del diálogo al gobierno federal, además de criticar la política económica de Zedillo. Unos días después del desastre en las zonas costera y fronteriza, denunció el desvío de la ayuda humanitaria para fines personales y de partidismo político así como la deficiencia del plan de emergencia.

En la V Declaración de la Selva Lacandona de finales del mes de julio, el EZLN invitó a la sociedad civil y a los pueblos indígenas a realizar una consulta nacional sobre la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena elaborada por la COCOPA en 1996. Aceptó además la respuesta de la sociedad civil de establecer un diálogo entre representantes de ésta y la dirigencia del EZLN, a fin de intercambiar propuestas para la realización de dicha consulta y para hallar soluciones al conflicto chiapaneco. Este encuentro se llevara a cabo el 20, 21 y 22 de noviembre en San Cristóbal de Las Casas.

La política del gobierno

En su Informe anual en septiembre el presidente Zedillo dejó a un lado el conflicto chiapaneco, omisión que generó una fuerte indignación entre los miembros de la COCOPA, los partidos de oposición, sectores de la sociedad civil e iglesias. El Secretario de Gobernación reaccionó indicando que en los anexos del Informe el gobierno propone siete vertientes para solucionar el conflicto en Chiapas, entre otras: impulso al crecimiento económico, vigilancia del estado de derecho, ayuda a los desplazados, legislar las iniciativas de una ley indígena para Chiapas y búsqueda del diálogo con los zapatistas. Por su parte el gobernador sustituto de Chiapas, Roberto Albores Guillén, anunció en agosto su plan de impulsar una iniciativa de ley indígena para Chiapas que garantice los derechos de los pueblos indígenas de acuerdo con sus usos y costumbres.

En julio el gobierno federal propuso un plan de distensión para el estado de Chiapas que otorgaba un papel importante a la COCOPA. En dicho plan el gobierno pidió a la COCOPA que solicitara al EZLN tomar una serie de medidas, las que incluían el desarme, evitar la violencia en las comunidades y promover la participación de sus bases en el plan de remunicipalización. Un mes después la COCOPA rechazó las peticiones del gobierno federal alegando que no podía convertirse en un instrumento suyo. En un comunicado del 18 de octubre el EZLN reconoció el papel de la COCOPA y reinició con este documento el contacto público con dicha Comisión.

Después de los graves acontecimientos en el municipio autónomo de El Bosque, donde en junio murieron ocho indígenas y dos policías, los municipios autónomos no han sufrido más ataques abiertos. Empero, siguen bajo la presión de la militarización y la amenaza de grupos paramilitares. El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, expresó en julio el compromiso del gobierno federal de no recurrir a la violencia, pero advirtió que “no habrá más concesiones gratuitas” al EZLN porque este movimiento armado entorpece el proceso de paz.

Según una encuesta efectuada por la Fundación Rosenbluth en agosto, el pueblo mexicano es bastante crítico con la política del gobierno. Casi tres cuartas partes de los encuestados opinaron que los pueblos indígenas tuvieron razón en rebelarse contra el gobierno en enero de 1994. El 60 % cree que no hay congruencia entre lo que dice y hace el presidente Zedillo. El 55 % considera al ejército federal un peligro para los pueblos indígenas.

Fuertes críticas a nivel internacional

El 20 de agosto la Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución donde se pide al gobierno mexicano que acabe con la impunidad de los violadores de derechos humanos y garantice la seguridad de los defensores de los mismos. También pidió a ambas partes en el conflicto dar prioridad al diálogo y propuso a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que mantuviera su vigilancia de la situación de los derechos humanos en México. En el mundo diplomático de la ONU, el lenguaje cauteloso de esta resolución significó un rechazo considerable de la precaria situación de derechos humanos en México. El representante de este país ante la ONU comentó que el documento de la Subcomisión “es absurdo” y que fue elaborado por expertos jurídicos “que no tienen responsabilidad política”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Organización de Estados de América emitió a finales de septiembre su reporte sobre la situación de los derechos humanos en México. Aunque reconoce avances políticos y democráticos, criticó la violación de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad que “ha llevado a la ilegal tendencia de la población a hacer justicia por su propia mano”. Además mencionó la fuerte militarización en algunos estados de México, entre otros en Chiapas.

Durante la visita a México del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, a finales de julio, ONG mexicanas le entregaron informes y documentos sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, dijo que Annan se fue de México convencido de que su gobierno está haciendo todo lo posible por solucionar el conflicto chiapaneco de manera pacífica. En septiembre la canciller de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, invitó a la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, a visitar México.

También en septiembre, el estadounidense Tom Hansen, ex-dirigente de “Pastores por la Paz”, recibió el amparo de la justicia federal contrario a su expulsión de México, hecho ocurrido en febrero de 1998. La juez consideró la expulsión ilegal argumentando que no es delito haber observado los diálogos entre el EZLN y el gobierno en 1995 ni haber participado en el Encuentro Intercontinental contra el neoliberalismo en 1996.

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó Chiapas en ese mismo mes estimó que las detenciones realizadas durante el desmantelamiento de algunos municipios autónomos en el primer semestre del año fueron “arbitrarias” e impropias de un estado de derecho.

Una propuesta no imperativa sobre Chiapas fue presentada al Congreso de los Estados Unidos el 9 de octubre. Aunque no hubo una votación antes del receso del Congreso, el hecho mismo de su presentación muestra la creciente preocupación del Congreso sobre los derechos humanos en México. La resolución hace una llamada a tomar medidas efectivas encaminadas a asegurar: que la ayuda militar de los Estados Unidos a México no contribuya a provocar violaciones de derechos humanos; el desarme de los grupos paramilitares y una reducción de la presencia militar en Chiapas; esfuerzos concertados del gobierno y del EZLN para renovar las negociaciones y el respeto a los defensores de derechos humanos. La iniciativa fue respaldado por 15 Senadores y 37 Diputados.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado diciendo que “La iniciativa expresa varias opiniones torcidas y aún falsas respeto a la situación en Chiapas,” y la consideró “un acto intervencionista inaceptable”. El Coordinador del gobierno para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, habría sido enviado a Washington en un intento frustrado de detener a presentación de la iniciativa.

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Análisis

Entre la memoria furiosa de la naturaleza y el olvido aparente del conflicto

A pocas semanas de cumplirse el primer aniversario de la masacre de Acteal, las cosas no han mejorado en Chiapas. En septiembre, el sur del estado sufrió los estragos de fuertes inundaciones, una carga más para un pueblo que ya ha tenido que aguantar casi cinco años de un conflicto sin soluciones visibles a corto plazo.

La catástrofe mostró nuevamente las deficiencias del gobierno para atender rápida y eficazmente las necesidades más urgentes de la población. No obstante, la publicidad y la ayuda destinadas a la zona de desastre le permitieron desplazar el conflicto principal del centro de la atención nacional. Al mismo tiempo, los planes gubernamentales anunciados para restablecer la normalidad, reparar los daños e indemnizar a los afectados podrían fácilmente convertirse en un instrumento más de cooptación y control de la población, en una región con fuerte presencia de los partidos de oposición. Por otra parte, la sensibilidad humanitaria expresada por la sociedad mexicana ante el desastre natural es una muestra de que la solidaridad hacia el pueblo chiapaneco no se ha apagado.

Escándalos bancarios, la caída del peso, los incendios y las inundaciones, y hasta los problemas extramaritales de Clinton han sido factores de distracción de la prolongada parálisis del conflicto de Chiapas que cada día se agrava más. Ni siquiera las elecciones locales recientes han logrado disipar por lo menos un poco las negras nubes que – literal y metafóricamente – han venido cubriendo los cielos chiapanecos en los últimos meses.

Los comicios del 4 de octubre estuvieron caracterizados por un gran abstencionismo, sobre todo en la zona de mayor influencia zapatista. La poca participación de la población chiapaneca demostró la escasa confianza que ésta tiene en el sistema político para solucionar sus problemas. La falta de condiciones materiales y políticas para garantizar el sufragio electoral, la inseguridad y el miedo y la ambigua postura del EZLN (no impedir la votación, pero tampoco promoverla) también limitaron dicha participación ciudadana.

En ese marco, el triunfo del PRI en Los Altos, Selva y Norte de Chiapas deja todo el control sobre la región con mayor presencia zapatista en las manos del gobierno actual. Ahora encontrará menos resistencias para usar todos sus recursos y aparato burocrático para extender su influencia en dicha región y minar así el apoyo al EZLN. Preocupa también que se dé un potencial incremento de la actividad paramilitar en los municipios donde el PRI recuperó el control. En otras zonas, esa actividad se ha fortalecido significativamente a través de la connivencia con las autoridades locales oficialistas.

Por otro lado, la poca representatividad de las nuevas autoridades municipales (electas por entre el 13 y el 30 % de los votos habilitados) constituye un factor de gran inestabilidad. Por parte de la oposición, se han anunciado fuertes protestas e incluso se ha hablado de la posibilidad de ocupar palacios municipales para impedir la instalación de las autoridades priístas.

Las autoridades estatales consideran que las elecciones fueron un éxito. Sin embargo, visto las irregularidades documentadas y el alto nivel de abstencionismo, una vez más han puesto en evidencia que en Chiapas el proceso electoral no es un medio viable y eficaz para democratizar al país, para instalar gobiernos locales representativos ni para encontrar soluciones verdaderas al conflicto.

Mientras en México el tema Chiapas parece estar relegado por algunos a los últimos lugares de la agenda política del fin de siglo, en el extranjero ha cobrado mayor relevancia a distintos niveles. Es el caso de las cada vez más frecuentes visitas al estado de personal de distintas embajadas (incluyendo las nueve veces que militares de Estados Unidos hicieron en los meses pasados, según fuentes de la embajada estadounidense), así como las declaraciones de funcionarios del gobierno y congresistas norteamericanos, parlamentarios de Canadá y Europa y de instancias tan reconocidas como los órganos dependientes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Organización de Naciones Unidas) y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de la OEA, Organización de Estados de América.

Esos organismos han hecho recomendaciones importantes para que las autoridades mexicanas redoblen sus esfuerzos para reducir los índices de violencia y discriminación en Chiapas y en otros estados del país. El gobierno mexicano con el argumento de defender su soberanía, minimiza las críticas diciendo que en el exterior se manejan datos falsos sobre la realidad. No obstante, la magnitud de las críticas internacionales le han llevado a invitar a Mary Robinson – la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU – a visitar México.

Después de romper su silencio en julio, el EZLN dio a conocer varios comunicados en los cuales reacciona ante los acontecimientos más importantes de la actualidad, descalificando al gobierno estatal y federal. Por su parte éste dejó de tomar en serio los documentos y planteamientos del ejército rebelde, incluso calificando de “criminal” al Subcomandante Marcos como hizo el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén. Así como están las cosas, con posturas muy rígidas de parte de los principales actores, resulta muy difícil que se llegue a una solución antes de que este sexenio termine. Y no como expresaron los obispos en el sentido de que la paz podría estar firmada antes de la venida del Papa en enero próximo.

Afortunadamente la COCOPA, aunque no con el peso que tuvo en otras épocas, sigue cada vez más interesada en buscar una solución verdadera al conflicto chiapaneco, y toma más en serio al EZLN. Por eso, el EZLN anunció el 18 de octubre su disponibilidad de retomar el contacto público con la COCOPA, aunque se sigue resistiendo a un contacto directo con el gobierno federal.

Si la instancia electoral recientamente promovida no fue un espacio relevante para que la sociedad civil chiapaneca dejara oír su voz sobre el rumbo que debe llevar la entidad, ahora las expectativas se vuelven necesariamente hacia el nuevo espacio de diálogo anunciado entre al menos algunos de los sectores de la sociedad civil nacional y el EZLN. Nuevamente parecería ser ella la que podría forzar pacíficamente a los actores políticos a retomar la responsabilidad de resolver el conflicto chiapaneco y a cambiar la estrategia de militarización. Mientras eso no se dé, la vía electoral para la democratización del país seguirá resultando insuficiente y poco representativa de las mayorías, como lo acabamos de constatar recientemente en los últimos comicios en Chiapas.