Sumario

El 1o. de septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncó que no regresaría a las negociaciones con el gobierno mexicano hasta que ciertas condiciones mínimas se cumplieran:

• cumplimiento satisfactorio de los acuerdos alcanzados en febrero sobre «Derechos y Cultura Indígenas»;
• liberación de los presuntos zapatistas;
• instalación y operación de la Comisión de Seguimiento y Verificación;
• una delegación gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación, y respeto por la delegación zapatista;
• propuestas serias y concretas para la mesa de «Democracia y Justicia».

La decisión zapatista reflejó otro punto de crisis en el largo y tortuoso proceso de paz que comenzó sólo unos días después del levantamiento armado del 1o. de enero de 1994. Desde los acuerdos de febrero sobre «Derechos y Cultura Indígenas», el diálogo se ha enfocado en el tema de «Democracia y Justicia». Sin embargo, el progreso fue insignificante en las últimas reuniones del diálogo en agosto. El EZLN ha hecho su mejor esfuerzo p ara incluir temas de reforma política nacional, haciendo propuestas substantivas, mientras el gobierno mexicano intentaba reducir las negociaciones a temas locales, insistiendo que los temas nacionales no serían negociados en la mesa de San Andrés.

En mayo, las largas sentencias a dos presuntos zapatistas provocaron otra más temprana suspensión del diálogo por parte del EZLN y una ola de protestas a nivel nacional e internacional. De hecho el gobierno encontró no viable defender la sentencia en contra de unos presuntos zapatistas por «terrorismo» mientras al mismo tiempo se sentaba en la mesa de negociación con los líderes zapatistas. Los dos fueron liberados (aunque otros presuntos zapatistas siguen en prisión), y las negociaciones se reanudaron después de que los mediadores lograron un acuerdo para realzar el proceso de paz.

A pesar de que desde febrero muy poco o nada se ha hecho realmente para implementar los acuerdos alcanzados, los zapatistas insisten en que las palabras se deben convertir en hechos. Mientras tanto las comunidades indígenas en la llamada zona de conflicto siguen viviendo bajo la presencia de mano dura del ejército nacional. La presencia militar intimida a las comunidades, interrumpe su trabajo en el campo, y socava las normas sociales y prácticas culturales.

Al mismo tiempo, las comunidades en el norte de Chiapas se enfrentan a una creciente violencia en manos de grupos paramilitares, de los cuales la mayor-a están alineados con el PRI, partido en el poder. Historicamente el PRI ha mantenido un férreo control en la región. Aquellos que se alinean al PRI tienen acceso privilegiado a los pocos recursos, favores y empleos que ofrece el gobierno. Los que no se alinean al PRI se arriesgan a la represión. El crecimiento de la oposición política en la última década y el surgimiento repentino de acciones de protesta y resistencia por parte de grupos campesinos desde 1994 han causado a una reacción violenta de aquellos que defienden el status quo. Igual de problemático es el hecho de que estos grupos operan en la impunidad y a veces hasta con la colaboración de las autoridades policíacas y el ejército. Todo indica que la escalada de violencia podría continuar.

El miedo y la ansiedad que resultan por la alta presencia militar y los grupos paramilitares debilitan la confianza del público en el proceso de paz, y ponen en tela de juicio el compromiso del gobierno a una solución pacífica al conflicto.

El surgimiento del Ejército Popular Revolucionario como nueva fuerza guerrillera crea problemas sensibles de seguridad para el gobierno y debilita aun más la esperanza de que el gobierno pueda tomar un papel más constructivo en el progreso del proceso de paz. El 28 y 29 de agosto, acciones coordinadas en siete estados, incluyendo Chiapas, dejaron por lo menos 18 muertos y 20 heridos. Hasta la fecha se ha hecho mucha especulación pero pocas respuestas se han dado con respecto al objetivo político del EPR, quiénes son, y quiénes los apoyan. Los zapatistas manifestaron su respeto por el EPR, pero negaron cualquier vínculo con ellos y criticaron su decisión de operar en Chiapas, puntualizando que las comunidades indígenas tendr n soportar la fuerza de la respuesta militar. El EPR contestó diciendo que en Chiapas se limitaría a hacer acciones propagandísticas.

La Comisión Nacional de Intermediación, presidida por el obispo Samuel Ruíz, y la Comisión de Concordia y Pacificación, constituida por representantes del Congreso nacional, se han comprometido y han persistido en sus esfuerzos para mantener el proceso de paz en camino. Sin embargo, esto es un gran reto en el clima actual de conflicto social, represión y violencia.

Así como ha sido desde el inicio del levantamiento, el EZLN ha seguido buscando maneras creativas para mantener la iniciativa política y social y demostrar que es una fuerza política que el gobierno debe considerar. Por medio de una serie de encuentros nacionales e internacionales, los zapatistas han reunido amplios sectores sociales, refinado sus propias propuestas y les han agregado nuevo impulso, y demostrado una gran base de apoyo dentro y fuera de México. Considerado como un fuerza militar pobre, el movimiento zapatista se mantiene como un símbolo significativo, y siguen demostrando s u originalidad y persistencia en explotar su potencial político.

El gobierno federal se encuentra presionado a nivel local, nacional e internacional para deshacerse del problema zapatista. Si los zapatistas son más una fuerza política que una fuerza militar, el recurso de una salida militar es menos viable. No obstante, esto se vuelve muy tentador para un gobierno con reducidas opciones. La opinión pública internacional ha sido y continúa siendo una clave de restricción a esa opción y un recurso de presión para posibilitar una solución política. Sólo cuando el gobierno se esfuerce en mostrar voluntad política para avanzar se recuperar la esperanza en el proceso de paz.

Recomendaciones para la acción:

1. Escribir al gobierno mexicano, urgiéndolo a:

• crear las condiciones para la reanudaci›n del Diálogo, demostrando su verdadera disposici›n de cumplir con los compromisos contra-dos en San Andrés y atender a las demandas del EZLN;
• tomar medidas inmediatas y eficaces para desarmar y castigar a los grupos paramilitares en la zona norte de Chiapas, y así favorecer la reconciliación en la región, atendiendo a las demandas específicas de la poblaci›n afectada;
• frenar la militarización creciente en Chiapas y otros estados del país, y buscar inmediatamente conversaciones con el EPR a fin de evitar mayor derramamiento de sangre, así como atropellos a la población civil por parte de ambos ejércitos.;
• reconocer y respetar la labor humanitaria que realizan los observadores internacionales y los trabajadores por los derechos humanos cuyo trabajo proporciona información veraz sobre el conflicto y apoyo sustancial al proceso de paz.

2. Difundir información -como este reporte- para movilizar a la opinión pública internacional. Inscribirse para recibir los llamados de Acción Urgente referidos a conflictos específicos o casos de violaciones a los derechos humanos monitoreados por el equipo de SIPAZ.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (52 5) 271 1764 515 4783

Emilio Chuayffet Chemor
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
Col. Juárez
06699 México, DF – México
Fax: (52 5) 546 5350 546 7380

Lic. C. Ruíz Ferro
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – México
Fax: (52 961) 20917

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Actualidad

El largo y difícil camino hacia la paz

Desde que estalló el levantamiento zapatista en un breve conflicto armado en enero de 1994, Chiapas ha experimentado una tensa paz armada caracterizada en gran parte por un conflicto social. A pesar de los esporádicos diálogos de paz, poco se ha logrado para atender la pobreza desesperada de las comunidades indígenas, que dio pie al movimiento zapatista. Extensas tomas de tierra por grupos campesinos, plantones en las presidencias municipales, y otras amenazas al status quo por fuerzas de oposición han sido contrarrestadas por la creciente represión de grupos armados vinculados al PRI. Mientras el ejército federal ha militarizado completamente lo que fuera el territorio controlado por los zapatistas en la zona de conflicto, grupos paramilitares han estado hostigando, golpeando e incluso asesinando adversarios políticos en la zona norte.

La tensión aumentó con el surgimiento del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Una serie de acciones los días 28 y 29 de agosto incluyeron bloqueos temporales en carreteras claves de Chiapas. Esto enclavó al EPR en la complicada dinámica del proceso de paz que se vive en Chiapas, lo que fue públicamente criticado por los zapatistas.

Considerando la falta de progreso tangible, los zapatistas anunciaron el 1o. de septiembre que no participarán en las siguientes sesiones de negociación hasta que el gobierno federal cumpla ciertas «condiciones mínimas».

Los diálogos de paz hubieran fracasado desde mucho antes de no ser por la importancia que ha adquirido la lucha zapatista a nivel nacional e internacional. En Chiapas, la necesidad de un cambio real, reconocido por muchos sectores, ha chocado contra los límites del viejo régimen del PRI que se mantiene en el poder desde hace 67 años. Pero sigue el amplio apoyo a los zapatistas y el gobierno no ha podido deshacerse de este problema que afecta la política interior de México y sus relaciones internacionales.

Democracia y justicia

Después de firmados en febrero pasado los primeros acuerdos entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) relativos al tema «Derechos y Cultura Indígenas», se iniciaron en marzo los trabajos correspondientes a la Mesa 2: «Democracia y Justicia».

Tal como señalamos en nuestro Informe anterior (Año 1, No. 1), desde el momento que se instaló la Mesa 2, se percibieron las dificultades para abordar una temática tan compleja, en la que se enfrentan claramente concepciones hasta ahora irreconciliables sobre lo que ambas partes entienden por democracia. Al mismo tiempo, la delegación gubernamental se resistió a discutir en el espacio de San Andrés un tema que inevitablemente remite al debate sobre la Reforma del Estado, y cuyo ámbito adecuado sería, según el gobierno, el de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Cabe agregar, además, que en ese ámbito el partido oficial alcanzó un acuerdo con la oposición para una limitada reforma electoral que fue presentada por el gobierno como un importante logro.

Así, mientras el EZLN llevó a San Andrés unos 250 asesores e invitados que hicieron aportes sustanciales sobre los siete subtemas de la Mesa 2, la delegación gubernamental se presentó a la primera fase de la misma sin propuestas ni invitados.

Esta actitud del gobierno federal fue calificada por diversos analistas como de sorda e indiferente a la gran diversidad de propuestas emanadas de los invitados del EZLN, representativos de importantes sectores sociales, políticos e intelectuales del país.

Esas diferencias profundas impidieron un avance real en las dos primeras fases de la Mesa 2. El EZLN señaló que el gobierno evade temas sustanciales como el de la necesidad de un cambio de régimen (separar partido y Estado), la definición de un nuevo pacto social, la necesidad de desmantelar el corporativismo autoritario, entre otros.

Más grave aún que la falta de acuerdos en la mesa de San Andrés fue el contexto en el que se desarrolló esta etapa de la negociación, marcado por la creciente militarización en diversos puntos de Chiapas y en los estados vecinos de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y por el incremento de la violencia contra opositores de distinto tipo en municipios dominados por grupos paramilitares identificados con el partido oficial.

La crisis de mayo

A comienzos de mayo, el proceso de paz se puso en crisis cuando el poder judicial condenó a los presuntos zapatistas Javier Elorriaga y Sebastián Entzin. Detenidos desde febrero de 1995, en un proceso plagado de irregularidades que fueron reiteradamente denunciadas por prestigiosos organismos nacionales e internacionales, y cuando el reclamo de la opinión pública por su liberación era más fuerte, el juez Alcántara les condenó a 13 y 6 años de prisión respectivamente, acusándolos del delito de terrorismo.

Esto provocó una reacción de repudio generalizada, ya que la Ley para el Diálogo y la Pacificación, bajo la cual se desarrolla el proceso de negociaciones, impide explícitamente acusar o perseguir a los considerados zapatistas.

La reacción del EZLN fue declararse en «alerta rojo», al interpretar la condena como una señal de ruptura del diálogo y de un posible reinicio de las hostilidades armadas. En esta situación, el EZLN declaró que no existían garantías mínimas de seguridad para regresar a la Mesa de San Andrés.

» La sentencia contra los señores Elorriaga y Entzin representa la sentencia contra el EZLN. Fuimos acusados, juzgados y sentenciados como terroristas. El problema no es la liberación de los señores Elorriaga y Entzin. (…) Libres o presos los presuntos zapatistas, el diálogo de San Andrés es insostenible si el EZLN se define, ante cualquier poder federal, estatal o local, como una organización terrorista».
–Carta del Subcmte. Marcos a la COCOPA, 18 de mayo

Por su parte, el gobierno emitió declaraciones muy duras, advirtiendo al EZLN que, de no presentarse a la instancia prevista en San Andrés para el 5 de junio, la ley que impide ‘tocar‘ a los zapatistas quedaría en suspenso, con lo cual las órdenes de captura contra ellos volverían a entrar en vigencia.

Este clima de gran tensión se vio acentuado en Chiapas por otro hecho de singular gravedad: el enfrentamiento entre pobladores y un grupo paramilitar en el pueblo de Bachajón (municipio de Chilón), que dejó un saldo de seis muertos, muchas familias desplazadas y trece casas quemadas (ver «Bachajon – El Costo de la Impunidad»).

El aspecto positivo que tuvo la llamada «crisis de mayo» fue desencadenar una gran reacción a nivel nacional e internacional en defensa del proceso de paz, y para impedir que la dinámica de la guerra volviera a imponerse en Chiapas. Esto obligó al gobierno mexicano a ratificar explícitamente su voluntad de buscar una salida pacífica y negociada a los conflictos en el estado, y finalmente a implementar una fórmula jurídica que permitiera la liberación de Elorriaga y Entzin, la que se concretó el 7 de junio. Fue así que el EZLN aceptó reanudar el 9 de junio los encuentros en San Andrés con la representación gubernamental.

La superación de esa crisis implicó el establecimiento de un nuevo marco para el proceso de negociación de San Andrés. Recogiendo una insistente demanda del EZLN, las partes acordaron modificar algunos aspectos de las reglas de procedimiento del Diálogo, con vistas a agilizar el proceso y a prevenir la posibilidad de ruptura.

Otro aspecto importante fue que, después de cinco meses de negociación infructuosa, el 12 de julio se llegó a un acuerdo para la integración de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los compromisos firmados. Sin embargo, esta comisión todavía no ha sido instalada.

Paramilitares y guerrillas

Durante el mes de junio, otros dos fenómenos repercutieron negativamente sobre el proceso de paz: a nivel local, la escalada de violencia que se vive en la zona norte de Chiapas, debida al accionar impune del grupo paramilitar priísta conocido como «Paz y Justicia» (ver «Los Paramilitares – El otro rostro de la guerra»). Y a nivel nacional, la aparición del Ejército Popular Revolucionario, en el ler. aniversario de la masacre de campesinos en Aguas Blancas.

Si bien se han elaborado distintas hipótesis sobre el origen y la naturaleza de este grupo armado, hasta hoy es una incógnita. Lo que sorprende es su capacidad de coordinación, su eficiencia para operar y su poderoso armamento. El 28 y 29 de Agosto, acciones coordinadas del EPR en siete estados -incluído Chiapas- dejaron por lo menos 18 muertos y más de 20 heridos.

Desde el primer momento, el EZLN deslindó toda vinculación con el EPR, el cual ha llamado al pueblo mexicano a tomar el poder mediante las armas. Esa desvinculación fue ratificada por miembros de la CONAI, de la COCOPA, del propio ejército mexicano y hasta por el Presidente Zedillo.

El 29 de agosto el EZLN dirigió un mensaje público a los líderes del EPR, en el cual deja clara su posición de independencia respecto a la nueva organización guerrillera. Entre otras cosas, afirma el Subcmte. Marcos:

«Acusamos recibo del tono respetuoso que usan para referirse a nosotros. Nosotros respetamos a quien nos respeta. (…) Sólo quiero decirles que no queremos su apoyo. No lo necesitamos, no lo buscamos. (…) El apoyo que queremos, el que buscamos y necesitamos, es el de la sociedad civil nacional e internacional, y son movilizaciones pacíficas y civiles las que esperamos. No son armas, combatientes o acciones militares lo que necesitamos. (…) Sigan ustedes su camino y déjennos seguir el nuestro.(…) Ustedes no son nuestro enemigo ni nosotros lo seremos para ustedes. Tampoco los ubicamos como «rivales en la conducción de la lucha en México», entre otras cosas porque nosotros no pretendemos conducir otra lucha que no sea la de nuestra dignidad».

Otros

No obstante los signos positivos mencionados a partir de la superación de la crisis de mayo, la última etapa en el diálogo de San Andrés terminó el 11 de agosto sin que las partes llegaran a ningún acuerdo sobre los respectivos documentos de «Democracia y Justicia». El EZLN acusó a la delegación gubernamental del fracaso de la negociación, alegando que «los documentos presentados (por el gobierno) no contienen planteamientos serios y concretos que permitan una auténtica negociación de fondo sobre el tema». Por su lado, la parte oficial declaró que la falta de acuerdos se debió a la actitud «intransigente y ajena a todo espíritu de negociación del EZLN, que venía por todo o nada, y resultó nada».

A comienzos de septiembre, cuando estaba por instalarse la última plenaria resolutiva de la Mesa 2, y después de realizar la consulta interna con sus bases en las comunidades indígenas, el EZLN comunicó su decisión de no concurrir a la instancia prevista de San Andrés hasta que no existan determinadas condiciones: cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados en la Mesa 1 sobre derechos y cultura indígenas, de los cuales no se ha implementado nada hasta el momento liberación de todos los presuntos zapatistas que permanecen presos instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación una delegación gubernamental constituida por interlocutores «con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y respeto a la delegación zapatista» propuestas «serias y concretas» sobre Democracia y Justicia.

A partir de ese momento, se dio un intercambio de comunicados entre el EZLN y la Secretaría de Gobernación, cuya dureza recuerda el tono de los discursos que acompañaron la ofensiva militar en febrero de 1995. A pesar de los esfuerzos desplegados por los organismos mediadores, hasta el cierre de este informe los canales de comunicación entre ambas partes permanecen cortados. Al término de una reunión con la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) y con el Secretario de Gobernación, Mons. Samuel Ruiz Presidente de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación) – anunció que ese organismo está preparando una propuesta de pacificación no sólo para Chiapas sino para todo México.

El EZLN reúne a la sociedad civil y a la solidaridad internacional

Paralelamente al accidentado proceso del Diálogo de San Andrés, se realizaron en Chiapas importantes eventos, en los que el EZLN demostró una singular capacidad de convocatoria, tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con el llamado lanzado en enero de este año en su «Cuarta Declaración de la Selva Lacandona», el EZLN organizó un Encuentro Continental en abril y otro Intercontinental en julio, bajo la consigna «Por la Humanidad y contra el Neoliberalismo». Importantes personalidades nacionales e internacionales; representantes del mundo de la cultura, el arte, la ciencia; militantes sociales y políticos de los cinco continentes, se dieron cita en los «Aguascalientes» (centros de encuentro) construidos en cinco comunidades zapatistas.

A pesar del cerco militar y de los estrictos controles del Departamento de Migración, que puso obstáculos para intimidar y dificultar la llegada de los extranjeros a la zona, unas 4000 personas llegaron hasta Chiapas para analizar juntas las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en el mundo, y buscar estrategias comunes para enfrentarlo.

Otro hecho sin precedentes en la historia de México lo constituyó el Foro Especial para la Reforma del Estado, organizado por el EZLN con el respaldo de la COCOPA entre el 30 de junio y el 7 de julio. Los temas que parecían intocables para el gobierno federal, fueron ampliamente discutidos en un verdadero diálogo nacional por más de 1300 personas de todos los estados del país, convocados por los indígenas de Chiapas como nunca ningún actor político lo había hecho antes. Intelectuales, artistas, amas de casa, periodistas, organizaciones sociales, partidos políticos, empresarios, se se dieron cita en San Cristóbal de las Casas en un clima de diálogo, tolerancia y pluralidad.

Por último, cabe mencionar también la significación de las dos reuniones realizadas en abril y julio del Foro Nacional Indígena Permanente, instancia surgida a partir de los acuerdos de la Mesa 1 de San Andrés, como un espacio donde el EZLN ha promovido el encuentro y el intercambio entre los distintos pueblos indígenas de México. Se pretende que este proceso de los pueblos indígenas no sea liderado por el EZLN sino que, partiendo de las diversidades, se vaya articulando, con su ritmo propio, un proyecto indígena plural y autónomo.

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Los paramilitares … El otro rostro de la guerra

Con raíces y enlaces siniestros, los paramilitares y las guardias blancas siembran el miedo y el terror desde hace ya más de un año en varias regiones de Chiapas, particularmente en la zona norte. Estos grupos han provocado que alrededor de 3000 a 4000 personas hayan huído a las montañas y otros sitios de Chiapas y Tabasco, dejando sus casas quemadas y sus bienes robados, para refugiarse y poner a salvo sus vidas. Se estima que en los últimos dos años han sido asesinadas unas 300 personas en la zona norte.

«En Chiapas proliferan enfrentamientos políticos y religiosos que desgarran el tejido social de diversas comunidades y que incluso parecen haber desplazado, como principal factor de riesgo de una confrontaci›n, al conflicto derivado de la rebeli›n del primero de enero de 1994.»
— La Jornada, 7 de julio de 1996.

Por su parte, las autoridades del Estado mantienen en la impunidad dichos actos, favoreciendo as- la violencia, la ingobernabilidad, y la complicidad oficial. A la vez, el gobierno insiste en calificar de «transitoria» esta ola de violencia en el norte del estado, y afirma que «no son grupos paramilitares propiamente, sino grupos de campesinos armados». Aunque s- reconocen que estos acontecimientos afectan el Diálogo de San Andrés.

«El problema de la zona norte no es de partidos políticos, ni religioso, como lo quieren hacer aparecer. Estas comunidades son políticas, pero no se rigen por la organicidad de los partidos. Sus expresiones rebasan las formas institucionales de manifestarse políticamente. Hace falta mayor presencia institucional en la zona y más recursos, que vayan directo a las manos de la gente. Esta zona ha estado en el olvido de los gobiernos estatal y federal».
— Uriel Járquin, Subsecretario de Gobierno de Chiapas

«Nos tienen perseguidos…»

Las regiones donde estos grupos operan se distinguen por ser altamente pobres y marginadas. La mayoría de las personas afectadas son militantes del PRD, y supuestos simpatizantes del EZLN, muchos de ellos arrastrando viejos problemas de tierras y claramente en oposici›n al sistema del partido de Estado.

Datos históricos

La disputa sobre la tierra ha sido y sigue siendo la raíz de los conflictos en Chiapas. Tierras históricamente comunitarias no han sido reconocidas legalmente por el gobierno y la esperanza de un reparto justo de la tierra mediante el artículo 27 de la Constitución se vino abajo al modificarse dicho art-culo en 1991, facilitando la venta de tierras ejidales. Fue en este contexto conflictivo que aparecieron las primeras guardias blancas hace cuatro décadas.

«Las guardias blancas nacen bajo la anuencia del gobernador Efraín Aranda Osorio en el período 1952-1958, quien creó un «cuerpo de policía auxiliar ganadera» que tenóa el propósito de preservar y perseguir el abigeato. Los finqueros y ganaderos dotaron de armas y salario a campesinos para resguardar sus tierras, además ejecutaron dentro del marco de la ley a supuestos abigeos e invasores de tierras, como parte de la política de terror a fin de mantener el control en la región norte de Chiapas. El gobernador Samuel León Brindis emiti› un decreto en 1961, bajo el cual permitió portar armas a ganaderos y contratar policías particulares.» — Expreso 16 de Mayo 1996.

Hoy en día no sólo las guardias blancas sino también los grupos paramilitares son un hecho normal en ciertos lugares de Chiapas.

» La existencia de guardias blancas o grupos paramilitares es común en Chiapas, sobre todo en las zonas indígenas. Su beligerancia se ha visto incrementada a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994″.
–Proceso, 13 de mayo1996

Su base de apoyo y «fronteras»

Los grupos paramilitares se han organizado para la defensa no sólo de los intereses económicos de los poderosos, como lo han hecho las guardias blancas, sino también para defender intereses políticos de la región. Son integrados en su mayoría por miembros del PRI, algunas autoridades municipales también del PRI, comisariados ejidales (autoridades de las comunidades indígenas), y ex militares.

Desde sus inicios hasta hoy, estos grupos armados han tenido lazos oficiales. Segun un informe de CEDIAC (Centro de Derechos Indígenas) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, las guardias blancas actúan como una fuerza clandestina financiada por grupos filiales al PRI, además de funcionarios que desean mantener el control político-social-económico en las zonas de mayor marginación y pobreza.

Una investigación realizada por un grupo de sociólogos asevera:

» Cuando hablan en confianza (los miembros de estos grupos), aluden a la cobertura de que se benefician con Eraclio Zepeda [Secretario de Gobierno de Chiapas] y Mario Arturo Coutiño Farrera [Director General del Gobierno de Chiapas]. De sus apoyos, consiguen: líneas productivas, despensas, y a veces uniformes y armas»
— Expreso, 23 de junio de 1996.

Además de «Los Chinchulines» que operan en la región tzeltal en los municipios de Chilón y Yajalón, se pueden señalar otros grupos paramilitares y sus áreas de operación.

En el municipio de Tila (región chol), las 125 comunidades que lo forman, enclavadas en la selva alta, viven bajo la sombra, hostigamiento y agresión del grupo armado «Paz y Justicia». Segœn las denuncias de habitantes de la zona, miembros del ejéército mexicano adiestran a los elementos de «Paz y Justicia». Además sostienen que este grupo ejecuta acciones armadas en coordinaci›n con la organización oficialista SOCAMA (Solidaridad Campesina y Magisterial, grupo de maestros afiliados al PRI). El accionar de «Paz y Justicia se extiende también hasta los municipios de Sabanilla, Tumbal y Salto de Agua.

La «Alianza San Bartolomé de los Llanos» opera por Venustiano Carranza. Aquí los problemas se mezclan entre viejos reclamos agrarios sobre tierras ejidales acaparadas por unas cuantas familias y recientes problemas pos-electorales. Desde 1994, unos 30 miembros de la comunidad han sido asesinados en circunstancias oscuras.

En otra región de la zona norte, Simojovel, municipio con larga tradición de lucha social y campesina, se han dado enfrentamientos entre miembros del Partido del Trabajo (PT), que es quien gobierna el municipio y los campesinos organizados.

En la zona tzotzil unos chamulas (de San Juan Chamula) están organizados en el grupo paramilitar que los lugareños llaman los «Degolladores». Alrededor del municipio de Ocosingo esta el grupo «Tomas Munzer» -del ejido Tomas Munzer-, apoyado y compuesto de ganaderos.

Culpan a la iglesia

Los priístas(PRI) y petistas(PT) responsabilizan de los crémenes a los catequistas y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, y a los zapatistas. Ahora, en el norte, algunos representantes del gobierno, han caracterizado a las partes como: los católicos-zapatistas y los protestantes-priístas. En todas las regiones de Chiapas, se acusa a los catequistas, sacerdotes y religiosas del nivel de conciencia alcanzado por el pueblo para conseguir sus propios derechos; a tal punto, que el Comit, Ejecutivo Nacional del PRI se pronunci› sobre la trayectoria pastoral del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruíz, acusándolo de ser el responsable de promover la violencia en Chiapas.

» En la zona norte hay mucha influencia eclesiástica y principalmente los catequistas son los que han causado los conflictos. Si nos fijamos en la mirada de los indígenas en donde hay catequistas, vamos a encontrar odio y venganza hacia los demás, pero si vemos la de los indígenas en otras partes, eso no existe».
— Rolando R. Villafuerte, Presidente Municipal priísta de San Cristóbal de las Casas

Enfrentando la violencia

Esta dinámica no se restringe sólo al estado de Chiapas. Organizaciones civiles de otros estados han declarado la existencia de grupos paramilitares en Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Sinaloa.

En una declaraci›n protestando por la violencia paramilitar, Amnistía Internacional denuncia «un largo patrón de violaciones a los derechos humanos cometidos por gente armada contratada para defender a caciques locales priístas». La sociedad civil, organizaciones campesinas e indígenas, así como de derechos humanos, en repetidas ocasiones han demandado un desarme total, lo que hasta el momento no se ha conseguido.

Entre las iniciativas para contrarrestar esta violencia, se cuentan varias de la diócesis de San Cristóbal para mediar entre las partes en conflicto. Recientemente, el 8 de julio, fue instalada la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, creada por la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Alianza Cívica Nacional y la Red Nacional de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todos».

» La agudización de los conflictos entre las comunidades y organizaciones hace urgente la bœsqueda y el fortalecimiento de puentes que favorezcan la comunicación entre cada uno de los actores involucrados» Miembros de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria.
— La Jornada 9 de julio de 1996

A manera de reflexión

En México, el poder ha estado por más de 60 años en las manos del PRI. Debido a esto, las ayudas de vivienda, alimentación, etc., de parte del gobierno favorecen a los priístas, generando una marginación y represión contra las comunidades que son simpatizantes de los zapatistas, del PRD y de otras organizaciones campesinas e indígenas independientes.

Los grupos paramilitares forman una parte integral de esta estrategia de marginación y represión. Preocupa profundamente el que los grupos paramilitares están libremente organizados, son priístas en su mayoría y tienen poder económico, político y social en sus zonas de influencia. Actúan con y en la presencia de Seguridad Pública y el ejército mexicano y con el apoyo abierto de presidentes municipales. También cuentan con el aval de ciertos diputados federales y funcionarios del gobierno del estado. En base a esto siembran la intimidación, exigen lealtad y apoyo en varias regiones de Chiapas. Además presionan a las comunidades para que entreguen sus votos al PRI, lo que, de continuar, puede anunciar otras elecciones no tan limpias en el futuro y en consecuencia, más acciones de resistencia y disputas pos-electorales.

La historia contempor nea señala otro factor alarmante. Muchos países en América Latina recién están saliendo de la época de las dictaduras militares y escuadrones de la muerte. Al principio vinieron las amenazas en contra de sacerdotes, religiosas, catequistas y activistas de derechos humanos. De esto se paso a los asesinatos de los mismos y a la persecución generalizada en la que se derramó la sangre del pueblo. México est en la etapa de las amenazas y hay mucha preocupación de que se comience a asesinar a líderes de esta naturaleza. En el lenguaje de la Seguridad Nacional, se utilizan las palabras de «subversivos»,»comunistas», «revolucionarios» para designar a las personas que abiertamente se declaran contra el grupo en el poder.

Como si estos daños no fueran suficientes, el accionar de los grupos paramilitares ha tenido un impacto directo sobre la esperanza y el ambiente propicios para que los diálogos de paz en San Andrés avancen.

» Esos hechos violentos son un peligro constante para el proceso de negociación, pues provocan la movilización militar, el éxodo de varios cientos de indígenas, además de vivir bajo un temor y zozobra constantes»
— Miguel Alvarez Gándara, secretario técnico de la CONAI
Expreso 7 del agosto 1996

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«Nos tienen perseguidos…»

… se convocó a una marcha en Moyos el día 14 de junio. Las familias perredistas (filiales al PRD, Partido Revolucionario Democrático, de oposición) de diferentes comunidades se congregaron en la plaza de Moyos para exigir la liberación de dos detenidos. En ese mismo momento los priístas (filiales al PRI, Partido Revolucionario Institucional) que se encontraban reunidos en la Casa Ejidal comenzaron a disparar y a arrojar bombas de clorato. Ahí perdieron la vida Arturo Hernández Soto de 17 años de edad y José de Jesús de 19 años. También resultaron golpeados Felix Martínez y Martín Pérez, ambos miembros del PRI, de entre 60 y 70 años de edad. Inmediatamente después de estos hechos llegaron las fuerzas de Seguridad Pública de la cabecera municipal de Sabanilla, quienes no realizaron detención alguna y desde entonces permanecen en la comunidad. El mismo día 14, algunas familias perredistas huyeron. Los que se quedaron fueron presionados por los priístas en los días subsiguientes para abandonar el pueblo, existiendo un total de 67 familias desplazadas en nueve comunidades, entre las cuales se encuentran: Unión Hidalgo, Santa Catarina, Majastic, Esquipulas, entre otras; y la colonia Providencia (Anexo de Moyos) se encuentra amenazada por los priístas de Moyos por haber dado refugio a 16 familias desalojadas. La mayoría de las casas de los desplazados han sido saqueadas y algunas quemadas.

» Bloquearon la carretera, los caminos, no se puede ni siquiera ir a traer maíz ni leña ni nada. Vivimos encerrados, ya no se puede salir. Nos tienen perseguidos y nos vigilañ»
— mujeres de Moyos desplazadas en Providencia.

Con el fin de conocer la otra versión de los hechos, la delegación se desplazó a la comunidad de Moyos para entrevistarse con las autoridades del lugar y el comandante de Seguridad Pública. Sin embargo, el Comisariado Ejidal no quiso hacer ninguna declaración, argumentando que los altos mandos ya habían informado a la prensa.
–Informe Semanal, 2 de julio, 1996

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Bachajón – El costo de la impunidad

El 4 de mayo de 1996, el grupo paramilitar los Chinchulines – alineados al PRI- bloqueo la carretera hacia Bachajón (municipalidad de Chilón) y detuvo a cientos de ejidatarios que regresaban de una asamblea electoral. Enojados por la derrota de sus candidatos, los Chinchulines dispararon armas de fuego, amenazaron a los ejidatarios y golpearon a muchos. Dado que no podian volver a sus casas, algunos de los indígenas viajaron a Ocosingo a buscar ayuda. En lugar de ayuda, la respuesta recibida de la policía fue:

» Si esto tiene que ver con gente de Jerónimo Gómez Guzman (líder de los Chinchulines), nosotros no nos metemos.»

Al día siguiente, los ejidatarios atacaron la casa de Jerónimo Gómez y lo mataron. Dos de sus familiares, que persiguieron a los atacantes, también fueron muertos. En respuesta, los Chinchulines entraron enfurecidos a Bachajón. Un día después, ya habia seis muertos.

uchas familias huyeron de sus casas por miedo. Los Chinchulines quemaron trece casas y seis vehículos. Entre los edificios quemados, estaban la escuela católica, la misión jesuita y el Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), dirigido por los jesuitas. El Padre Jose Aviles y sus compañeros fueron amenazados de muerte y debieron esconderse por varias semanas.

La seguridad pública no llegó hasta la mañana siguiente; y el hecho de que algunos viajaron en los vehículos de los «Chinchulines» aumentó la ansiedad del poblado aterrorizado.

Los Chinchulines empezaron siendo el grupo juvenil del PRI, y siempre han sido fuertes las vinculaciones con el partido del poder. Según algunas organizaciones no gubernamentales, entre los políticos que financian a Los Chinchulines esta Rafael Ceballos Cancino, diputado federal del PRI, y Samuel Sánchez Sánchez, miembro del Congreso estatal de Chiapas.

» El depuesto gobernador Elmar Setzer, cacique rico de Yajalón, avaló la integración formal de los Chinchulines a la Confederación Regional de Obreros y Campesinos del PRI durante su gobierno (1993-94).»
[Expreso, 16 de mayo 1996]

A través del CROC, los Chinchulines disfrutan de contratos del transporte público y se han apoderado de los bancos de arena y grava ejidales en la area. Por tres años no permitieron la elección de autoridades ejidales en Bachajón. El 4 de mayo, reaccionaron violentamente contra los líderes alienados al PRD. El grupo ha sido acusado de más de 50 muertes, destrucción de cosechas y casas, y robo de ganado, maíz y frijol.

» En principio (hace ocho años) fueron bien vistos por el pueblo. Mucha gente los apoyo porque dijeron que estaban luchando para asegurar que el banco de grava ejidal beneficiara a los ejidatarios. Despúes ya resultó lo opuesto.»
Manuel Gómez Moreno, alcalde perredista de Chilón [Proceso 13 de mayo 1996]

Mariclaire Acosta, Presidenta de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, protestó por la violencia en Bachajón en una carta dirigida el 6 de mayo al gobernador chiapaneco Cesar Ruíz Ferro:

» Ante la nula actuación de las autoridades del estado en este conflicto, sólo podemos pensar que su gobierno permite la violencia como vía válida para solucionar los graves problemas del estado, a la vez que reniega su deber de administrar la justicia de forma pronta, expedita e imparcial.»

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Análisis

No es posible apreciar la significación del proceso de paz que se desarrolla en Chiapas sin ubicarlo en el contexto nacional, que se caracteriza por un creciente incremento de la militarización, la violencia y la inestabilidad.

El informe presentado por la Red de Organismos Civiles de DD.HH. «Todos los derechos para todos», Alianza Cíica y el Centro de Reflexióón Laboral a la delegación Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, que visitó México por primera vez en julio, señaló esas tendencias y criticó el papel del gobierno:

» En el gobierno del Presidente Zedillo ni se han respetado los derechos humanos, ni ha habido justicia social, ni ha imperado la ley. Además, con la recurrente aplicaci›n de medidas de excepcióan provocado «graves» y «sistemáiolaciones a las garantí individuales»
–Proceso, 21 de julio.

Por su parte, la delegación de la CIDH dio a conocer en conferencia de prensa una «apreciacióinar y provisional» al termino de su visita a México. Allí señaló que
» con base a la información recibida, se pudo percibir que la impunidad aún es un problema grave».

También advirtió sobre

» las consecuencias de la utilización de las fuerzas armadas en funciones de seguridad ciudadana, pues ello puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos, en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas fuerzas».

En el contexto de Chiapas, el proceso de negociaciones entre el EZLN y el gobierno mexicano para arribar a una solución pacífica al conflicto se inscribe en un cuadro de conflictividad social, violencia política, militarización y guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas.

Es altamente preocupante que en la zona norte de Chiapas se viva hoy un clima de mayor violencia y atropello a los derechos humanos, que en la llamada «zona de conflicto», donde se concentran las fuerzas del EZLN. Los grupos paramilitares y guardias blancas ( Los paramilitares…El otro rostro de la guerra accionan en varios municipios de esta zona no sólo con total impunidad, sino además, en presencia de los cuerpos de seguridad pública. Esta situación repercute directamente en contra del proceso de paz, y el EZLN ha demandado al gobierno que ponga fin a las acciones paramilitares.

Al decidir no acudir al Diálogo hasta que el gobierno muestre mejor voluntad política para resolver el conflicto, el EZLN lo dejó en suspenso. Por si eso fuera poco, el proceso de paz tiene que enfrentar otro factor amenazante en el nuevo escenario nacional marcado por la aparici›n del EPR y la respuesta del gobierno, que ha generado una militarización creciente en todo el país.

En un análisis de la crisis actual, la CONAI señaló el 12 de Septiembre:

» Con el grave riesgo de la expansióal de la violencia y de utilizar la represión como respuesta del Estado, se afectan las condiciones políticas necesarias para una negociación de más fondo en Chiapas. La participación y fortalecimiento de otros actores locales se dificulta también, al tiempo que la reconciliación y la gobernabilidad se alejan».

En cuanto a las negociaciones en sí, el jesuita Gerónimo Hernández, experto en temas indígenas y asesor del EZLN, observó:

» Todo este proceso del diálogo está atravesado por dos lógicas o estrategias contrapuestas: la del gobierno federal, que busca aislar, acorralar al EZLN, para forzarlo a aceptar sus condiciones, y la de los zapatistas, que busca permanentemente romper el cerco que se le quiere imponer, para involucrar a toda la sociedad civil en el proceso. Y esto tiene que ver con la confrontación entre dos concepciones de paz también opuestas: para el gobierno la paz se reduce a lograr el desarme de los zapatistas y volver al punto de partida de 1993. Para el EZLN, en cambio, la paz significa un cambio profundo en Chiapas y en México, representado por las 13 demandas: libertad, justicia, democracia, trabajo, salud, educación, vivienda, etc.».

Según este análisis, ese intento de aislamiento se da a través de distintos cercos:

• el militar: en torno a la frontera geopolítica que determina los municipios de influencia zapatista, y alrededor de los «Aguascalientes»;
• el político: hostigando a los simpatizantes del EZLN, para crear temor y restarle apoyos y alianzas con otros sectores. Esto explica también la política de permanente hostigamiento del gobierno mexicano hacia los extranjeros en Chiapas;
• el informativo: obstaculizando el acceso del EZLN a los medios masivos y monopolizando el control de la información sobre el conflicto;
• el social: intentando quitarle bases de apoyo, tanto en las comunidades indígenas como a nivel de otros sectores de la sociedad civil nacional e internacional.
• el económico: el gobierno está volcando gran cantidad de recursos materiales en programas asistenciales para las comunidades de la zona de influencia zapatista. Estas ayudas son distribuídas con criterios de clientelismo entre quienes apoyan al PRI – y canalizadas principalmente a través de la organización campesina ARIC Oficial (Asociación Rural de Interés Colectivo; pro-gubernamental) -, lo cual genera profundas divisiones y polarización al interior de las comunidades.

Todos coinciden en que este último cerco es el más difícil de romper, y en el que el gobierno federal está obteniendo más éxito, ya que las condiciones de pobreza extrema se han agudizado en el último año, como resultado de las graves distorsiones en los ciclos productivos provocadas por la presencia militar.

«Hay problemas en las comunidades. Ah- están los ejércitos entregando despensas y sembrando rencor entre la gente. Además traen mujeres, y hay cada vez más prostitución y enfermedades. Las familias están entregando sus hijos varones para que se metan al ej&eacte;rcito, y las jovencitas se prostituyen con los soldados. Hay trago entre los hombres, y violencia en las familias. Hay mucha hambre también, pues la gente ya no quiere ir a trabajar a la milpa: unos por miedo a los ejé,rcitos (ejército nacional) que están por todas partes; otros, porque se dedican a venderles cosas a los soldados, a hacer otros trabajos para ellos, y ya no quieren trabajar la tierra. Los ejércitos están instalando campamentos en tierras de las comunidades sin pedir permiso, están talando árboles de maderas preciosas y se las llevan para venderlas, están contaminando los réos… Por todos esos problemas se bajó la fuerza, y la gente ya no quiere luchar».
— Dirigente regional de ARIC Independiente

No obstante esta realidad cotidiana que sufren las comunidades indígenas, se puede decir que el EZLN ha tenido éxitos importantes en romper esos distintos cercos, fortaleciendo de manera significativa su capacidad de convocatoria, de propuesta y de alianzas, convirtiéndose en un actor político de primer nivel en el contexto nacional para impulsar la constitución de un gran frente opositor, amplio y plural.

Por otra parte, en el difícil y accidentado proceso de negociación, tanto la CONAI como la COCOPA han demostrado hasta ahora una firme disposición de contribuir a la pacificación. La primera ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la continuidad del Diálogo. A la COCOPA le corresponde el mérito de haber mantenido su independencia ante los otros dos poderes del Estado, de haber actuado con gran eficacia para desbloquear la crisis de mayo, y de haber incorporado al EZLN como un actor importante en el Diálogo Nacional, que acompaña y a la vez transciende el espacio de San Andrés. Tiene también la responsabilidad de impulsar que los acuerdos alcanzados, así como los resultados de los Foros, sean tomados en serio por el Congreso de la Unión y cristalicen en reformas legislativas.

Sin embargo, los esfuerzos de la CONAI y de la COCOPA se enfrentan con desaf-os tan enormes como el de superar la secular opresión y discriminación de que han sido víctimas los indígenas. Y, como es notorio, el espacio político necesario para conducir esos esfuerzos está limitado por la fuerte presencia militar en la llamada zona de conflicto y por la violencia incontrolada de los grupos paramilitares contra sus opositores políticos. En los niveles local, estatal y nacional, la formidable maquinaria política del PRI recurre a las formas más convencionales del autoritarismo para mantener el status quo.

La aparición del EPR plantea interrogantes aun sin respuesta acerca de quínes son y quín los respalda. En cualquier caso, lo cierto es que su impacto en Chiapas proporciona una justificaci›n adicional para aumentar la militarización y reforzar la cautela oficial en las negociaciones.

Por su parte, y cuando el conflicto se acerca a su tercer aniversario, los zapatistas han demostrado una destacada habilidad para proyectarse políticamente en el marco de los grandes problemas nacionales que enfrenta México. No es necesario decir que, tanto en Chiapas como en el resto del país, esos problemas no desaparecerán facilmente. Y sus consecuencias medidas en estadísticas económicas, polarización política, violencia represiva o movimientos guerrilleros – muy probablemente irán en aumento