En este inicio de 2016, dos temas ocuparon las primeras planas de los medios nacionales: la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa, en fuga desde julio de 2015; y la visita del Papa Francisco a México del 12 al 17 de febrero. La recaptura de “El Chapo” fue ampliamente celebrada por el gobierno mexicano. No obstante, según la procuradora general de Justicia de Estados Unidos, si bien representa una “reivindicación de la aplicación de la ley”, Guzmán ya no era un operador activo y la estructura del cártel de Sinaloa quedó intacta.

Visita del Papa Francisco a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Febrero de 2016 © Alejandra Carrillo Orano

La visita del Papa Francisco decepcionó a quienes deseaban señalamientos más explícitos hacia las problemáticas que aquejan el país en la actualidad. Aunque no se refiriera a hechos concretos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero en 2014, realizó declaraciones bastante claras para quienes quisieran escuchar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, afirmó ante el presidente Enrique Peña Nieto y sus invitados: “cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte”. En Ciudad Juárez, criticó el modelo económico que “propugna la mayor cantidad de ganancias posibles, a cualquier costo y de manera inmediata (…) provocando la explotación de los empleados como si fueran objetos para usar, tirar y descartar”.

Visita del Papa Francisco a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Febrero de 2016 © Alejandra Carrillo Orano

Los lugares que visitó en México demostraron en sí su sensibilidad ante varios temas: el estado de México, con sus altas cifras de feminicidios; Ciudad Juárez, conocida también por lo mismo, por la explotación en maquilas y por ser zona fronteriza con Estados Unidos; así como Michoacán, que destaca por la violencia relacionada con el crimen organizado. En Chiapas, se formalizó la celebración religiosa en lenguas indígenas mediante decreto papal. Otro acto con poca cobertura, fue la visita de la tumba de Samuel Ruiz García, quien fue obispo de San Cristóbal durante 40 años, una figura polémica en la jerarquía católica en su momento.

Siguen los informes reprobando a México en materia de derechos humanos… y su resistencia al escrutinio internacional

En publicaciones anteriores hemos dado cuenta de múltiples informes críticos de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) en materia de respeto a los derechos humanos en el país. En enero, también se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House en materia de libertad de expresión, ambos reprobando a México.

Se sigue notando cierta cerrazón hacia el escrutinio internacional. En particular, en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció “una campaña de desprestigio en México” en contra de su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, y contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado para investigar la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. El organismo rechazó “en forma contundente” la averiguación previa iniciada contra Álvarez Icaza por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI. Organizaciones civiles declararon que esta campaña busca mermar el reconocimiento que han alcanzado frente al descrédito de las investigaciones oficiales.

También en marzo, al Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, le fue negada una nueva visita a México. El gobierno mexicano rechazó dicha petición argumentando que ya están programadas visitas de otros expertos. Posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que “la visita no podrá concretarse hasta que esté aprobada la ley contra la tortura en el Congreso”. En febrero, cerca de 30 organizaciones civiles se pronunciaron justamente ante dicha iniciativa. Exhibieron que, en diciembre del 2015, “el presidente de la República, sin aviso a las organizaciones, envió al Senado su iniciativa, la cual, además de desconocer varios de los contenidos mínimos que esta ley debe tener, incorpora normas jurídicas que promueven la comisión de la tortura y establece políticas que impiden su investigación eficaz”. Por ejemplo, no incluye el establecimiento del Protocolo de Estambul, manual internacional para investigar la tortura; ni prohíbe el uso de pruebas ilícitas u obtenidas bajo tortura. En 2015, el Ejecutivo Federal había realizado consultas con organizaciones civiles, así como académicos y actores sociales, pero, en el texto final, “[n]o se incorporaron en su totalidad las propuestas de la sociedad civil y el sector académico.”

El magisterio sigue movilizándose

En febrero se realizaron protestas en diferentes estados de la República contra la reforma educativa. Cabe recordar que decenas de miles de profesoras y profesores de diferentes estados se han manifestado en los últimos años en contra de dicha reforma, protestas que tienen un saldo de tres docentes muertos. En Chiapas, miles de maestras y maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en Tuxtla Gutiérrez en demanda de la derogación de la reforma educativa, así como la reinstalación de una mesa de negociación en Gobernación y la liberación de los presos políticos.

En Guerrero también hubo movilizaciones. En Acapulco marcharon integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), en el primer aniversario de la muerte del profesor Claudio Castillo, fallecido en 2015 en el desalojo policíaco de un bloqueo magisterial en la autopista del Sol. El gobierno ha dado a conocer que unos 2.000 docentes del estado están en riesgo de perder su plaza por no presentarse a la evaluación de desempeño. La CETEG denunció además que el gobierno federal tiene 30 órdenes de aprehensión en contra de dirigentes magisteriales. Por su parte, unos 200.000 miembros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) marcharon en la capital guerrerense en exigencia de la suspensión de la evaluación magisterial.

GUERRERO: Inseguridad

Nestora Salgado, Mural en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Tixtla, Guerrero © SIPAZ

A pesar del intento desde el gobierno estatal de presentar a Guerrero como una entidad segura y un destino turístico en auge, una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) reveló que el 90% de sus habitantes percibe el estado como inseguro. Organismos civiles apuntan a que hay una estrategia de desprestigio y falta de respeto hacia las y los defensores, en un estado donde no existen garantías de seguridad. Un ejemplo de ello fueron las amenazas telefónicas al Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), en marzo, las cuales vincularon a su trabajo con familiares de víctimas de desaparición. Además, Artículo 19 señaló que Guerrero es la tercera entidad más peligrosa para ejercer el periodismo, con más de 100 ataques en los últimos seis años. Por otro lado, el fiscal del estado ha afirmado que unos 50 grupos del crimen organizado se disputan el control del territorio.

Para el combate a la inseguridad, el gobierno está apostando a la entrada del Mando Único: la unificación de los diferentes niveles de seguridad oficial en un solo cuerpo. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Chilapa han rechazado esta estrategia. Advirtieron que no permitirán la aplicación en su territorio porque dicen, “es una vil mentira de que con esto se vaya a acabar la delincuencia” y porque, con ello, peligra el derecho a la autodeterminación de los pueblos en cuanto a seguridad y aplicación de la justicia.

En las buenas noticias, después de más de dos años y medio de encarcelamiento, fue liberada Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, perteneciente a la CRAC. Su detención fue calificada de “ilegal y arbitraria” por la ONU, así como motivada por ser “defensora de la población indígena del estado de Guerrero”. Tras su liberación, lanzó la Campaña Nacional “Ponle Rostro a las y los Presos Políticos en México” para visibilizar los casos existentes y lograr su liberación.

Desaparición forzada

Evento de familiares y compañeros de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero. Marzo de 2016 © SIPAZ

En cuanto al caso Ayotzinapa, en febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio su informe final contradiciendo la versión gubernamental llamada “verdad histórica”. Determinó que en el basurero de Cocula no hubo un incendio de la magnitud y duración requeridas para incinerar a tantos cuerpos y que los restos humanos encontrados no pertenecen a los estudiantes. Entre las actividades organizadas por las y los familiares, destacó la reinhumación del cuerpo de Julio César Mondragón, estudiante asesinado la noche del ataque y quien fue exhumado para establecer un nuevo diagnóstico de las causas de su muerte; así como la caravana a l Iguala con el objetivo de recabar información sobre el posible paradero de los desaparecidos. Algunas de las familias se quejaron de que el gobierno está “apostándole al tiempo” para el cese de sus reclamos, aunque “se equivocan, porque por cada día es de fortaleza y de lucha”.

Por su parte, la organización Siempre Vivos denunció más de 100 personas en paradero desconocido en Chilapa. Ésta se conformó a partir de las desapariciones que se dieron tras la irrupción de civiles armados que tomaron la ciudad durante cinco días el pasado año. Otra organización, el Comité “Los Otros Desaparecidos”, integrado por más de 500 familias de Iguala y alrededores, declararon haber encontrado, desde su constitución, 142 cuerpos en fosas clandestinas. A mediados de febrero fue ejecutada por sicarios una de sus integrantes, Norma Angélica Bruno Román.

Chiapas: conflictividad social al alza

Oxchuc ha sido escenario de bloqueos carreteros y situaciones de violencia en repudio a la elección de María Gloria Sánchez Gómez -del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- como presidenta municipal en julio de 2015. Sánchez Gómez pretende gobernar el municipio por segunda ocasión, alternando el cargo con su esposo. El 8 de enero el gobierno envió a medio millar de granaderos que a la postre se tuvieron que retirar.

Visita del Papa Francisco a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Febrero de 2016 © Alejandra Carrillo Orano

Tras más de diez meses del desplazamiento forzado del poblado Primero de Agosto, en enero, las familias afectadas denunciaron un nuevo escalamiento en el hostigamiento que viven por parte de ejidatarios de Miguel Hidalgo, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC-H). Siguen exigiendo al gobierno mexicano el pronto retorno a su poblado, la aplicación de justicia y la reparación integral del daño. La CIOAC-H estuvo también señalada en otro caso: en enero, integrantes de dicha organización incursionaron en el ejido 20 de Noviembre, municipio de Las Margaritas. Los hechos fueron detonados por el incumplimiento de acuerdos ejidales por parte de un grupo de mujeres de la CIOAC-H tras lo cual fueron sancionadas por usos y costumbres de la comunidad. Habitantes del ejido denunciaron que una centena de cioaquistas entró al ejido a bordo de camionetas realizando disparos, con un saldo de una persona abatida y 10 heridas, de las cuales una falleció posteriormente.

Se realizaron varios plantones en San Cristóbal de Las Casas antes de la llegada del Papa, momento que resultó estratégico ya que todos obtuvieron una interlocución con el Estado. Nueve familias indígenas de Shulvó, Zinacantán, instalaron un plantón ya que desde diciembre de 2015, se encontraban desplazados por “grupos de choque de corte paramilitar priísta”. La Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ RC) instaló uno, exigiendo a las autoridades una respuesta a demandas agrarias y sociales. Seis ex presos y sus familiares, solidarios de La Voz del Amate, retiraron el suyo después de firmar un acuerdo con las autoridades para la reparación de los daños ocasionados por su “injusto encarcelamiento“, así como para la agilización de trámites para liberar a Alejandro Díaz Sántiz y Roberto Paciencia Cruz.

El tema Tierra y Territorio sigue en el centro de las reivindicaciones

Peregrinación del Pueblo Creyente en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Enero de 2016 © SIPAZ

El 25 de enero, unos 3.000 integrantes del Pueblo Creyente (PC) de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizaron una peregrinación para recordar la lucha y el caminar de jTatic Samuel Ruiz García quien falleció hace 5 años. Reiteraron su posicionamiento en defensa de la tierra, la autonomía y la justicia social.

El 21 y 22 de enero, más de 70 delegados de 20 municipios se reunieron en Boca del Cielo, Tonalá, para compartir experiencias en el “Encuentro Chiapaneco de Afectados por Presas y Minas”. Definieron una estrategia de defensa común ante la multiplicación de proyectos de minería, infraestructura y represas impuestos en el estado “sin que la población sea consultada”. Por otra parte condenaron “la imposición del capitalismo verde que se refleja en los proyectos de parques eólicos, proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Destrucción de los bosques (REDD) y pagos por servicios ambientales”.

Amenazas y agresiones a defensoras y defensores en Chiapas

El 3 de marzo fue asesinada en su casa Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y opositora a la construcción de la presa hidroeléctrica de Agua Zarca. En ese momento estaba presente Gustavo Castro, mexicano, quien resultó herido pero sobrevivió, siendo el único testigo. Por 27 días, el integrante de la organización Otros Mundos Chiapas estuvo retenido en Honduras. Múltiples organizaciones manifestaron su preocupación por su seguridad, tildando de “arbitrariedad” el hecho de impedirle su regreso a México. A principios de abril, Gustavo Castro finalmente pudo regresar a México.

El 21 de marzo, integrantes del Pueblo Creyente de Simojovel rechazaron públicamente la invitación de diálogo extendida por los hermanos Gómez, quienes identifican como caciques vinculados a negocios como venta de alcohol y armas. Los mismos que estarían detrás de los hostigamientos y amenazas en contra del párroco, Padre Marcelo Pérez y miembros del Consejo Parroquial. Mencionaron que las agresiones se han mantenido y que se han reanudado los disparos de armas de fuego de alto calibre en los barrios.

El 24 de marzo, Juan Carlos Jiménez Velasco, líder de la Confederación Independiente de Organizaciones Asociación Civil (CIO-AC) e integrante de la CNTE, fue hallado muerto en San Cristóbal de Las Casas.

También en marzo fue allanado en San Cristóbal el domicilio de Carlos Herrera, regidor por Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Chiapas. El afectado declaró que no hubo robo sino que interpretó el hecho como “un mensaje intimidatorio, por lo que hemos venido haciendo como servidores públicos pertenecientes al partido de Morena, defendiendo la ley, dando la cara por el pueblo”.

Serie de comunicados del EZLN

Entre febrero y marzo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó una serie de comunicados, incluyendo la convocatoria a próximas actividades. Anunció tres eventos: el festival y compartición “CompARTE POR LA HUMANIDAD”, en julio; una fiesta homenaje al Congreso Nacional Indígena (CNI) por sus 20 años de lucha, a celebrarse el 12 de octubre; y, por último, el encuentro “L@s Zapatistas y las conCIENCIAS POR LA HUMANIDAD”, que se llevará a cabo entre diciembre de 2016 y de enero de 2017.

En los comunicados previos, estuvieron “Y MIENTRAS TANTO EN… las comunidades partidistas”, en el que detallaron diferentes situaciones de despojo en las comunidades que se rigen por el sistema de partidos, así como “¿Y EN LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS?”, en el que describieron los logros en los municipios autónomos en cuanto a educación, salud, economía, trabajo de la tierra, equidad de género, etc. En el mismo, afirmaron que “no nos dejamos llevar por las tonterías eclesiales, seglares o laicas de supuestos ‘nuevos constituyentes’, que quieren ‘salvarnos’ y que recurren a los mismos viejos métodos de coerción que dicen criticar”.

Peregrinación de las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas, Chenalhó, Chiapas. 8 de marzo de 2016 © SIPAZ

8 de marzo

En el Día Internacional de las Mujeres, se organizaron múltiples eventos en Chiapas. El Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones publicó sus acuerdos de exigencia del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, exigencia del reconocimiento de las mujeres como co-titulares de la tierra y la declaración de sus territorios libres de megaproyectos. Asimismo, rechazaron los programas de gobierno “de corte asistencialista” dirigidos a las mujeres. Exigieron también la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Chiapas. Por otro lado, se llevó a cabo una peregrinación convocada por las mujeres de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quienes desde la masacre de 45 personas en 1997 han mantenido su oposición a la militarización de su territorio. Manifestaron también las mujeres de Simojovel, quienes están luchando contra el alcohol y el narcotráfico en su región.

Una brecha ante la impunidad

En enero, se llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y firma de un acuerdo de solución amistosa en el Caso El Aguaje, comunidad cerca de San Cristóbal donde, en 2000, un niño murió y otros dos resultaron heridos al estallar una granada abandonada por efectivos de la 31 Zona Militar. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que asumió la defensa en este caso, señaló que las acciones de justicia en México llegan “tarde y en forma parcial, mutiladas, incompletas y un tanto maltrechas”. Subrayó que, en el evento, no asistió ningún representante del Ejército diciendo: “El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”.

OAXACA: Defensoras y defensores de la Madre Tierra actúan ante el contexto del despojo actual

Ante la amenaza de despojo territorial de los pueblos por proyectos extractivos, en enero, se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería. En su declaratoria, exigieron al gobierno estatal y federal la cancelación de todos los proyectos mineros en la entidad, ya que más de 400 concesiones mineras pesan sobre territorio oaxaqueño, “[n]inguno de éstas se sometió a consulta”.

Encuentro Estatal de Comunidades y Organizaciones contra la Minería, Oaxaca. Enero de 2016

Aun cuando se encuentra contenido en el Plan Nacional de Infraestructura, el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna “no será construido”, fue la advertencia de habitantes de aquella localidad aglutinados en el Consejo de Pueblos Unidos para la Defensa del Río Verde (Copudever) en el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, en marzo. Servicios para una Educación Alternativa (Educa) documentó que al menos 50.000 personas han sido desplazadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Oaxaca a la fecha.

También en marzo, se conmemoró el cuarto aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO). Lejos de obtener justicia, en junio del 2015 fueron liberados sus presuntos asesinos. La COPUVO exigió la cancelación del proyecto minero San José y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos y desapariciones.

¿“Alerta de Género” en el estado?

En los primeros dos meses de 2016, se registraron 18 asesinatos de mujeres, de los cuales 12 están reconocidos como feminicidios por parte de la Fiscalía General del Estado, cifra que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio considera suficiente para exigir una declaratoria de alerta de género para el estado. El Observatorio especificó que “el aumento de los casos y la periodicidad que envuelve, revela una seria problemática fuera de control por parte de las autoridades”.

Ante esta realidad, en febrero, mujeres, integrantes de diferentes organizaciones civiles, realizaron un acto de sensibilización y demanda de atención a esta problemática por parte de las autoridades. Exigieron al gobierno “endurecer el protocolo de investigación contra los asesinatos de mujeres y no permitir la impunidad a favor de los implicados”. Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio) señaló que con los recientes feminicidios suman un total de 437 los cometidos durante el sexenio del gobernador Gabino Cué: “No se han enviado mensajes contundentes para la no permisibilidad de la muerte de las mujeres. Eso demuestra que este tipo de violencia está desestimada”.

Por la Verdad, por la Justicia

En febrero, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que inició sus funciones en septiembre de 2014, concluyó formalmente su investigación sobre los hechos que causaron violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto político social en 2006 y 2007. Concluyó que “Hasta que Oaxaca no atienda las secuelas del conflicto iniciado en 2006 parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de la actualidad ni los de los años que sigan, ya que mientras que las víctimas han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los perpetradores de violaciones a los derechos humanos gozan de impunidad, gracias a lo que parece una amnistía de facto. Es por ello que este informe se titula: “¡Ya sabemos!””.