En marzo de 2015, el informe del Relator para la Tortura del Alto Comisionado de Naciones Unidas que indicaba el carácter generalizado de la tortura y la impunidad en México había sido fuertemente cuestionado por la diplomacia mexicana. El segundo semestre de 2015 fue igualmente marcado por informes y declaraciones críticas de distintas instancias de alto nivel hacia la situación de los derechos humanos en el país.

A un año de Ayotzinapa, actividades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas © SIPAZ

En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó las conclusiones preliminares de su visita “in loco”. Constató “[l]a grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia”. El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, consideró que este informe “[n]o refleja la realidad del país” porque fue producto de “[e]ncuentros y entrevistas” en “sólo seis de las 32 entidades (…) realizado en un plazo de cinco días”. ONG condenaron esta respuesta, considerándola una descalificación a los organismos internacionales que documentan la realidad del país.

Poco después, con motivo de su visita al país, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó la urgencia de combatir la impunidad ante “la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Ante la intolerancia del gobierno hacia las críticas internacionales, recomendó “no matar al mensajero sino atender al mensaje”.

Igualmente en octubre, por primera vez desde que en 2008 arrancó la Iniciativa Mérida (fondos estadounidenses destinados a México para combatir la delincuencia organizada), el Departamento de Estado redujo el apoyo en 5 millones de dólares de la partida de 148 millones que se proyectaba entregar. Esta decisión fue recibida con beneplácito por representantes de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y México.

Posteriormente, en el marco del 156° periodo de sesiones de la CIDH, uno de los principales logros fue que la misma y el gobierno mexicano acordaran prorrogar otros seis meses la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esta instancia fue creada para indagar sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero en septiembre de 2014. La decisión de prorrogar su trabajo pareciera marcar un cambio del gobierno mexicano. Avala a través de ella el primer informe del GIEI, el cual fue dado a conocer públicamente en México en septiembre; el mismo que varios altos funcionarios trataron de desacreditar en las semanas posteriores.

Informe del GIEI: un duro cuestionamiento a la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa

Manifestación por Ayotzinapa en la Ciudad de México, agosto de 2015 © SIPAZ

El informe presentado por el GIE con 180 víctimas directas, entre ellas 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 “desapariciones forzadas”. Afirmó que “hubo presencia de diferentes agentes del Estado (policía municipal, ministerial, federal) y no encontramos que hubiera acciones de protección”. Señaló un mal manejo de las evidencias y cuestionó la “verdad histórica” presentada por el entonces Procurador, Jesús Murillo Karam, quien negó el involucramiento o la presencia de la Policía Federal y el Ejército en los hechos. Otro dato nuevo que plantea el informe es que fueron cinco, y no cuatro, los autobuses usados por los estudiantes aquel día, echo que –en primera instancia- fuera negado por las autoridades. Ante la evidencia de un vídeo, presentaron un camión que resultó no ser el mismo. El GIEI sospecha que puede haber sido un vehículo modificado para transportar droga, tomado sin conocimiento de causa por los jóvenes. Esta posibilidad abre nuevas líneas a investigar.

En un primer momento, se observaron esfuerzos para desacreditar este informe. Se escucharon argumentos en el sentido que el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza (mexicano), tiene un conflicto de interés; o apuntando a que las instituciones mexicanas son las que deberían de dar seguimiento al caso. Cabe recordar el propio Estado mexicano solicitó la ayuda de la CIDH. Uno de los actores que más ha cuestionado la presencia del GIEI ha sido el Ejército mexicano, señalado por el informe no por su acción en los hechos sino por su omisión ante lo que venía pasando. De manera inusual, el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, ofreció entrevistas a medios. Se opuso a que expertos internacionales entrevisten a los soldados del 27° Batallón de Infantería instalado en las cercanías de Iguala: “Nosotros solamente respondemos a las autoridades mexicanas”, planteó. Medios críticos han señalado que, lejos de contribuir a la imagen del Ejército, esta postura alimenta suspicacias.

Cuestionamientos que no son nada más internacionales

A un año de Ayotzinapa, actividades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas © SIPAZ

A mediados de septiembre, la Cámara de Diputados nombró a ocho personas para conformar la Comisión Especial Ayotzinapa, misma que empezó a tener entrevistas con diversos funcionarios, incluyendo el exgobernador de Guerrero, el ex fiscal guerrerense y el general Cienfuegos. Éste último accedió a que los miembros del 27° Batallón fueran interrogados, únicamente en presencia de un superior, para evitar “intimidaciones”. Estas entrevistas han sido de carácter informal y, a pesar de lo solicitado por la Comisión, medios han informado que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha frenado la posibilidad de que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma.

Por parte de la misma población, encuestas demuestran un alto nivel de descontento. Según el Latinobarómetro de 2015, México es el país menos satisfecho con su democracia: un 19% de los entrevistados expresaron estar complacidos con su sistema de gobierno, lo cual representa la mitad del promedio de la región. Sólo un 26% piensa que los comicios se realizan conforme a la ley. Un 21% considera que el país es gobernado para provecho de la sociedad y no de unos cuantos. Sólo el 18% piensa que la nación está progresando.

Un contexto económico igual de crítico

El mismo Latinobarómetro revela que México ocupa el antepenúltimo lugar en la evaluación acerca de la situación económica interna. En un contexto de bajo crecimiento económico, devaluación del peso, profundización de la pobreza y ante el desplome del precio del petróleo, varias iniciativas económicas generaron preocupación más que optimismo.

En octubre, 11 países de la Cuenca del Pacífico, entre ellos México, finalizaron las negociaciones del Acuerdo Transpacífico (TPP). Su entrada en vigor está todavía sujeta a la decisión de los legisladores en cada uno de los países que lo integran. En sus supuestas ventajas, están la reducción de aranceles y la posibilidad de competir en unos de los mercados más grandes del mundo. No obstante, dicho tratado ha generado polémica ya que las negociaciones que permitieron su elaboración se han realizado en secreto. De lo poco que se ha ido filtrando, varios elementos apuntarían al aumento de derechos de las empresas transnacionales en desmedro de los que corresponden a las poblaciones. Establecería un sistema de resolución de conflictos inversionista-Estado que limitaría el poder de la Nación para controlar potenciales abusos de empresas extranjeras.

Por otro lado, en diciembre, el proyecto presidencial para crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) fue respaldado por la Cámara de Diputados. Establece que los permisos desarrollar y administrarlas podrán otorgarse por hasta 40 años. Para su construcción, el gobierno federal podrá declarar de utilidad pública un área y expropiar terrenos. Las primeras ZEEs se abrirán en Puerto Chiapas, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca y Veracruz) y Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacán). Para el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM), dicha iniciativa “trata de legalizar el despojo”.

GUERRERO: expresión extrema de la crisis prevaleciente

A un año de Ayotzinapa, actividades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas © SIPAZ

Perdura la percepción de crisis político-social y extrema violencia en el estado a pesar del cambio de gobierno en el ámbito estatal y a nivel de los municipios. Medios han señalado que, presumiblemente, algunos alcaldes y diputados de la LXI^a Legislatura tienen vínculos con el narco, actor clave para entender los niveles de violencia a los que se ha llegado. Llamativamente, después de tomar posesión en agosto, el nuevo gobernador, Héctor Astudillo (PRI), organizó una reunión pública en Acapulco junto con los secretarios de la Defensa, de la Marina y de Gobernación. Se anunció que llegarían miles de nuevos elementos federales para “reforzar la seguridad”. Asimismo, se nombró al general Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la IX^a Región Militar, coordinador general de la nueva estrategia de seguridad pública de Astudillo, misma que, consideran analistas, viola la Constitución que señala que, “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Su secretario de Gobierno es Florencio Salazar Adame, ex- diputado, presidente municipal y líder priista. En 2000, trabajó en la campaña de Vicente Fox (Partido Acción Nacional, PAN), con quien sería después coordinador del “Plan Puebla-Panamá” y secretario de la Reforma Agraria.

Poco después, los obispos católicos del estado afirmaron que el nuevo gobierno estatal se inicia “en medio de una profunda crisis social, política, económica y en materia de derechos humanos”. En el documento Compromiso por Guerrero y con la Paz, exigieron un programa que sume a las instituciones y sectores sociales para reconstruir el tejido social y el estado de derecho, así como para elaborar un plan de desarrollo integral y sustentable, procesos que recomiendan deberían de prever el diálogo con la delincuencia.

En todo el plazo, las y los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos en 2014 realizaron acciones para que se esclarezcan los hechos. En la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, en septiembre, presentaron ocho exigencias para seguir con la investigación. Una de ellas es que las investigaciones continúen mediante una unidad especializada para el caso, opción que, en ese momento, fue rechazada por el presidente. En noviembre, 8 autobuses con unos 150 normalistas de Ayotzinapa fueron interceptados por elementos de la policía y militares en un operativo para impedir que se llevaran una pipa cargada con combustible. La intercepción degeneró en represión, dejando una veintena de estudiantes lesionados, cuatro de ellos de gravedad, y 13 detenidos. El abogado de los normalistas informó que los policías estatales quemaron a tres con cigarros y desnudaron a algunos para someterlos a vejaciones. Todos fueron liberados posteriormente. Los inconformes exigieron al gobernador Astudillo Flores que no criminalice la protesta social. En diciembre, tras cinco días de plantón cerca de la residencia presidencia, madres y padres de los desaparecidos levantaron su protesta cuando la procuradora Arely Gómez González comunicó a las familias el cumplimiento de su demanda: la creación de la nueva Unidad de Investigación Especializada, que estará asesorada por el GIEI.

Otro movimiento social con fuerza: partes significativas del magisterio se han opuesto a la reforma educativa aprobada en 2013, y en particular al examen de diagnóstico que muchos entienden como una forma de legitimar despidos selectivos En Guerrero, en diciembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que un grupo de maestros se inscribió a la evaluación con el fin de afectar el proceso: unos 70 de ellos cortaron la red a las 2.800 computadoras habilitadas. Unos 6 mil policías federales fueron enviadas para resguardar el proceso.

Chiapas: Bloqueos y más bloqueos

Campamento de las familias desplazadas de Primero de Agosto © SIPAZ

Si tuviéramos que resumir el plazo que cubre este análisis en una sola palabra, la que probablemente quedaría en el caso de Chiapas sería “bloqueos”, ya que por todo el estado se llevaron a cabo bloqueos de carretera de distintos actores como forma de expresión de inconformidad, principalmente a raíz de los resultados de las elecciones municipales de julio. Algunos de ellos dieron pie a situaciones violentas. Todos ellos limitaron drásticamente el libre tránsito por muchos días.

Un actor relevante en estas expresiones de inconformidad ha sido el magisterio. El 18 de octubre, día programado para el examen de diagnóstico, integrantes de la sección 7^a de Chiapas “fueron reprimidos en forma violenta cuando estaban por dar inicio a una concentración, que ellos calificaron como pacifica, a la cual también se uniría la sección 40 [del sector salud]”. Según fuentes mediáticas, “[a]utoridades reportaron a tres policías golpeados y uno retenido por los maestros. Los maestros denunciaron que tres de sus compañeros fueron heridos por balas de goma, cuatro golpeados por policías y dos detenidos. Más tarde, policías y maestros intercambiaron ‘rehenes’”. En el intento de re-programación en noviembre, la CNTE realizó marchas en las que participaron más de 30 mil maestros y maestras. Posteriormente, las nuevas fechas para la evaluación fueron los días 12 y 13 de diciembre, aunque a última hora las autoridades la cambiaron para el 8 del mismo mes, tratando de frenar el boicot a su aplicación. Maestras y maestros trataron de impedir el acceso a las instalaciones, donde docentes fueron trasladados tras ser concentrados y resguardados en instalaciones militares. Se dieron enfrentamientos con la policía que dejaron un saldo de un profesor muerto, seis detenidos y varios heridos. David Gemayel Ruiz es el tercer docente que fallece en protestas contra la evaluación, tras la muerte en febrero y marzo de dos maestros en Guerrero. Después de negociaciones con autoridades federales, la CNTE llamó a reanudar las labores docentes a quienes mantuvieron el paro durante tres días.

Impunidad intacta

Son muchos los ejemplos de actividades y denuncias realizadas en el segundo semestre de 2015 que apuntan a una misma realidad: la impunidad imperante. En septiembre, en Masoja Shucja, municipio de Tila, unas cien personas participaron en una conmemoración para recordar a las personas asesinadas y desaparecidas entre 1994 y 1999 en la zona. En octubre, las y los tojolabales desplazados del poblado Primero de Agosto denunciaron que “[p]or la omisión de las autoridades oficiales, las violaciones a nuestros derechos, amenazas de muerte, amenazas de secuestro, amenazas de nuevo desalojo violento y hostigamientos siguen dándose”. También en octubre, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal participó en una audiencia pública ante la CIDH en Washington por el caso de la Masacre de Acteal (1997). Las Abejas reiteraron que “[e]sta masacre estuvo planeada por el propio Estado mexicano”. Posteriormente, Las Abejas manifestaron que ante “el cinismo del Estado mexicano de negar su responsabilidad en la masacre de Acteal; decimos (…) que NO aceptamos llegar a una solución amistosa”.

Nuevas denuncias

Conmemoración en Masojá Shucjá, zona Norte de Chiapas, septiembre de 2015 © SIPAZ

En septiembre, Alejandro Díaz Sántiz, recluso en el penal de San Cristóbal de Las Casas y Solidario de la Voz de Amate, fue trasladado, junto con 386 reos de 13 penales estatales, a otra cárcel cerca de Tapachula. En el operativo, fueron reubicados detenidos considerados de “alta peligrosidad”, lo que el Grupo de Trabajo “No estamos todxs” calificó como “una venganza política del mal gobierno contra Alejandro, castigado por apoyar y concientizar a los demás presos”.

Igualmente en septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció que las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Tzakukum, municipio de Chalchihuitán, han recibido amenazas de muerte y de agresiones físicas. Desde julio de 2015, se generó un conflicto cuando integrantes del PRI empezaron a construir aulas en lugares de uso común sin consulta a las Bases. En diciembre, el CDHFBC también informó de la privación arbitraria de la libertad y faltas al debido proceso en la detención de José Alfonso Cruz Espinosa, igualmente Base de Apoyo del EZLN.

El 2 de diciembre pasado, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. denunció penal y públicamente amenazas e intimidaciones en su contra. Además de actos de vigilancia, la denuncia se refiere a varias llamadas que son tanto más preocupantes cuanto que las personas que las realizaron contaban con información privada de su personal.

En diciembre también fue allanado el domicilio de Julio César Ortega, colaborador del CIDECI – Unitierra Chiapas y parte del equipo de apoyo de la Comisión Sexta del EZLN. Ese día, cuatro personas ingresaron a su casa de manera violenta. Ahí se encontraba su hijo de 25 años, a quien golpearon y ataron preguntando por su padre, mencionando que habían sido pagados para asesinarlo. Después de robar cosas de poco valor, los hombres se fueron.

El 16 de diciembre, por acuerdo de asamblea, indígenas del ejido Tila recuperaron las tierras ejidales en las que se encuentra la presidencia municipal y derrumbaron el edificio. Señalaron que han sido más de cinco décadas en las que han acudido a diferentes instancias de gobierno sin ser atendidos. Posteriormente, desmintieron las noticias que salieron en medios locales señalando que “no hubo violencia ni mucho menos enfrentamientos”. Denunciaron que el director de la policía municipal disparó a un ejidatario quien está en fase de recuperación. Acusaron al presidente municipal de estar reactivando al grupo con corte paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, mismo que es señalado como responsable de 86 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y del desplazamiento forzado de más de 4 mil personas, entre 1995 y 2000.

OAXACA: señalamientos de criminalización del movimiento social

Foro Ríos y Montañas en Peligro, Oaxaca, noviembre de 2015 © SIPAZ

En noviembre, el gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, envió a su secretario general de Gobierno, para dar cuenta del V Informe de Gobierno al Congreso local. Su ausencia se debió al anuncio de la Sección 22 de la CNTE de movilización en el recinto en donde se daría a conocer el Informe, por lo cual, el lugar fue blindado por casi dos mil policías estatales y federales. Como en otros estados, la CNTE se ha opuesto al Examen de diagnóstico con distintas formas de protestas. Diferentes organizaciones sociales y civiles coinciden en que los repetidos “golpes” y la criminalización hacia la Sección 22 han ocasionado un estado de desmovilización ciudadana.

Previamente, tras la marcha del 2 de octubre en la ciudad de Oaxaca, durante la cual se conmemoró la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, fueron detenidas 52 personas. La Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca denunció “la evidente estrategia de montaje con el fin de criminalizar al movimiento social”. A los 10 días, todas las personas detenidas habían sido puestas en libertad sin ningún cargo.

En octubre, representantes de la comunidad indígena binni’zaa de Juchitán de Zaragoza informaron que, a partir del amparo interpuesto contra la construcción y operación del megaproyecto de Energía Eólica del Sur en su territorio, se dictó una orden de suspensión de todas las autorizaciones y permisos otorgados por autoridades federales y locales. Denunciaron que “como una consecuencia de esta resolución judicial se ha incrementado el hostigamiento contra de las personas que hemos interpuesto el amparo”. Ratificaron que en su caso que “no hubo consulta pública, ya que en enero pasado se aprobó el proyecto (…), pero fue hasta junio de este año que se llevó a cabo la supuesta consulta, que sólo fue una simulación”.

En noviembre, representantes de 50 comunidades de la Costa y de la Sierra Sur, así como organizaciones civiles denunciaron la existencia de al menos 14 proyectos hidroeléctricos en la Costa de Oaxaca, además de mineros, que amenazan el territorio de los pueblos de esta región. Durante el Foro Regional “Ríos y Montañas en Peligro” dijeron que muchos de estos proyectos, se encuentran relanzados por autoridades federales y oaxaqueñas.

La impunidad se mantiene intacta en el caso de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés), cometidos en 2010 en una caravana humanitaria a la región Triqui. En una visita oficial de las diputadas del Parlamento Europeo, Satu Hassi y Ska Keller, en octubre, ningún representante del gobierno de Gabino Cué Monteagudo las recibió. La integrante del Parlamento de Finlandia, Satu Hassi, aclaró que decidieron venir a México porque “no hay avances, no hay nada, no ha pasado nada, entonces, mi conclusión es que hay una total falta de voluntad” para detener a los perpetradores de estos crímenes. Hassi añadió que “vemos un patrón muy similar entre el caso de Jyri Jaakkola y Bety Cariño con el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa”. Concluyó que ambos casos son síntomas de la misma enfermedad, la impunidad.