La noche del 8 de noviembre de 2016 conmocionó al mundo entero cuando, a pesar de los pronósticos y del rechazo de amplios sectores tanto dentro como fuera de Estados Unidos, el candidato republicano Donald Trump, triunfó en las elecciones presidenciales estadounidenses.

Estos resultados plantean un escenario de múltiples riesgos a nivel internacional ante su planteamiento bautizado “América, lo primero” que incluye, entre otros elementos preocupantes, cierto desdén hacia la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la descalificación de los estudios científicos que han llevado al intento de respuestas internacionales ante el calentamiento global.

Como vecino inmediato del gigante estadounidense y con una economía muy dependiente de su relación con éste, México se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Sus promesas de campaña incluyeron el expulsar a los inmigrantes indocumentados (11 millones de origen mexicano), retener parte de las remesas que envían los migrantes a sus familias, extender el muro fronterizo a expensas del pueblo mexicano, renegociar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN, aprobado en 1994) y sancionar a las empresas estadounidenses que trasladen sus plantas productivas a México mediante aranceles y otras medidas proteccionistas.

No obstante, Donald Trump tiene y tendrá dificultades para concretar sus promesas, ya que para ello necesita modificar leyes y tener acceso a fondos que dependen del Congreso. En otros contrapesos, cabe recordar que si bien ganó por medio del voto indirecto del Colegio Electoral, perdió la votación popular y amplios sectores se han movilizado en su contra. Se verá qué tanto logrará imponer sus proyectos y con qué consecuencias…

Nacional: retos internos

El 1° de enero, se incrementó un 20% el precio de la gasolina y el diésel en México. Dicho incremento está yendo de la mano de un aumento en otros bienes y servicios, afectando significativamente el nivel de vida de la población. El presidente Enrique Peña Nieto (EPN) -cuyo nivel de popularidad según encuestas apenas llega al 25%- ha defendido este aumento argumentando que “era una medida necesaria para la estabilidad de la economía del país”. El “gasolinazo” detonó movilizaciones, cierre de carreteras y toma de gasolineras entre otras acciones en al menos 25 estados, dejando, a la fecha, un saldo de tres fallecidos y 600 detenidos. Las manifestaciones incluyeron también una serie de saqueos a 400 establecimientos comerciales. No obstante, en varios lugares se ha podido comprobar que estos actos fueron provocados o coordinados con autoridades.

Movilización contra la violencia desatada por la “guerra contra el narco”, Chiapas, 2011 © SIPAZ, archivo

Por otro lado, en diciembre, se cumplió una década del inicio de la guerra contra la delincuencia lanzada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) con saldos alarmantes: 186 mil muertos, más de 28 mil desaparecidos (que aumentan a un ritmo de 11 desapariciones al día según el Centro ProDH), decenas de miles de personas desplazadas, un saldo comparable al de los conflictos armados de América Central en los ‘80. Se ha gastado más de un billón de pesos sin que se logre reducir la inseguridad y las afectaciones a civiles con un significativo aumento de violaciones a derechos humanos. Además, el consumo interno de drogas ha aumentado y, si bien se han detenido a algunos capos, siguen operando nueve cárteles del crimen organizado y 37 células delictivas. Organizaciones civiles sentenciaron que “el endurecimiento de las medidas de seguridad no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar”.

Uno de los actores más cuestionado en esta estrategia ha sido el Ejército, que (fuera de su mandato constitucional), ha sido desplegado para desempeñar tareas de seguridad. En diciembre, el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue directo: “Los militares no estudian para perseguir delincuentes”. Y ante la falta de un marco legal “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Expresó: “Estamos pidiendo que se regularice la actuación de las Fuerzas Armadas (…) Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”. EPN afirmó posteriormente que los militares seguirán en las calles “en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente (…) de tener un país en condiciones de mayor paz y mayor tranquilidad”.

Relator Especial de Naciones Unidas para las personas defensoras de Derechos Humanos con el padre Marcelo, defensor amenazado en Chiapas, enero de 2017 © SIPAZ

Ciertamente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior, que busca normalizar la participación militar en tareas de seguridad pública. El Centro Pro DH cuestiona que “en vez de acometer con seriedad el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad -como lo han propuesto los mecanismos internacionales en la materia-, se reaviva la idea de generar un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el estado de excepción”. Decenas de organizaciones civiles, académicos e investigadores pidieron a la Cámara de Diputados “que no apruebe de forma apresurada” la permanencia militar en tareas de seguridad pública.

Finalmente, en enero, el Relator Especial de Naciones Unidas para las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, visitó México. Después de recorrer el país, el Relator observó los “niveles elevados de inseguridad y de violencia que enfrentan”, en un “complejo contexto marcado por el crimen organizado, la corrupción y la represión estatal”. Expresó su preocupación cuando “la tasa ínfima de investigaciones exitosas y de resolución de crímenes cometidos contra defensores (…) ha generado una sensación de impunidad generalizada”.

Consulta del Congreso Nacional Indígena: “ecos de esperanza”…

En noviembre, a 33 años de su fundación, el EZLN dio elementos sobre la consulta que se está realizando junto con el Congreso Nacional Indígena (CNI), para ver si se conforma un concejo indígena de gobierno y se lanza a una mujer indígena como candidata presidencial en 2018 (ver enfoque). Aclaró que “el CNI es quien va a decidir si participa o no con una delegada propia, y, dado el caso, contará con el apoyo del zapatismo”. Pero, “No, ni el EZLN como organización, ni ninguno de sus integrantes, va a participar por un cargo de elección popular en el proceso electoral del 2018. No, el EZLN no se va a convertir en un partido político. No, el EZLN no va a presentar a una mujer indígena zapatista como candidata a la presidencia (…). No, el EZLN no ha dado un giro de los grados que sean, ni seguirá su lucha por la vía electoral institucional”.

El 2 de diciembre, el CNI y el EZLN denunciaron varias agresiones y hostigamientos: “es tanto el miedo de los poderosos, de las empresas extractivas, de los militares, de los narcoparamilitares que nuestra consulta está siendo agredida y hostigada donde nuestros pueblos nos estamos reuniendo para discutir y decidir los pasos a seguir como CNI”.

En diciembre, el CNI y el EZLN confirmaron la decisión de “nombrar un Concejo Indígena de Gobierno con representantes hombres y mujeres de cada uno de los pueblos, tribus y naciones que lo integran. Y que este concejo se proponga gobernar este país. Y que tendrá como voz a una mujer indígena del CNI, (…) que será candidata independiente a la presidencia de México″. La consulta ya se había realizado en 525 comunidades de 43 pueblos en 25 estados. 430 de ellas aprobaron la propuesta. La asamblea constitutiva del Concejo Indígena de Gobierno se realizará en mayo en Chiapas.

GUERRERO: se mantiene ola de violencia e impunidad

En diciembre, la CNDH y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizaron una misión para reunirse con víctimas, defensores de derechos humanos y autoridades en Guerrero. Señalaron “la situación de inseguridad en el Estado, la impunidad en que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, la falta del acceso a la justicia, las reiteradas amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, y el desplazamiento forzado interno”. La Revista Proceso enfatiza: “la narcopolítica rampante, la lucha entre cárteles, la ausencia del estado de derecho, los asesinatos y los secuestros persisten incluso después de un operativo conjunto interestatal, la tragedia de Ayotzinapa y miles de discursos y promesas de autoridades”.

XXI° Aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policías Comunitarias (CRAC PC, San Luis Acatlán, octubre de 2016 © SIPAZ

En noviembre, fue hallado en Chilapa el cuerpo de Irineo Salmerón Dircio, Coordinador del Comité de Enlace de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria (CRAC-PC). Organizaciones civiles señalaron que “resulta un ataque directo a las actividades de la CRAC-PC”. Expresaron que “se da en medio de una ola de inseguridad y violencia que impera en diversas zonas de Guerrero, como en Chilapa y Tixtla, circunstancias, que darían vida a la CRAC-PC y por las cuales la organización ha sido objeto de ataques y hostigamientos tanto por los grupos de la delincuencia organizada como por las propias autoridades estatales quienes criminalizan sus sistemas normativos de defensa”.

Ilustración de ello, en diciembre se cumplieron tres años del encarcelamiento del dirigente de la CRAC PC, Arturo Campos Herrera. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan volvió a denunciar que “el plan de su captura fue desmovilizar a la CRAC-PC (…) y colocar a sus dirigentes más combativos en penales de alta seguridad. (…) La consigna fue evitar que contara con una defensa adecuada y generar temor entre las mismas organizaciones sociales que se solidarizaban. (…) ha logrado demostrar su inocencia en cuatro causas penales de las siete que pesaban en su contra. (…) Sin embargo, ha pesado más la línea de mantener en prisión a Arturo Campos por ser una voz que tiene arraigo entre los pueblos indígenas”.

XXI° Aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policías Comunitarias (CRAC PC, San Luis Acatlán, octubre de 2016 © SIPAZ

Parte de estos pueblos siguen movilizados en defensa de sus tierras. De las 44 concesiones mineras en la zona Costa Chica-Montaña, 22 fueron canceladas por las propias empresas mineras, de acuerdo con Tlachinollan. El Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio informó que las concesiones fueron entregadas sin el aval de los pueblos, que ni siquiera fueron informados. Estos no permiten que transiten los trabajadores de las empresas ni siquiera para hacer exploración. En cambio entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, decenas de poblados y núcleos ejidales se encuentran abandonados o en poder de la delincuencia organizada. El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón enfatiza que “casualmente, en todas esas localidades existen varias concesiones mineras que no se habían podido instalar a causa de los ejidos y poblados que se resistían”.

Como en otras partes, la defensa tiene un riesgo y un costo. Por ejemplo, siguen 40 órdenes de aprehensión contra igual número de comuneros opositores a la presa La Parota, que se suman a otras 30 que ya existían, denunció en conferencia de prensa el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop).

La impunidad incluso en casos tan sonados como el de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (2014) sigue siendo la norma. A pesar de las dificultades, los padres de los 43 siguen su proceso de exigencia de justicia y verdad. Luego de seis meses de haber suspendido el diálogo con el gobierno, declararon que en febrero se reunirán con el procurador general de la República.

CHIAPAS: entre impunidad y nuevo contexto de guerra

En noviembre, se realizó una peregrinación en Palenque para exigir justicia en el caso de la masacre de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo (2006) que tuvo un saldo de “4 ejecuciones extrajudiciales, 1 detención ilegal con actos de tortura, 4 desapariciones forzadas y el desalojo y desplazamiento forzoso de 20 hombres, 8 mujeres, 5 niños y 3 niñas”. Recordaron que “el objetivo (…) era sembrar el terror para que las familias habitantes de la comunidad (…) abandonaran sus tierras, en el marco del conflicto agrario regional en la Selva Lacandona mismo que, por política de Estado y bajo el pretexto ecológico de “garantizar la conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules”, fue transformado en un intenso proceso de despojo territorial, bajo mecanismos de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta poblados indígenas”.

Conferencia de prensa a cinco años del desplazamiento forzada de familias de Banavil, municipio de Tenejapa © SIPAZ

En diciembre, se cumplieron 5 años del desplazamiento forzado de cuatro familias de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, por priistas del mismo paraje. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) informó  que: ”ha realizado constantes intervenciones (…). Sin embargo, a la fecha [las autoridades] no han dado seguimiento a los compromisos (…), al contrario han actuado de manera ineficiente, con nulos resultados en la investigación”.

En un contexto más amplio respecto a desplazamiento forzado, denunció: “A las ya históricas cifras del desplazamiento forzado de comunidades que desde 1994-2000 no pudieron regresar a sus territorios por las amenazas de grupos paramilitares; se suman centenas de desplazados y desplazadas en un nuevo contexto de guerra, de la violencia de poderes fácticos que en la convivencia de gobiernos, empresas y delincuencia organizada están destruyendo la vida de los pueblos y comunitaria en general, rompiendo el tejido social, teniendo como finalidad el control y despojo territorial así como la eliminación de la organización autónoma de los pueblos originarios”.

En diciembre, se conmemoraron 19 años de la masacre de Acteal en la que murieron “45 indígenas tsotsiles (…) por el grupo paramilitar priísta de Chenalhó, quien actuaba con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades mexicanas, en aplicación de una política de contrainsurgencia de Estado claramente diseñada en el Plan de Campaña Chiapas 94”, recordó el CDHFBC.

En cuanto a defensores de derechos humanos, en noviembre, el Pueblo Creyente de Simojovel dio a conocer la reactivación de amenazas y ataques en contra de sus integrantes y del sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Tienen varios años organizándose para exigir paz y seguridad en su municipio. En diciembre, fueron allanadas las oficinas de la Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic (CAM), en Palenque. En enero finalmente, el Centro de Derechos Humanos Digna Oachoa denunció  vigilancia y hostigamiento en el ejido Progresos, municipio de Pijijiapan y en el retén militar en el tramo carretero Tonalá-Pijijiapan.

Un estado movilizado en defensa de la tierra, el territorio y la autonomía

Peregrinación del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en su entrada a San Cristóbal, 25 de noviembre de 2016 © SIPAZ

En noviembre, tras 12 días de caminata por 11 municipios de las zonas Norte, Selva y Altos, miles de peregrinos llegaron a San Cristóbal de Las Casas, donde denunciaron la inseguridad que viven en sus pueblos. Pertenecen al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), “compuesto por 10 parroquias de 11 municipios y 1 ejido” cuyo objetivo es “organizar y animar a los pueblos indígenas de la zona para construir nuestra autonomía como pueblos originarios y así defender a nuestra Madre Tierra”. Se juntaron con las organizaciones que se manifestaban en el Día Internacional en contra de Violencia hacia las Mujeres en San Cristóbal de las Casas. En este marco, también se realizó un Primer Congreso Nacional Feminista en esta misma ciudad. Las activistas y organizaciones presentes cuestionaron la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) emitida una semana antes para algunos municipios del estado, al calificarla de “incompleta, discriminatoria e insuficiente”.  

También en diciembre, se llevó a cabo el “Foro sobre Defensa de la Tierra, Vida y Territorio” en Amador Hernández, municipio de Ocosingo, que se pronunció “en contra de la implementación de la Gendarmería Ambiental y su entrada a nuestro territorio”. Afirmó que busca “garantizar el ingreso de empresas transnacionales dedicadas a la extracción de recursos naturales en beneficio del gran capital”. Este mismo día, el presidente Enrique Peña Nieto se encontraba en la Selva Lacandona en el marco de una actividad parte de la COP (Conferencias de las Partes) 13 bajo el lema “Integrando la biodiversidad para el bienestar”. Dio instrucciones para evitar la regularización de asentamientos irregulares y para garantizar que no se realicen actividades extractivas en la región.

A pesar de las amenazas, en diciembre, miles de indígenas de Tila festejaron el primer aniversario de la expulsión del ayuntamiento municipal y la construcción de su autogobierno ejidal. Desde entonces, “un puñito de pobladores de Tila están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las más de 20 órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades (…), y otros que nada tienen que ver.”

Peregrinación del Pueblo Creyente en San Cristóbal de Las Casas en el 5to aniversario luctuoso del obispo Samuel Ruiz García, enero de 2017 © Frayba

El 25 de enero finalmente peregrinaron integrantes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en el 5° aniversario del fallecimiento del obispo Samuel Ruíz García y también por la conmemoración de los 25 años de la Coordinación Diocesana de Mujeres (Codimuj). Afirmaron su objetivo de “construir la autonomía en nuestras comunidades, recuperando nuestra estructura de gobierno” y de “mantener nuestra resistencia a los proyectos de muerte”.

OAXACA: Nuevo gobernador, viejas problemáticas

En la madrugada del primero de diciembre, tomó posesión Alejandro Murat Hinojosa (PRI) como nuevo gobernador de Oaxaca. Había ganado las elecciones con tan sólo un 18,8% de electores. El acto tuvo lugar en una sede alterna al Congreso que se encontraba tomada por la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, en este mismo marco, también organizó 37 bloqueos carreteros en el estado. La sección 22 calificó de “espuria y sin consenso” esta toma de posesión “que llega a escondidas de los oaxaqueños, con hambre de poder y ambición de autoridad”.

Unas 20 organizaciones denunciaron que “el objetivo inmediato del PRI es mantener la ruta de la imposición de las reformas estructurales, que les permita explotar los recursos naturales (…), obtener mano de obra barata (…), hacerse de los recursos de las arcas estatales no importando los servicios públicos (…); generar mayor infraestructura para el traslado de mercancías (…) y avanzar con la liquidación de las resistencias indígenas, sociales, sindicales y de derechos humanos”.

Se mantienen varios procesos y movilizaciones en defensa de la tierra y territorio en el estado. En noviembre, en el Istmo de Tehuantepec, se inició un proceso de articulación para fundar amparos colectivos contra la Zona Económica Especial (ZEE) que corresponde a la zona. Argumentan que no ha habido información ni consulta, y que se busca detonar proyectos de inversión extranjera que generaría un despojo de las tierras y bienes naturales de los pueblos.

Manta en contra de la minería, Oaxaca 2016 © SIPAZ

Igualmente en noviembre, la comunidad de Magdalena Ocotlán impidió una consulta “amañada” para la ampliación del proyecto minero impulsado por la empresa Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Señaló que esta acción, realizada en complicidad con autoridades, es “un acto de provocación, ya que desde 2005 hemos definido no aceptar ningún proyecto minero”.

En enero, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) que abarca 12 municipios de Tehuantepec se manifestó en la Ciudad de México contra el proyecto de gaseoducto de Salina Cruz a Coatzacoalcos, Veracruz adelantando que rechazan “todas las consultas que se quieran hacer porque están siendo a modo”.

Esta defensa de la tierra y el territorio conlleva un riesgo para quienes la encabezan. En enero, ante el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, las y los defensores de derechos humanos en Oaxaca denunciaron un incremento en las agresiones en la última década y el poco interés de las autoridades para garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. En cuanto a libertad de expresión, la situación sigue siendo igualmente crítica, En enero, la locutora de la radio comunitaria La Perla de la Mixteca, Soraya Abigail Arias Cruz, fue amenazada de muerte a través de una llamada telefónica “tras cuestionar el actuar de la administración 2014-2016 de la ciudad de Tlaxiaco, que encabezó el perredista (PRD) Alejandro Aparicio, hoy diputado local”. Artículo 19 recordó que “Oaxaca se ubica como uno de los más violentos para ejercer la labor periodística”.

Todo ello se da en un contexto de casi total impunidad como en el resto del país, motivo por el que se siguen dando acciones. En noviembre, el Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) tomó el Tribunal de Huajapan de León porque considera que su actuación mantiene impune el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola cuando participaban en una caravana humanitaria a San Juan Copala en 2010.