El 7 de septiembre, poco antes de la medianoche, tuvo lugar un sismo con una magnitud de 8,2 grados en la escala de Richter y con epicentro en el golfo de Tehuantepec, a 143 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Los mayores daños fueron reportados en la zona Costa de Chiapas y Oaxaca. El 19 de septiembre, se dio un nuevo sismo con una magnitud de 7,1 grados que afectó severamente el centro del país (Morelos, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México).

Niño jugando en medio de las obras de reconstrucción. Misión Civil de Observación a la Costa después de los sismos de septiembre © SIPAZ

Según reportes oficiales, el número de víctimas fue de 98 fallecidos por el sismo de 8,2 y 369 por el sismo de 7,1 (225 de ellos en la Ciudad de México). Se presentaron daños totales y parciales en viviendas, escuelas, hospitales, iglesias y edificios históricos con suspensión preventiva de clases en varios estados. Las estadísticas han ido variando y han sido fuentes de polémica pero con seguridad estamos hablando de más de dos millones de personas damnificadas.

Otra de las víctimas de los sismos ha sido el acceso a información en largos días de caos. La organización para la libre expresión Artículo 19 denunció que “no hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida (…), la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre”. Medios reportaron también tensiones entre autoridades y ciudadanos en situaciones de rescate, así como en presunto uso político de la ayuda y planes de reconstrucción. También se subrayó que, con un sismo de una magnitud diez veces menor que el de 1985, la cantidad de víctimas y daños en la Ciudad de México indicó una falta de mejoría significativa en planeación y prevención en nuevas y viejas construcciones. No obstante y frente a la tragedia, una fuente de esperanza ha sido la solidaridad de y entre la sociedad civil (Ver Artículo).

TLCAN, una renegociación poco prometedora

Donald Trump y modelo neoliberal vs. Pueblo mexicano, Espacio de análisis en el Encuentro de la pastoral de la Madre Tierra, septiembre de 2017 © SIPAZ

Por otro lado, sigue en negociación una renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (1994). Se han publicado varios artículos en cuanto a los resultados de la primera etapa. En el México de los noventa, la integración al mayor bloque comercial del mundo fue planteada como una oportunidad para promover el crecimiento económico, la creación de empleos, una mejoría en salarios y bienestar social. 23 años después, los resultados son -por lo menos- mitigados.

Ciertamente, México se volvió una potencia exportadora, no solo de petróleo sino también de manufacturas, de productos del sector automotriz y agroalimentario. De estar fuera de los 30 primeros países con el mayor comercio exterior a mediados de los noventa, ascendió al número 13 a nivel mundial. No obstante, pareciera que de poco ha servido que el comercio exterior haya crecido a un ritmo anual de entre un 10% y un 12% cuando, en el mismo plazo, la economía lo hizo en tan solo un 2,5%; menos que antes del tratado. Cabe reconocer que la industria exportadora mexicana está concentrada en pocas manos. Mientras tanto los indicadores socioeconómicos no han despegado, que hablemos de salario, empleos, beneficios sociales o pobreza.

Por lo demás, las perspectivas de renegociación son bajas cuando Estados Unidos se plantea reducir el déficit comercial que tiene con México a como dé lugar, una promesa de campaña del presidente Donald Trump. No existe claridad de cuándo concluya este proceso ni en qué términos. Tampoco de si México se plantea alternativas (como la diversificación de sus socios económicos o una modificación de su modelo económico) ante los riesgos de ruptura del Tratado o resoluciones que impacten negativamente su economía. Por lo demás, las elecciones presidenciales de 2018 ya en puerta dificultan aún más el proceso para México.

Elecciones 2018, una contienda que promete ser más peleada que nunca

Formalmente se inició el proceso electoral con el registro de quienes aspiran a participar como candidatos independientes en la carrera presidencial. Esta figura fue establecida hace más de una década, supuestamente para romper con el monopolio de los partidos políticos. Es la primera vez que podría marcar una diferencia significativa en el proceso y en sus resultados. Son muchos las y los postulantes que se encuentran juntando las firmas necesarias para poder participar en la campaña.

Algunos analistas cuestionan que se esté convirtiendo en una opción más para que “los de siempre” (poderes fácticos e intereses económicos) se queden en el poder sin cargar con el desprestigio de los partidos. Unos más señalan que, de forma intencionada o no, tendrá un impacto en la fragmentación del voto opositor al Partido Revolucionario Institucional (PRI, partido actualmente en el poder y que lo ha sido por más de 70 años con una sola interrupción entre 2000 y 2012). Se calcula que con nueve o diez candidatos a la presidencia, el PRI podría volver a ganar con su “voto duro”.

Derechos humanos: inagotable lista de pendientes

Conferencia de prensa en Chiapas en el marco de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en México, noviembre de 2017 © SIPAZ

En octubre, después de tres años, el Poder Legislativo finalmente aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Organizaciones nacionales e internacionales saludaron la decisión y llamaron a las y los legisladores a dotarla de un presupuesto suficiente, y al presidente a publicarla de manera inmediata. Subrayaron que subsisten deficiencias: la falta de un registro de víctimas, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenen a sus subordinados detener ilegalmente a una persona, así como la ausencia de un instituto forense independiente.

La situación de defensores de derechos humanos y periodistas sigue siendo tema de preocupación. En septiembre, el Comité Cerezo publicó el Sexto informe de violaciones de derechos humanos contra personas defensoras. Documenta que “cada día ocurrieron 4 violaciones a los derechos humanos en contra de personas defensoras”. Reporta 2426 detenciones arbitrarias, 123 ejecuciones arbitrarias y 11 desapariciones forzadas desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. El informe señala que “el perfeccionamiento de las técnicas represivas incluye acciones como mantener la impunidad (…) lo que implica que el Estado cubre los huecos de las investigaciones de los casos más graves (…) para evitar que lleguen a las instancias internacionales(…). Al mismo tiempo, acepta las visitas de las instancias internacionales de DH, pero descalifica los informes que realizan (…). Además desprestigia aún más la defensa de los derechos humanos (…): permitiendo una campaña que equipara a las personas defensoras de derechos humanos como defensores de delincuentes y, (…) fortaleciendo el derecho internacional humanitario, que juzga personas y no estructuras estatales, aduciendo que las VDH son actos individuales, de sujetos infiltrados o estresados, pero que nunca ha habido una orden de las estructuras estatales”.

En noviembre, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) publicó “Justicia Olvidada: La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México“. Denuncia que “los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México.“ Destaca que de los 505 casos registrados entre 2012 y 2016, tan solo 16 acusados han sido condenados por el sistema de justicia civil. El informe afirma que “han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia“. El factor impunidad no se limita a los ámbitos castrenses: el Índice Global de Impunidad 2017 plantea que México ocupa la posición 66 de 69 países estudiados, sólo superado por Filipinas, India y Camerún.

Finalmente, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, realizó una visita oficial a México en noviembre, que incluyó además de la capital los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua. Al finalizar su visita, declaró que “el inadecuado reconocimiento legal vigente de los pueblos indígenas como titulares de derechos, aunado a la discriminación estructural están en la base de todos los temas y las preocupaciones”. Aun reconociendo “el apoyo de México para el avance de la agenda indígena en los foros internacionales”, “este compromiso debe ser coherente y debería reflejarse en la aplicación de estos estándares en México”.

CNI: Registro de pre candidatura y nuevos hostigamientos

Gira de Marichuy y del CIG en Chiapas, Caracol de Oventik, octubre de 2017 © SIPAZ

La relatora también subrayó que “las iniciativas de los pueblos indígenas en el ámbito de la autonomía y el autogobierno debieran gozar de un reconocimiento mayor, y ser reconocidas e incorporadas en la estructura política general del país. Además del autogobierno, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política del país. He visto algunos avances positivos que podrían facilitar la participación política de los pueblos indígenas en este ámbito, como la posibilidad de registrar candidaturas independientes”.

En octubre justamente, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), indígena Náhuatl y vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), una estructura de representación y decisión recién formada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), registró su precandidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Posteriormente, inició una gira por los cinco caracoles (regiones autónomas) zapatistas en los que fue recibida por miles de personas en cada uno. Parte del objetivo era recabar el apoyo ciudadano hacia la recolección de las 866 mil 500 firmas en por lo menos 17 estados que le permitirán ser aceptada como candidata independiente. En este marco, el CNI denunció que “el 18 de octubre, durante por lo menos cinco horas estuvo bloqueado el portal del INE [haciendo] imposible llevar a cabo ningún tipo de operación de registro de auxiliares o de revisión del avance de firmas o del registro de firmas. Durante las sesiones y recorridos fue bloqueado el acceso a telefonía e internet en los municipios de Altamirano, y Ocosingo, lugares donde comúnmente funcionan bien dichos servicios”. Una serie de actos de hostigamiento y vigilancia también se presentó durante su gira por la costa de Chiapas en septiembre.

Se denunciaron además dos situaciones de amenazas y agresiones a integrantes del CIG en Chiapas en los últimos tres meses: en septiembre, fue amenazado de secuestro y asesinato el concejal del CNI de la región Selva-Norte (municipio de Tila y en octubre, el domicilio en Tonalá de Guadalupe Núñez Salazar, Concejal del CIG, fue allanado.

CHIAPAS: conflictos sociales sin atención ante primeros destapes electorales

“La tierra no se vende”, Movilización de MODEVITE, comunidad de Candelaria, noviembre de 2017 © SIPAZ

En Chiapas, el 2018 será año electoral no solamente para elegir al nuevo presidente sino también el cargo de gobernador. En agosto, el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MOVEDITE) denunció a “los grupos políticos disfrazados de asociaciones civiles o fundaciones de ayuda, que usan a la gente y abusan de su pobreza. Donde condicionan la ayuda más básica por votos y así corrompen a quienes dicen apoyar”. Así mismo reprobó “la propaganda política en carteles, bardas pintadas y calendarios que promueven a candidatos fuera del tiempo estipulado”. Añadió que “se confirma que los partidos no han cambiado y no cambiarán”. Cabe recordar que el MOVEDITE tiene presencia en 12 municipios de Chiapas, y que ha venido organizándose para fortalecer gobiernos comunitarios.

Los desencuentros entre visiones de desarrollo prosiguen. En agosto, el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, informó que todo está listo para la inauguración de la primera Zona Económica Especial del país, uno de los proyectos más cuestionados por los pueblos en la actualidad. En contraposición, en septiembre, se llevó a cabo un Encuentro convocado por la diócesis de San Cristóbal en Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas: “Nos congregamos, iluminados con la palabra de Dios, y, actualmente, con la Encíclica Laudato SÍ del Papa Francisco, quien nos convoca a defender nuestra Madre Tierra ante la destrucción y el despojo que el sistema capitalista ejerce”.

En un mismo sentido, en octubre, se celebró un encuentro en el ejido Grecia, Chicomuselo así como una peregrinación denominada “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra” en la que participaron unas 5.000 personas. En septiembre, organizaciones de derechos humanos ya habían denunciado que: “la reactivación de las empresas mineras en esa región de la Sierra Madre, incrementó la división en las comunidades, el hostigamiento y riesgo de enfrentamiento entre sus pobladores.” También habían mencionado “la expulsión de una decena de campesinos, de la comunidad Ricardo Flores Magón por no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad”; y que fueron amenazados de muerte quienes participan en las labores de vigilancia para evitar que empresas mineras entren a sus comunidades.

También en octubre, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, se posicionó a casi un año que se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para siete municipios y acciones específicas para 17 municipios indígenas de la región Altos. Insistió en que “debe ampliarse a todo el estado de Chiapas debido al contexto de creciente violencia contra las mujeres”. Afirmó que “hemos observado con preocupación que los representantes del Gobierno de Chiapas han politizado la Declaratoria para impulsar candidaturas, afianzar puestos políticos y justificar la reorientación de presupuestos públicos”. Declaró que “no hay resultados concretos y adolecen en su funcionamiento de un plan y programas que permitan monitorear y evaluar los avances, retos y retrocesos en la implementación de acciones”.

OAXACA: Sismo agrava situaciones preexistentes de desigualdad, violencia e impunidad

Explotación minera en San José El Progreso © SIPAZ – Archivo

En septiembre, una Misión de Observación de Ayuda Humanitaria (MOAH) que recorrió las comunidades del Istmo de Tehuantepec que fueron afectadas por el terremoto de 8,2 grados en septiembre, dejando damnificados en 283 municipios de Oaxaca. Señalaron que “las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas”; y que se observa una “falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria y el uso discrecional de los escasos recursos que han llegado”. Denunciaron que “precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria entregándola únicamente a las personas cercanas al gobierno y los partidos políticos, algunos incluso reetiquetan y recanalizan los víveres”. Subrayaron “esta situación de crisis se suma a las condiciones preexistentes de exclusión, desigualdad y pobreza (…). Por ello, la MOAH enfatiza que ante la grave situación de desastre provocada por el sismo las personas afectadas son titulares de derechos, NO objetos de ayuda”.

Se dieron algunos avances en cuanto al tema de la impunidad en los últimos tres meses: en el caso de Nochixtlán y ante los feminicidios. En octubre, la Comisión Nacional de los derechos humanos (CNDH) emitió una recomendación por violaciones graves a derechos humanos en los hechos de represión y violencia ocurridos en Nochixtlán, en junio de 2016, mismos que derivaron en siete personas muertas, 453 civiles con lesiones físicas y 106 uniformados heridos. La CNDH acreditó el uso excesivo de la fuerza pública en consecuencia “de un operativo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en el que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en particular por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas”. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, informó que la investigación de casi 16 meses estuvo marcada por la falta de cooperación de las autoridades involucradas, una muestra de “la falta de voluntad para que se sepa la verdad y se finquen responsabilidades”. No obstante, víctimas de Nochixtlán desconocieron esta recomendación al considerar que “incrimina a las víctimas y favorece a los agresores”.

Por otro lado, en octubre, se dio una primera sentencia por el delito de feminicidio agravado con más de 78 años de condena en el caso del asesino de la joven Dafne Denisse. Desde que el feminicidio entró en vigor como un tipo penal, en 2012, se han documentado 477 feminicidios. No obstante, sólo se han logrado ocho sentencias condenatorias por este delito según el Tribunal Superior de Justicia del Estado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha señalado que la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades ha fomentado la prevalencia de la violencia contra las mujeres.

En otros temas, en agosto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería convocó al foro “El extractivismo o la vida” en Ciudad Ixtepec para “continuar fortaleciendo nuestros procesos organizativos” y “para actualizar la información (…) sobre los diferentes megaproyectos que siempre están encadenados entre sí y que han alcanzado su máxima expresión de usurpación con la descarada definición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”. Lamentó que los gobiernos “legitimen y permitan la voracidad, el saqueo, la contaminación, la destrucción y los irreversibles daños a la salud y el ambiente, que el modelo extractivo y sus megaproyectos ocasionan”.

GUERRERO: A tres años del caso Ayotzinapa

A tres años del caso Ayotzinapa © SIPAZ

El 26 de septiembre, se cumplieron tres años de las ejecuciones extrajudiciales de seis personas y de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa en Iguala. Se realizaron marchas en varios estados para exigir que cese la impunidad. Amnistía Internacional México advirtió: “A tres años, seguimos buscando a nuestros desaparecidos entre los escombros de instituciones corruptas y el crimen del olvido, en donde la voluntad política real de las autoridades nunca se ha hecho presente”. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que « no resolver un hecho de esta naturaleza en tres años no significa más que el gobierno federal no ha querido solucionarlo. » El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan afirmó que « el Estado Mexicano sigue administrando el caso con fines políticos ajenos a los afanes de justicia de las víctimas, dado que en cada audiencia o reunión dosifica la información y los avances que presenta » y que tiene la convicción de que « la Procuraduría encubre a funcionarios que obstruyeron la investigación ».

En septiembre, la Red TdT anunció la puesta en marcha de una Alerta para defensores de derechos humanos del estado. Como primera acción, se llevó a cabo una misión civil de observación en Chilapa y Chilpancingo. En sus principales conclusiones, señalaron que es « inaceptable la normalización de la presencia militar así como el desplazamiento forzado en distintos municipios del estado». En cuanto a la situación familiares de víctimas de desaparición forzada, atestiguaron “el dolor y la impotencia derivados de la impunidad e indolencia de las autoridades”. También expresaron su preocupación “por la estigmatización en contra de personas defensoras”.

En octubre, se celebró el 22° aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), en el municipio de Malinaltepec. En las conclusiones, la CRAC PC ratificó su compromiso para continuar trabajando hacia la articulación en defensa de los sistemas normativos comunitarios, del territorio, de los derechos de las mujeres, por las personas desaparecidas y ante las violaciones de derechos humanos en el país.

En noviembre, a cuatro años de su detención, fue organizado un mitin frente al penal de Chilpancingo, justamente para exigir la libertad de varios policías comunitarios. Al finalizar su visita a México, la relatora para los Pueblos Indígenas de la ONU recomendó “firmemente que se lleven a cabo discusiones en profundidad entre los órganos de justicia, las autoridades mexicanas pertinentes y los pueblos indígenas con objeto de desarrollar la necesaria armonización. Esto incluiría mecanismos para garantizar que el ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus sistemas de justicia no tiene como resultado su criminalización”.

Como en Chiapas y Oaxaca encontramos el tema minero en el centro de las preocupaciones de los pueblos. En octubre, se llevó a cabo el Encuentro Nacional contra el Modelo Extractivo Minero en Malinaltepec, en el que las y los participantes ratificaron su «principio de persistir promoviendo nuestros propios procesos de Consulta y de Consentimiento Previo, Libre, Informado y Culturalmente Adecuado, con lo cual enviamos un claro mensaje al estado, los políticos y a las empresas extractivistas, que en nuestro territorio comunitario no permitiremos violenten y violen nuestros derechos colectivos con falsos y amañados procesos y procedimientos de consulta».