SIPAZ: Boletín especial sobre la situación en el Nuevo Poblado Comandante Abel, Sabanilla, zona Norte de Chiapas
25/09/2012
ENFOQUE: La tortura en México, método para hacer morir y revivir
28/11/2012
© Emma Rodriguez
Sin mayor sorpresa, el 31 de agosto, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Peña Nieto (EPN) recibió la constancia de mayoría que lo acredita como Presidente electo, luego que el Tribunal Electoral Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección del 1° de julio pasado. De manera más sorpresiva si recordamos su actuación en las elecciones del 2006, el TEPJF rechazó en forma unánime todas las denuncias que la coalición de partidos de izquierda interpuso para invalidar la elección. El Movimiento Progresista había presentado 359 recursos de impugnación señalando los gastos desmedidos en la campaña del PRI, la temprana promoción de la candidatura de EPN en la cadena Televisa, así como la compra y coacción masiva del voto. De acuerdo a una encuesta de Covarrubias, sólo un 37% de la población cree que Peña Nieto haya «ganado limpiamente» estas elecciones.
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Tanto el Movimiento Progresista, liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO, candidato presidencial para los partidos de izquierda en la elección de julio), como movimientos sociales y organizaciones civiles rechazaron el fallo de los magistrados. Miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para protestar y cercar la sede del TEPJF. AMLO convocó a una concentración el 9 de septiembre en el zócalo capitalino en la que reiteró su rechazo a admitir la derrota, anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y convocó a decidir acerca de la creación de un nuevo partido desde el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Mientras tanto, el PRD planteaba «una posición de respeto a la ley y el Estado de derecho». Posteriormente, el 22 y 23 de septiembre, 280 organizaciones y colectivos provenientes de 20 estados, incluido el movimiento juvenil #YoSoy132, realizaron una Segunda Convención Nacional Contra la Imposición en la Ciudad de Oaxaca, en la que discutieron un plan de acción para impedir la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia el 1° de diciembre.
Por su parte y sin reparar en los cuestionamientos, Enrique Peña Nieto designó su equipo de transición en los primeros días de septiembre mismo que elaboró sobre propuestas y acciones que piensa poner en marcha al asumir la presidencia. A su vez, realizó varias giras internacionales por diversos países de América Latina y Europa.
Sexto y último informe de Felipe Calderón
Otro frente de movilización social se generó en el marco del sexto y último informe de gobierno del Presidente Felipe Calderón. El movimiento #YoSoy132 presentó un contrainforme en el que también evaluó el sexenio del mandatario, «(s)eis años en los que año con año hemos visto a un presidente cobarde hablando de valentía mientras nosotros, la sociedad, ponemos los muertos, los desplazados, los secuestrados, los vejados por las autoridades». En un acto público, Felipe Calderón aseguró por su parte que su gestión fue «humanista«. Puso particular énfasis en los avances de la lucha anticrimen, resaltando que se «avanzó significativamente en la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales».
Poco antes del propio informe, Amnistía Internacional había planteado un severo balance del sexenio en materia de seguridad y derechos humanos: «El gobierno del Presidente Calderón puso en marcha una política de seguridad pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia o capacidades para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas. Esta política se construyó sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, lo cual generó un aumento escalofriante en las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad». En el mismo sentido, en octubre, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos emitió un pronunciamiento de condena al gobierno federal por «60 mil muertos, un número proporcionalmente mayor a los ocurridos en la guerra civil guatemalteca, más de un millar de desaparecidos que rebasa la cifra de los de la guerra sucia, miles de desplazados internos y refugiados por la violencia; un aumento desmesurado de la tortura como método de investigación y castigo; ataques a derechos de las mujeres y un creciente feminicidio».
… Y más movilizaciones…
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Por otro lado, las últimas semanas fueron de mucha movilización en contra de la reforma laboral en discusión en el Congreso en este plazo y para muchos contraria a los intereses de los trabajadores. Son varias las reformas estructurales que se han venido impulsando aún antes de que el nuevo gobierno tome posesión: la laboral, la hacendaria y la energética. Con la nueva composición del Congreso recién integrado, el PRI, con el apoyo del PVEM y del Partido Nueva Alianza (Panal) tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que le permitirá hacer avanzar sus propuestas por lo menos durante los próximos tres años.
Por otro lado, el 12 de septiembre, la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) concluyó su recorrido por Estados Unidos. Aunque la cobertura de la Caravana por los medios masivos estadounidenses fue limitada, Javier Sicilia calificó como positiva la iniciativa ya que «por vez primera, ciudadanos mexicanos y estadounidenses decidieron hacer diplomacia ciudadana» ante el olvido de sus gobiernos. El MPJD se reunió con varios congresistas e integrantes del poder ejecutivo estadounidenses para exigirles no sólo que dejen de apoyar la estrategia de lucha contra el crimen organizada con armas para el Ejército Mexicano, sino que redoblen sus esfuerzos para contener el tráfico de armas, así como la demanda de narcóticos en su propio país.
Algunos avances en materia de derechos humanos y todavía mucho por hacer
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A mediados de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó acotar el fuero militar al sentenciar que los delitos cometidos por militares contra la población civil no deben ser juzgados por instancias castrenses, un tema céntrico en las demandas de centros de derechos humanos nacionales e internacionales desde hace mucho. Otro avance significativo se dio en noviembre al instalarse la «Junta de Gobierno» conformada por sociedad civil y autoridades, elemento con lo que arrancó formalmente el Mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, mismo que nació de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recién aprobada. Su función será vigilar, monitorear y hacer efectivas las medidas de protección que se establezcan.
No obstante quedaron evidenciadas los rezagos de México en cuestión de derechos humanos en particular en cuanto a tortura se refiere, ya que en noviembre el Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas (ONU) realizó una evaluación muy crítica del Estado mexicano en la materia (ver enfoque). En otro rubro, en octubre, el Foro Migraciones en México expresó que «(d)urante la administración de Felipe Calderón (…) la corrupción, complicidad e impunidad han favorecido las violaciones atroces a los derechos humanos de la población migrante en tránsito por México». El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria por su parte señaló que el reglamento de la Ley Migratoria publicado el 28 de septiembre integra algunos cambios pero que «persisten problemas de fondo que vulneran los derechos humanos de la población migrante». Indicó en particular que «el Reglamento avalado deja vacíos (…) ya que promueve una migración selectiva a través de los sistemas de puntos y cuotas, sin facilitar o hacer frente de manera integral a la totalidad de los flujos migratorios que transitan por el territorio nacional. Se limita a su gestión, y ello sin innovar en temas como alternativas a la detención. Tampoco se avanzó del todo en la protección a grupos en situación de vulnerabilidad».
Chiapas: transición política a nivel nacional, estatal y municipal
A la par del cierre de la administración de Felipe Calderón, también se dará el de la administración del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Pasó de ser «alumno modelo» en materia de derechos humanos a ser progresivamente cuestionado en los últimos meses, no sólo en lo que respecta a este tema sino también por el endeudamiento del estado (poco más de 20.300.000 de pesos). El gobernador electo, Manuel Velasco Suarez asumirá la gubernatura a principios de diciembre. Igualmente en Chiapas, el 30 de septiembre, los alcaldes electos en julio pasado tomaron posesión de su cargo, transición en la que se presentaron varios conatos violentos en Motozintla, Chicomuselo, Bejucal de Ocampo, Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Cintalapa, Tila, o Las Rosas. Otra serie de conflictos y bloqueos se dieron por protestar contra los equipos municipales salientes en Villacorzo, San Juan Chamula y Teopisca, principalmente.
Paralelamente, se agudizaron varios conflictos comunitarios sin que el gobierno estatal saliente pareciera querer tomar cartas en el asunto, en particular en los municipios de Venustiano Carranza y Chicomuselo, entre distintas organizaciones sociales o dentro de las mismas.
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Por otro lado, se multiplicaron las denuncias de todas las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en estos últimos meses, todas ellas por conflictos entre Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) e integrantes de otras organizaciones sociales o partidos políticos, sea por cuestiones agrarias o de control territorial. El caso tal vez de mayor gravedad y sobre el que la JBG de Roberto Barrios publicó varios comunicados fue respecto a la situación en el Nuevo Poblado Comandante Abel, municipio oficial de Sabanilla en la zona Norte de Chiapas. La JBG de Roberto Barrios informó que el 6 de septiembre, un grupo de 55 priistas quienes iban con armas de fuego, encapuchadas y con uniforme de tipo militar invadieron un terreno perteneciente a bases de apoyo zapatistas, derivando en el desplazamiento dos días después de 83 bases de apoyo zapatistas. La JBG de Roberto Barrios ha denunciado la participación directa del secretario de Gobierno, Noé Castañón en la planeación e implementación de la escalada de violencia en la zona.
Desde los Altos de Chiapas, en octubre, la organización «Sociedad Civil Las Abejas» denunció la reactivación de grupos paramilitares en el municipio de Chenalhó, del mismo modo que estaba ocurriendo en la zona Norte del estado. Afirmó que la excarcelación masiva de presos por la masacre de Acteal desde agosto de 2009 a la fecha, «ha favorecido en gran medida el reagrupamiento de estos y ahora se han puesto de manifiesto en coordinación con los que no fueron juzgados; portando armas de fuego en las carreteras, en los montes, en el camino a las milpas y cafetales». También informó que poco antes fue baleado una Base de Apoyo Zapatista en Yabteclum.
Impunidad, una constante que alimenta la conflictividad
El 7 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la inmunidad diplomática al ex presidente Ernesto Zedillo por el juicio que enfrenta por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal de 1997. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) afirmó que esta decisión era un intento para «encubrir no a una persona, sino una estrategia contrainsurgente que se aplicó contra comunidades indígenas de Chiapas, que tuvo como operador al Ejército mexicano, pero como asesor a su homólogo de Estados Unidos».
Por otro lado, en noviembre, el CDHFBC recordó que el 13 de noviembre de 2006, un grupo de 40 personas de Nueva Palestina acompañadas por 300 policías irrumpieron en Viejo Velasco, a la orilla de la Reserva de la Biosfera Montes Azules dejando un saldo de seis personas muertas, dos desaparecidas además del desplazamiento forzado 36 personas. El CDHFBC señaló que por hechos como éste «el sexenio del gobierno que terminará en unos días, fue el de maquillaje y apariencia; el gobernador del estado Juan José Sabines Guerrero, endeudó al estado a costa de vender su imagen que le ha redituado puntos a favor ante organismos intergubernamentales y gubernamentales por su trabajo «a favor de los derechos humanos», cuando las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas han sido marcadas por una constante: la impunidad».
Oaxaca: muchos bemoles a dos años de gubernatura de Gabino Cué
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La violencia recrudeció fuertemente en Guerrero, región clave en las rutas de la droga hacia el centro del país, que son disputadas al menos por dos grupos del crimen organizado: La Familia Michoacana y Guerreros Unidos. A pesar de la implementación del programa Guerrero Seguro, la población ha mostrado una fuerte inconformidad con el comportamiento de las fuerzas de seguridad. En octubre, organizaciones civiles, comerciantes, transportistas y estudiantes marcharon en Acapulco para protestar por «las arbitrariedades y abusos» cometidos por integrantes de la Policía Federal (PF) desde que se iniciaron los operativos. En un mitin posterior listaron irregularidades como detenciones arbitrarias, acusaciones infundadas y detención de vehículos del transporte de manera ilícita.
A finales de octubre, unos 700 habitantes de Olinalá ltomaron la defensa de su pueblo en sus propias manos, cuando instalaron barricadas para impedir el ingreso de la delincuencia organizada. Expresaron que se vieron obligados a tomar esta decisión ante la falta de respuestas de las autoridades. Unos días después, elementos de la Secretaría de la Marina llegaron para llevar a cabo un operativo de seguridad en dicho municipio. Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) afirmaron que si bien puede ser positiva la presencia de militares en Olinalá, «cuando se vayan las fuerzas federales los problemas continuarán». Enfatizaron que los gobiernos estatal y federal no han cumplido con su obligación de brindar seguridad a los municipios de la Montaña.
Finalmente, datos de organismos civiles revelaron en septiembre que hasta agosto al menos 135 mujeres fueron asesinadas en lo que iba del año, por lo que consideran urgente la declaración de una alerta de género. El Observatorio de Violencia de Género de Guerrero «Hannah Arendt» planteó que además aumentó el agravio contra las víctimas; «se documentó la violencia sexual y tortura previa al asesinato en número importante de casos». Ha aumentado también la violencia de género, donde Guerrero se ha mantenido en el tercer lugar, después del Distrito Federal y Chihuahua.
A dos años de que fueran notificadas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas violadas por militares en 2002, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, enfatizó que en sus casos «a pesar de que las investigaciones fueron remitidas al fuero civil desde hace un año, a la fecha no hay indicios de que los responsables serán consignados a la brevedad. Ello debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido no colaborar». En días anteriores, a cambio, el Poder Judicial de la Federación envió un reporte a la CoIDH en el que informó que se había dado puntual cumplimiento a las sentencias de la Corte en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada en 1974) y Valentina Rosendo.
