ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de noviembre de 2013 a mediados de febrero de 2014)
21/02/2014
ENFOQUE: Pensar otra justicia
21/05/2014
Una de las noticias que podría aparecer como de mayor relevancia en el plazo, fue la detención de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, máximo líder del Cártel de Sinaloa, considerado como de los grupos delictivos más importantes en el mundo. No obstante, según expertos, esta detención no implica un golpe definitivo en la lucha contra el crimen organizado, ya que de por sí su sucesor está operando en su lugar. Además recuerdan que cuando fue detenido en 2001 no impactó en las actividades del cartel ni en la capacidad operativa del Chapo desde la cárcel. También se fugó de un penal de alta seguridad, algo que hubiera sido imposible sin complicidades dentro del propio Estado, escenario que se podría volver a propiciar. Por último, la fracturación del cartel tampoco abriría la puerta a un escenario más esperanzador en cuanto a inseguridad. Al contrario, podría reabrir una lucha de plazas, en particular en varios estados del noreste del país.
© Quenoteapaguen
Si bien esta detención puede considerarse como un logro, algunos analistas temen que se refuerce la estrategia del modelo militarista y autoritario asumido por el gobierno federal, mismo que está impactando en otros aspectos de la vida social. Señalan que tanto a nivel federal como estatal, han seguido avanzando legislaciones que podrían coartar algunos derechos humanos. Según el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, plataforma creada en abril, existen al menos 13 legislaciones que cabrían en este escenario.
Primer ejemplo de ello, hubo un aumento de las protestas contra las propuestas de legislación secundaria de la reforma al sector de telecomunicaciones aprobada en 2012. Entre las críticas están que fomentaría la censura, transgredirían el derecho a la privacidad de los usuarios y la neutralidad de la red. El 22 de abril se llevó a cabo una marcha en la Ciudad de México que fue reprimida. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social afirmó que «(l)as nuevas agresiones a representantes de los medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos y a representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal son motivo de alerta». Estas protestas se han empezado a extender a otros estados. Un segundo ejemplo, en abril, el Senado aprobó las leyes reglamentarias que regulan el procedimiento para decretar un Estado de excepción. Organizaciones civiles expresaron su oposición: «Debe revisarse y corregirse, pues vemos con preocupación que hay una inclinación a legalizar la represión, a criminalizar la protesta social».
Excepción a la tendencia, también en abril, el Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código de Justicia Militar que acota el fuero castrense: en los casos en que militares cometan cualquier delito contra civiles deberán ser procesados desde el fuero civil (y ya no en tribunales castrenses). Esta reforma responde a recomendaciones de organismos internacionales y organizaciones mexicanas de derechos humanos desde hace 8 años.
Finalmente, en abril, se aprobó el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 que cuenta con una inversión de 7,7 billones de pesos. Incidirá especialmente en la región sur-sureste, donde se pretenden impulsar 189 proyectos que aumenten el potencial turístico, agropecuario, energético e industrial. Cabe subrayar que algunos de ellos han generado rechazo entre las poblaciones que se verían afectadas, como es el caso, entre otros, de la construcción de la presa Paso de la Reina o centrales eólicas en el Istmo de Tehuantepec, ambos en el estado de Oaxaca; o el proyecto carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque en Chiapas. Estos proyectos han sido repudiados por comunidades y organizaciones locales debido a sus posibles impactos como pérdidas de tierras, deterioro medio-ambiental o desplazamientos forzados, y a que no se ha respetado el derecho de los pueblos a ser consultados previamente a cualquier tipo de medida que pueda afectarles.
México sigue en la mira internacional en materia de derechos humanos
© CADHAC
En febrero, Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional visitó México. Deploró que los derechos humanos no son «un tema prioritario, particularmente en la agenda del presidente»: «En los últimos cinco o seis años hemos visto un retroceso (…) incluso algunos de los datos nos hablan de una situación de crisis». Expresó su preocupación en cuanto a las desapariciones forzadas «que ha[n] cobrado decenas de miles de víctimas en la última década», la vulnerabilidad de los migrantes indocumentados, y las agresiones continuas contra periodistas y defensores de derechos humanos. Lamentó «la impunidad casi total de estos delitos y la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad».
Este diagnóstico coincide en gran medida con el que hacen organizaciones mexicanas de derechos humanos, como por ejemplo lo expusieron en Bélgica en marzo, en el marco del Cuarto Diálogo de Alto Nivel en Derechos Humanos México-Unión Europea. Denunciaron que «se vive un ambiente de violencia e impunidad que ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes». Destacaron que «las cifras de abusos hablan de la violación sistemática y generalizada de derechos humanos, entre otros, por parte de agentes policiacos, militares y ministeriales que cometen detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones; por parte de actores públicos y privados que cometen actos de violencia y discriminación contra la mujer; y por parte de empresas mexicanas y trasnacionales que contaminan, desplazan y explotan recursos naturales sin consultar a los pueblos y comunidades afectadas».
Al finalizar su visita al país, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, igualmente ratificó que la tortura es un «fenómeno generalizado» en México. Ubicó como grandes problemas la impunidad y el hecho de que las fuerzas de seguridad aún la utilicen como «medio de investigación» para obtener declaraciones autoinculpatorias. Expresó su preocupación por la continua militarización de varias zonas y la persistente participación de militares en corporaciones civiles de seguridad.
A casi dos años de su creación, el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas atravesó un momento delicado después de la renuncia del encargado en marzo. Los consejeros civiles se retiraron de la Junta de Gobierno (parte del Mecanismo) al considerar que no existían condiciones para su funcionamiento. Señalaron en las fallas estructurales: la imposibilidad de contar con un equipo cualificado por los constantes despidos y un rezago en la atención de casos (el 70% de las solicitudes presentadas no habían sido atendidas). Víctor Manuel Serrato Lozano fue nombrado nuevo titular. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), participó como integrante de la Junta de Gobierno, cuya operación quedó bajo su responsabilidad.
Chiapas: EZLN en alerta después de asesinato de uno de sus bases de apoyo
© EZLN
El 2 de mayo, miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido de Acción Nacional (PAN) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC-H), agredieron a Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en La Realidad, municipio de las Margaritas y sede de un Caracol (región autónoma) zapatista. Como resultado de la agresión, murió el base de apoyo José Luis Solís López y 15 zapatistas más fueron heridos. Desde el 1° de mayo, se había iniciado un proceso de diálogo entre la Junta de Buen Gobierno (JBG) zapatista e integrante de la CIOAC Histórica ante la retención de un vehículo perteneciente a la Junta por parte de la CIOAC y partidistas. La CIOAC Histórica argumentó que en el marco del diálogo se había detenido a su secretario particular, hecho que el supuesto afectado niega. La JBG desmintió tajantemente que se haya tratado de un enfrentamiento entre grupos.
El 8 de mayo, el EZLN publicó un comunicado en el que anunció la suspensión de las actividades que se tenían planeadas para finales de mayo con los pueblos originarios, las de inicio de junio en homenaje a Don Luis Villoro Toranzo y el seminario «Ética frente al Despojo». El comunicado explicó las razones por las que se declararon en alerta «los primeros resultados de la investigación, así como las informaciones que nos llegan, no dejan lugar a dudas: (…) Fue algo planificado». Otro comunicado anunció la permanencia de las amenazas contra sus bases en La Realidad y la realización de un homenaje a José Luis Solís López para el 24 de mayo en todos los Caracoles zapatistas. Varias organizaciones civiles y grupos solidarios han denunciado la agresión al proyecto autonómico zapatista. A pesar de declararse en alerta el EZLN afirmó: «nuestros esfuerzos son por la paz, los esfuerzos de ellos son por la guerra».
Agenda de derechos humanos: múltiples pendientes
La visita del Relator especial de la ONU sobre tortura a México y al estado, fue uno de los temas de mayor presencia mediática. Un ejemplo reciente se dio con la muerte de un joven en el municipio de Acala después de su detención por policías municipales. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) manifestó que «tiene conocimiento de otros dos casos de muerte bajo custodia, en el 2014, en (…) Tapachula (…), lo que representa un patrón recurrente en su manera de actuación». Posteriormente, los presos indígenas, Audentino García Villafuerte, Andrés y Josué López Hernández fueron liberados. Según habían denunciado organismos de derechos humanos, las acusaciones en su contra eran prefabricadas y sufrieron tortura durante su detención. El CDHFBC afirmó que «en las prisiones del estado (…) las personas indígenas son discriminadas y ultrajadas pero por temor a represalias en su contra y a sus familiares, no denuncian los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, incluso cuando la tortura es evidenciada la acción de justicia queda ausente porque no se investiga».
© SIPAZ
En forma paralela al debate nacional, en mayo, el Congreso local aprobó la iniciativa del código que establece el uso legítimo de la fuerza, reforma considerada por activistas y legisladores de oposición como «un retroceso más en materia de derechos humanos» en la entidad.
En cuanto a defensores, en marzo, fueron denunciados los hostigamientos sufridos por los abogados de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, Leonel Rivero Rodríguez y Augusto César Sandino Rivero Espinoza. Dichos abogados son conocidos por su intervención en casos como el del ahora ex preso Alberto Patishtán (Chiapas) y de policías comunitarios de Michoacán. Además de amenazas telefónicas y directas en Michoacán, en marzo, la oficina que Rivero Rodríguez tiene en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue allanada.
Un tema omnipresente en la agenda de derechos humanos fue el del desplazamiento forzado. Desde abril de 2013, en Colonia Puebla, municipio de Chenalhó, se abrió una disputa por un predio donde se ubicaba la ermita católica. Por esta razón, 17 familias (no todas ellas católicas) salieron desplazadas. En febrero, el gobierno del estado entregó el predio en disputa a la diócesis católica. No obstante, la posibilidad de retorno fue cancelada primero por la quema de la puerta del salón de catequesis de la comunidad, y luego por la quema de la casa de dos desplazados. Dos personas fueron detenidas por estos hechos, pero las familias desplazadas consideran que no pueden haber sido los responsables. Finalmente regresaron a sus casas el 14 de abril en lo que calificaron como «un retorno sin justicia». El secretario general de gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, advirtió que si continuaban los problemas «lo que procede ya no es el diálogo sino la aplicación de la ley». La Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecen gran parte de las y los desplazados ha afirmado que no aceptarán «este clima de injusticia», y continuarán denunciando y buscando «la verdadera Justicia». En otros casos, las y los desplazados de Banavil (municipio de Tenejapa) y de Aurora Ermita (Pueblo Nuevo Solistahuacán) denunciaron públicamente las condiciones en las que se encuentran y la falta de respuestas de las autoridades.
Finalmente, múltiples actividades fueron organizadas el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Las y los integrantes de la Campaña Popular Contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio se declararon en «alerta popular permanente». En abril, denunciaron las liberaciones de dos presuntos homicidas de mujeres. Acusaron al Estado de hacerse cómplice de los feminicidios y señalaron que los casos se siguen incrementando.
Tierra y territorio: entre agresiones y acuerdos
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En marzo, Carlos Gómez Silvano, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, fue asesinado en el municipio de Chilón. El 26 de abril, los ejidatarios realizaron un homenaje a sus dirigentes «caídos en la defensa de su pueblo y territorio». Indicaron: «Los tres niveles de gobierno (…) no cesan sus ataques y sus saqueos, mediante los engaños y las mentiras, las amenazas, la violencia, el encarcelamiento, la tortura e incluso el asesinato, para lograr su ambición de apoderarse de las tierras comunales del ejido para la construcción de un complejo turístico de lujo al lado de las (…) cascadas de Agua Azul».
Por otro lado, en abril, se logró un acuerdo entre la Comunidad Zona Lacandona y la ARIC UU-ID (Asociación Rural de Interés Colectivo – Unión de Uniones Independiente y Democrática), autorizando la regularización de tres poblados asentados en la biósfera de los Montes Azules o en sus límites. Una resolución presidencial de 1976 otorgó a los Lacandones 614 mil hectáreas. Desde aquel entonces, otras etnias que viven en la zona han estado bajo amenazas de desalojo. Este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo entre las partes directamente involucradas, sin participación del gobierno, debido a la «falta de voluntad» del mismo en resolver el conflicto, afirmaron representantes de la ARIC en conferencia de prensa. La posición del estado ha sido para recordar que tratándose de un área natural protegida no pueden autorizarse nuevos centros de población, ni regularizarse los asentamientos «irregulares».
Oaxaca: preocupante aumento de la violencia
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Se ha registrado un aumento significativo de los casos de violencia contra periodistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos en el estado. En febrero, la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBACC) denunció amenazas de muerte dirigidas a su vocera y agresiones contra otros dos de sus integrantes que fueron heridos por la Policía Preventiva cuando participaban en una manifestación pacífica. En marzo, la Policía Estatal Preventiva procedió al desalojo violento de normalistas de la Coordinadora Estatal de la Educación en Oaxaca (CNEO) con un saldo de 162 detenidos y varios heridos. Otro caso de desalojo violento se dio en marzo en el predio de la Cooperativa de Acuacultura y Pesca Cacalotillo, en Juquila. Hace más de un año, la Cooperativa recuperó el predio mediante procedimiento jurídico, confrontándose con los intereses turísticos en la región. Analistas consideran que el incremento de la violencia en operativos policiacos coincide con el cambio del Secretario de Seguridad Pública.
En abril, fueron varios los asesinatos y ejecuciones en el estado, algunos de ellos presuntamente de carácter político. Murieron entre otros un ex miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el líder del Sindicato Libertad, dos integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), dos maestros, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), y un familiar del alcalde de San Agustín Loxicha. En mayo, personal de diferentes medios de comunicación y la organización Artículo 19, denunciaron el aumento del número de agresiones a periodistas, figurando Oaxaca entre los estados más peligrosos del país para el periodismo.
En la región del Istmo, fueron denunciados amenazas de muerte e intento de secuestro contra varios opositores al proyecto eólico que la multinacional energética Gas Natural Fenosa desarrolla en Juchitán. Se reportaron también diversos ataques en la comunidad de Álvaro Obregón contra integrantes de la Asamblea General y de la Policía Comunitaria. En marzo se realizó el Congreso Nacional Indígena (CNI) Región Istmo en Álvaro Obregón, donde el tema principal fue la organización de las comunidades para luchar contra los proyectos eólicos en Tehuantepec.
En el marco del segundo aniversario del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, activista contra la minería, el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios organizó eventos en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas, para presentar públicamente el Informe «Justicia para San José del Progreso». El informe evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto de la empresa Fortuna Silver Mines desde 2006. Además del caso de impunidad, que representa la no resolución del asesinato de Bernardo Vásquez, en el marco del 4° aniversario de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (observador finlandés) en una caravana de ayuda humanitaria en San Juan Copala, integrantes del Parlamento Europeo y familiares afirmaron que se podrían haber resuelto los casos en dos meses, si las autoridades hubieran demostrado voluntad política. El 29 de abril, Omar Esparza, viudo de Bety Cariño, familiares e integrantes de la sociedad civil, iniciaron una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. Tras 16 días lograron que las autoridades se comprometieran a detener a los responsables del crimen y proteger a los testigos del mismo.
Guerrero: nuevos casos de hostigamiento e impunidad
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Varios actos de violencia y hostigamiento a periodistas, organizaciones sociales y comunitarias fueron registrados. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa de La Parota (Cecop) denunció el operativo policiaco-militar realizado en la comunidad de la Concepción, con el objetivo de detener al vocero de la organización y en el que se registraron cateos de casas, robos de bienes y agresiones. En abril, 5 miembros de la policía comunitaria del Cecop (incorporados en marzo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, CRAC-PC), resultaron heridos en una emboscada realizada por civiles armados al servicio de empresas gravilleras.
En marzo, un operativo policial en Tixtla detuvo a Aurora Molina González, hermana de un líder de la CRAC-PC, que fue detenido en octubre pasado. El gobierno del estado afirma que la Casa de Justicia de la CRAC-PC del El Paraíso de Ayutla de los Libres está vinculada a la guerrilla.
Por último, en abril, se realizó en San Luis Acatlán una marcha de apoyo al nombramiento de los nuevos coordinadores de la CRAC-PC. Se llamó al rescate del sistema de justicia comunitario, indicando a los gobiernos federal y estatal que no está a la venta. Ese mismo mes, Nestora Salgado García, policía comunitaria de Olinalá presa en Nayarit, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos «Don Sergio Méndez Arceo».
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre las agresiones realizadas por el personal de seguridad del gobernador Ángel Aguirre Rivero a una corresponsal del diario «El Sur».
Una vez más, fueron visibilizados algunos casos de impunidad existentes en el Estado, como el del activista Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en 1974. En el centenario de su nacimiento, familiares y organizaciones sociales realizaron un homenaje en el que exigieron el castigo de los culpables. Asimismo, se presentó el informe de la Misión de Observación «Una luz contra la impunidad», donde se denuncia que 13 luchadores sociales fueron asesinados en 2013 en el estado sin que ninguno se haya esclarecido.
