Del 26 al 28 de mayo, se llevó a cabo la asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI) para conformar el Consejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombrar a su vocera quien será candidata independiente a la presidencia en 2018. Participaron 858 representantes de 58 pueblos indígenas, invitadas e invitados, observadores, así como la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Mural del “CompArte por la humanidad – Contra el capital y sus muros, todas las artes” convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, julio de 2017 © SIPAZ

Se nombraron a dos concejales, una mujer y un hombre, por cada región indígena participante en el CNI, con excepción de los pueblos residentes en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Guadalajara, en cuyos casos se nombró a un solo concejal por pueblo. María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), de 57 años, indígena Nahua de Tuxpan, Jalisco y médica tradicional, fue designada vocera del CIG. Ratificó que el proceso que están emprendiendo como pueblos indígenas es para la vida y no para el poder, y que no es sólo para pueblos indígenas, sino que para todos los sectores de la sociedad.

Desde esta fecha, el CNI ha repudiado “la escalada represiva contra compañeros y compañeras de nuestros pueblos donde se han estado nombrando concejales para la integración del Concejo Indígena de Gobierno”. En junio, denunció amenazas, ataques, aprehensiones y un asesinato en cuatro comunidades de Chiapas, una de Querétaro, una de Morelos, una del Estado de México, una de Michoacán, una de Campeche y la situación de indígenas mayas de Guatemala que se encuentran desplazados en Campeche.

A nivel internacional, en junio, en el marco del 47° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Cancún, Quintana Roo, México, se aprobó el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ratificada en junio del año pasado). El portal Animal Político refirió que ante lo discutido pueblos indígenas exhortaron a la OEA al “respeto a la libre determinación y autonomía de nuestros pueblos sobre nuestros territorios y bienes naturales”, a la “implementación del consentimiento previo, libre e informado sobre todo asunto que les afecte” y a que no se realicen consultas cuando ya existan “acuerdos, permisos, licencias y contratos previos porque estas consultas forman parte de una simulación””.

Se trata de una solicitud que encuentra un fuerte eco en las demandas de los Pueblos Indígenas de México. Por ejemplo, en junio, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) cuestionó las limitaciones del Informe que presentó el Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas de Naciones Unidas después de su visita a México en septiembre de 2016: “nuestras denuncias y señalamientos expresaron el no respeto de nuestro derecho al consentimiento o no de sus proyectos que pretenden el despojo de nuestros bienes naturales, pero ello no significa que estuvimos solicitándoles la consulta como solución, por el contrario, hicimos énfasis en que hemos asumido lo que dice nuestra constitución, las leyes y los convenios y declaratorias internacionales: el pleno ejercicio del derecho que tenemos a la libre determinación, (…) nosotros somos quienes estamos realizando nuestras consultas, nuestras asambleas, justo para evitar que ahora, con la moda y el auspicio de los principios rectores, estos gobiernos y empresas violadores de derechos, impongan mecanismos y procedimientos a modo”.

De hecho, a finales julio, las organizaciones civiles que conformaban el Grupo Focal de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos se deslindaron, después de dos años de proceso, para crear un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH), al considerar que la propuesta presentada por el gobierno mexicano no cubre los estándares internacionales.

Negociación de Tratados de Libre Comercio con elecciones en 2018: de mayor preocupación para los actores en el poder

“CompArte por la humanidad – Contra el capital y sus muros, todas las artes” convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, julio de 2017 © SIPAZ

En junio, 129 organizaciones civiles mexicanas se expresaron para alertar que, mientras México “se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos cada vez más profunda, reconocida por todas las instancias internacionales de derechos humanos”, se aceleran las negociaciones para la “modernización” del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Señalaron que un nuevo Acuerdo Global “con enfoque meramente comercial” puede “profundizar la desigualdad, la violencia hacia defensoras, defensores, periodistas y población en general; es decir, ahondaría la crisis de los derechos humanos en el país”.

A mediados de agosto, Estados Unidos, México y Canadá empezaron también a renegociar el tratado comercial que los tres países mantienen desde hace 23 años. No será una negociación fácil, cuando desde su campaña, el presidente norteamericano, Donald Trump, no ha parado de arremeter contra México y ha planteado que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dañado la economía estadounidense. La zona de libre comercio abierta en 1994 abarca 450 millones de personas y representó 1,2 billones de dólares de transacciones comerciales en 2016. Aspectos de seguridad y migración son dos temas sensibles que se tendrán que abordar.

Defensores y periodistas siguen en la mira

En junio, la revista The New York Times (NYT) informó que periodistas y activistas mexicanos fueron espiados con un software llamado Pegasus, que se infiltra en los teléfonos y otros dispositivos para monitorear detalles de la vida diaria de una persona. La empresa declaró que venden esa aplicación en “forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas” y que sólo un juez federal puede dar la autorización de vigilar comunicaciones privadas. Según varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia “es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación”. No hay pruebas definitivas que demuestran que el gobierno mexicano fuera el responsable ya que “el software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. (…) Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.”

El gobierno federal se pronunció expresando que “no hay prueba alguna” de que agencias del gobierno estén involucradas, y pidió que las personas espiadas denuncien la supuesta intrusión. Varios lo hicieron aunque dudan que tendrá resultados toda vez que el gobierno tendría que ser juez y parte en este caso. En protesta por el caso #GobiernoEspía, periodistas y defensores se entregaron simbólicamente ante la Procuraduría General de la República (PGR).

CHIAPAS: Desarrollo, el choque de dos visiones

Peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra en Tuxtla Gutiérrez, junio de 2017 © SIPAZ

En agosto, el presidente Enrique Peña Nieto llegó a Chiapa de Corzo junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, para conmemorar el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”. Según Aristegui Noticias: “Desde un día previo a su llegada, habitantes de Chiapa de Corzo manifestaron su rechazo por la visita del Presidente y lo declararon como persona “non grata” (…) porque ha reformado las leyes en contra del pueblo mexicano, ha entregado sus recursos naturales, ha entregado el petróleo, la energía, y va a seguir entregando a nuestro pueblo”. Aunque los gobiernos estatal y federal se habían comprometido a no tomar represalias a cambio de que siete policías federales retenidos fueran puestos en libertad, presuntos responsables fueron detenidos y acusados de los delitos de motín y atentados contra la paz pública. Durante los discursos, tanto EPN como Manuel Velasco dieron importancia a la aplicación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), proyecto que pretende convertir regiones específicas en prioritarias para las inversiones, planteando “que esa política económica que ahora solo contempla la zona del Soconusco chiapaneco, se debe replicar en la región indígena”.

Las ZEE no son los únicos proyectos de supuesto desarrollo cuestionados por los pueblos. En junio, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra organizó una peregrinación en Tuxtla Gutiérrez, donde participaron aproximadamente seis mil personas. Dicho movimiento surgió debido al proceso de licitación hacia el concesionamiento de “un total de 84,500 hectáreas de tierras de 9 municipios del norte de Chiapas [que] serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio Zoque.” Desde marzo de 2017, este movimiento ha reportado irregularidades en el proceso de licitación ya que no se ha consultado a todas las comunidades afectadas, ni ha habido traductores en Zoque y tampoco se ha presentado la Manifestación del Impacto Ambiental como requiere la ley.

Peregrinación del Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra en Tuxtla Gutiérrez, junio de 2017 © SIPAZ

De igual modo, en agosto, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) alertó sobre la creciente tensión social en Acacoyagua, donde lleva más de dos años luchando pacíficamente por la cancelación de 21 concesiones mineras en este municipio y el de Escuintla. Denunció dos agresiones: “El 31 de julio, un grupo de 50 personas (…) llegaron a nuestro campamento (…) para intimidarnos y pedirnos que dejáramos pasar los camiones de la minera El Puntal hacia la mina «Casas Viejas». Cuando el 4 de agosto entregaron un oficio para denunciar esta agresión, “alrededor de 100 personas (…) empezaron a provocarnos y deslegitimar verbalmente nuestra labor en defensa de la vida, así como la de las organizaciones que nos acompañan (…). Fue necesaria la intervención de la policía municipal para que cese la agresión”.

Las problemáticas ambientales pueden afectar tanto el campo como las ciudades. En junio, el periódico La Jornada publicó un artículo sobre la “extracción, desde hace más de siete décadas,(…) de 52 bancos de arena y grava de cerros del oriente de San Cristóbal de las Casas”, lo que “ha provocado que las formaciones geológicas queden expuestas y se produzcan procesos graves de erosión” así como “problemas de contaminación en zonas cercanas a los bancos de arena, generalmente habitadas”.

Conflictos territoriales de otra índole igualmente sin solución

En junio, tanto el Ejido Tila como la organización Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), ambos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, alertaron sobre el aumento de la tensión en su municipio. Según el PUDEE, un grupo de 120 personas de Tila y anexos acudieron en Tuxtla Gutiérrez para demandar el retorno del Ayuntamiento Municipal en Tila, mismo que, señaló, “fue expulsado por corruptos, asesinos, secuestradores, causante de divisiones, drogadicción, prostitución y alcoholismos”. El PUDEE detalló que esta marcha fue encabezada “por el profesor indígena de nombre Francisco Arturo Sánchez Martínez, hijo de Arturo Sánchez Sánchez líder intelectual de grupo paramilitar paz y justicia y sobrino de Samuel Sánchez Sánchez preso (…) por el conflicto de contrainsurgencia en 1996”. Afirmó que “a través de operadores políticos, camioneros, transportistas concesionados y vocales del programa prospera de diferentes comunidades, están causando provocaciones a través de marchas, bloqueos carreteros, violencia, amenazas e insultos en contra de la sociedad civil, en contra de los ejidatarios y autoridades ejidales. (…) Para justificar la entrada de la fuerza pública”.

Cabe mencionar que las tierras del ejido Tila, fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal. A pesar de amparos a favor del ejido no se venían cumpliendo. En 2015, los pobladores expulsaron a las autoridades oficiales, recuperaron las tierras donde se encontraba la presidencia municipal y declararon su autonomía. Más recientemente, el Congreso de Chiapas autorizó el cambio de sede de la presidencia municipal a El Limar, motivo por el que los ejidatarios consideran que se han intensificado las movilizaciones en su contra.

Desde el frente de las mujeres

Conferencia de prensa de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres, mayo de 2017 © SIPAZ

En mayo, la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio realizó una protesta en Tuxtla Gutiérrez ante la falta de medicamentos, equipos y personal de salud. Partió desde el hospital Rafael Pascacio Gamboa, donde, dos días antes, cinco enfermeras concluyeron una huelga de hambre de 23 días, y se dirigió al Congreso local, “para dar testimonio del costo humano y social que generan las autoridades estatales al profundizar la crisis en el sistema de salud que afecta a miles de personas”.

En mayo y junio, grupos organizados de mujeres, en seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres declarada en noviembre de 2016 en el estado, puntualizaron “algunas observaciones urgentes de atender dado que el incremento de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en distintas regiones de la entidad continúa indicando la falta de capacidad de las instituciones en el estado para reaccionar y atender la medida.” Denunciaron entre otros la “incapacidad de las instituciones”, el “nulo avance y retrocesos en [su] implementación”, así como la “falta de transparencia” y de “voluntad política” (ver enfoque).

OAXACA: Tierra y territorio, raíz de múltiples procesos

4° encuentro de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, Ciudad de Oaxaca, junio de 2017 © SIPAZ

Desde hace aproximadamente una década, los gobiernos federal y estatal anunciaron una serie de proyectos para Oaxaca, entre ellos 67 de presas hidroeléctricas, 21 parques eólicos, el otorgamiento de 299 concesiones mineras, 2 gasoductos, construcciones inmobiliarias para turismo, además del anuncio reciente de la implementación de la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec. Se han denunciado agresiones hacia defensoras y defensores comunitarios-medioambientales, Oaxaca se encuentra actualmente en los primeros lugares en agresiones hacia este tipo de actores.

En junio, durante el foro “Zonas económicas especiales y las implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente”, alrededor de 50 organizaciones sociales y civiles rechazaron su implementación en “el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y en cualquier otro lugar del estado”. Señalaron que las ZEE pretenden generar empleo pero mediante la puesta en marcha de megaproyectos mineros, eólicos, gasoductos, entre otros, mismos que, consideraron, acabarían con la vida comunal de los pueblos y que promoverían la violencia extralegal y paramilitar.

En otros temas, en junio, en la ciudad de Oaxaca, tuvo lugar el 4° encuentro de mujeres activistas y defensoras de derechos humanos en el que participaron alrededor de 70 mujeres de diferentes regiones del estado. El encuentro fomentaba el diseño de una estrategia de protección integral feminista así el fortalecimiento de alianzas entre las diferentes luchas. Cabe subrayar que en 2012, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad registró un total de 48 ataques contra defensoras en Oaxaca mientras en 2016, esa cifra se elevó a 320.

En otro caso, en julio, fue atacado a balazos el camión en el que viajaban integrantes del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio Nochixtlán (Covic), así como profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con destino a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa por los 34 meses de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. El Covic fue creado para esclarecer lo sucedido durante el desalojo del 19 de junio de 2016, cuando elementos de las policías federal y estatal arremetieron contra padres de familia y maestros de la sección 22 que bloqueaban la carretera a la altura de Nochixtlán, en repudio a la reforma educativa, un operativo en el que murieron ocho personas y 108 resultaron heridas. La versión oficial de los hechos asegurara que los policías no iban armados o que no fueron los primeros en disparar contra la población. Sin embargo testigos e incluso policías que participaron en el operativo, dieron testimonios distintos de los ofrecidos por los mandos policíacos.

Además, con un total de 82 víctimas, 10 homicidios, 69 carpetas de investigaciones aún abiertas y 28 denuncias presentadas en lo que va de 2017, Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional en agresiones a periodistas. Si bien comenzó a funcionar una Unidad Especializada para la atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, el Fiscal General de Oaxaca indicó que la dependencia enfrenta problemas de operación debido a recortes presupuestales.

Ante un panorama en donde se han cometido mil 290 feminicidios en los últimos 18 años, fue admitida la solicitud de Alerta de Violencia de Género, que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca había presentado en julio ante numerosos casos de violencia familiar, desaparición de mujeres adolescentes, feminicidios, posible trata de personas y otros delitos cometidos por razón de género.

GUERRERO: Sombrío panorama

Caravana al Sur-Sureste de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Chiapas, julio de 2017 © SIPAZ

En su informe “Guerrero: Mar de luchas, Montaña de ilusiones”, publicado en el marco de su XXIII Aniversario en agosto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan da cuenta del sombrío panorama que caracteriza el estado, mismo que considera se ha venido agravando. Explica los niveles de violencia a los que se ha llegado por “la ubicación estratégica del estado de Guerrero [que] ha sido aprovechada por los grandes grupos criminales que se han asentado en puntos estratégicos para tener el control de todo el procesamiento químico de la amapola y el control de las rutas por tierra, aire y mar de la droga”. Denuncia además que “el vacío que han dejado las instituciones encargadas de impulsar el desarrollo del campo ha sido cubierto por el crimen organizado que con suma facilidad pudo entrar a los territorios comunitarios y ofertar narco cultivos como una opción viable para su sobrevivencia”.

Retomando datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESSNSP), Tlachinollan menciona que de enero a mayo de 2017 se registraron 955 homicidios dolosos en Guerrero y que, en mayo, Guerrero apareció como el estado más violento del país con un promedio de 7 asesinatos al día. Otra expresión de la violencia ha sido el aumento de desapariciones forzadas. El informe de Tlachinollan subraya que “la conformación de varios grupos de familiares de desaparecidos en Iguala, Chilapa, Acapulco hacen visible una problemática que no está siendo atendida por las autoridades”.

En cuanto al caso más publicitado, el 26 de septiembre de 2017, se cumplirán tres años del asesinato de 6 personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. En junio, sus familiares iniciaron una caravana en el Sur-Sureste de la República para que « en cada rincón de México, se sepa que el Estado mexicano, aunque sigue ocultando la verdad, es el responsable, y que no quede en el olvido ». En ésta y otras plataformas han estado enfatizando la necesidad de agotar las cuatro líneas de investigación señaladas por el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicha instancia ha expresado su preocupación por los endebles avances. En este marco, los familiares de Ayotzinapa, informaron de la criminalización, amenazas, agresiones, campañas de difamación y espionaje a los que se han tenido que enfrentar.

Caravana al Sur-Sureste de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en Chiapas, julio de 2017 © SIPAZ

De manera general, la defensa de derechos humanos es de alto riesgo en el estado. En junio, Tlachinollan desmintió las afirmaciones del titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el sentido que la organización estaría implicada en un desvío de recursos públicos destinados a comunidades de la Montaña, luego de las afectaciones de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013. Tlachinollan planteó que “las autoridades de México usan las calumnias y la difamación contra los defensores que son incómodos al poder, pues visibilizan las omisiones del Estado”. En julio, organizaciones civiles denunciaron también la indolencia de las autoridades para proteger a las y los integrantes del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón que ha trabajado a favor de familiares y víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzosos en Chilapa.

En cuanto a libertad de expresión, Tlachinollan enfatiza que el estado “cumple todas las condiciones para convertirse en una “zona de silencio””. En 2016, la organización internacional Artículo 19 documentó 26 agresiones en Guerrero (quinto lugar a nivel nacional). Además durante 2017, ya se han documentado 22 agresiones en contra de comunicadores. Periodistas estatales han denunciado que “en este clima de violencia que prevalece en Guerrero, la inoperancia de las instituciones deja en total indefensión a todos los guerrerenses. Todo puede pasar en Guerrero porque los delitos quedan impunes, por ello es urgente que den resultados las autoridades investigadoras”.

En una nota potencialmente más esperanzadora, la Secretaría de Gobernación emitió una de Alerta de Violencia de Género en ocho municipios del estado. En forma independiente al proceso coordinado por Conavim, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, había anunciado previamente siete acciones urgentes para atender todo tipo de violencia contra la mujer. Reconoció que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas y que, desde diciembre de 2010, momento en que se tipificó el delito de feminicidio, se han registrado 142 casos de feminicidios. Integrantes de la Alianza Feminista de Guerrero cuestionaron no obstante que las declaraciones de Astudillo son parte de un cálculo político y mediático.