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02/01/2002
SUMARIO: Acciones recomendadas
28/06/2002

ACTUALIDAD: Derechos Humanos en México, Asuntos Pendientes

En diciembre 2001, el presidente Fox envió al Senado una iniciativa para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tendrá jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad. También la Secretaría de Gobernación anunció la creación de un comité intersecretarial constituido por la Procuraduría General de la República (PGR), Seguridad Pública y Defensa Nacional para dar seguimiento a las medidas de protección a defensores de derechos humanos. Asimismo, el Senado aprobó cinco instrumentos internacionales para castigar violaciones de derechos humanos.

El general José Francisco Gallardo fue puesto en libertad el 7 de febrero, bajo una reducción de pena, después de más de ocho años de cárcel por proponer la creación de un ombudsman en el Ejército. Los organismos de derechos humanos señalaron que con esta medida el Estado mexicano cumplió parcialmente las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que está pendiente poner fin a la campaña de hostigamiento y persecución contra el general, investigar y sancionar a quienes resulten responsables por la injusta encarcelación de Gallardo, y la debida reparación del daño. Por su parte, el militar aseguró que continuará su lucha legal para demostrar su plena inocencia así como por la creación de un ombudsman militar.

Por otro lado, continúan las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. En diciembre, Amnistía Internacional presentó un informe en el cual sostuvo que en México se trata a los defensores de derechos humanos como “delincuentes o subversivos” y se les somete a formas degradantes de persecución, llegando al asesinato, como en el caso de Digna Ochoa. También la Federación Internacional de DDHH, después de una misión en diciembre, hizo una crítica a la situación de los derechos económicos, sociales y culturales y de los pueblos indios. En un informe de enero, Human Rights Watch elogió los “grandes cambios” en la actitud del gobierno mexicano respecto a los derechos humanos, pero advirtió que aun son necesarios “avances significativos” para resolver los abusos por parte de los militares y someterlos al régimen de la ley.

También en diciembre el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro PRODH), evaluando el primer año del gobierno de Vicente Fox, señaló como preocupante que todavía se carezca de una política de Estado en materia de derechos humanos, y que las acciones emprendidas parecen estar animadas por la preocupación de mantener una buena imagen internacional. Sostuvo que no se ha dado atención a los problemas estructurales y que persiste la impunidad y la tendencia a militarizar ámbitos de competencia civil.

A cuatro meses del asesinato de Digna Ochoa, todavía no se resolvió el caso. Ante la falta de avances y las dificultades presentadas, en diciembre el procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Batíz, cambió al equipo de investigación en su totalidad, poniendo la responsabilidad a cargo del subprocurador jurídico y de derechos humanos, Renato Sales. Aun así, a fines de enero el Centro PRODH denunció la falta de colaboración con la investigación por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y de otras instancias federales. Asimismo, todavía no se ha concretado la cooperación ofrecida por la CIDH de brindar al equipo investigador la asesoría de un experto en la materia.

Tras el informe que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales de noviembre, continúan las demandas de la sociedad civil para investigar a fondo la matanza de Tlatelolco en octubre de 1968 y los casos de las desapariciones forzadas en la llamada “guerra sucia” de los años 70 y 80. Para estas últimas se creó una Fiscalía Especial a cargo de Ignacio Carrillo Prieto. En diciembre se conocieron documentos oficiales de la PGR que indican claramente la existencia de detenidos y desaparecidos en 1968 y que desmienten la versión oficial de más de tres décadas.

Durante el primer año del nuevo gobierno de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado 45 casos de violación de derechos humanos. Si bien es una disminución importante respecto a los gobiernos anteriores, el Centro considera que no ha habido respuestas contundentes a esas denuncias. En un informe especial, también denunció que en Chiapas la policía continúa practicando torturas, amenazas de muerte, robo y abuso de autoridad contra los indígenas, y pidió al gobernador que exponga públicamente su plan para la reforma integral del sistema de procuración y administración de justicia, así como su política de derechos humanos. En enero el gobierno de Chiapas anunció que investigará los abusos presuntamente cometidos por la policía estatal durante el rescate de cinco funcionarios gubernamentales el 27 del julio pasado en el municipio Marqués de Comillas.

En enero, Pedro Raúl López Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue amenazado de muerte y su casa y vehículo fueron baleados. Según él, es objeto de persecución por parte de funcionarios del gobierno de Chiapas. El gobernador Pablo Salazar negó la acusación, condenó la agresión y solicitó que la CNDH y la PGR investiguen el caso. Tanto la CNDH como la CIDH solicitaron al gobierno federal tomar medidas urgentes para proteger la vida de López Hernández y su familia.

Realidades que contradicen los discursos

En diciembre, Fox dijo que México ya forma parte del “grupo selecto de naciones que conducen la globalización y el desarrollo de la humanidad.” Paradójicamente, un mes después anunció que este año 250 microregiones de alta marginación y migración saldrán de la pobreza. Por su parte el secretario del Trabajo y Previsión aseguró que la economía crecerá 1.7% y se crearán 300.000 empleos este año. También Fox anunció que el programa de agricultura para los próximos cinco años tiene como meta dejar atrás la cultura de los subsidios y el paternalismo para sustituirla con apoyos que generan agroindustrias y capital para la producción. El secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, aseguró que el campo “tiene que ajustarse a las nuevas reglas del juego económico.” La oposición, en cambio, sostuvo que la actual crisis argentina “demuestra el fracaso del modelo neoliberal en América Latina,” y que es una llamada de alerta para Fox, si México quiere evitar caer en lo mismo por seguir las “recetas” equivocadas del Fondo Monetario Internacional.

Según cifras del censo del año 2000, Chiapas ocupa el primer lugar de marginación a nivel nacional: 93.16% de los municipios del estado son de “muy alta” y “alta” marginación, incluyendo zonas mestizas además de las indígenas. En enero la Secretaría de Desarrollo Social aseguró que destinará a Chiapas 400 millones de pesos para una docena de programas de desarrollo (en 2001 el monto fue 360 millones de pesos).

Chiapas: “Paz Nerviosa”

En enero visitó Chiapas el presidente emérito de los Pontificios Consejos de Justicia y Paz, el cardenal Roger Etchegaray. En una reunión con el presidente Fox, Etchegaray dijo que “el problema de Chiapas es real, es un problema grave, pero es también un problema simbólico, en el sentido de que en todos los lugares de México se encuentran, en la base, estos problemas sociales. Es decir, los problemas de la pobreza, el respeto de la dignidad del hombre, de cada hombre.” Dijo también que la “paz nerviosa” que vive Chiapas le preocupa al Papa.

A nivel de las comunidades, siguen proliferando los conflictos (ver Enfoque). Hay cada vez más denuncias de hostigamiento, amenazas, secuestros y atentados en varios municipios de las zonas Selva y Norte, y los municipios autónomos siguen denunciando el incremento de sobrevuelos y patrullajes militares alrededor de sus comunidades. También continúan los conflictos poselectorales en varios municipios del estado. En diciembre, el subsecretario de Gobernación del estado anunció la creación de un nuevo cuerpo para actuar en acciones contrainsurgentes en los municipios de la zona Sierra.

Por otro lado, el 27 de enero 20 organizaciones sociales, políticas y religiosas de la zona Norte de Chiapas, a excepción de Paz y Justicia, firmaron en el municipio de Tila un acuerdo en el que se comprometen a frenar la incursión de personas armadas y las agresiones contra simpatizantes del EZLN. En el municipio de Chenalhó, el nuevo alcalde priísta y la nueva mesa directiva de Las Abejas ratificaron el acuerdo de no agresión que se firmó el pasado 24 de agosto en el marco de los retornos de Las Abejas a sus comunidades. Por su parte, la PGR inició una averiguación en contra de varios ex funcionarios de ese municipio -incluido el ex alcalde Antonio Pérez Arias- por haber impedido el operativo contra paramilitares de Los Chorros en noviembre de 2000.

El 15 de febrero, el gobierno de Chiapas informó la detención de Diego Vázquez, principal dirigente chol de la organización paramilitar Paz y Justicia, por diversos delitos de violencia cometidos entre 1995 y 1997. El operativo fue realizado por la policía estatal al mando del propio subprocurador de Justicia, en la comunidad de El Limar (zona Norte), un día después de firmado el acuerdo de pacificación promovido por el gobierno estatal entre simpatizantes del EZLN y de Paz y Justicia. Vázquez se había negado a firmar dicho acuerdo, que permitió la reapertura del templo católico de esa localidad. Según las autoridades, la detención del líder paramilitar “corresponde a la convicción del gobierno en el sentido de que los acuerdos de reconciliación no son certificados de impunidad, y la Justicia llegará adonde tenga que llegar”.

Primeros avances en la lucha contra la corrupción

En 266 auditorías realizadas sobre el ultimo año de gestión del ex gobernador Roberto Albores, se había detectado faltantes de 2 mil 539 millones de pesos en el erario de Chiapas, tras de lo cual se iniciaron 1023 procedimientos administrativos y 43 denuncias penales contra ex funcionarios. Librado de Torre González, secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno de Albores, fue detenido el 19 de diciembre acusado de asociación delictuosa, peculado, fraude, abuso de autoridad y usurpación y ejercicio indebido de funciones públicas. Es el cuarto funcionario de la administración anterior detenido a partir de dichas auditorías.

A nivel federal, las investigaciones iniciadas en enero sobre el desvío de fondos de más de mil millones de pesos de PEMEX a la campaña presidencial del PRI de 2000, documentan por primera vez de manera precisa el financiamiento del ex partido oficial mediante el erario público.